Fito Páez dice lo que piensa. Lo hace porque piensa y porque sabe que ahora, a diferencia de lo que sucedía cuando gobernaban los militares en retirada, todos -por lo menos aquellos que, como él, tienen la posibilidad material- si quieren, pueden hacerlo. Fito, ahora que, como todos, se ha ganado ese derecho quiere ejercerlo y no quiere que nadie se lo impida o limite, ni a él ni a nadie.
Puede gustar o no lo que dice, lo que es incuestionable es que tiene todo el derecho a expresar lo que piensa sin más límites que la agresión personal y el insulto.
Todos recordamos que sobre Fito ya cayó un intento de acallarlo por medio de una acción judicial promovida por allegados al PRO cuando dijo -luego del triunfo de Macri en las elecciones a jefe de gobierno- aquello de que "me da asco la mitad de Buenos aires". En este blog defendimos su derecho a opinar.
Visto en perspectiva, Fito dijo a su estilo y con sus palabras lo que, por ejemplo, los escribas de La Nación dicen casi todos los días con respecto a los votantes de Cristina. Difieren las palabras, quizás la argumentación, pero no el sentido. En ambos casos se trata de expresiones de disgusto, muy críticas con respecto al comportamiento de una parte del electorado. A nadie le gusta perder y criticar al ganador o intentar menoscabar su triunfo es una conducta esperable en los perdedores. Sin embargo, Fito ni siquiera hizo eso, apenas expresó su disgusto, su rechazo, al fin y al cabo dijo en voz alta lo que muchos sentíamos y decíamos en voz baja.
Efectivamente, no hay diferencia de fondo -desde ese punto de vista comunicacional- entre lo que dijo Fito y afirmar que en su mayoría los votantes de Cristina la eligen por el "voto cuota" o por los planes sociales. Ni hablar cuando en base a ese tipo de argumentos se le pretende negar legitimidad democrática a su gobierno.
Ahora la historia vuelve a repetirse pero la cosa -como corresponde- se puso peor o si se quiere mucho más clara. Entrevistado en un programa radial sobre su actualidad artística, en un momento se dio un intercambio de opiniones con respecto al 0-800 dispuesto por el ministro Bullrich del cual resultó este diálogo entre Fito y el conductor Claudio Villarruel:
–Yo le digo el 0800-Buchón –apuntó el conductor.
–¡Qué buchones! –coincidió Páez–. El domingo transcribieron en Página/12 el diálogo entre la jueza Elena Liberatori y el ministro Bullrich. Me parece que es lapidario eso, no hay armas intelectuales, no hay conocimiento del lenguaje político ni judicial. Me parece muy patético todo este tipo de reacciones de parte de la administración de la Ciudad. (...) Es tan burdo que no sé.... Es gente que... son caretones, no sé qué defienden exactamente. Y no les gusta conectar con los demás, porque nadie puede poner una línea para denunciar cosas que no suceden.
–Y apelan como reflejo a lo peor de esta sociedad.
–Sí. A veces a mí me sale un monster y pienso: “Esta gente en la dictadura hubiera sido buchona, hubiera entregado gente”. Me afloran esas ideas, y de hecho pasó. No quiero pensar así, pero casi que me obligan –concluyó el músico.
Antes de cortar, Páez apuntó contra la figura del jefe de Gobierno porteño. “La verdad que me gustaría que hubiera proyectos inteligentes y debate, pero debatir con gente tan necia... es fuerte”, se quejó. “Establezcamos el piso para nuestra charla: no podés votar a una persona que dice que leyó una novela de Borges, ¡es el intendente de la CABA! No podés votar a una persona que dijo que la homosexualidad es una enfermedad”, recordó sobre Mauricio Macri.
Él, el que quiere convertir -con la ayuda del gurú sri sri Ravi Shankar- a Buenos Aires en "la capital del amor" salió rápido a criticarlo:
“Qué feo. No es el Fito Páez que yo conocí”, dijo el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Parece que se olvidó del "me dan asco" y de su personal repudio en esa ocasión.
Horacio Rodríguez Larreta, con más memoria, twitteó: “Fito, ¿otra vez?”. Te valoro mucho, como músico sos un genio, pero no entiendo tus descalificaciones permanentes...”
Cristian Ritondo, lo llamó "Bufón de la corte que para ganar un pedazo de pan, o para que lo conchaben en un festival, se presta a recitar de memoria unas líneas para agradar a la reina, aunque lo que esté diciendo sea una ofensa de lesa humanidad”.
Ofensa de lesa humanidad, deliberado o no ese uso bastardo del lenguaje priva de todo significado a la palabra. Confieso que es tan burdo, tan grosero, que no encuentro palabras para calificar lo dicho por Ritondo.
Daniel Lipovetzky fue más lejos no en las palabras pero sí en los hechos, le mandó una carta documento donde lo conmina a rectificarse en el término de 24 horas bajo apercibimiento de iniciar acciones legales en su contra. En los fundamentos asegura que el PRO "constantemente implementa políticas públicas en defensa y promoción de los derechos humanos".
Nadie, ni siquiera Fito, puede ser condenado por dar una opinión. Muchos opinamos y lo decimos, que lo que afirma Lipovetsky simplemente es falso y que si algo caracteriza a la gestión del PRO frente al gobierno de la ciudad es el déficit en políticas sociales inclusivas. Déficit que, por otra parte no se debe simplemente a dificultades de gestión, sino a una política deliberada que apunta a lo cosmético y al manejo punteril y electoralista pero evita ir al fondo del problema de la inclusión social (ver) . En seis años de gestión, por dar un ejemplo, Macri no ha hecho nada por el sur de la ciudad que sigue tan relegado y recibiendo tan poco de atención como cuando se hizo cargo por primera vez del gobierno.
Lo que no se entiende, lo que es inaceptable en democracia, es la pretensión de Macri y de destacados miembros del PRO de que no se los critique públicamente y menos que lo haga una figura que merece el reconocimiento del público, en especial de los jóvenes.
Lo que Ritondo dice de Fito, eso si que es ofensivo. Lo que pretende hacer Lipovetsky es simplemente un disparate sin ningún tipo de fundamento. Evidentemente no escuchó con detenimiento lo dicho por Fito o si lo hizo lo entendió realmente muy mal.
Finalmente está la actitud de los autotitulados medios independientes que resultan defensores de la libertad de expresión siempre y cuando lo que se exprese sea contrario al gobierno nacional y si alguien osa salir en su defensa o critica esta incongruencia en la que caen los medios se lo acusa de mercenario o de intentar coartar la libertad de expresión. En realidad cualquier cosa, real o inventada, les sirve de excusa para afirmar que desde el gobierno se intenta limitar ese derecho.
Sin embargo, que se sepa, nadie ha sido denunciado penalmente por comparar a las juventudes del FPV o de la Tupac Amaru con las juventudes hitlerianas o calificar al gobierno de dictatorial y caricaturizar de forma cruel y burlona a la presidenta y a miembros de su familia. Todas cosas indeseables para muchos y que hieren nuestra sensibilidad, que pasan a diario, pero que forman parte de los usos democráticos actuales y hay que tolerarlas.
Son sorprendentes los del PRO, se mandan flor de C... y en lugar de reconocerlo y rectificar, hacen la del dicho: el C... no se huele y acusan al que avisa.
