Las denuncias del PRO al ministro Tomada

En el día de ayer, lunes 14 de mayo, el pedido de habeas corpus presentado por Juan Pablo Piccardo (presidente de Sbase la empresa de subterráneos) fue desestimado por el juez interviniente.

Paralelamente el Gobierno de la Ciudad presentó -también en el día de ayer- una denuncia penal contra el ministro Carlos Tomada por "abuso de autoridad" y "privación ilegítima de la libertad".
Todas estas iniciativas judiciales del PRO recibieron amplia cobertura periodística en los canales de noticias de cable, con largas entrevistas que hasta llegaban durar diez minutos -lo que es insólito se mire por donde se lo mire- ver por ejemplo el video de la "entrevista" que el canal C5N le hiciere al funcionario macrista ex responsable de la UCEP y que por esa causa se encuentra procesado junto con el Jefe de Gobierno.

Hoy, 15 de mayo, se conoció la decisión judicial que desestima la solicitud de Piccardo por improcedente y porque no describe los hechos tal y como sucedieron (falta a la verdad).

El juez de instrucción de la capital, Fernando Klappenbach, determinó que "las citaciones a audiencia fijadas por la cartera de Trabajo son de carácter obligatorio".

El juez, a instancias de un dictamen de la fiscal Mónica Cuñarro, determinó que "las citaciones a audiencia fijadas por la cartera de Trabajo son de carácter obligatorio", y que la representación de Subtes había sido citada en seis oportunidades y no había concurrido a ninguna. Determinó que el planteo de Piccardo "no tendrá favorable acogida por no coincidir con la situación de hecho relatada por el presentante".

Los hechos que dieron lugar a la tardía denuncia de los funcionarios del PRO ocurrieron la semana pasada, más precisamente el miércoles 9 de mayo.

Juan Pablo Piccardo saliendo de Trabajo

Frente a las reiteradas ausencias de Piccardo a la mesa de negociación formada en el ministerio de Trabajo entre los representantes gremiales, el ministerio y la empresa, hecho que ocurrió en seis ocasiones anteriores y que impedía destrabar el conflicto, el ministerio resolvió -en el marco de sus atribuciones- hacer comparecer a éste con el auxilio de la fuerza pública. Esta decisión fue llevada a cabo por personal de la policía federal y Piccardo fue conducido a la sede de Trabajo. Sin embargo y como era de esperar, de ello no resultó ningún acuerdo y el conflicto sigue, al punto de que la gremial del subte plantea un paro por 36 horas.
El hecho de la comparecencia compulsiva tuvo de entrada una notable cobertura mediática en la que se presentaba al gobierno como el abusador y a Piccardo como la víctima.

Quizás movilizado por esta campaña, Piccardo se decidió el día de ayer, 14 de mayo, a presentar el pedido de habeas corpus, que tuvo la cobertura inusitada que comentamos.

Seguramente en el mismo día de presentado el pedido fue considerado y desestimado y la resolución judicial se hizo pública hoy. Poniendo las cosas en su lugar.

De los diarios de hoy, Clarín le dio escasa cobertura y La Nación simplemente -en su edición de hoy- ignoró la noticia, cuando la cobertura hecha por este diario de la acción anterior de Tomada había sido notable: ver aquí y aquí  por ejemplo.

Los del PRO están tan entusiasmados que hasta llegaron a plantearse realizar una interpelación en Diputados al ministro Tomada.

Infobae, por su parte, limita el alcance de la resolución judicial al habeas corpus presentado por Piccardo pero afirma que la causa abierta por la denuncia de "abuso de autoridad" en relación a los hechos de la semana pasada sigue su curso.

La información que da Infobae es correcta pero deliberadamente ignora los contenidos de la resolución de Klappenbach que hace referencia explícita a la cuestión de fondo: las atribuciones del ministerio y el reiterado incumplimiento de sus obligaciones por parte del funcionario macrista.

Lo cierto es que el gobierno de la ciudad presentó ante otro juzgado, el del juez federal Julián Ercolini, una denuncia penal contra Tomada por "privación ilegítima de la libertad".

Al respecto dice Tomada: “El (Piccardo) lo sabe, no dudo que el procurador (de la Ciudad) también; el texto de la ley dice que puedo citar por la fuerza pública como si fuera un requerimiento judicial”, dijo Tomada en alusión a la legislación laboral (ley 25.212, artículo B) que le da esa atribución para estos casos. “Solamente una mirada frívola puede poner en duda la legalidad del ministerio, sólo se entiende desde su doble standard: por un lado, reclama seguridad jurídica, pero por otro desconoce la legislación para justificar lo injustificable. Macri no se hace cargo de sus responsabilidades, el ex jefe de la UCEP es el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, y ése es el organismo mencionado en el decreto de Macri del tarifazo, fue citado cuatro veces, no hice otra cosa que cumplir mi deber, y no es la primera vez que uso este recurso”.

Por su parte, diputados del Interbloque K manifestaron su apoyo a las medidas dispuestas por Tomada respecto de las paritarias en el subte. Los legisladores del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y Frente Progresista y Popular rechazaron la “victimización” de Piccardo. (fuente Página12)

En definitiva toda la secuencia de acciones iniciadas por la no aceptación de sus responsabilidades en relación al Subte por parte del gobierno de la ciudad, materializada, en este caso, en la ausencia de Piccardo a la mesa de negociación, la que posteriormente desencadenara las presentaciones judiciales, es un acto más en el escenario de victimización montado por el gobierno macrista y por el PRO.

Saben que no tienen razón, saben que al ministro Tomada no le quedaba otro camino frente al conflicto irresuelto, saben que al final sus denuncias no pueden prosperar judicialmente, pero también saben que la tapadera mediática de la que disponen los favorece frente a la opinión pública manipulada.

Es posible que hasta evalúen que para la opinión de los ciudadanos de Buenos Aires el responsable eventual de que no funcionen los subtes será, de últimas, el gobierno nacional.

Lo que produce mayor indignación es la actitud del Gobierno de la Ciudad y del PRO de no hacerse cargo de la decisión democrática y mayoritaria de los legisladores nacionales de dar por válido mediante una ley el acuerdo firmado con el Gobierno Nacional  por el traspaso del Subte a la Ciudad y luego violado intempestivamente por Macri. Esa ley no se puede ignorar, su contenido obliga a Macri a hacerse cargo. Es absolutamente incoherente que se arrogue la autoridad para aumentar la tarifa y luego se niegue a asumir su responsabilidad en la negociación paritaria. Es inaudito. Pero sus circunstanciales cómplices mediáticos lo cubren.

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