"La Secretaría de Comercio Interior estrenó el uso de la Ley de Lealtad Comercial contra las consultoras económicas con una multa de 500 mil pesos a la firma Orlando Ferreres y Asociados. El argumento de esa área de gobierno es que, mediante la difusión de una variación de precios más elevada que la que publica el Indec, estarían “induciendo a error, engaño o confusión” a quien reciba esa información. Lo curioso es que, para aplicarle la multa, Comercio Interior se basó en un artículo de la Ley de Lealtad Comercial que castiga a propagandas o publicidades engañosas que incurran en inexactitudes u ocultamientos que induzcan a error en las condiciones y en los precios de venta." (Página12, viernes 25 de febrero de 2011).
Responde Orlando Ferreres:
"Ayer recibimos una comunicación, por la cual nos piden más precisiones, nos dan 10 días para poder hacerlas. De forma tal no se entiende que haya salido por Télam esto otro porque tendríamos 10 días para notificar algunas cosas. Hasta ahora no recibimos nada con respecto a la multa".
"No vamos a frenar esto por una arbitrariedad, ahí si tuviésemos alguna instrucción que no podríamos divulgarlo sería contra la libertad de expresión, que sería mucho más grave aun"
"Todas las consultoras han recibido ya dos cartas, donde piden más precisiones, el que juzga el valor de la metodología es el INDEC siempre, o sea que seguramente va a decir que está todo mal. No hay ninguna duda que todas van a recibir una multa". IECO (Clarín), 25 de febrero de 2011.
Nuestra consultora, continúa Ferreres, "no vende el servicio de medición de precios a nadie". "Lo usamos como insumo para procesar otros datos, pero no se vende; por lo tanto, estarían atacando la libertad de expresión". La Nación, 25 de febrero de 2011.
Otras consultoras privadas también se encuentran alcanzadas: FIEL, Economías y Regiones y el Estudio Bein y Asociados fueron imputados por la Secretaría de Comercio Interior por una supuesta violación al artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial. Las consultoras M&S -dirigida por los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo- y Buenos Aires City, conducida por Graciela Bevacqua, ex directora de Precios del INDEC, también fueron imputadas administrativamente por Comercio Interior, en este caso por no presentar la documentación requerida por la dependencia oficial.
La posición del INDEC:
El director nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio del Indec, Norberto Itzcovich, criticó duramente a las consultoras privadas que fueron llamadas por el gobierno para que revelen información acerca de cómo realizan sus índices de precios.
“A pedido de dirección de Lealtad Comercial de la Secretaría de Comercio estuvimos analizando las respuestas del cuestionario que les alcanzó dicha secretaría a las consultoras. Las respuestas son impresentables, de acuerdo a lo que dicen los manuales de buenas prácticas internacionales”
Itzcovich cuestionó a las consultoras “que dicen oralmente una cosa, y que cuando tienen que volcar por escrito lo que realmente hacen, es otra”. A modo de ejemplo citó que “algunas reconocieron por escrito que no hacen un índice de precios sino que realizan una estimación de un índice de precios. No pueden decirte que venden un índice de precios cuando en realidad no lo es, es otra cosa”,
“las consultoras reconocieron que sólo toman precios de algunos supermercados, y por Internet, y otras que tienen un ‘staff’ de sólo dos personas para efectuar el relevamiento, algo imposible de hacer”, ejemplificó el funcionario, tras remarcar que en el Indec trabajan “52 encuestadores, que relevan mensualmente 6000 negocios y toman unos 100 mil precios”. Tiempo Argentino, 25 de febrero de 2011.
Para bastadeodio por fin se empieza a rasgar la espesa cortina de la manipulación informativa instalada por los medios de comunicación (algunos descaradamente opositores y otros perezosos o que, contentos, se dejan manipular) y comienza a aparecer una buena parte de la verdad que se ocultaba tras los catastróficos índices económicos -especialmente el referido a la inflación- elaborados por las consultoras privadas. Bastó un simple y lógico requerimiento, en este caso de la Secretaría de Comercio, solicitándoles una explicitación y fundamentación de la metodología empleada en la elaboración de dichos índices y una evaluación posterior del INDEC de las respuestas recibidas, para que las que respondieron reconocieran que NO ELABORAN UN INDICE REAL, SINO QUE SOLO HACEN UNA ESTIMACION DEL POSIBLE INDICE DE INFLACION. Algunas, ni siquiera contestaron al requerimiento.
bastadeodio quiere recordar aquí que la producción de estadísticas y elaboración de índices de cualquier tipo es una actividad técnico-científica con reconocimiento e historia académicas y por ello se regula por una metodología que, entre otras cosas, debe conducir a la reproducibilidad y comparabilidad de los resultados. Esto, dicho en buen cristiano, significa que la existencia de una metodología explícita y evaluable, asegura que el resultado cualquiera del trabajo estadístico, entra en la categoria de "verdadero" o, por lo menos, de "confiable".
Por ejemplo, cuando la duda acerca de la metodología del INDEC, era el tema principal, el gobierno recurrió a la academia, en este caso la Facultad de Economía de la UBA, para resolver la controversia. Lamentablemente el comportamiento de los científicos de la UBA fue más político que académico y optaron por retirarse del comité dejando a todo el proceso bajo un manto de sospecha. Lamentablemente se perdió allí la oportunidad de hacer extensiva la supervisión académico-científica a todos los productores de estadísticas y los privados quedaron exentos, otorgándoles así una aprobación implícita totalmente injustificada.