Si pensaran solo en la ciudad esta táctica de pegar por derecha les ha dado hasta ahora muy buenos resultados, pero esta gente apunta más alto, pretende disputarle el gobierno al oficialismo y las únicas tácticas que han exhibido hasta el momento son la polarización y la victimización. Demasiado poco para enamorar a un electorado que se ha vuelto gracias a este gobierno mucho más exigente.
bastadeodio
Por una Patria Justa, Libre y Soberana
Una Patria Justa, Libre y Soberana - 17 de octubre de 1945 - 17 de octubre de 2015 - Día de la Lealtad - Setenta años
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miércoles, 5 de septiembre de 2012
viernes, 6 de enero de 2012
Periodismo, Democracia y Libertad de expresión
The wall - Pink Floyd |
Horacio Verbitsky, en la entrevista realizada por Fontevecchia (ver aquí), con respecto a la libertad de expresión, dice lo siguiente:
"Entend(emos) que la libertad de expresión es un valor fundamental para la democracia. Y que si nosotros queremos terminar realmente con la dictadura, hay que terminar con todo tipo de coerción que inhiba la libre expresión de las ideas, la competencia de ideas, de valores y de propuestas."
Es claro que el objetivo del CELS plantea una utopía, un objetivo moralmente deseable y que su realización descansa en la eliminación de todo tipo de coerción que se ejerza sobre la libertad para expresar y dar a conocer (y yo agregaría hacerlo en igualdad de oportunidades) ideas, valores y propuestas.
Y digo que, aunque loable, es utópico, porque la competencia comunicacional responde a una competencia de intereses económicos, políticos e ideológicos que se dan en el seno de la sociedad y, en particular, entre sus más relevantes factores de poder: Empresas y conglomerados privados, nacionales o extranjeros, partidos políticos, estructuras del Estado Nacional y Provincial, agrupamientos religiosos y civiles de variados objetivos, etc.
Y estos sectores no siempre ni habitualmente explicitan sus verdaderos objetivos. Es deseable incluso esperable que lo hagan los partidos políticos y sus líderes, bien sabemos que esto no sucede con excesiva frecuencia (Menem, Macri, son solo dos ejemplos de que no es así).
No es esperable que lo hagan los grupos económicos que suelen ejercer su presión de maneras ocultas, por fuera del escrutinio público.
Por una parte, las empresas comunicacionales han sufrido un proceso de concentración y diversificación que las ha convertido en un grupo más de presión económica pero en lo que es su aspecto propio, distintivo, su posición dominante en el mercado les brinda la posibilidad no solo de operar con éxito sobre los contenidos informativos, construyendo la opinión pública y manipulando y seleccionando la información que brindan, sino también les permite operar en contra de otras empresas de comunicación competidoras y del mismo Estado o sus representantes por motivos económicos o ideológicos.
Por otra parte, el Estado, en sus distintos niveles, tiene la obligación ética y legal de informar con transparencia a la población de sus actos, pero no siempre lo hace. Y no lo hace por dos razones fundamentales. La primera es porque considera que no le conviene (la razón de estado: seguridad nacional, conveniencia política, etc) y la segunda porque el Estado en la sociedad capitalista moderna tiene un acceso a la comunicación limitado y su mayor esfuerzo comunicacional, de hecho, se dirige a intentar contrarrestar las operaciones en su contra, descuidando su otra faceta, la de informar al público con transparencia de los actos de gobierno.
En definitiva el campo de la comunicación dista de estar ocupado por mensajes cuya principal finalidad es informar o propiciar el debate de ideas o proyectos. Como algunos afirman se parece más a un campo donde se disputa la creación de sentido, el establecimiento de lo que es verdadero y lo que es falso, de lo que es importante y lo que es secundario y todo ello en función de alcanzar el logro de determinados objetivos políticos, económicos, militares, etc.
Periodismo independiente vs periodismo militante:
De lo dicho se desprende que esta dicotomía que se ha vuelto tan importante como tema de debate, plantea un pseudo problema. En primer lugar porque en el contexto indicado más arriba el periodismo independiente tiene muy pocas posibilidades de expresarse. El periodismo que hoy se practica en nuestro país en toda América Latina y en gran parte del mundo desarrollado es un periodismo comprometido con determinados intereses. Un medio en particular, en general, no suele reflejar opiniones opuestas o divergentes sobre un tema. Se admite como normal que tenga una posición tomada sobre un conjunto de cuestiones de su interés, en tanto ignore olímpicamente a otras. Dependiendo del estilo y del target de sus consumidores puede ser un periodismo doctrinario, de denuncia, de explotación amarillista de escándalos, o de mero entretenimiento y chismes o de las diversas combinaciones admisibles. En este sentido se puede decir que hoy, como ayer (ver aquí) el que hoy se llama despectivamente periodismo militante es la forma habitual en la que se practica el periodismo en la Argentina.
El hecho de que algunos medios reclamen para sí el rótulo de periodismo independiente, supuestamente mucho más objetivo y prestigioso, no es más que una expresión de la disputa por el sentido y, en particular, por el significado de ciertas palabras que por su utilización en esa disputa se transforman en banderas, en símbolos que más que una referencia a la realidad expresan una posición dominante en esa disputa. Algo similar a la ventaja táctica que supone en una batalla ocupar el terreno más elevado.
Operaciones mediáticas desestabilizadoras:
Lo descripto hasta aquí puede ser insatisfactorio para muchos porque se aleja del ideal de libertad de expresión descripto al comenzar esta nota. Sin embargo es un hecho y que está dentro de las reglas de juego admitidas en esta época. Sería deseable cambiarlo. Que los periodistas puedan expresar con total libertad y en ausencia completa de coerción sus opiniones, ideas, convicciones sobre cualquier tema independientemente del medio en que se encuentren y de la opinión mayoritaria de los accionistas o del editor. Sin embargo no es así como bien lo muestran diferentes estudios hechos sobre el tema (ver aquí, por más información).
Que la libertad de expresión está limitada, que se ejercen sobre ella diferentes formas de coerción, ideológicas, económicas, laborales, políticas, puede considerarse una conclusión. No es el mejor de los mundos, sería deseable cambiarlo, hay que batallar para hacerlo pero será largo e incierto el resultado.
Ahora una cosa es mantener una posición política, ideológica o doctrinaria y otra muy distinta es asociarse con grupos de presión para desestabilizar a un gobierno legítimamente constituido, gusten o no sus políticas. En democracia los gobiernos se cambian por el voto de los ciudadanos. Tampoco es admisible que un grupo de empresas dedicadas a la comunicación y vinculadas entre sí puedan aprovecharse de una posición dominante en el mercado en cualquiera de los campos, bien porque mantienen cautivos a la mayoría de los consumidores (caso Cablevisión y grupo Clarín) o bien porque tienen la exclusividad sobre un insumo básico (caso Papel Prensa).
Estos casos mencionados, de las operaciones antidemocráticas de desestabilización y del abuso de posición dominante son situaciones que en sí mismas constituyen un atentado contra la libertad de expresión y, más aún, en contra del ejercicio pleno de la democracia y no pueden ni deben ser toleradas por la sociedad. El Estado en sus diversos niveles tiene -en virtud de la Constitución y de los Pactos y Convenciones Internacionales suscriptos por la Nación- la obligación de actuar en el sentido de impedirlas y sancionarlas.
