Macri obligado a presentarse ante la justicia

En bastadeodio nos hemos ocupado muchas veces del tema de las políticas sociales del PRO o tal vez mejor dicho de la ausencia prácticamente total de ellas.
En particular lo hicimos en varias oportunidades enfocando en la situación de las familias y personas con carencia total de una vivienda, se las llama, familias (o personas) en situación de calle. Un grupo social que suele representar a los más necesitados entre los necesitados.

La actitud de Macri frente a este problema fue desde la inacción a la represión mediante la UCEP tratando de alejarlos a cualquier costo, incluso empleando la violencia, de sus instalaciones precarias en la vía pública, como si estar en esta desgraciada situación fuese un delito.
La excusa fue y es lo sacrosanto del espacio público como si ese derecho de una parte de los habitantes de la ciudad a utilizar el espacio común, estuviese por encima del derecho de algunos de sus habitantes en situación de emergencia social a tener un espacio aunque sea precario donde mal vivir o simplemente pernoctar.

Las ONGs que se ocupan del tema y el CELS, entre otros, han denunciado en reiteradas oportunidades estas políticas y sus consecuencias.
Porque el fondo del problema es que el actual gobierno de la CABA no ofrece soluciones permanentes al problema habitacional. La oferta existente consiste en un conjunto de paradores o instalaciones, también llamadas con cierta dosis de cinismo "Hogares de Tránsito", donde estas personas pueden dormir, higienizarse y recibir una comida caliente (con suerte). La realidad es que estas instalaciones brindan en muchos casos un servicio muy deficiente desde el punto de vista de la higiene y la atención a las personas, pero, además, los servicios que ofrecen muchas veces no se adaptan a las verdaderas demandas planteadas por estas personas.
Por ejemplo, en el caso de familias en situación de calle solo existe en la ciudad un parador y naturalmente suele estar con su cupo cubierto por lo que las restantes familias demandantes solo tienen la opción de ser separadas y divididos los hombres por un lado y las mujeres con sus hijos por otro. Los primeros a los varios paradores de hombres existentes y las segundas a paradores para mujeres con niños. En este último caso estos paradores no ofrecen con frecuencia una atención psicológica y médica aceptables. Naturalmente son muchas las familias que se niegan a aceptar este procedimiento, en ese caso, el gobierno Macri les ofrece una suma fija para pagarse un alojamiento transitorio (normalmente una pensión)  por un tiempo no mayor a los 8 meses y siempre contra la presentación, cada mes, de un recibo o factura debidamente confeccionado. El IVC exige para otorgar los escasos créditos que ofrece una condiciones que están muy por encima de las posibilidades de este sector de ciudadanos de la ciudad.

Las denuncias recibidas por la justicia de la Ciudad y la constatación de la existencia de los problemas e irregularidades denunciados han motivado la apertura de diversas causas contra el gobierno de la Ciudad y en la persona de sus funcionarios responsables.

Es en ese marco que recientemente el juez Roberto Gallardo dispuso la clausura de 4 hogares de tránsito, a concretarse antes del 5 de octubre, por falta de condiciones de “habitabilidad” y convocó a una audiencia al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, al titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Omar Abboud, y la defensora del Pueblo Alicia Pierini. 
Asimismo, intimó a Macri a presentar “un relevamiento de los ocupantes de los cuatro inmuebles referidos” y una “propuesta específica que garantice a los grupos involucrados una vivienda digna para su hospedaje”. Estos 4 hogares se encuentran ubicados en Santiago del Estero 1040/42, Brasil 1340, Martín Rodríguez 559/61 y 20 de Septiembre 332 de la Capital Federal y están destinados a niños en búsqueda de ser adoptados pero no presentaban a juicio del magistrado la presencia de “mínimos estándares de habitabilidad y seguridad.

Además de la situación de estos cuatro "hogares de tránsito" el Juez Gallardo dio curso a la acción de amparo iniciada por un beneficiario del Programa de Rehabilitación del Hábitat del barrio de La Boca (PRHBLB) y la defensora del pueblo porteño, Alicia Pierini, en contra del gobierno de la Ciudad y su Instituto de la Vivienda de Ciudad (IVC).

La demanda fue iniciada para que la Ciudad "rehabilite íntegramente los inmuebles de dominio del Estado local afectados al PRHBLB y adjudique en venta las viviendas rehabilitadas a los beneficiarios con transferencia plena del dominio de las unidades”.

Pero en lo inmediato, los denunciantes solicitaron una medida cautelar que ordene al IVC “reacondicionar adecuadamente y con carácter de urgente los inmuebles de su propiedad -conventillos y hogares de tránsito- a fin de tornarlos seguros y habitables o, en su defecto, relocalizar transitoriamente a las familias en inmuebles seguros”.

Gallardo resaltó en su resolución las condiciones “de extrema precariedad” que viven los moradores de los conventillos de La Boca “que los coloca en una situación de vulnerabilidad lesiva de derechos elementales tutelados por la Constitución Nacional, local, y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos”.

“A tenor de la importancia de la cuestión, la cantidad de familias involucradas, y teniendo presentes las responsabilidades jurídicas que el asunto conlleva, a la misma deberán comparecer con carácter de personal e indelegable” Macri, su jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta y el presidente del IVC, Omar Abboud.

Para ver más sobre el problema de fondo:
En bastadeodio: aquí, aquí, aquí, aquí y aquí

Otras fuentes sobre la citación del Juez gallardo: ver aquí, aquí y aquí

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