Este error de método, pero, a la vez, esencialmente político, de admitir de manera implícita la sustentabilidad de las sospechas sobre los índices oficiales y supervisarlos (error que se repite luego con la solicitud de asistencia al FMI) y no plantear el mismo tratamiento para la consultoras privadas, a sido sumamente perjudicial para la recuperación de la "confianza" en el INDEC y no ha hecho otra cosa que reforzar las posturas extremas de la oposición en su lucha permanente contra el gobierno. El origen de la posición anti INDEC no es otro que la pérdida de control que sobre éste tuvo el establishment producida por la restructuración que incluyó el reemplazo de Graciela Bevacqua. Esa reacción era seguramente inevitable al igual que la lucha posterior para la cual el gobierno en gran medida se mostró poco preparado.
Uno de los resultados de estos procesos fue una prolongación innecesaria del conflicto en el tiempo, con un deterioro cada vez mayor de la confiabilidad, sobre todo ante la opinión pública, de los índices del INDEC y una totalmente injustificada confianza en los índices privados e, incluso, en las parodias de "investigación" o "encuestas" de precios elaboradas por el grupo clarín, repetidas hasta la saturación por TN y desnudadas por 678.
Los costos no han sido solo políticos, todavía quedan por evaluar los seguramente elevados costos económicos, sobre todo para el Estado, esto es para el conjunto de la sociedad, producidos por no disponer de un índice de inflación social y políticamente confiable.
Algo similar ocurre, aunque este no sea el momento de tratarlo, con el tema de la "inseguridad", tema que junto con "la inflación", constituirán los dos grandes ejes de las campañas opositoras. En este momento, vale más la machacona campaña del grupo clarín y sus adláteres que la opinión fundada de los verdaderos expertos en el tema (organismos policiales y judiciales e investigadores académicos).
En este combate por la verdad, por la confianza en el valor de la palabra, deben concurrir acciones oportunas y discursos. El tema no es menor. El riesgo en el que se incurre con esta sanción económica es el de transformar al reo en víctima. En efecto, este no es solo un debate académico, ni siquiera un tira y afloje de la lucha política, es, principalmente, un debate por la credibilidad pública y en ese aspecto la estrategia del gobierno anda renga. No hay suficiente -por ser generosos- explicitación de los motivos y de los procedimientos llevados a cabo y de las respuestas obtenidas, los tiempos de ejecución tampoco aparecen claros. ¿Qué tal habría sonado que luego del intercambio de notas y respuestas, se los hubiese convocado de forma pública a la Secretaría de Comercio o al Ministerio de Economía? ¿Que tal si se hubiese dado a conocer a la opinión pública el contenido completo de las notas y de las respuestas?. Son solo algunas de las cosas que no se hicieron y seguramente a alguien más inteligente e informado se le habrían ocurrido muchas más y mejores. La cuestión básica que me preocupa es: ¿La casi única estrategia comunicacional del gobierno debe descansar en la persona de la Presidenta?. El adversario posee múltiples voces. La Presidenta -como un espadachín del siglo XVIII- se tira lances con todos y cada uno y sale airosa. ¿No necesita acaso un poco de ayuda, de tanto en tanto, de los que se llaman sus mosqueteros?
Finalmente, en primer lugar y aunque el tema parezca menor, no se puede pasar por alto la insólita respuesta del señor Ferreres a la aplicación de la multa calificándola de una medida que atentaría contra "la libertad de expresión" (aunque simultáneamente reconoce que nadie le prohíbe publicar sus numeritos). Curiosa defensa ésta la del cientista-economista productor de información veraz sobre la sociedad. Dejando de lado el dicho aquél, que aunque grosero viene al pelo: "el cagado no se huele", esa expresión debería aplicarse, en principio y si se dirigiera a ellos, a los medios de comunicación o, incluso, a él mismo, pero solo si él expresase sus "verdades estadísticas" a título de una mera opinión o estimación y no, como lo hace, como datos con fundamento científico. Lo que él y los otros "analistas" hacen es, a juicio de bastadeodio, equivalente a denunciar un falso intento de robo o un secuestro inexistente. Aquel que lo hace comete un delito. Esos casos están tipificados legalmente, no ocurre lo mismo con las mentiras estadísticas o los fraudes científicos. Es una pena que sea así.
En segundo lugar, la estrategia de la oposición desestabilizadora es evidente. Al centrar la discusión en el aumento de los precios y en el INDEC, se pretende ocultar cuál es su real origen, que no es otro que el interés insaciable de las empresas formadoras de precios y no lo es el gobierno a través de la política monetaria o fiscal o las políticas sociales, que no han favorecido otra cosa que el crecimiento económico a "tasas chinas" experimentado durante los últimos años.
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| Que desde donde estén nos guíen |
Estoy de acuerdo: hubiera sido buena la idea de convocar a las consultoras.
ResponderEliminarTambién estoy de acuerdo en que la Presidenta no debe ser la única comunicadora. Justo veía hace unos días un capítulo de The West Wing y pensaba en la importancia de la secretaria de prensa en la serie.
Saludos, Prof.