Nota: En este escrito se adopta una extensión amplia de los términos, periodismo y periodistas, incluyendo a todos aquellos y aquellas que expresan sus ideas, opiniones, creencias, convicciones, por cualquier medio disponible.Esto no implica ignorar las notables diferencias que existen entre, por ejemplo, escribir en un blog como este y ser un periodista profesional de algunos de los diarios de más tirada o de algún medio televisivo.
bastadeodio
sábado, 10 de diciembre de 2011
La Nación y la Libertad de Expresión
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¿Libertad de expresión? |
"Cristina Kirchner considera que nadie la ayudó a ganar el 54 por ciento de votos y se siente dueña de ese poder. Por eso emprendió un ajuste de tarifas y subsidios, al que sus ministros bautizaron con un eufemismo: "Redireccionamiento". Ahora, acometerá contra los medios, ocultando el embate bajo la demanda de más "pluralismo". Una contradicción elemental: cuando se silencia a un medio o a un periodista, no hay más libertad, sino menos."
Curiosamente en la lista de reclamos no aparece mencionado ningún caso en que el gobierno haya intentado siquiera -no digamos logrado- acallar a un periodista. Ninguno de ellos fue denunciado por el gobierno -o algún mandado- ante ningún tribunal del país. La razón: la propia presidenta derogó el artículo del Código Penal que castigaba el delito de injurias y calumnias para el caso de los dichos de los periodistas en ejercicio de su trabajo. Algo que antes era muy habitual y que, sin embargo, nunca mereció una campaña tan constante como la que ahora existe, simplemente desapareció. Ya no hay más casos de denuncia. Los periodistas están completamente a salvo de denuncias por parte de miembros del Estado e incluso de particulares mientras se trate del ejercicio de su profesión. Por esto solo Cristina Fernández merecería ser condecorada por la SIP y no atacada como de hecho lo está.
La libertad de expresión está garantizada como nunca antes en la Argentina y en eso coinciden la mayoría de los propios periodistas trabajen en el medio que trabajen, cuando son consultados mediante encuestas anónimas. Incluso si manifiestan encontrarse con limitaciones a esa libertad es por parte de las empresas en las que trabajan. (ver aquí y aquí)
Para que se entienda simplemente enumeraré la lista de reclamos de Ventura, que no hacen más que confirmar lo dicho más arriba: la libertad de expresión no se encuentra amenazada, por lo menos por parte del gobierno.
1) Dice Ventura que la Presidenta reclamó públicamente a los jueces que pongan fin a las medidas cautelares que impiden la aplicación del art 161 de la ley de Medios Audiovisuales, el que obliga al grupo Clarín a desprenderse de un cierto número de licencias para poder seguir operando ajustado a la ley. No es ningún ataque, es el procedimiento normal. El tema está -como debe ser- en la Corte Suprema y ella se deberá expedir. Ya lo hizo en parte advirtiéndole a los jueces que las medidas cautelares no podían ser in aeternum, que debían tener un plazo razonable de terminación.
2) Dice Ventura: El gobierno incorporó al debate en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación un proyecto "para regular el mercado del papel para diario, a pesar de que el artículo 32 de la Constitución dice que el Congreso no puede dictar leyes restrictivas de la libertad de prensa."
Este es el punto que ya se ha discutido hasta el cansancio pero Ventura no parece darse por enterado. Una cosa es libertad de expresión y otra libertad de prensa que, sin eufemismos mediante, significa libertad de empresa.
El Estado Argentino, cualquier Estado Soberano, está obligado a regular esta libertad. Para ello, en un régimen democrático como el nuestro existen tres poderes independientes. Además del Ejecutivo que es elegido democráticamente, existen el Legislativo que, debe admitirlo hasta el señor Ventura, expresa mediante su representación la voluntad popular surgida de las elecciones y es la fuente de la ley y, por último, el Judicial que está para aplicar las leyes, pero en el cual el control último de la constitucionalidad de las mismas reside en la Corte Suprema.
De modo que lo que hay, en este caso, es un conflicto entre el Estado y un grupo económico (un conjunto de empresas con un único dueño), el grupo Clarín, por la aplicación de una ley legítima sancionada por el Poder Legislativo. Una ley que es considerada de avanzada por la gran mayoría de los especialistas.
No hay nada en el comportamiento del ejecutivo que implique una actitud omnímoda o autoritaria. Son los poderes de la democracia argentina operando normalmente. Lo que no es normal o no debería serlo es que la voluntad popular expresada en una ley pueda, como dice el fallo de la Corte, ser detenida sin límite de tiempo por una medida cautelar en lo que representa un claro abuso de este recurso legítimo.
3) Ventura dice que el Estado (el Estado somos todos señor Ventura, todos representados en los tres poderes, dos de ellos electivos, ¿recuerda, señor, las clases de Instrucción Cívica del secundario, señor?) "pretende apoderarse de Papel Prensa: demandó a la firma ante los tribunales comerciales -la Cámara Comercial rechazó todos los planteos y debe pronunciarse la Corte- y la denunció en 15 causas penales."
Otra vez el conflicto es entre el Estado y una empresa. En este caso, como es de público conocimiento, lo que el gobierno demanda son dos cosas. La primera, en lo comercial, es poder ejercer su derecho de control como parte de la sociedad. La segunda, en lo penal, es con respecto a la legitimidad del apoderamiento por parte de Clarín y la Nación del paquete mayoritario de la firma sucedido durante la última dictadura militar y con los métodos ilegales (presiones, desapariciones y tormentos) propios de esta.
4) Ventura acusa al gobierno de favorecer a los medios amigos mediante el reparto de la pauta publicitaria estatal. Otra vez el tema tiene que ver o afectaría a la libertad de empresa. Lo que omite decir el señor Ventura es que en el conjunto de la pauta publicitaria que manejan los medios, la parte correspondiente al estado es absolutamente minoritaria. En todo caso de ser cierto lo que afirma, lo único que intentaría hacer el gobierno con unos recursos limitados es favorecer la pluralidad de voces sin silenciar a ninguna.
Y Ventura culmina:
"Esta estrategia sofisticada le permitió al Gobierno fortalecer los medios públicos, cooptar a muchos privados y construir un discurso que, ahora, pretende ser excluyente."
Otra vez se mezclan verdades con mentiras. El gobierno, y no tiene nada de malo, pretende fortalecer los medios públicos, Canal siete, Canal Encuentro, Canal INCA, Canal Paka Paka, Radio Nacional y otros, es, como se declara y se hace, una forma de alcanzar todo el territorio nacional. El gobierno efectivamente está haciendo un esfuerzo muy grande para lograr que ningún argentino quede desinformado o no tenga acceso a un entretenimiento gratuito.
La empresa privada no lo ha hecho teniendo la oportunidad de hacerlo durante años. Primó y no es en sí condenable, el lucro por sobre la función social de la comunicación. No tiene sentido llorar sobre la leche derramada, señor Ventura.
Lo de "construir un discurso que pretende ser excluyente" señor Ventura, directamente llama a risa, si se analizan los medios gráficos, televisivos y radiales de la argentina es evidente el predominio de un discurso único, sí es verdad, lo hay pero es opositor al gobierno, en muchas ocasiones es tan opositor que se pasan de la raya de la decencia y del buen gusto. Y muchas veces faltan a la verdad. Y muchas veces la tergiversan. Y muchas veces manipulan la información. Y muchas veces instalan campañas de prensa creyendo que perjudican al gobierno pero lo que hacen es perjudicarnos, de una u otra forma, a todos los argentinos. Su escrito, señor Ventura, no es la excepción.
bastadeodio
jueves, 8 de diciembre de 2011
La CELAC: Democracia y libertad de empresa
Los diarios opositores -como señalé en un post anterior- no le prestaron atención informativa a la creación de la CELAC, objetivo único de la reunión de jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe, que reunió a 33 países, todos los del continente menos EEUU y Canadá, y que tuvo lugar en Caracas.
