Esto empieza a oler mal

Ser o no ser: nuestro propio Hamlet

No solo el grupo Clarín pretende ganar tiempo frente a la LSCA. También parecen querer hacerlo los jueces de la  CSJN frente a un conflicto que tarde o temprano terminará como papa caliente entre sus manos.

Prefieren que a su mesa los frutos del árbol de la justicia, del bien y del mal, les lleguen bien pasados de maduros, comenzando a oler mal.

Va quedando en evidencia la supervivencia entre nosotros de un hecho largamente conocido y sumamente desagradable: pueden más los poderes fácticos y, en este caso, el temor a la sanción mediática y económica de un grupo económico jugado en un enfrentamiento de vida o muerte con una ley a todas luces legítima, que todas las consideraciones éticas y políticas afirmadas por los propios jueces en sucesivas declaraciones y sentencias. Tira más una tapa de Clarín que una yunta de bueyes.

Algo huele a podrido en Dinamarca le dice Marcelo, el centinela, a Hamlet refiriéndose a la trama oculta de hechos e intereses que conducen al asesinato del rey, su padre.
Este juego de teatralizaciones -incluso de engaños- en el que se ha convertido la relación entre los poderes de las instituciones republicanas y los poderes de facto, la CSJN ha optado por "preservarse" a costa de agregar a la trama su propia mascarada.

Como las gallinas cluecas que cacarean en un lado y ponen el huevo en otro. Solo así se puede entender el sinsentido político de rechazar por "razones procesales" la solicitud de per saltum del gobierno nacional y a la vez recomendarle recurrir a la vía del recurso extraordinario ante una Cámara manejada por Clarín.

Hoy, 11 de diciembre, el gobierno presentó ante la Cámara de Clarín el recurso extraordinario solicitando la anulación del fallo del 6 de diciembre que renovó la cautelar. Ésta dispone de diez días (que en este caso por indicación de la Corte serían calendario y no hábiles) para aceptar o rechazar el recurso, si como es previsible -de no mediar en el ínterin una resolución de fondo del juez Alfonso- la Cámara rechaza el recurso, aún le queda al gobierno la posibilidad de elevar a la Corte un recurso de queja. Esa es la escueta noticia del día pero, como en el drama de Hamlet, lo que importa es lo que permanece parcialmente oculto.

Los miembros de la Corte no ignoran el desbarajuste institucional que de hecho reina en la Cámara Civil y Comercial donde se tramita "la cuestión de fondo" y la práctica certeza de que esa Cámara no está en condiciones ni objetivas ni subjetivas de impartir justicia en un tema tan sensible. Sin embargo tres de los jueces: Fayt, Petracchi y Argibay argumentaron a favor del rechazo in limine de la solicitud del gobierno -más definitivo que la improcedencia que fue el común denominador que evitó que no saliera ningún fallo- y solo Zaffaroni dio valor al argumento de fondo planteado por el gobierno que es el desafío de la Cámara al fallo de mayo de la propia Corte producido al renovar la cautelar y no meramente extenderla hasta que el juez Alfonso resuelva la cuestión de fondo. Si algo faltaba para tener certeza de la parcialidad y del prejuzgamiento en el que incurre la Cámara Civil y Comercial fue esta última medida.

Si finalmente esta Cámara determina la constitucionalidad de los artículos cuestionados, lo que no es para nada seguro, posiblemente le otorgará a Clarín un plazo para desinvertir que se medirá en años. También puede ocurrir que Magnetto haya decidido ir por todo y quiera la derogación ahora de los artículos que lo afectan. Ese es el verdadero problema al que nos enfrentamos: el que decide es Magnetto, no la justicia argentina.
La fundamentación del juez Zaffaroni, que no es simplemente una diferencia de matiz con sus colegas, apunta en dirección correcta al señalar -en condicional- a la Cámara asumiendo una postura próxima al alzamiento.

La estrategia judicial que Clarín lleva adelante desde hace tres años en contra de la LSCA no se sostiene sin jueces adictos dispuestos a jugarse en su favor. En ese sentido es preocupante que miembros de esta Corte hayan estado detrás del reciente documento en el que se atribuye en exclusividad al gobierno el ataque real o supuesto a la independencia del poder judicial.
No es el gobierno quien llevó la ley de medios a la justicia, fue el grupo Clarín. No fue el gobierno quien fijó el 7 de diciembre como una fecha límite para la estrategia dilatoria de Clarín, fue la Corte. No fue el gobierno quien pagó los viajes y la estadía en Miami de jueces que entendían en la causa para hacer lobby en contra del Estado, fue el grupo Clarín.

