Pedofilia en la Iglesia Católica

Benedicto XVI: ¡Con los Pibes y los indefensos NO! (foto: El País)

Antes que me lo digan lo admito, el título no afirma nada nuevo, sin embargo, como veremos, que no sea nuevo no implica que el tema al que alude no sea importante para revelar una de las facetas más oscuras de la llamada "Justicia Internacional".

La Red de Sobrevivientes de Personas Abusadas por Sacerdotes, una ONG con sede en los EEUU, presentó ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya (TPI) una denuncia contra las principales autoridades del vaticano: el mismísimo Papa, Benedicto XVI, su secretario de Estado Tarcissio Bertone; Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio y ex secretario de Estado del Vaticano y el cardenal William Lavada, director de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). Este último tiene una responsabilidad directa ya que es el funcionario encargado de investigar las reiteradas denuncias presentadas. Cuando el actual Papa era el cardenal Ratzinger dirigió la CDF por lo que tuvo conocimiento de denuncias similares. (Más información desde una óptica diferente: en el diario El País)

En la denuncia se establece que el Vaticano -como Estado- ha protegido y evitado que se juzgara civilmente a sacerdotes fuertemente sospechados de ser pedófilos lo que, según la ONG, constituye un delito de lesa humanidad.
La denuncia está acompañada por más de 20.000 páginas de material de apoyo: informes, documentos de política y supuesta evidencia de los crímenes por parte del clero católico contra los niños y adultos vulnerables. Que a esta altura es más que un secreto a voces.
La intención de la Red, es que Moreno Ocampo abra un caso de oficio. “Altos funcionarios de la Iglesia, incluido Ratzinger, tenían conocimiento o tenían amplios motivos para tener conocimiento de la comisión generalizada de violencia sexual por sacerdotes y otras personas afiliadas a la Iglesia y, o bien optaron por hacer la vista gorda o adoptaron medidas para ocultar tanto los delitos como a sus autores”, afirmó la ONG en una presentación preliminar en mayo pasado.

Fortunato Malimacci, sociólogo especialista en temas de la Iglesia, opina que “Hay una complicidad muy grande entre el poder eclesiástico y el poder político, económico y judicial que se ha formado durante siglos. Se prestan servicios mutuos. En Estados Unidos, el propio catolicismo norteamericano fue el que reclamó a quien era secretario del Papa, el por entonces cardenal Ratzinger, para que se sancionara a esos sacerdotes. Y lo que sucedió fue que la enorme mayoría de las veces Ratzinger lo "encarpetó", es decir que las denuncias no prosperaron. La política que tuvo el Vaticano fue enviar a los sacerdotes a otro lado, cambiarlos de país.”

La Red asegura contar con testigos dispuestos a dar información sobre casos de ocultamiento que trascienden “fronteras y generaciones”. Por eso, pretende que el fiscal los considere delitos de lesa humanidad. Entre los ejemplos que aportó para la evaluación del fiscal figuran casos aberrantes como el de un niño que fue violado por un sacerdote, el que luego llevó a la víctima a Miami para que "atendiera" a otros sacerdotes que llegaron de Roma para continuar con las vejaciones.

La Guardia Pontificia

El Vaticano, sin embargo, ha sugerido, pretendiendo minimizar el problema, que "solamente" entre un 1,5 y un 5 por ciento de los sacerdotes católicos han participado en el abuso sexual de niños.
Pero, según las estadísticas más recientes que ha divulgado el Vaticano, en 2009 había en todo el mundo 410.593 sacerdotes. Con las cifras de la Santa Sede, un simple cálculo indica que la cantidad de curas que habrían delinquido estaría entre 6.158 y 20.529  una cifra que indica la existencia no ya de unos pocos casos sino la presencia de un ejército de delincuentes, es más, las tropas del Vaticano, la famosa Guardia Suiza, tiene muchos menos soldados (solo 110). Sin embargo, la realidad es mucho peor todavía de lo que está dispuesto a admitir el Vaticano.

Esta situaciones se hunden en la historia de la Iglesia hasta sus orígenes con Constantino y se fueron haciendo comunes hasta el punto de convertirse en "una costumbre" clerical, en un "pecado" de la carne, moralmente condenable pero tolerado o disculpado en los hechos.

Uno de los problemas de fondo es el "conflicto de jurisdicciones". En efecto ante estas acciones delictivas de los curas y clérigos, en todos los casos en los que existe un Concordato entre el Estado Vaticano y el Estado Nacional de que se trate, se les aplica tradicionalmente el Derecho Canónico y no el Derecho Penal del país de residencia. En el derecho canónico la pena máxima prevista es la exclusión del sacerdocio del criminal y, en general, no se llega a esa instancia. Esta inoperancia del Derecho radica en que aquellos que lo deben aplicar, por lo común son juez y parte, ya que se trata de obispos bajo cuya órbita de responsabilidad actúa el acusado. Bajo estas condiciones la denegación de justicia a las víctimas es lo habitual. Además, en virtud de estos Concordatos, mal aplicados, los Estados generalmente no se inmiscuyen en las denuncias prefiriendo dejar actuar a la Iglesia para no generar un punto de conflicto diplomático con el Vaticano.
Solo muy recientemente -apenas 15 años- y ante la publicidad que alcanzaron en todo el mundo, incluido nuestro país, los hechos de éstas características perpetrados en perjuicio de miles de niños y niñas y de personas incapaces, el asunto salió de las catacumbas del silencio en las que pretendía mantenerlo el Estado Vaticano y resonó libre el escándalo. Sin embargo y aún así, los Estados involucrados prefieren no intervenir.