Sin embargo, hoy 8 de diciembre, La Nación publica un editorial sobre el tema, titulado: "Celac, otro proyecto aislacionista".
No es que sea especialmente interesante, no lanza rayos y centellas, pretende ocultar la preocupación e intenta transmitir desprecio hacia el hecho de la creación y dudas sobre su permanencia futura.
Lo interesante es que lo que para nosotros y en ese nosotros incluyo a los jefes de Estado presentes y a la gran mayoría de los ciudadanos que éstos representan, o ¿no son representantes democráticos acaso? consiste en una virtud, para el editorialista representa un defecto, sino vean:
"...(la CELAC) apunta a generar un diálogo cerrado en nuestro hemisferio, que por definición excluye a Canadá y a los Estados Unidos. Como si su sola presencia en la mesa fuese algo inaceptable, lo que obviamente sugiere falta de autoestima y una suerte de complejo de inferioridad."
Ahora entiendo, la OEA, que excluye a Cuba, indica por parte de los únicos que sostienen esa exclusión: EEUU y Canadá, una "falta de autoestima y una suerte de complejo de inferioridad.".
Ahora me queda claro. Por eso la OEA no funciona ni funcionó, ni tampoco lo hacen -lógicamente- los organismos que dependen de ella, especialmente el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, que como todo lo de la OEA, tiene injerencia sobre todo el continente pero su sede está en Washington. Como Dios vamos.
El Editorial afirma que Argentina y Brasil "emitieron una señal inequívoca de falta de interés, cuando sus dos presidentes se retiraron de la reunión un día antes de que concluyera.". Flaco argumento, lo único de cierto en él es la coincidencia de eventos.
Argentina y Brasil han dado muestras sobradas en el pasado inmediato, desde que los Kirchner asumieron el poder en Argentina y el PT con Lula da Silva primero y ahora con Vilma Rousseff en Brasil, de que su vocación es latinoamericanista y que pretenden llevar adelante una política hemisférica independiente de los EEUU, respetuosa pero independiente. La verdad es que no se que parte del significado de la palabra "independiente" no es comprendida por La Nación.
Ahora entiendo. Esta política de independencia, refrendada en Caracas al crear la CELAC es "aislacionista" porque deja fuera a los EEUU (y Canadá). Entonces la OEA es "aislacionista" porque por voluntad exclusiva de los EEUU deja fuera a Cuba. O estoy equivocado y -según el editorialista de La Nación- hay países de primera y países de segunda y los primeros pueden aislar a cualquiera de los otros sin ser "aislacionista" por hacerlo. No creo que La Nación sostenga semejante incongruencia. ¿O sí?
Sin embargo, lo peor de los argumentos expuestos en el editorial está por llegar y pienso que ésta es la verdadera razón de tanto encono, de tanto desprecio, dice:
"La verdadera intención de los impulsores de la idea de la Celac parece evidente si se escuchan sus habituales arengas. Para algunos, se trata simplemente de reemplazar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya actividad en defensa de la democracia y de las libertades civiles y políticas resulta incómoda a los regímenes autoritarios."
Y si es cierto: se trata de la OEA, aunque no sé si el objetivo, como dicen, es reemplazarla sino señalar de manera muy fuerte el descontento de la mayoría de los países de la región con el papel que ha cumplido objetivamente la OEA casi desde su creación, un rol demasiado determinado por los intereses estratégicos de los EEUU y no por los de los países afectados.
Baste recordar la guerra entre la Argentina y el Reino Unido -una potencia extracontinental- por la soberanía sobre las islas Malvinas, en la cual el TIAR fundado a iniciativa de los propios EEUU en el marco de la guerra fría resultó completamente inoperante. O el más reciente golpe de estado en Honduras, o el intento similar en Ecuador, en todos éstos casos la OEA resultó inoperante. También lo fue en el grave conflicto entre Colombia y Venezuela, lo que evitó que este escalara hacia una guerra fue la oportuna intervención de uno de esos organismos "aislacionistas" e "inoperantes" -en opinión de La Nación- la UNASUR con Néstor Kirchner a la cabeza.
En realidad si se sigue leyendo el editorial se descubre el verdadero motivo, ese que resulta inconfesable y que se oculta tras el argumento de la libertad de expresión. El problema en el caso de este argumento es que ellos, digo La Nación y todos los colegas nucleados en la SIP, subsumen en el término "libertad de expresión", otro que es "libertad de empresa" y claro, cada intento de los estados soberanos por meterse con éste último se transforma automáticamente en un atentado contra el primero.
En la Argentina tenemos un caso o dos que pueden servir de ejemplo a lo que sucede en casi todos los países de la región. Uno es el caso de la empresa Papel Prensa que tiene el monopolio sobre la fabricación de papel con el que se imprimen los diarios y muchos semanarios, el cual resulta particularmente grave por la ilegitimidad de origen de la empresa cuyo dominio fue obtenido por Clarín y La Nación durante la última dictadura militar con métodos propios de ésta. El segundo caso lo constituye el propio grupo Clarín que detenta a través de sus empresas el dominio sobre el 80% de las señales de radio y televisión.
En ambos casos existen conflictos de intereses entre un Estado que intenta democratizar la producción y el acceso a la información y unas empresas periodísticas que no quieren ceder su control. Entonces pregunto: ¿Quienes son los verdaderos defensores de la libertad de expresión en estos casos?¿El Estado que busca democratizar o las empresas que buscan perpetuar su predominio?.
El hecho es que durante el auge del liberalismo en el mundo y en el subcontinente entre las empresas periodísticas sucedió lo que con la mayoría de los sectores de la economía, se concentraron, los grandes se tragaron o eliminaron a los pequeños.
Con el fracaso y el fin de éstas políticas -lo que seguramente es vivido con añoranza por el editorialista- en la mayoría de los países de la región naturalmente se trata de impulsar la inversión de esta tendencia nefasta a la concentración, en particular ésta es importante que sea exitosa, por lo que señalé antes, en el caso de los medios de comunicación. Y siempre es difícil hacer volver atrás algo que ya está instalado, sobre todo sin afectar el sacrosanto derecho de propiedad. Pero en Argentina tenemos la Ley de Medios Audiovisuales que está cambiando de a poco las cosas y liberando voces que antes estaban excluidas.
bastadeodio
Sin embargo, hoy 8 de diciembre, La Nación publica un editorial sobre el tema, titulado: "Celac, otro proyecto aislacionista".
No es que sea especialmente interesante, no lanza rayos y centellas, pretende ocultar la preocupación e intenta transmitir desprecio hacia el hecho de la creación y dudas sobre su permanencia futura.
Lo interesante es que lo que para nosotros y en ese nosotros incluyo a los jefes de Estado presentes y a la gran mayoría de los ciudadanos que éstos representan, o ¿no son representantes democráticos acaso? consiste en una virtud, para el editorialista representa un defecto, sino vean:
"...(la CELAC) apunta a generar un diálogo cerrado en nuestro hemisferio, que por definición excluye a Canadá y a los Estados Unidos. Como si su sola presencia en la mesa fuese algo inaceptable, lo que obviamente sugiere falta de autoestima y una suerte de complejo de inferioridad."
