España: Recortes en Sanidad y Ética Pública

Una forma de lucha contra el Totalitarismo del mercado

El gobierno del PP ha decidido hacer el ajuste que le exigen las autoridades comunitarias afectando a los más débiles. Este es un principio de aplicación general. Leemos y vemos sus consecuencias en los medios de comunicación a diario y, por supuesto, comienzan a manifestarse reacciones de los afectados, algunas muy originales.

Según el declarado punto de vista del gobierno, darle atención médica gratuita a los "sin papeles", eufemismo que refiere a los inmigrantes ilegales, es una medida necesaria para sanear desde el punto de vista presupuestario a la Sanidad Pública. Vamos, que atender la salud de este sector de la población, como se venía haciendo hasta ahora, es un despilfarro injustificable de recursos. Han llegado a decir que por esta causa "muchos vienen a España a hacer turismo médico". ¿Cuántos? no lo dijeron, es fácil.
A muchos quizás nos haga recordar posturas muy similares por parte de Macri y del PRO al lamentarse que la salud y la educación porteñas deben soportar la "carga" que representan los propios argentinos que viven más allá de sus fronteras legales. ¿Qué no puede ser?¿qué cómo pueden decir tal cosa?. Sí, lo dijeron.

Desde luego que muchos españoles consideran correcto este punto de vista y quizás hasta piensen, no tan para sus adentros, como justificación: ¿qué tienen que estar haciendo éstos aquí, sin papeles, sin trabajo y sin dinero?, que se regresen a sus países. Las veces que yo mismo habré escuchado esa frase -ya hace muchos años- durante mi, digamos, residencia forzada allí. La respuesta del gobierno español a las críticas: Si quieres salud pública puedes tenerla pero debes pagarla a razón de 700 euros al año y si tienes más de 65 años debes pagar casi dos mil.

El gobierno cree que cuenta con apoyo y lo hace, aprieta donde estima que puede, más que un cálculo de costo beneficio parecen querer salvar un principio superior. Son miles o decenas de miles por año los inmigrantes ilegales que son hechos prisioneros como si fueran delincuentes por las fuerzas de seguridad españolas y devueltos a sus países de origen -no importando si allí los espera la muerte- entretanto les aprietan las clavijas al resto para lograr que se vayan solos. Una de esas apretadas es el retiro de la atención médica.
Del mismo modo en que en gran medida la mayoría de la sociedad hizo la vista gorda ante el ingreso de mano de obra barata durante los años del lujo y despilfarro, ahora que las cosas se pusieron duras no los quieren y pretenden que se vayan. No muy diferente del comportamiento que se tendría con un esclavo sin derechos.

Pero no todos los españoles piensan igual. Varias comunidades autónomas se han negado a aplicar el real decreto que lo establece: Andalucía, Asturias, Cataluña y el País Vasco, han decidido seguir prestándole a este sector la atención médico-sanitaria normal.

Para algunas administraciones, como la de Extremadura, el decreto se aplica sí o sí. Hay otras, como la de Murcia, que esperan que el problema se solucione sin tener que decidir, como gobierno, por una u otra postura y están a la espera. Oportunistas, vamos, como si nada importante se jugase en este tema.

La fecha de aplicación del decreto es el 1 de setiembre. Desde ese día se calcula que unas 150 mil personas mayores de edad y varios miles de niños no podrán ir normalmente al centro de salud, ser atendidos por el médico y hacerse los análisis o estudios que este le demande. Esto es particularmente grave para los enfermos crónicos, muchos de los cuales padecen SIDA, como ya lo señalaron varias fuentes entre ellas aquí mismo. Los menores y las embarazadas seguirán siendo atendidos pero solo en las urgencias.

