Según la información disponible la ubicación en el organigrama de esta fuerza es poco clara. Se la menciona alternativamente en los medios de comunicación como Dirección, División y Grupo.
En realidad la confusión con respecto al nombre parte del mismo gobierno de la ciudad, como se puede apreciar en el video de más abajo donde se la menciona con las siglas DOAR (Dirección de Operaciones de Alto Riesgo).
Estaría integrada por unos 200 hombres que reciben entrenamiento y equipamiento especial. El modelo es similar a otros grupos policiales especiales: El GEOF de la Policía Federal, el Grupo Halcón de la Bonaerense o el Swat yanqui de las películas. Este video institucional muestra algunos de estos detalles:
A pesar de su corta existencia y de la falta de información confiable ya es posible reconocer en sus acciones cuál es su perfil, es decir para qué lo quiere y lo usa Macri.
Esta fuerza, en todos los casos conocidos actúa, aunque no sea necesario, con gran despliegue de medios y armamento y casi siempre con abundante cobertura mediática, o bien directa cuando convocan a las cámaras de los noticieros amigos o indirecta filmando los procedimientos y luego entregando el material a los medios.
Intervino en la Villa 31 -según justificaron- debido a una investigación iniciada por una denuncia de "vecinos" que señalaban que en algunas de las viviendas de la Villa se comerciaban estupefacientes al menudeo. Sin embargo el despliegue de fuerzas y las acciones llevadas a cabo implicaron el allanamiento de numerosas viviendas y el secuestro de numerosos objetos supuestamente robados y de armas. Este es el video institucional del procedimiento:
Esta fuerza, en todos los casos conocidos actúa, aunque no sea necesario, con gran despliegue de medios y armamento y casi siempre con abundante cobertura mediática, o bien directa cuando convocan a las cámaras de los noticieros amigos o indirecta filmando los procedimientos y luego entregando el material a los medios.
Intervino en la Villa 31 -según justificaron- debido a una investigación iniciada por una denuncia de "vecinos" que señalaban que en algunas de las viviendas de la Villa se comerciaban estupefacientes al menudeo. Sin embargo el despliegue de fuerzas y las acciones llevadas a cabo implicaron el allanamiento de numerosas viviendas y el secuestro de numerosos objetos supuestamente robados y de armas. Este es el video institucional del procedimiento:
También lo hizo en otra oportunidad para evitar que los habitantes de la Villa 21 cortaran la Autopista Illia durante una protesta social.
¡Malditos sean!
Su aparición pública más reciente consistió en el desalojo compulsivo de los habitantes de un hotel de Constitución este lunes 7 de mayo pasado.
Este caso nos dice mucho sobre la funcionalidad que tiene para el gobierno de Macri este grupo de policía especial.
Según se informa en los medios -aunque en este caso la información es algo confusa- existía una orden judicial previa para allanar la que era la vivienda de la encargada. Sin embargo ésta, según declararon los desalojados, no se encontraba allí desde el mes de febrero pasado.
El accionar del grupo especial no se limitó a ese objetivo sino que consistió a echar a la calle a la totalidad de las 33 familias que se alojaban en el hotel. El procedimiento fue por demás violento y atemorizante para todos los afectados y, en especial, para los numerosos niños y niñas -unos veinte- que integran estos grupos familiares:
“Si no salís por las buenas, te vamos a sacar por las malas. ¿O querés pasar la noche en la comisaría con tu hija, vos?”, le gritó un policía con pasamontañas y portando un arma larga de grueso calibre, a María del Carmen Torres, de 31 años y a su beba, Tayra.
“En el edificio hay 34 piezas –explica la vecina– una era en la que dormía la administradora, Teresa Martínez, y donde la jueza dijo que tenían que allanar. Pero ella se había ido por su cuenta en febrero y nosotros llevábamos unos meses sin pagar porque no había a quién. Gastábamos igual en reparaciones y en pagar los servicios", agrega María del Carmen.