Ahora entiendo, la OEA, que excluye a Cuba, indica por parte de los únicos que sostienen esa exclusión: EEUU y Canadá, una "falta de autoestima y una suerte de complejo de inferioridad.".
Ahora me queda claro. Por eso la OEA no funciona ni funcionó, ni tampoco lo hacen -lógicamente- los organismos que dependen de ella, especialmente el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, que como todo lo de la OEA, tiene injerencia sobre todo el continente pero su sede está en Washington. Como Dios vamos.
El Editorial afirma que Argentina y Brasil "emitieron una señal inequívoca de falta de interés, cuando sus dos presidentes se retiraron de la reunión un día antes de que concluyera.". Flaco argumento, lo único de cierto en él es la coincidencia de eventos.
Argentina y Brasil han dado muestras sobradas en el pasado inmediato, desde que los Kirchner asumieron el poder en Argentina y el PT con Lula da Silva primero y ahora con Vilma Rousseff en Brasil, de que su vocación es latinoamericanista y que pretenden llevar adelante una política hemisférica independiente de los EEUU, respetuosa pero independiente. La verdad es que no se que parte del significado de la palabra "independiente" no es comprendida por La Nación.
Ahora entiendo. Esta política de independencia, refrendada en Caracas al crear la CELAC es "aislacionista" porque deja fuera a los EEUU (y Canadá). Entonces la OEA es "aislacionista" porque por voluntad exclusiva de los EEUU deja fuera a Cuba. O estoy equivocado y -según el editorialista de La Nación- hay países de primera y países de segunda y los primeros pueden aislar a cualquiera de los otros sin ser "aislacionista" por hacerlo. No creo que La Nación sostenga semejante incongruencia. ¿O sí?
Sin embargo, lo peor de los argumentos expuestos en el editorial está por llegar y pienso que ésta es la verdadera razón de tanto encono, de tanto desprecio, dice:
"La verdadera intención de los impulsores de la idea de la Celac parece evidente si se escuchan sus habituales arengas. Para algunos, se trata simplemente de reemplazar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya actividad en defensa de la democracia y de las libertades civiles y políticas resulta incómoda a los regímenes autoritarios."
Y si es cierto: se trata de la OEA, aunque no sé si el objetivo, como dicen, es reemplazarla sino señalar de manera muy fuerte el descontento de la mayoría de los países de la región con el papel que ha cumplido objetivamente la OEA casi desde su creación, un rol demasiado determinado por los intereses estratégicos de los EEUU y no por los de los países afectados.
Baste recordar la guerra entre la Argentina y el Reino Unido -una potencia extracontinental- por la soberanía sobre las islas Malvinas, en la cual el TIAR fundado a iniciativa de los propios EEUU en el marco de la guerra fría resultó completamente inoperante. O el más reciente golpe de estado en Honduras, o el intento similar en Ecuador, en todos éstos casos la OEA resultó inoperante. También lo fue en el grave conflicto entre Colombia y Venezuela, lo que evitó que este escalara hacia una guerra fue la oportuna intervención de uno de esos organismos "aislacionistas" e "inoperantes" -en opinión de La Nación- la UNASUR con Néstor Kirchner a la cabeza.
En realidad si se sigue leyendo el editorial se descubre el verdadero motivo, ese que resulta inconfesable y que se oculta tras el argumento de la libertad de expresión. El problema en el caso de este argumento es que ellos, digo La Nación y todos los colegas nucleados en la SIP, subsumen en el término "libertad de expresión", otro que es "libertad de empresa" y claro, cada intento de los estados soberanos por meterse con éste último se transforma automáticamente en un atentado contra el primero.
En la Argentina tenemos un caso o dos que pueden servir de ejemplo a lo que sucede en casi todos los países de la región. Uno es el caso de la empresa Papel Prensa que tiene el monopolio sobre la fabricación de papel con el que se imprimen los diarios y muchos semanarios, el cual resulta particularmente grave por la ilegitimidad de origen de la empresa cuyo dominio fue obtenido por Clarín y La Nación durante la última dictadura militar con métodos propios de ésta. El segundo caso lo constituye el propio grupo Clarín que detenta a través de sus empresas el dominio sobre el 80% de las señales de radio y televisión.
En ambos casos existen conflictos de intereses entre un Estado que intenta democratizar la producción y el acceso a la información y unas empresas periodísticas que no quieren ceder su control. Entonces pregunto: ¿Quienes son los verdaderos defensores de la libertad de expresión en estos casos?¿El Estado que busca democratizar o las empresas que buscan perpetuar su predominio?.
El hecho es que durante el auge del liberalismo en el mundo y en el subcontinente entre las empresas periodísticas sucedió lo que con la mayoría de los sectores de la economía, se concentraron, los grandes se tragaron o eliminaron a los pequeños.
Con el fracaso y el fin de éstas políticas -lo que seguramente es vivido con añoranza por el editorialista- en la mayoría de los países de la región naturalmente se trata de impulsar la inversión de esta tendencia nefasta a la concentración, en particular ésta es importante que sea exitosa, por lo que señalé antes, en el caso de los medios de comunicación. Y siempre es difícil hacer volver atrás algo que ya está instalado, sobre todo sin afectar el sacrosanto derecho de propiedad. Pero en Argentina tenemos la Ley de Medios Audiovisuales que está cambiando de a poco las cosas y liberando voces que antes estaban excluidas.
bastadeodio
sábado, 8 de octubre de 2011
ADEPA y la Libertad de Empresa
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Lo importante y lo accesorio para La Nación |
Así comienza el comunicado:
"Lejos de disiparse, las sombras que en los últimos años se proyectan sobre la libertad de prensa en la Argentina han adquirido nuevas y peligrosas formas, que apuntan a la consagración de un discurso único y al sistemático debilitamiento de la crítica y el disenso como elementos centrales del debate democrático. Porque pese a que formalmente todavía se puede decir lo que se piensa, quien lo hace queda expuesto a la represalia y la persecución."
¿En qué consistirán, según ADEPA, esta represalia y persecución?
1) El agravio personal y la injuria de periodistas y directivos de medios que mantienen su independencia editorial, por parte de funcionarios, de sectores afines al gobierno o de manos anónimas.
2) La arbitraria persecución administrativa dispuesta por diversos organismos públicos para amedrentar y condicionar a aquellos periodistas y directivos.
3) La obstrucción de la libre distribución y comercialización de medios de prensa, impidiendo su circulación o su llegada al público.
4) El propósito de controlar la producción y distribución del papel para la prensa gráfica; y, además, la ausencia de soluciones concretas para facilitar el acceso a este insumo de las publicaciones de menor dimensión económica.
5) La consolidación de un bloque mayoritario de medios periodísticos -gráficos, radiales, televisivos y digitales- a fin de que en todo el territorio nacional sostengan y reproduzcan el discurso gubernamental. Para ello se dispone de enormes recursos públicos provenientes de variadas formas de subsidios y de la asignación arbitraria de la pauta publicitaria del Estado.
6) La manipulación y distorsión de la realidad presente y de la historia, mediante:
- La adulteración de la información económica que deben brindar los organismos oficiales y la presión sobre las consultoras privadas.
- La imposición a la agencia de noticias del Estado Telam de un plan de propaganda para que difunda información progubernamental.
-El financiamiento de producciones televisivas o cinematográficas que atacan a medios de prensa, a sus periodistas y directivos.
