La justicia aceptó a Moreno como querellante

La Justicia en lo Comercial aceptó al Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, como querellante en la causa que se sigue contra dos firmas de consultoría económico financiera.

El Secretario de Comercio Interior presentó ya hace algún tiempo ante la Justicia Comercial sendas querellas contra las consultoras Orlando Ferreres y Asociados (Juzgado en lo Comercial número 3) y contra M&S Consultores, cuyos titulares son Carlos Melconián y Rodolfo Santángelo (Juzgado en lo Comercial número 4).

En el primero de los casos el Secretario Moreno, ante el pedido de la justicia, ratificó la denuncia presentada y en el segundo el Juzgado oficializó a la Secretaría como querellante.

La fiscal Carolina Rosiglio dio curso formal a la querella presentada por Moreno contra estos tres profesionales por la difusión de índices de precios al consumidor (IPC) que carecen del necesario rigor científico.

Pero además la fiscal Rosiglio pidió a la Justicia que se requiera a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, que remita los informes publicados "acerca de promedios de índices de evolución de precios".

También que suministre la "resolución o acto administrativo mediante la cual se adoptó la decisión de realizar esas publicaciones, y todo aquel otro elemento de juicio de donde surja a partir de qué datos se obtiene el promedio de índices que se da a conocer mensualmente".

En las denuncias presentadas ante la Justicia, la Secretaría de Comercio Interior sostiene que "los datos falsos" respecto a la evolución de los precios fueron generados por las consultoras con el "fin de beneficiarse" ellas mismas, "y beneficiar a algunos agentes del mercado financiero, que resultan clientes", con ganancias extraordinarias en perjuicio de los consumidores y del Estado nacional.

La resolución de la Justicia tiene una importancia trascendental en primer lugar porque ahora querellante y querellados van a poder presentar sus argumentos para que ésta pueda decidir quién tiene la razón en la controversia, pero en segundo lugar, si la justicia decide dar curso al pedido de la fiscal, la comisión legislativa requerida va a tener que dar explicaciones sobre su conducta, lo que no es un hecho menor.

En bastadeodio me ocupe con bastante extensión de este tema, aquí y aquí y de la absurda resolución del Grupo A (ver aquí), ratificada hace muy poco en los hechos, de difundir ellos mismos mediante una comisión ad hoc dichos índices para evitar así que la justicia pueda caer, como está sucediendo con estos tres, sobre aquellos que sin el suficiente respaldo técnico profesional dan a conocer índices de fantasía que solo persiguen beneficiar a determinados clientes de su cartera.

Esta operación de los consultores, a todas luces tramposa y de una motivación inicial puramente económica, que configura, en lo inmediato, una práctica desleal en lo comercial y que puede llegar incluso a configurar un delito que habrá que investigar en contra del Fisco, es aprovechada por los medios opositores y por la desgastada oposición para, en combinación, pretender perjudicar al gobierno dando publicidad a los falsos números del IPC los que son presentados a la sociedad como los verdaderos frente a los oficiales del INDEC que pasarían, según ellos, a ser los falsos y manipulados.

El paralelismo con la actualidad del caso Schoklender no es mera coincidencia. La mecánica y el objetivo de ambas operaciones es el mismo. Utilizar el prestigio y las posibilidades que brinda el ser representante del pueblo en la "cámara bajísima" en la que han convertido a la Honorable Cámara de Diputados, para perpetrar un ataque a los otros dos poderes legítimamente constituídos, el Ejecutivo y el Judicial, dando cobertura parlamentaria a personajes, los consultores acusados por un lado y Schoklender, por el otro, que tienen cuestiones con la justicia que son diferentes pero que actualmente están bajo proceso.

El proceder de los señores/as representantes debería respetar ese hecho y dejar que la justicia se expida. Por el contrario este grupo, desacreditado y disminuido de diputados de la UCR, del duhaldismo, del PRO, la CC y otros, han decidido que atacar de cualquier manera al gobierno justifica el empleo de cualquier medio. Incluso asumir la tarea de difundir valores "alternativos" del índice de precios amparándose en una supuesta defensa de la "libertad de expresión" o recibir el testimonio de un procesado por un delito de defraudación precisamente en los temas por los cuales se le acusa, solo para obtener de él alguna información comprometida con la que acusar a su vez al gobierno.
Lo que finalmente no lograron, ya que el delincuente y psicópata no pudo darles ninguna información útil desde el punto de vista legal que les permitiese iniciar alguna causa contra el gobierno.

En el caso Schoklender la raíz del problema parece ser exactamente la inversa a la que pretende avalar la oposición. El "disgusto" de Schoklender parece haber estado motivado por la resistencia de las autoridades del gobierno a facilitarle una línea de créditos subsidiados con la cual él pensaba expandir su empresa, Meldorek, y cubrir la situación crítica que su apropiación indebida de fondos de la Fundación había provocado en las finanzas de la misma. Cuando el gobierno primero y Hebe de Bonafini después se percataron de las verdaderas intenciones y los manejos de S.S estalló el escándalo.

Con este proceder el daño que están provocando estos señores/as que se proclaman defensores de las instituciones es enorme. Siembran dudas en cuanto a la honestidad de los jueces que tienen a cargo causas que consideran "sensibles", los presionan tratando de acercar agua a su molino y si éstos no ceden a ellas los declaran corruptos y comprados por el gobierno, al que también señalan como propiciando actos de corrupción sobre los que no pueden dar ninguna prueba.

Sus métodos parecen basarse exclusivamente en la conocida frase -falsamente atribuida a Goebbels- que afirma "Miente, Miente que algo queda". A juzgar por los resultados electorales que obtienen muy bien no le va con este proceder, sin embargo, como por inercia o por compromisos contraídos, parece que no pueden o quieren hacer otra cosa. El resultado final es que ambos, medios opositores y oposición, han perdido credibilidad frente a los ciudadanos.

Sin duda el pueblo ha sabido distinguir entre las mentiras y las verdades, entre las realidades y las falsas representaciones de ésta construidas por una oposición que se ha vuelto poco creíble.

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