En muchos medios -como es habitual- se los describe como "okupas" un término sumamente despectivo en todos los casos pero que, en este caso, es inaplicable porque todos pagaban un alquiler y muchos de los habitantes recibían incluso ayuda social para hacerlo y debían presentar los oportunos recibos.
Por este procedimiento se le ha pedido juicio político a la magistrada interviniente, María Fernanda Botana.
Según el defensor porteño, Mario Kestelboim, "Nunca hemos visto un desalojo de estas características ...(La jueza) no notificó a las personas, no les dio derecho a la defensa y no cumplió con los recaudos previstos para los desalojos."
Paralelamente a este pedido de juicio político, la Justicia porteña tramita la apelación del desalojo presentada por el defensor oficial que representa a la familias, Federico Stolte. El recurso tramita ya en la Sala II de la Cámara de Apelaciones, ante la cual el defensor pedirá que se expida en un plazo breve “ya que hay familias con niños en la calle”.
En efecto, desde el momento del cruel desalojo la casi totalidad de las familias acampan en las mismas puertas del hotel que era su vivienda, en condiciones sumamente precarias.
Afortunadamente varias organizaciones sociales los acompañan y tratan de atender a sus necesidades. El gobierno porteño se limitó a llevarles el mismo lunes algo de alimentos y baños químicos y después hizo mutis por el foro como si el problema social que ellos mismos generaron ya no fuera de su competencia.
Según se informa en los medios -aunque en este caso la información es algo confusa- existía una orden judicial previa para allanar la que era la vivienda de la encargada. Sin embargo ésta, según declararon los desalojados, no se encontraba allí desde el mes de febrero pasado.
El accionar del grupo especial no se limitó a ese objetivo sino que consistió a echar a la calle a la totalidad de las 33 familias que se alojaban en el hotel. El procedimiento fue por demás violento y atemorizante para todos los afectados y, en especial, para los numerosos niños y niñas -unos veinte- que integran estos grupos familiares:
“Si no salís por las buenas, te vamos a sacar por las malas. ¿O querés pasar la noche en la comisaría con tu hija, vos?”, le gritó un policía con pasamontañas y portando un arma larga de grueso calibre, a María del Carmen Torres, de 31 años y a su beba, Tayra.
“En el edificio hay 34 piezas –explica la vecina– una era en la que dormía la administradora, Teresa Martínez, y donde la jueza dijo que tenían que allanar. Pero ella se había ido por su cuenta en febrero y nosotros llevábamos unos meses sin pagar porque no había a quién. Gastábamos igual en reparaciones y en pagar los servicios", agrega María del Carmen.
En muchos medios -como es habitual- se los describe como "okupas" un término sumamente despectivo en todos los casos pero que, en este caso, es inaplicable porque todos pagaban un alquiler y muchos de los habitantes recibían incluso ayuda social para hacerlo y debían presentar los oportunos recibos.
Por este procedimiento se le ha pedido juicio político a la magistrada interviniente, María Fernanda Botana.
Según el defensor porteño, Mario Kestelboim, "Nunca hemos visto un desalojo de estas características ...(La jueza) no notificó a las personas, no les dio derecho a la defensa y no cumplió con los recaudos previstos para los desalojos."
Paralelamente a este pedido de juicio político, la Justicia porteña tramita la apelación del desalojo presentada por el defensor oficial que representa a la familias, Federico Stolte. El recurso tramita ya en la Sala II de la Cámara de Apelaciones, ante la cual el defensor pedirá que se expida en un plazo breve “ya que hay familias con niños en la calle”.
En efecto, desde el momento del cruel desalojo la casi totalidad de las familias acampan en las mismas puertas del hotel que era su vivienda, en condiciones sumamente precarias.
Afortunadamente varias organizaciones sociales los acompañan y tratan de atender a sus necesidades. El gobierno porteño se limitó a llevarles el mismo lunes algo de alimentos y baños químicos y después hizo mutis por el foro como si el problema social que ellos mismos generaron ya no fuera de su competencia.
Pedido de Informes, ¡YA!