Según el punto 1) cualquiera y cualesquiera sea la forma, institución o individuo que critique a un periodista o directivo de los medios que la entidad empresarial protege, está atentando contra la libertad de prensa. Esto, bajo cualquier lógica y en cualquier país democrático es una premisa que atenta contra la libertad de expresión de los ciudadanos, es más, suena casi a amenaza mafiosa.
Esta gente sigue otorgándose en exclusividad y a sí misma el derecho a la crítica, que es absolutamente necesaria en la democracia, pero que, claro, para que sea crítica y no un discurso único, como ellos mismos afirman, deben existir pluralidad de críticas y posibilidades para expresarlas.
Que las críticas e incluso lo que podrían considerarse agravios se entrecruzan más o menos simétricamente es cierto, pero que el llamado "periodismo independiente" sea la víctima exclusiva de ellos está muy, pero muy lejos de ser verdad. Incluso está claro para la mayoría de los propios periodistas que no existe tan cosa como "periodismo independiente" en la Argentina. (ver aquí)
Como no precisa cuáles serían concretamente los actos administrativos de "diversos organismos públicos" el punto 2) se torna abstracto. Nadie lo aclara ni en Clarín, ni en La Nación, de modo que este punto tan importante para evaluar la calidad de los hechos que avalan la grave denuncia queda en la nebulosa.
El punto 3) debe referirse al caso relativamente reciente en que se restringió la salida de una edición del diario Clarín y que, debido a que imprimen en la misma planta, también afectó a La Nación. Como es bien sabido se trató de un reclamo gremial en Clarín que una vez satisfecho no volvió a repetirse. En todo caso el gobierno no tuvo nada que ver en el asunto.
Esa característica, la de confundir al gobierno, más precisamente al ejecutivo, con representaciones gremiales u otros poderes del estado o incluso particulares o simpatizantes refleja una actitud poco objetiva y persecutoria, que detecta conspiraciones por todas partes y que se repite como una obsesión en las denuncias de este tipo. Está demás decir que tales denuncias nunca llegaron a la justicia.
El punto 4) se refiere claramente al caso de Papel Prensa. Pero ¡Por Dios! cómo pueden ser tan hipócritas, si los que controlan desde hace más de 45 años Papel Prensa, gracias a un pacto delictivo con la junta militar de la dictadura, son ellos y mediante ese enorme poder han intentado tener bajo control a toda la prensa escrita provocando el cierre de más de un competidor durante esos años. La verdad es que este reclamo es el más escandaloso de todos. INDIGNANTE.
El punto 5) simplemente es falso, es mentira que el gobierno nacional este reproduciendo un monopolio de medios pro gubernamentales. Lo cierto es que está haciendo un enorme esfuerzo en aplicar, en lo que a él le compete, la ley de medios audiovisuales que tiene por objetivo el de democratizar la palabra y el acceso a la producción y circulación de la información en todo el territorio nacional, atendiendo principalmente a las minorías postergadas, aquellos que nunca pudieron hacer escuchar su voz en su propia lengua. Esa ley, que tanto no les gusta y sobre la que hicieron una campaña llena de mentiras intentando evitar su aprobación, tiene una absoluta legitimidad de fondo y de origen y el gobierno lo único que hace es aplicarla, lo que es su obligación. Es evidente que lo que a ellos les hubiese gustado es que la ley NUNCA hubiese sido aprobada. Una vez que lo fue, hacen dos cosas, primero: obstaculizar judicialmente la aplicación del artículo que más les molesta y que es el referido a la desinversión que afecta principalmente al grupo Clarín y segundo: ante cada iniciativa del gobierno para convertir su letra en una realidad palpable para la población y un progreso (como es el caso de la Televisión Digital Terrestre o TDT o el Futbol para Todos) acusan al gobierno de querer crear un monopolio estatal. La tecnología TDT es abierta, basta ver la grilla de canales.
Pero claro cuando el Estado compuesto por tres poderes, señores, tres no uno, cumple con una obligación que le impone la máxima ley que es la Constitución Nacional y al hacerlo restringe algunos de los derechos que estas minorías consideran inviolables, se está atentando contra la libertad. La realidad es que se está poniendo fin a un abuso de poder de estas minorías sobre las mayorías.
Cumplir con esa función equilibradora es una obligación constitucional por parte del Estado, aunque a fuerza de estirarla, estrujarla o directamente violarla a la pobre Constitución hallan empezado a creer estas minorías "que todo el campo es orégano". Nuevamente están equivocados y el único camino para que puedan volver las cosas atrás es el de las urnas.
Y nos queda el punto 6) el más ridículo de todos los puntos del comunicado (dicho esto con todo respeto hacia ADEPA). Pero antes una observación imprescindible:
En su nota en La Nación, Mariano De Vedia introduce un imperceptible cambio en la redacción de este punto que refleja las pretensiones de los Mitre pero que también hace más explícita la intención de este párrafo. El lo expresa así:
"La manipulación y distorsión de la realidad presente e histórica" (La Nación, octubre 7 de 2011)
En primer lugar, señores de ADEPA y señor De Vedia, no existe algo así como la "realidad histórica" eso ya no lo sostiene nadie, lo único real en la historia son los documentos, los testimonios, los artefactos, las huellas que permanecen sobre las personas y la tierra misma y estas cosas no hablan por sí solas. El trabajo del historiador consiste en tratar de que estas huellas del pasado nos digan algo coherente en el presente.
Está bien, señores de ADEPA, en una época, ya hace más de 100 años ustedes, es decir sus antepasados, señor De Vedia, ganaron sus batallas, contra el indio, contra los inmigrantes y sus ideologías foráneas, contra los gauchos y contra todo aquel que osase levantarse contra el régimen.
Sobre la base de esa sangre derramada, de esa enorme injusticia real construyeron un país a su medida, para pocos que gustaban de fastuosas fiestas a las cuales invitaban a la realeza europea venida a menos y sin reinos, mientras consumían chispeante champán francés.
Y en el tiempo libre, mucho, que les dejaban las cuantiosas ganancias que les daba de manera natural la generosa naturaleza sin demasiado esfuerzo por su parte, encontraron un espacio para escribir una historia que de REAL no tiene nada, es su historia, es la suya, es la escrita por los representantes intelectuales de una clase decadente que por el mero vicio del disfrute no dudó en malograr un país que prometía libertad y trabajo al mundo entero, con generosidad pero también con inteligencia, con visión de futuro.
Ese punto el de la historia, señores de ADEPA, me terminó por cansar. Me sublevó la pretensión decimonónica de que ustedes son La Historia, cuando solo han escrito una fábula y encima una que deja una pésima enseñanza moral.
En cuanto a los restantes ítems de ese punto 6, le dejo la crítica al amable lector porque yo ya me cansé. Me cansó el comunicado de ADEPA. Me cansó lo mal redactado que está, su falta de lógica interna. Pero sobre todo me cansaron sus mentiras. Lo juro.
bastadeodio
jueves, 14 de abril de 2011
MACRI se creyó de verdad lo del PRINCIPE
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¡QUE MAL HUELE!, CREO QUE ME MANDE OTRA |
Y el PATO QUE SE CREE PRÍNCIPE que afirmó que esos sucesos ponían a la democracia en su peor momento desde que se la recuperara en 1983. En un arranque de obsecuencia a su Magnético rey y con una ausencia total de republicanismo PARIO un DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA, el número 2 de 2011, que pretende incorporar al Código Contravencional de la CABA.
