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lunes, 25 de abril de 2011

Las prepagas se oponen a una Ley que las regule

Esta semana, la Cámara de Diputados se apresta a convertir en ley el proyecto que regula la medicina prepaga, una polémica iniciativa resistida por las empresas del sector.
La Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara baja se reunirá mañana para obtener dictamen del proyecto, con el propósito de que sea tratado en el recinto durante la próxima sesión. En lo que respecta a los afiliados actuales y potenciales, las principales características positivas del Proyecto de Ley son:

    *  Obliga a las empresas de medicina prepaga a cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio (PMO) y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.

   * Las prestaciones de las empresas de medicina prepaga no podrán ser inferiores al PMO de las obras sociales sindicales.

* Los contratos de prestaciones deben ser autorizados por el Ministerio de Salud, además de que los usuarios pueden rescindir en cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación y sin penalidad alguna.

* La edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión.

* Las empresas no pueden rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes.

* A los mayores de 65 años con al menos diez años de antigüedad en la cobertura no se les puede aumentar la cuota.

* Se impondrían mecanismos para que desde el Gobierno se autorice o no el aumento de las cuotas.



La ley de medicina prepaga fue redactada por la actual embajadora en México, Patricia Vaca Narvaja, se aprobó en Diputados en 2008 y estuvo dos años cajoneada en el Senado hasta que a fines de 2010 la Cámara Alta decidió aprobarla, pero con cambios, por eso hoy vuelve a quedar en manos de Diputados la posibilidad de la sanción definitiva.

Los cambios establecen que el órgano de aplicación sea el Ministerio de la Salud, en lugar de la Secretaría de Comercio; se excluyó a mutuales y cooperativas, que ya están reguladas por otro régimen, y se eliminó el artículo 22 que inmovilizaba el 50 por ciento del capital de las empresas en concepto de "reserva técnica" para dedicarlo a instrumentos financieros.

Hasta el momento la actividad se desarrolla sin ningún tipo de regulación por parte del Estado. Las empresas el sector agrupadas en CIMARA (Cámara de Instituciones Médico Asistenciales), con el apoyo de los medios de comunicación salieron con los tapones de punta a pintar un panorama catastrófico para el sector si la ley es finalmente aprobada.
Federico Díaz Mathé, director ejecutivo de la cámara, fue muy claro al señalar cual es la verdadera causa de la oposición:

No creemos que en una democracia con libre mercado, el Estado pueda decidir qué es lo que tenemos que hacer y cuánto debemos cobrar por ello”  y a continuación amenazó con suspensiones de servicios, quiebras e incluso la presentación de un recurso judicial por inconstitucionalidad.
¿Estas amenazas tienen algún viso de razón de ser? ¿Es la ley tan perjudicial para el sector, como dicen?

A pesar de la falta de datos oficiales que genera la falta de control estatal sobre la actividad los expertos coinciden en que no parecen existir razones objetivas para estos temores. Además de la opinión de los expertos es visible para cualquier porteño solo tomando en cuenta la ampliación, remodelación y modernización de las instalaciones, un hecho que es visible para cualquier paseante, la actividad es una de las pocas que ha mostrado un crecimiento notable a pesar de las terribles crisis que sacudieron al país antes del 2002.
En los últimos diez años el desempleo en Argentina bajó, según cifras oficiales, del 19,2 % al 8,1%, con un ligero crecimiento del trabajo formal. Es decir, creció la cantidad de gente que tiene obra social ; incluida la que, por la desregulación en la década del 90, elige aportar a las prepagas.

Las empresas de medicina privada aumentaron su cantidad de afiliados un 39% sólo en los últimos cinco años, según datos del propio CIMARA.
Cinco empresas (Galeno, Swiss Medical, Medicus, Omint y OSDE) concentran el 75% de la facturación. El 25% restante se reparte entre unas 60 empresas distribuidas en las principales ciudades del país.
Sobre un total en el país de 4.500.000 de afiliados, el 65% vive en Capital Federal, el Gran Buenos Aires y las principales ciudades del país: Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
La rentabilidad promedio de las empresas líderes sería varias veces superior a la media nacional del 6% anual, aunque Díaz Mathé dice que la cifra es del orden del 1% o 2%. En gran medida por la ausencia de control han podido aumentar las alícuotas muy por encima del aumento de los costos e introducir más y más limitaciones y sobre precios a ciertas coberturas perjudicando objetivamente a millones de ciudadanos y recargando los sistemas estatales y provinciales de salud. Histórica y sistemáticamente la argumentación de los prepagos de aumentar cuotas a sus beneficiarios para posteriormente incrementar aranceles, resulto en los hechos una falacia, por cuanto la mayoría de los prestadores denuncian que nunca recibieron dichos aumentos en esa proporción. 
La norma permitirá proteger a los más de 4,5 millones de clientes en todo el país (los mismos a los que Díaz Mathé amenaza con incrementarles las cuotas), y monitorear un negocio que factura unos $ 15 mil millones anuales.  
La falta de control sobre las prepagas y sus prestaciones se ha constituido en un factor desestructurante del sistema de salud pública nacional que es necesario corregir.

bastadeodio                                                            

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