Dos formas potencialmente opuestas de concebir la seguridad

Villa 31, Retiro

En un post anterior analizamos la formación, dentro de la policía Metropolitana de Mauricio Macri, de un grupo especial -de confusa denominación- dotado de armamento y entrenamiento especiales.

Pensado -quizás en teoría- como una fuerza entrenada para la realización de lo que denominan -pero en ningún lugar definen- como "acciones complejas", en su corta existencia se la ha utilizado casi sin excepción como una fuerza de represión y control social.
Su acción más reciente consistió en el desalojo por la fuerza -con armas largas y portando capuchas- de los habitantes de un hotel del barrio de Constitución. De este hecho damos cuenta en el post citado.

Armas largas, capuchas, entrenamiento especial (¿antiterrorista y antinarcóticos?) dedicados -no a la represión del delito organizado- sino a la persecución de pequeños delincuentes o el control de la protesta social y, lo que es quizás aún peor, un accionar totalmente injustificado (¿Cuál es la "complejidad" en este caso?) que debe ser soportada por familias indefensas con niños que no cometen otro delito que no sea el de sufrir de todas las carencias imaginables.

No hay que ser de izquierdas ni de derechas, duro con los delincuentes o garantista, para caer en la cuenta de que ésta es una política de seguridad del Gobierno de la Ciudad indefendible desde todo punto de vista -incluso económico- que requiere de la mirada urgente de los legisladores porteños y de las organizaciones defensoras de los DDHH.

En el polo opuesto a esta errada política de Macri parece estar, por lo menos en su concepción, la que propone la ministra Garré desde el ministerio de seguridad de la Nación. Leemos en el diario Página12 de este domingo pasado:

Una experiencia en la Villa 31 (Por Sergio Sánchez)

El ministerio de Seguridad creó el cuerpo de Policía de Prevención Barrial, una división de la Policía Federal que intenta alcanzar un mayor involucramiento con los vecinos del barrio y los problemas de fondo que desencadenan el delito.

Los policías del nuevo cuerpo reciben cada semana capacitación para lograr “una mirada multiagencial del problema de la seguridad. La idea es que la policía no conciba la inseguridad como algo que requiere únicamente represión, sino una respuesta de todo el aparato estatal”, según afirma Elías Matzschke Brull, que es asesor del secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación, Gustavo Palmieri.

Sin embargo, según declaran, el objetivo principal sería:

“intervenir en las instancias tempranas del conflicto para que no escale en violencia en barrios vulnerables o de complejidad”

Que no difiere mucho del clásico objetivo de contención o control social tradicional. En fin, no deja de definir a "la villa" como una parcialidad hostil y potencialmente problemática. Sobre todo para la acción policial.

A pesar de ello se propone que: el vecino “recupere el vínculo de confianza” con la policía, una institución muchas veces discutida por el abuso de poder en los sectores más vulnerables. Muy cierto y por evidentes razones. El enfoque "tradicional" de Macri no hace más que confirmar estos temores.

Villa 26, Riachuelo

En lo que sí dan en el clavo es en el reconocimiento de que si hay algo que caracteriza a las villas (y a otros barrios de la ciudad y del conurbano) es la ausencia del Estado. Esta ausencia se hace evidente, no solo en la falta de presencia policial, sino fundamentalmente en la carencia de servicios que en otros barrios más favorecidos son comunes (agua corriente, gas natural, electricidad domiciliaria, cloacas, escuelas, centros de salud).

Obviamente una cosa, la seguridad, no puede desprenderse de la otra, la presencia del Estado como agente de progreso social y de inclusión. En eso tienen razón. Si solo aparece la cara represiva del estado no podremos luego esperar otra cosa que hostilidad por parte de la población afectada. En el fondo las fuerzas del estado actuarían en ese caso como una fuerza de ocupación extranjera o como un garante del apartheid al que, sin declararlo, se los somete.

Por eso celebro la iniciativa del ministerio que conduce Nilda Garré, pienso que va en la dirección correcta, solo que quizás habría que, con premura, atender a las otras demandas de esas poblaciones que son urgentes, más urgentes aún que la de seguridad.
No vaya a ser que este tipo de iniciativas sea una excusa para meter un pie en el barrio para hacer inteligencia criminal. Si eso es así no habrá mejora para la deteriorada imagen policial y el proyecto en su totalidad se irá al carajo.

Según lo veo, o mejor, confío, se trata de recomponer en su conjunto el rol del Estado comenzando por lo que es más urgente, las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes, esta no es tarea de la policía, ni del ministerio de seguridad -aunque puede simultáneamente acompañarlas- son tareas que deben encarar otras estructuras del gobierno nacional y local.

Osvaldo Bayer tiene evidente razón en algo en su polémica absurda y dolorosa con Hebe de Bonaffini. Mientras existan villas la democracia será incompleta porque no les habrá llegado a todos los habitantes de este nuestro querido país. Quien dice villas, dice pobreza y marginación. Dice también campesinos e indígenas. Dice pueblo que aún espera que se lo vea y se deje de ignorarlo.

Al final todo se reduce a eso: a que veamos en el pobre, en el necesitado, a un semejante excluido y no por gusto, que pasa penurias y sufre y dejemos de ver en él a un otro amenazante, potencialmente peligroso que hay que mantener bajo control porque: ¡pobres, existirán siempre!

bastadeodio