En la página de inicio del portal del gobierno PRO se puede ver su contenido. En sus partes fundamentales dice:
VISTO:
Lo dispuesto por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional...
"El Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó hoy un Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual se incorpora al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires la penalización de acciones que atenten contra la libertad de prensa y expresión, como impedir la salida de medios gráficos e intimidar u hostigar a directivos, periodistas y otros trabajadores de la cadena de difusión para tratar de frenar la difusión de ideas y noticias."El decreto N° 2/11 lleva la firma de Mauricio Macri y de los ministros del gabinete porteño.
La norma, que agrega tres artículos al Código Contravencional, se fundamenta en la letra de la Constitución Nacional, de la Constitución de la Ciudad, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de fallos de la Corte Suprema de Justicia.
Del tal forma, se incorpora al Código Contravencional como “Título VI “Protección a las Libertades de Prensa y de Expresión”, los artículos 119 bis, 119 ter y 119 quáter.
El primero dicta que “quien intencionalmente impida, obstruya u obstaculice la producción, impresión, distribución o difusión de ideas, opiniones o informaciones a través de cualquier medio de prensa o de comunicación masiva, o por cualquier modo perturbe esta actividad, será sancionado con una multa de 5.000 pesos a 50.000 o con arresto de tres a diez días”.
El “ter” señala que “quien intimide u hostigue a directivos, gerentes, trabajadores, periodistas o distribuidores de medios de prensa o de comunicación masiva buscando alterar su contenido, línea editorial o sistemas de comercialización y/o distribución será sancionado” con las mismas penas.
El último artículo sanciona con 2.000 pesos a 30.000 pesos o con arresto de uno a diez días al que “intencionalmente impida, obstruya u obstaculice la libre expresión en forma pública de ideas, opiniones o informaciones”. (FIN de la cita textual.)
Lo primero que sorprende, o no tanto, es que el redactor de este engendro legal del DNU 2/11, se haya saltado nada menos que el artículo 14bis. Claro, en este artículo se establecen los derechos del trabajador. El redactor no puede ignorar que la Constitución Nacional es una sola e indivisible. No se pueden tomar de ella solo las partes de los artículos que nos gustan y barrer bajo la alfombra a los que no. De modo que aquí están todos los citados en el DNU:
Art. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
Art. 32.- El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
Como vemos los artículos 14 y 14bis protegen de manera muy clara tanto los derechos de los empresarios como los de los trabajadores y, en particular, los de sus representantes gremiales o delegados.
Es derecho del empresario, en este caso Clarín (porque La Nación no se vio coartada directamente pero no inició, hasta donde se sabe, ninguna acción para liberar su distribución) el de distribuir sin impedimentos el diario que publica. Este derecho se vio cercenado por la acción gremial.
Es derecho de los trabajadores el agremiarse y elegir a sus representantes. Es sabido que el Grupo Clarín impide sistemáticamente el ejercicio de ese derecho, desde hace muchos años, en las empresas que controla.
Este derecho se ve vulnerado de manera sistemática por el Grupo Clarín y, en particular, por el diario Clarín que actúa con anterioridad al bloqueo de la planta en contra de los trabajadores que impidieron la salida del diario.
Es evidente que existe un conflicto de intereses y de derechos, ambos garantizados por la CN y que en el origen del conflicto se halla la violación del artículo 14bis por parte del grupo Clarín.
La violación del artículo 14 por parte de los trabajadores puede ser interpretada como una consecuencia no deseada de la falta de solución en el tiempo del conflicto original y de la actitud contumaz de la empresa en negarse a hallarle una solución.
El artículo 32 de la CN no ha sido en ningún caso violado. La negativa del Ministerio de Seguridad a la demanda de desalojar a los manifestantes se basó en el entendimiento de que el conflicto existente era exclusivamente de naturaleza gremial. El articulo 32 de la CN se refiere a Leyes restrictivas de la libertad de prensa o de expresión y podría extenderse a acciones directas del poder ejecutivo ejercidas en el sentido de impedir el ejercicio de estos derechos pero nunca al caso en que el ejecutivo se ve obligado a intervenir de una u otra forma en un conflicto que le es ajeno. Las intervenciones previas del Ejecutivo, realizadas mediante el organismo competente que es el Ministerio de Trabajo buscaron permanentemente destrabar el conflicto mediando entre las partes en pugna.
Además de las inconsistencias en los fundamentos del DNU, el problema central del decreto es su ambigüedad deliberada en un tema clave que si hace de manera directa a la libertad de expresión y son los párrafos resaltados en la transcripción parcial del DNU.
¿Qué entenderá el legislador y en particular el juez de la ciudad que deberá aplicar la Ordenanza, si es que esta modificación se concreta y es aprobada por la legislatura, por intimidar u hostigar?
Por ejemplo, pasar en bicicleta, ver a Luis Majul en la vereda y gritarle idiota ¿Será considerado un acto de hostigamiento y una violación de la ordenanza, si el "hostigador" es detenido por la Policía de Macri?.
¿Criticar en un blog al diario Clarín o a alguno de sus periodistas o empleados hará pasible al autor del blog a sufrir multas y arresto?
El DNU pretende defender la libertad de prensa, pero en ese intento pone en peligro cierto la libertad de expresión de todos los ciudadanos de la CABA.
Por último si prosiguiese el camino trazado del DNU y finalmente quedaran incorporadas las modificaciones al Código Contravensional el primer sujeto legal pasible de sanciones sería el propio grupo Clarín y detallo:
1) Mediante su Oligopolio con La Nación de Papel Prensa obstaculizó y obstaculiza la libertad de expresión discriminando a los medios impresos mediante el costo del papel (artículo 119bis)
2) Los diversos medios con que cuenta el grupo se dedican permanentemente a hostigar e intimidar a los periodistas afines o menos críticos con el gobierno (artículo 119ter y cuater ). Campañas contra 678, contra Victor Hugo Morales, etc.
3) El Grupo Clarín es un hostigador serial de sus trabajadores y la relación laboral que establece con ellos es la de un señor medioeval con sus vasallos. (art 119ter).
4) Cablevisión empresa del grupo, se niega a incluir en la grilla los noticieros CN23 y Telesur y las señales INCAA TV y PAKA PAKA (art. 119bis).
En resumen el DNU 2/11 de Macri es INCONSTITUCIONAL Y ANTIOBRERO Y CONFIGURA UN CLARO ATENTADO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE TODOS LOS PORTEÑOS.