La independencia -que gobierno y oposición valoran- es puesta en duda por los mismos hechos judiciales y extrajudiciales producidos a instancias del grupo Clarín a partir de la sanción de la ley. No es sensato ocultarlo.
Los manejos en la conformación de la Cámara, las recusaciones rechazadas por ésta sin negar los fundamentos presentados, el fallo prolongando la cautelar, son razones de peso para que la actitud de la Corte fuese la opuesta a la adoptada si lo que realmente se quiere reforzar es la independencia judicial.
Esa estrategia cortesana de cerrar una puerta pero dejar entreabierta otra que aplican tanto al gobierno como a Clarín solo logra aplazar por un tiempo lo inevitable, hacerse cargo de la cuestión de fondo: quien se impone en la puja, el Estado o un monopolio con comportamientos mafiosos.

Por supuesto tampoco ignoran en la oposición partidaria las evidencias de parcialidad de dicha Cámara ya que colaboraron en el Consejo de la Magistratura con las maniobras de Clarín dirigidas a mantener el control. Sin embargo todos -jueces de la Constitución y representantes del pueblo le cargan las tintas al gobierno -que es hacia donde señala Clarín- y se hacen los inocentes.
En realidad no todos los jueces. Varios firmaron una solicitada objetando la posición dada a conocer recientemente por la Comisión Nacional de Protección a la Independencia Judicial. Entre otras cosas señalan:
“La independencia del Poder Judicial no debe entenderse limitada a la relación que debe existir entre los poderes del Estado”...“Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e incluso de las organizaciones que los representan”.

Como viviendo en otro planeta -el planeta Clarín- los opositores casi en pleno se reunieron ayer lunes 10 en la sede de la UCR convocados por su presidente, Mario Barletta, para firmar un documento denominado "Compromiso democrático" en el que se juramentan a observar la CN, defender el "equilibrio de poderes" y la "independencia del poder judicial". Asistieron Macri, Binner, Alfonsín, Cobos, Gil Lavedra, Federico Pinedo, Millman (GEN), Tumini (FAP), Prat Gay (CC) y Patricia Bullrich, entre otros.

Como suelen decir con orgullo impostado, los jueces hablan por medio de sus sentencias. Es bueno que sepan que en este caso -como en muchos otros- lo que dicen es solo del gusto y privilegio de unos pocos y significa un enorme perjuicio y pérdida de derechos para la mayoría.

Dicen también que hay que acabar con la existencia inmoral de dos formas de "hacer justicia", una para los ricos o los poderosos y otra para los pobres y los sometidos. Que bueno, aplausos, pero algunas de sus sentencias dicen en realidad lo contrario, salen a proteger a los poderosos haciendo aún más pesado su lado de la balanza.

Lo más ridículo, incluso irritante, es que en este contexto jueces y políticos opositores continúen diciendo que es el gobierno el que presiona a la justicia y reclaman airadamente por una justicia independiente del gobierno. Cierto, nosotros reclamamos por lo mismo, reclamamos por una justicia independiente del gobierno, no de la democracia, no de las instituciones, pero para que sea justicia y para que sea única e igual para todos, debe ser -no hay otro camino- independiente de los poderes fácticos a los que nadie elige y que, por ello, nunca rinden cuentas de lo que hacen.

Todos -menos Clarín- esperamos que se resuelva la cuestión de fondo. Las demoras de la Corte en asumir plenamente su responsabilidad como tribunal constitucional no hacen más que agravar el problema y sumar más confusión a un conflicto de por sí sumamente grave.

La desazón que muchos sentimos en estos días está plenamente justificada. Quizás de forma algo ingenua esperábamos más de nuestras instituciones. Sin embargo, como señaló Cristina en el día de la Democracia y los Derechos Humanos, hay que transformar ese sentimiento en fortaleza y en renovadas convicciones.
El 7D no fue una derrota del gobierno, la que perdió fue la democracia y sus instituciones. En otras palabras perdimos todos. Culpar al gobierno de lo sucedido, además de poco útil, es disculpar al verdadero causante y peor, ocultarlo de la vista de todos que es lo que pretende.

bastadeodio