El estado de extremo riesgo social en el que se encuentran estas familias por el injustificado y desproporcionado accionar de los responsables del gobierno de la ciudad encabezados por Macri, por el ministro Montenegro como responsable último de la Metropolitana y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, reclama por parte de los legisladores de la ciudad una investigación y una clara toma de posición política condenatoria.
De la misma forma la composición, funcionalidad y accionar del grupo especial de la Metropolitana tienen que ser puestos bajo severa observación. Las operaciones de alto riego a las que se refieren los responsables, por lo menos hasta ahora, se han reducido a maltratar de manera indiscriminada a hombres, mujeres, niños y ancianos en situación de vulnerabilidad social como si se tratase de peligrosos delincuentes.
No se puede tolerar de forma impasible que Macri haga lo que le venga en gana -de manera absolutamente irresponsable- con su policía de juguete que es la Metropolitana. Las consecuencias para muchos porteños, justamente los más necesitados, son demasiado graves para seguir permitiéndolo.
En gran medida el accionar de la DIC recuerda por sus objetivos y métodos a la UCEP organismo de terror que Macri debió desactivar y por el cual él y Montenegro se encuentran procesados.
De la misma forma la composición, funcionalidad y accionar del grupo especial de la Metropolitana tienen que ser puestos bajo severa observación. Las operaciones de alto riego a las que se refieren los responsables, por lo menos hasta ahora, se han reducido a maltratar de manera indiscriminada a hombres, mujeres, niños y ancianos en situación de vulnerabilidad social como si se tratase de peligrosos delincuentes.
No se puede tolerar de forma impasible que Macri haga lo que le venga en gana -de manera absolutamente irresponsable- con su policía de juguete que es la Metropolitana. Las consecuencias para muchos porteños, justamente los más necesitados, son demasiado graves para seguir permitiéndolo.
En gran medida el accionar de la DIC recuerda por sus objetivos y métodos a la UCEP organismo de terror que Macri debió desactivar y por el cual él y Montenegro se encuentran procesados.
La Metropolitana de Macri:
Macri concibe principalmente a la fuerza policial local como una vidriera que muestre su supuesta eficacia a la hora de combatir el delito, en consecuencia, no quiere destinarla a tareas de seguridad rutinarias y poco llamativas como cuidar escuelas, hospitales y subterráneos. De eso pretende que se encargue el gobierno nacional.
Como este no lo hace porque tiene su propia responsabilidad para con la seguridad de los habitantes de la ciudad y se la toma en serio, Macri aprovecha la situación para victimarse. Declama la necesidad del diálogo y de acuerdos pero hace todo lo posible por impedirlos.
El acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el nacional con relación al retiro de los adicionales de la policía federal dedicados a la custodia de los lugares antes mencionados y de edificios públicos del gobierno local y hasta de una quinta que posee Macri en San Miguel y de la casa de su esposa, ya había sido acordados en marzo y abril del 2011 entre el ministro Montenegro y el ministerio de seguridad de la Nación.
Sin embargo, al igual que lo hicieran en el caso del traspaso del subte, Macri decidió romper unilateralmente los acuerdos alcanzados y denunciar mediáticamente al gobierno nacional de querer entorpecer a su gobierno e intentar "fundir" a la ciudad.
Macri tiene, para hacer creíble por parte de un sector de la ciudadanía esta patraña basada en el subterfugio y la mentira, la colaboración inestimable de ciertos medios de comunicación que le ofrecen a su irresponsable accionar una férrea tapadera mediática. Todo este asunto no pasaría de ser un show al peor estilo de los realities televisivos sino fuese porque su accionar perjudica de manera muy grave a los que se encuentran más indefensos. Es muy probable, yo diría que hasta seguro, que esta sea una de las consecuencias que a Macri y, lamentablemente a otros porteños, los hacen sentir bien.
bastadeodio
Es el cotolengo de garcas/frikis/bobos que en cualquier lugar del planeta se come un shot en el ojete, salvo en esta ciudad, Profe, con el GRAN blindaje, obviamante de los medios hegemónicos, caso contrario, ¿cuánto podría durar?
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