Macri: Educación + Desigualdad

Escuela Pública 22 - Nueva Pompeya

Un estudio de la Asociación Civil Por La Igualdad y La Justicia (ACIJ) prueba que Macri discrimina en inversión educativa a los más pobres de la zona sur de la ciudad en relación a los más ricos de la zona norte. Es decir la vieja política de Hood Robin a las que nos tiene acostumbrados el macrismo.

Los investigadores comparan los cinco distritos con mayor grado de necesidades básicas insatisfechas (NBI), es decir, los más pobres, con los cinco más ricos: en estos últimos, la inversión prevista es de 1125 pesos para cada alumno; los cinco más pobres deberán conformarse con 807 pesos por alumno. Si se consideran determinados barrios, la diferencia se agranda: la inversión por alumno es de sólo 169 pesos en Constitución y no supera los 370 pesos en Villa Lugano; en cambio, en Belgrano y Núñez llega a 946 pesos, y los niños de Villa Devoto alcanzan los 2304 pesos.

Pero no solo eso, la inversión en infraestructura prevista en el presupuesto 2012 continúa con la tendencia decreciente mostrada en años anteriores, en tanto, la transferencia de recursos a la enseñanza privada se incrementa. Si además se tiene en cuenta la sub ejecución de las partidas que caracteriza a la gestión, la inversión en este campo se convierte, para una ciudad como la CABA, en irrisoria. Los cálculos realizados por los técnicos del ACIJ muestran que ajustado por la inflación el presupuesto del 2012 cae un 20% respecto del presupuesto de este año. Para darse una idea, en el año 2010 -el último año con datos completos- la sub ejecución fue del 52%. En el caso de la Educación Especial, los más necesitados, el presupuesto 2012 es menos de la mitad del 2011 y la tercera parte del 2010.

Escuela Pública 2 - Pileta

En lo que hace a la educación privada la administración Macri con diversos artilugios hace cada vez más independientes los subsidios que reciben las escuelas por parte del Estado Municipal, de las cuotas que están obligados a pagar los padres. Una serie de mecanismos alternativos, invenciones negociadas de ítems que componen las cuotas y que no intervienen en el cálculo del subsidio recibido, favorecen aún más, desde el punto de vista económico, a las escuelas privadas. Padres y Estado, colaboran para que la educación privada se constituya en un excelente negocio. Por ejemplo, para una escuela que recibe el 50% de aporte estatal la cuota máxima fijada es de aprox. $800, sin embargo, la escuela está autorizada a cobrar: matrícula, arancel extraprogramático, mantenimiento y equipamiento y la cuota de la asociación de padres, todo prorrateado a los largo de los 12 meses, con todo ello el resultado de la cuota mensual que deben pagar los padres es de casi $1900 es decir casi 2,5 veces la cuota sobre la cual se le asigna el 50% de subsidio.
En el año 2010 el presupuesto para la educación privada destinado por el GCABA (DGGP) fue de 807.000.000 de pesos (El 16,4% del total del presupuesto educativo). El proyectado para 2012 ronda los 1133 millones (el 15,6% del total). Conclusión:

El Estado Municipal subsidia fuertemente la educación de quienes pagan una escuela privada extremadamente costosa, lo que implica que con su aporte contribuye a financiar la desigualdad social y educativa.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no revela el criterio concreto a partir del cual se reparten esos recursos públicos entre las escuelas de gestión privada, no proporciona información sobre los aportes actualmente percibidos por las escuelas ni tampoco brinda información completa sobre los aranceles que cobran. Esto motivó una presentación de la ACIJ ante la Jueza Alejandra Petrella que ordenó al gobierno de la ciudad brindar la información solicitada. En lugar de cumplir con la sentencia Macri apeló la decisión de la jueza.

Sobre la base de la información del 2009, la única parcialmente completa, la ACIJ concluye que:

La política de subsidios a establecimientos educativos de gestión privada es poco transparente, inequitativa e irrazonable, y no cumple en modo alguno con los criterios establecidos en la Ley de Educación Nacional y en la Constitución de la Ciudad, que establecen claramente que los aportes deben basarse en criterios objetivos de justicia social, tener en cuenta el arancel que se establezca, y deben dar prioridad a los/as alumnos/as de escuelas de menores recursos.

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