Aquellos que pretenden defender a la Iglesia afirman que estos casos de pedofilia y abusos sexuales son comunes en todos los establecimientos laicos o religiosos que reciben niñ@s y se producen en igual medida. Cínica argumentación. Un delito aberrante es aberrante lo cometa quien lo cometa, la cuestión es si el delincuente puede o no escapar a la sanción una vez que el caso ha sido debidamente probado ante un tribunal o incluso está en condiciones objetivas de evitar que se llegue alguna vez a esa instancia judicial. Esto es lo que está en cuestión y no una estadística sociológica de los delitos sexuales que tienen a los menores como víctimas.

"La CPI sólo puede investigar si verifica que el Estado que tiene jurisdicción no juzga el caso; se debería demostrar que Alemania, Australia, Austria, Bélgica o Italia no pueden o no quieren ejercer justicia.” explica Lucas Barreiro, coordinador de la Maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la UBA.

Es muy probable, por todo lo dicho, que la denuncia sea tal vez estudiada por el TPI con algún esmero y merezca quizás algún comentario público, pero que al final sea desechada o enviada al cajón de las denuncias fallidas, como dice Mallimacci, "carpeteada". La razón o mejor dicho la excusa perfecta es que los denunciantes no constituyen un Estado y el "Alto Tribunal" solo acepta denuncias procedentes de Estados miembros de la ONU que hayan ratificado el estatuto de Roma que lo creó.

El Vaticano y los EEUU no han ratificado dicho Estatuto de Roma (lo que No es casual, aunque a algunos le parezca), sería entonces necesario que los estados miembros que sí lo hicieron, pero que no han iniciado investigaciones judiciales sobre los casos denunciados cometidos en su territorio, se autodenuncien o sean denunciados por otro Estado miembro.

Luis Moreno Ocampo Fiscal Principal del TPI

Eso se llama, en castellano internacional, tener la vaca atada. Y la vaca tiene su atento pastor que se llama Luis Moreno Ocampo.

Basta con recordar que Luis Moreno Ocampo, el Fiscal del Alto Tribunal, actuó -con su Buffet- como defensor del cura pedófilo Grassi, condenado por sus delitos a veinte años de cárcel. Sentencia que éste no cumple y continúa en libertad "porque ésta no está firme" y así pasan los años y el cura puede continuar practicando su "costumbre" ancestral ya que continúa en contacto con niñ@s. Tampoco el cura Grassi fue separado de la Iglesia por sus autoridades en aplicación del Derecho Canónico, a pesar de caer sobre él una sentencia condenatoria de un tribunal civil. La débil excusa que deja trascender la Iglesia Católica vuelve a ser "que la sentencia no está firme", como si el Derecho Canónico se subordinase al Código de Procedimientos en lo Penal (solo cuando les viene bien).

Además, en 1986, tras la aprobación de las leyes conocidas como de "Punto Final" y "Obediencia Debida", que borraban con el codo lo que el Juicio a las Juntas Asesinas había sancionado dos años antes, Julio César Strassera, el fiscal principal, presentó su renuncia, pero su segundo, Luis Moreno Ocampo, no lo siguió como era de esperar y, en cambio, pasó a ocupar la titularidad de la fiscalía hasta su dimisión en 1992.
Luego de un período dedicado a la actividad privada -Moreno Ocampo & Asociados- en el que se dedicó a la temática de la "corrupción" con la ONG Transparencia Internacional, trabajo que produjo bastante ruido mediático y ninguna condena recordable; de ocuparse de la defensa de Grassi y de otro pedófilo músico del teatro Colón que practicaba con sus propios hijos y de alternar el trabajo con su paso por el olvidado programa televisivo "Forum", dedicado a la temática de la "conciliación", muy de moda por aquél entonces; fue nombrado, en el 2003, en su actual cargo por el cual se pavonea -cual tremendo pavo real- contribuyendo con mucha valentía a juzgar a dictadores y/o genocidas caídos en desgracia, siempre de países pobres, especialmente africanos.

Magdalena Ruiz Guinazú le hizo una más que interesante y larga entrevista (aunque lamento no poder aportar la fecha -así son las cosas en Perfil- pero es casi seguro,  por el tenor de las preguntas, que tuvo lugar recientemente) que publicó el diario de Fontevechia y que permite conocer más de su actual forma de pensar los problemas que enfrenta. Solo un comentario al respecto: en su afán de satisfacer a tirios y troyanos el tipo no ve sus propias contradicciones. (ver aquí)

bastadeodio