María Eugenia Vidal ante la Corte Suprema

La demanda de una particular, Sonia Quisbeth Castro, una inmigrante boliviana que vive en el país desde hace once años, ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La historia de Sonia es dramática, hace seis años quedó embarazada de su hijo que padece de una encefalopatía congénita que la obliga a brindarle una atención permanente. El compañero de ese momento de Sonia no se hizo cargo de la situación y los abandonó. Estuvo alojada en hogares y paradores del GCBA hasta que por aplicación del decreto 690/06 que establece un límite de diez meses para la asistencia dejó de percibir el magro subsidio de 450 pesos que no le alcanzaba para un alquiler pero era algo, mejor que nada.
Sonia y su pequeño hijo, que entonces tenía dos años, quedaron literalmente en la calle.

Recibió la asistencia legal de la Defensoría del Poder Judicial de la Ciudad. Con su patrocinio logró que la jueza Alejandra Petrella le ordenara al gobierno la renovación de la asistencia. La Ciudad apeló y la Cámara volvió a fallar a favor de Sonia. La gestión PRO, entonces, recurrió al Tribunal Superior de Justicia porteño que, esta vez sí, dictaminó a favor del Ejecutivo, afirmando que la asistencia habitacional no podía ser indefinida. Por esa razón, la Defensoría porteña presentó un recurso extraordinario ante la Corte, que fue admitido y en virtud del cual se convocó a la primera audiencia pública que tuvo lugar ayer, 15 de setiembre.

Asistieron por parte del GCBA la ministra de Desarrollo Social y vicejefe electa, María Eugenia Vidal, y el procurador, Ramiro Monner Sans.
Por la parte demandante actuaron la defensora adjunta Graciela Chiste, que cuestionó “la tergiversación que el Gobierno de la Ciudad hace del derecho a la vivienda cuando da respuestas mediante programas del Ministerio de Desarrollo Social que apuntan a atender contingencias”, y que “no constituyen soluciones para personas en situación de pobreza estructural”, como en el caso de Sonia.

Luego expuso Julián Langevín, defensor oficial ante la Corte, en representación del niño. Contó que visitó el lugar donde vive Sonia con su hijo, “un cuarto de tres metros por tres, sin ventanas, con baño, pero sin cocina ni lugar para jugar". Ambos defensores reclamaron que Sonia y su hijo deben acceder a una vivienda digna. En su defecto, al menos, se le debe mantener el subsidio, con el monto actual de 1700 pesos fijado por la Justicia, que le permita seguir viviendo bajo techo.

“¿Entonces, si no se actúa por demanda judicial, se termina el subsidio y la gente queda en la calle?”, preguntó sin rodeos la jueza Elena Highton de Nolasco. La ministra Vidal admitió que era así.

Vidal defendió los límites temporales que se le fijan a la asistencia a personas en situación de calle y atribuyó el colapso del sistema a "la presión de la demanda" que ejercerían "las migraciones tanto de provincias como del extranjero hacia la Ciudad". Además cuestionó la falta de aportes del Gobierno Nacional para la construcción de viviendas (Plan Federal de Viviendas). Vidal argumentó que mientras el crecimiento poblacional de las villas fue del 20%, en toda la ciudad se registró solo un 4%. y que además, según el último censo, el 30% de la población no es oriunda de la Ciudad (26% del interior y 10% de extranjeros, son las cifras que dio).
En síntesis Para Vidal, “quien está en un parador no vive en situación de calle”.

Los jueces Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal, efectuaron numerosas preguntas a la funcionaria: si el gobierno porteño equiparaba paradores con viviendas; cómo se compadece el aumento de la demanda de viviendas con la subejecución presupuestaria –en 2010 se gastó sólo el 44 por ciento del dinero previsto para el IVC– y si, ante los límites de los subsidios, a las familias necesitadas no les quedaba otra que judicializar el reclamo.

Vidal solo respondió afirmando que la vía de los amparos representaba “una enorme inequidad con quienes no acceden al sistema judicial”. Fue entonces cuando Lorenzetti le dijo: “Usted dice que no se debe judicializar, que hay bastante judicialización, pero esto indica que hay un problema, que la gente está insatisfecha” con el programa tal como funciona. Respecto de las discrepancias entre Nación y la Ciudad el Ministro Lorenzetti afirmó: “Pero mientras no se ponen de acuerdo hay una situación de inmediatez, la gente recurre a un juez porque no puede esperar”

Para tener una idea de la magnitud del problema bastan los datos suministrados en la audiencia por Graciela Chiste, hay otros 1200 casos en juzgados de primera instancia porteños y otros 200 en Cámara de Apelaciones. Un indicio de que el máximo tribunal, además de expedirse sobre el caso, podría establecer un criterio general.

El único diario que dedicó una nota a este acuciante tema fue Página12. Para el resto simplemente no existió. En bastadeodio nos ocupamos del tema varias veces, aquí, aquí, aquí, por ejemplo.

Un detalle: En determinado momento de la audiencia Vidal, probablemente agobiada por la situación, tras contestar una pregunta, dio media vuelta y ya se iba cuando el presidente del tribunal le advirtió que el cuestionario seguía. Vidal no tuvo más remedio que quedarse hasta el final.

Lo que en el fondo se discute en esta audiencia es si existe un derecho como "el derecho a una vivienda digna para todos los habitantes de la Nación" y si ese derecho como los restantes deben ser garantizados por el Estado.

El fallo Del Supremo de la Ciudad favorable al GCBA no hizo más que remitirse a uno anterior, conocido como “Alba Quintana Pablo, c/GCBA”, con el que la Corte porteña sentó su jurisprudencia en la materia. En resumidas cuentas, dice que las normas que regulan la cuestión habitacional no brindan “un derecho inmediato e irrestricto a obtener una vivienda, los subsidios son medios paliativos que pueden ostentar carácter parcial y temporario, sin que corresponda a los jueces asignarlos”. Aunque lo consideraron un asunto que excede la órbita judicial, dijeron de todos modos que los paradores que ofrece el gobierno porteño para pasar la noche constituyen una respuesta suficiente. El caso “Alba Quintana” es uno de los tantos que se encuentran en la Corte Suprema. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo para la Diversidad (Copadi) presentaron un “amicus curiae” ante la Corte Suprema en el que cuestionan los términos de la resolución del tribunal porteño.

“El derecho a la vivienda es una garantía reconocida en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, en el 14 bis de la Constitución Nacional y en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, pero no la ofrecen los paradores ni la ayuda momentánea y excepcional”, dijo Diego Morales, del CELS, para explicar su planteo. “O se sostiene el subsidio mientras dura la emergencia habitacional o se planifican alternativas para cada grupo familiar, desde construir casas hasta promover créditos. Hay que buscar una salida definitiva pero hasta ahora no ha habido una política que piense en la solución a este problema”.
bastadeodio