Iguales ante la Ley: Parte 2: el 7-D y más allá

EL 7-D Y MÁS ALLÁ

La claridad y precisión de la Constitución Nacional y de la Ley 26.522/09 que expuse resumidas en la Parte 1: Las Bases, harían casi innecesario cualquier comentario. 

Sin embargo, tengo la necesidad de intentar aclarar algunos puntos generales que hacen al contexto y a una posible prospectiva de lo que podría suceder a partir del 7-D.
Aunque la propaganda de ciertos grupos mediáticos concentrados lo afirme e incluso algunas declaraciones de miembros del gobierno nacional o de políticos afines, interpretadas con ligereza, parezcan confirmarlo, el conflicto en torno a la aplicación de la llamada Ley de Medios Audiovisuales y el grupo Clarín, exclusivamente con él -porque de eso se trata-, no es un conflicto político legítimo, aunque muy agudo, entre este grupo económico empresarial y el actual gobierno, sino un conflicto muy grave entre este grupo y el Estado Nacional mismo y sus instituciones que hasta puede alcanzar, de no revertirse la actual tendencia del grupo de realizar acciones que rozan la ilegalidad, a configurar el delito de sedición.

Solo se trata de garantizar el imperio de la Constitución y de ley vigente sobre cualesquiera de los intereses particulares existentes, por más legítimos que puedan parecer, de cualquier individuo o grupo.
La Constitución establece la obligación del Estado Nacional -en primer lugar- de legislar para "procurar la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales...y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.".
Además en el artículo 75º impone la obligación de establecer "leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales."

Toda ley es legítima y es democrática por su origen en el marco constitucional vigente y porque prescribe que frente a ley todos somos iguales. Para la ley, en cambio, y en función del mayor beneficio común, no todos somos iguales, ni tenemos porqué serlo, porque de hecho no lo somos y la Constitución misma lo prevé.

El objetivo de las leyes emanadas de estos principios, en estos casos de desigualdad de hecho, se dirige a proteger especialmente a las personas o los grupos más débiles estableciendo en su favor una discriminación positiva o restringiendo, si es el caso, el accionar de personas o grupos dominantes, sin que éstos pierdan su derecho a defenderse de estas acciones que pueden ocasionarle perjuicios económicos o patrimoniales respecto de los cuales, eventualmente, podrían ser resarcidos.

Si algún individuo o grupo, por la circunstancia que sea, ha obtenido la capacidad de imponer sus intereses particulares por sobre los principios que ordenan nuestra estructura jurídica y alteran la normal y saludable convivencia entre los argentinos es obligación de los poderes del Estado, en virtud de los artículos 22º, 42º y 75º, inciso 19, de la Constitución Nacional, ponerle fin a esa capacidad y restituir la igualdad lesionada.

La Ley de Medios Audiovisuales se propone reestructurar la realidad del campo audiovisual nacional de tal forma de asegurar las condiciones reales de posibilidad para la libre expresión de una pluralidad de voces, en el sentido de ideas, opiniones, creaciones artísticas, expresiones políticas, etcétera, procurando discriminar positivamente las expresiones y producciones artísticas y culturales locales por sobre las extranjeras. En este sentido, la Ley se propone deshacer la posición dominante que han adquirido con el transcurso del tiempo algunos grupos de licenciatarios, en el entendimiento que esta predominancia es un obstáculo real para alcanzar la pluralidad de voces buscada.
Este, por supuesto, es el aspecto más controversial de la ley y el de mayor complejidad en su aplicación. Sin embargo, la dificultad no debe invalidar al objetivo. La misma ley prevé la conformación de diversas instituciones plurales que tendrán por misión diseñar los aspectos más concretos de su aplicación y realizar su seguimiento y control.
La mera existencia de estas instituciones no garantiza el evitar que se generen conflictos, algunos de los cuales pueden llegar a las instancias judiciales.

El accionar del grupo Clarín de abierta oposición a la Ley de Medios -que opera tanto a nivel de lo simbólico mediante las incontables voces de que dispone (incluida la SIP), como a nivel de lo real en las instancias judiciales y en alianza política objetiva con aquellos partidos políticos, como la UCR, el PRO y residuos del peronismo federal, que en su momento votaron en contra de ella- ha creado una situación, junto con la decisión del gobierno nacional de no ceder un ápice en su aplicación, de un altísimo grado de conflictividad política, institucional y judicial que parece concentrarse en el 7-D, ya que éste día se ha convertido en clave en virtud de que en él cesan, por decisión de la Corte Suprema, los recursos de amparo, excesivos y fuera de toda tradición en este sentido, interpuestos por el grupo Clarín.
Pienso que la importancia de esta fecha debe ser desdramatizada. Las actitudes y las expresiones deberán moderarse y re encauzarse en el marco de las instituciones legalmente vigentes.

A partir del 7-D las instituciones ya constituidas que la Ley prevé, se deberán poner a trabajar para definir cada uno de los aspectos concretos de su aplicación, lo que significará una ardua y difícil tarea en la que el Afsca y su presidente, Martín Sabbatella, tendrán un rol destacado.

La propaganda inicial del grupo se oponía a la oficial afirmando que el 7-D "no pasaría nada". Esto es completamente falso y el propio grupo y sus aliados han debido revisar esta posición de absurdo irrespeto por la Ley. Una muestra -en los hechos que es lo importante- de estos cambios es la conformación de la Comisión Bicameral que tendrá por misión realizar un seguimiento legislativo de la aplicación de la Ley de Medios.

RESUMIENDO: A partir del 7-D la Ley de Medios comenzará a aplicarse en su totalidad -en particular ello ocurrirá con su artículo 161, titulado de adecuación- con los mecanismos que la propia Ley prevé. Seguramente aparecerán conflictos viejos y nuevos que deberán resolverse en el marco institucional existente. Es de esperar que el grupo Clarín continúe con su actitud de oposición sistemática a la ley empleando todos los medios a su alcance, en especial los judiciales, pero eso no debería significar una violación de la voluntad popular expresada democráticamente y concretada en leyes sino solamente la oposición de ese grupo en particular a respetar su veredicto. Clarín y sus asociados no tienen otra alternativa que respetar la ley, habrá sin duda intentos de torcerla y esto pondrá a prueba la calidad de nuestras instituciones y pondrá en blanco sobre negro la posición de cada cual.
La democracia no es una fórmula para evitar los conflictos sino un método para tratar de resolverlos, por ahora el mejor de todos los practicados.

bastadeodio