Una madre jodida

Test de HIV

Lo anunciaron en abril y ya se está aplicando a rajatabla, aún antes de la fecha oficial que es el 31 de agosto de este año...

Ana Mato, ministra de sanidad española, lo anunció, los sin papeles se quedan sin atención gratuita en el sistema público de salud.
Solo los extranjeros con residencia legal, es decir que tengan permiso de residencia y, en consecuencia, un trabajo en blanco podrán continuar teniendo acceso a los servicios.

Según la ministra esas "serán las personas que de verdad viven y tienen residencia fiscal en España, quienes trabajan como nosotros y pagan sus impuestos".
Las personas sin papeles o en situación irregular solo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y la atención de los niños menores. Sin embargo hay casos que muestran que no se cumple y que una vez llegados a urgencias se les pretende cobrar más de 120 euros para ser atendidos. La respuesta del ministerio es que no se preocupen que si no tienen recursos que no paguen. El procedimiento humillante es lo de menos, al parecer.

Mato aclaró que más de 700.000 extranjeros se han beneficiado del sistema de salud “sin tener derecho a ello”.

Tradicionalmente, los inmigrantes tenían derecho a una tarjeta sanitaria con sólo estar empadronados en un municipio. Con la llegada al Gobierno del PP por segunda vez y con la excusa del déficit desorbitado, el Ejecutivo considera un “fraude” que personas que no pagan sus impuestos puedan disfrutar del sistema que todos los demás pagan. Con esta medida Sanidad espera ahorrar 500 millones de euros (a razón de 1000 euros por año y por ilegal). Un pedo comparado con los ahorros que se hacen en todas las demás áreas del Estado. Y un repedo comparado con el coste que tendrá para el pueblo español la ayuda del BCE para salvar a los bancos.

Magnitud del problema:

Según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) la población total de extranjeros en España es de 5.700.000 personas de las cuales 5.250.000 están en situación legal. Esto arroja una población ilegal reconocida oficialmente de casi medio millón de personas.

En realidad nadie sabe, a ciencia cierta, de cuántas personas se trata, se habla de hasta un millón de indocumentados. En 2011 se registró una brusca caída (que probablemente vendría de antes) en el número de inmigrantes procedentes de américa latina. También hay una cifra importante de inmigrantes de este origen que retornaron en estos últimos años a sus países, principalmente procedentes de Ecuador, de Colombia y de Argentina.

Por contrapartida ha crecido y mucho la llegada de inmigrantes del África. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, que ya tuvo un sonoro choque con Baltasar Garzón, relacionó este repunte con la "explosión migratoria" causada por la llamada primavera árabe en los países del norte de África y con el hecho de que España, pese a la difícil situación económica por la que atraviesa, sigue siendo un lugar "deseado" y "apetecible".
Dos de los puntos principales de entrada son los enclaves coloniales de Ceuta y Melilla, dos ciudades en poder de España, con status legal de autónomas, situadas en las costas de Marruecos y el otro son las Islas Canarias ubicadas frente a las costas africanas. La travesía de los inmigrantes suele tener un fin trágico, respecto del cual la frecuente detención y expulsión en base a la ley de extranjería es un mal menor.
Según un informe de ACNUR, el organismo de NU que atiende los casos de refugiados, el año pasado se registraron 1500 muertes de inmigrantes que intentaban cruzar el mar Mediterráneo para alcanzar las costas europeas. La Guardia Civil española solo tenía registrados 29 casos.

Consecuencias:

El gobierno del PP es muy cínico al atribuir la medida a la existencia de un supuesto abuso al que llaman "turismo de bisturí" una práctica que, según ellos, realizan algunos turistas que se aprovechaban de la total gratuidad del sistema de salud existente. El tema es que los que van a sufrir las restricciones no son precisamente esos turistas con recursos, sino los cientos de miles de inmigrantes de origen africano o latinoamericano con pocos o ningún recurso.

Una de las situaciones más dramáticas y que afectan a un considerable número de personas de este colectivo, en particular africanas, es el caso de la atención de los portadores HIV positivos que necesitan para mantenerse sanos del suministro continuado y sin límite de tiempo de las drogas antirretrovirales. La única forma de recibirlas de manera gratuita es mediante la medicina hospitalaria pública.

Según los especialistas la medida de impedirles el acceso a los inmigrantes ilegales no solo afectará gravemente la salud de ellos sino que pondrá en riesgo la de muchas otras personas. Está claro que, más allá de los derechos humanos de las personas supuestamente garantizados por la carta de las NU, no se percibe por parte de las autoridades el carácter de problema de salud pública involucrado en la marginación de los ilegales de los servicios de salud del Estado y se consideran únicamente los aspectos puramente económicos de ajuste de las cuentas fiscales en el corto plazo.

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