Muchos especialistas advierten que esta política, lejos de permitir bajar el gasto en Sanidad -en realidad, afirman, su impacto real sobre el presupuesto, en el mejor de los casos, es mínimo- lo aumentará a mediano y largo plazo y pondrá en mayor riesgo la salud de toda la población al fallar la atención primaria y preventiva de un sector reducido pero significativo de la población. La desprotección y el abandono son causa de enfermedad. Es un punto de vista práctico pero insuficiente, se requiere ir más allá.

De entre éstos profesionales, unos de los que se ven directamente afectados son los médicos de familia y han reaccionado en contra del decreto.

“El ejercicio de la profesión médica lleva aparejadas ciertas obligaciones éticas de las que los médicos no pueden desprenderse. Ni por la conveniencia personal ni por las disposiciones gubernamentales”, dice Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), una organización con más de 20.000 asociados, que se opone. Han convocado a todos los profesionales de la salud a incluirse en un registro de objetores que han abierto al efecto.

Mario Soler, médico de Familia en Molina de Segura (Murcia) afirma: (ese decreto) “Va contra nuestro código deontológico. Y entre la lealtad a mi empresa pública y la lealtad a mis pacientes antepongo a mis pacientes, que son personas con nombres y apellidos”, es decir son personas, como usted y como yo mismo, faltaba que agregase.

Rosa Bajo, médica de Atención Primaria de Loeches (Madrid), también es objetora y su explicación es irrefutable: “La salud es un derecho por el hecho de haber nacido. Que haya una parte de la población que no pueda acceder a ella, sea por no tener dinero o papeles, es indecente. Éticamente no podemos dejar sin atención a nadie que lo necesite. Esta es la base de nuestra objeción”.

Sin embargo, no todos piensan que este sea un caso en el que se pueda aplicar la objeción de conciencia. El Consejo General de Colegios de Enfermería alertó ayer a sus miembros de que seguir atendiendo a inmigrantes sin papeles en horario laboral y con recursos públicos puede suponer una infracción administrativa. “Esto no es objeción. Te debes a tu empresa, que es quien te paga y quien marca las reglas de juego. Jurídicamente se pueden enfrentar a un problema”, dice González Jurado presidente del Consejo profesional. ¿Empresa?, ¿Cuál empresa?, ¿una en la que el directorio hace lo que quiere sin consultar a los accionistas, incluso engañándolos?, ¿El Estado mismo es asimilable a una empresa?

José Antonio Monago, presidente de la junta de Extremadura criticó el accionar de los médicos, según él las cosas están claras: “No es una cuestión de humanidad o no, es una cuestión de presupuestos”. Y advirtió: “Si quiere objetar un médico es muy fácil, lo comunica a la dirección y se le deduce de la nómina y habrá hecho una contribución social que demostrará su interés. Ser solidario con el presupuesto de todos, eso es fácil”. O estás conmigo o estás en mi contra y, en consecuencia, te vas, te quedas a la intemperie, sin nada. Una clara, y por eso muy reveladora, muestra de totalitarismo.

Fácil: para los que lo defienden el ajuste pasa por ser un derecho inalienable del gobierno que se impone a toda la sociedad sin excepciones, en particular, sobre los más débiles. No importa a que costo ético y material. Liberalismo y neocolonialismo crudo y duro al peor estilo del siglo XIX. El regreso de los muertos vivos. Esta es una muestra del mundo real de libertades y derechos que los Principios Liberales le aseguran a la humanidad de ser aplicados. ¿No será simplemente la cara siempre visible de su opuesto, el Totalitarismo?

Este -el de la Salud Pública como un derecho para todos o solo para algunos- es un dilema o un conflicto cuya solución excede el marco de la ética privada de los actores y se vuelca sobre una definida noción de ética pública del Estado y su defensa de los Derechos Humanos consagrados en la Carta de Naciones Unidas por sobre cualquier otro tipo de consideración. Esos derechos no se negocian. Hacer otra cosa es regresar por la puerta trasera a regímenes que, se dice, estaban superados.

bastadeodio