OTRA METIDA DE PATA DEL PATO MAYOR QUE HA CONOCIDO NUESTRA CIUDAD. ESTE SEÑOR DEBE SER DEVUELTO AL GALLINERO DEL CUAL NUNCA DEBIÓ SALIR.
bastadeodio
martes, 30 de noviembre de 2010
Periodismo Militante vs Periodismo Independiente. El caso de 678
En estos últimos días ha reaparecido con mucha fuerza una polémica que, en realidad, no es nueva. Algunos conocidos de siempre: Lanata y su alevoso ¡Seissietechorros!, Pablo Sirvén en La Nación, el profesor de semiología Pablo Alabarces (del que me ocuparé más adelante), algún impensado como Sebastián Wainraich , se manifestaron en contra del "periodismo militante" y de "678" y a favor de la "pureza" del "periodismo independiente". Es posible que entre los que se dedican al periodismo exista un porcentaje muy pequeño que realmente, sinceramente, piensa que esta dicotomía es algo real, algo que existe en el mundo real y no solo en un mundo ideal e incontaminado. Seguramente son muy pocos y no están entre ellos los incluídos en esta breve lista. Admito que entre el público lector pueda ocurrir que, aún hoy, exista un número importante que piense que existe algo así como el "periodismo independiente", claro que entre ellos son mucho menos los que conservan la inocencia necesaria para afirmar que, por ejemplo, Clarín y sus diversos medios, son un ejemplo de ello. Hoy está claro que entre los principales medios de comunicación, en especial aquellos agrupados en la SIP,no se practica la "libertad de prensa" sino que se defiende la "libertad de empresa". Y, si alguien, por ejemplo el gobierno, intenta limitar esa libertad, se transforma en un enemigo que hay que destruir y se justifica cualquier medio para hacerlo (y no solo de aquellos que hacen uso de la libertad de expresión). Recordemos que esos mismos mass media, durante la dictadura militar, aceptaron sin ningún problema la falta total de libertad de expresión a cambio de negocios como Papel Prensa. No es necesario ser un lince para admitir que por lo menos en esos oscuros años Clarín, La Nación y tantos otros, hicieron "periodismo militante", o peor, "corrupto" sin decirlo, ni admitirlo a posteriori.
En este tema de la "libertad de expresión" visto como un aspecto particular de las "libertades" en general, solo hay una postura ética posible:
Defender el derecho a expresar con total libertad, sin censura ninguna, tanto la propia opinión como sobre todo la de aquel que se nos opone o piensa distinto, con el único límite que le imponen a ese ejercicio la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU y los Protocolos Internacionales a los que adhiere la Argentina en su Constitución y sus Leyes.
Esto deja lugar para un amplio despliegue de un periodismo que contenga todos los matices de "militancia", incluso "crítica" y de "independencia". Eso es bueno para la democracia, es bueno para la formación de una "opinión pública madura" y menos "veleidosa". ¿Se puede hacer?. ¿Pueden ser estos principios, por sí solos, una guía para transformar en la realidad los medios de comunicación y alejarlos de las actitudes radicales o incluso violentas que parecen caracterizarlos hoy?
A la primera pregunta, la respuesta es SI y el gobierno Kirchner ha demostrado en todo momento un respeto estricto a la "libertad de expresión", la confusión la tienen quienes hacen coincidir este derecho con unas exigencias extravagantes del ejercicio de la "libertad de empresa" (por ejemplo oponerse a la desmonopolización de sus empresas y/o actividades).
La respuesta a la segunda pregunta es más difícil, más incierta, ya que depende el SI o el NO de la relación de fuerzas existente -en un contexto determinado- entre los factores sociales en conflicto y sus correspondientes proyectos. Una regla general es que cuanto más débil se percibe un sector, cuanto más amenazada ve su posición, más violentas se vuelven sus expresiones públicas. En el contexto actual, los sectores que se oponen al proyecto Nacional y Popular se debilitan día a día en su intento de convencer a amplios sectores de la "opinión pública", sobre todo porque la inventiva de la que hace gala su opuesto ha encontrado múltiples canales mediante los cuales expresar una "opinión militante" que desnuda la falacia de la "independencia" de los medios monopólicos. Hay que reconocer, también, que este cambio en la relación mediática de fuerzas se vio favorecido por los propios errores de éstos últimos y de los sectores sociales y políticos que ellos expresan, los que, para decirlo en criollo, "se pasaron" en los agravios, los insultos y las mentiras que difundieron, produciendo una saturación de mensajes negativos que -para colmo- no se compadecían con la realidad cotidiana que vivimos el conjunto de los argentinos. Según los analistas y encuestadores "no oficialistas" (¿cuántos y cuáles lo son?) los datos sociológicos vienen mostrando este notable giro en la opinión pública que va desde una imagen claramente negativa en momentos del "conflicto con el campo" al momento presente en la cual es claramente positiva (el cambio de tendencia, en su mayoría, lo ponen en diciembre 2009 mucho antes del fallecimiento de Néstor Kirchner).
El periodismo militante no es más que un periodismo que hace explícita su posición política e ideológica en el campo de las luchas sociales, no hay nada de ilegítimo en ello, ni de falta a la ética. Pero, si organiza su discurso sobre la base de agravios, insultos, de reclamos de censura, imitando al adversario, no hará más que atentar contra su propio proyecto. (También puede ser un peligro, una amenaza, incluso más grave, tratar de silenciar las opiniones críticas dentro del propio campo. Ojos, Oídos y Boca bien abiertos para percibir y transmitir las diversas percepciones de la realidad).
Aquellos que reivindican un periodismo independiente real son -en el actual contexto de controversias sociales y políticas muy intensas- o mentirosos o, en el mejor de los casos, idealistas perdidos en el siglo XIX.
Lo más curioso, lo más cínico, que son capaces de expresar estos periodistas y opinadores pretendidamente independientes se pone de manifiesto cuando reclaman vehementemente que el Estado, una fuerza superior, viole la regla número uno de la independencia y que es la ética de defensa de la libertad de expresión. En realidad solo están expresando su nostalgia por los que fueron para ellos "los buenos tiempos de la Dictadura".
bastadeodio - 30 de noviembre 2010
En este tema de la "libertad de expresión" visto como un aspecto particular de las "libertades" en general, solo hay una postura ética posible:
Defender el derecho a expresar con total libertad, sin censura ninguna, tanto la propia opinión como sobre todo la de aquel que se nos opone o piensa distinto, con el único límite que le imponen a ese ejercicio la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU y los Protocolos Internacionales a los que adhiere la Argentina en su Constitución y sus Leyes.
Esto deja lugar para un amplio despliegue de un periodismo que contenga todos los matices de "militancia", incluso "crítica" y de "independencia". Eso es bueno para la democracia, es bueno para la formación de una "opinión pública madura" y menos "veleidosa". ¿Se puede hacer?. ¿Pueden ser estos principios, por sí solos, una guía para transformar en la realidad los medios de comunicación y alejarlos de las actitudes radicales o incluso violentas que parecen caracterizarlos hoy?
A la primera pregunta, la respuesta es SI y el gobierno Kirchner ha demostrado en todo momento un respeto estricto a la "libertad de expresión", la confusión la tienen quienes hacen coincidir este derecho con unas exigencias extravagantes del ejercicio de la "libertad de empresa" (por ejemplo oponerse a la desmonopolización de sus empresas y/o actividades).
La respuesta a la segunda pregunta es más difícil, más incierta, ya que depende el SI o el NO de la relación de fuerzas existente -en un contexto determinado- entre los factores sociales en conflicto y sus correspondientes proyectos. Una regla general es que cuanto más débil se percibe un sector, cuanto más amenazada ve su posición, más violentas se vuelven sus expresiones públicas. En el contexto actual, los sectores que se oponen al proyecto Nacional y Popular se debilitan día a día en su intento de convencer a amplios sectores de la "opinión pública", sobre todo porque la inventiva de la que hace gala su opuesto ha encontrado múltiples canales mediante los cuales expresar una "opinión militante" que desnuda la falacia de la "independencia" de los medios monopólicos. Hay que reconocer, también, que este cambio en la relación mediática de fuerzas se vio favorecido por los propios errores de éstos últimos y de los sectores sociales y políticos que ellos expresan, los que, para decirlo en criollo, "se pasaron" en los agravios, los insultos y las mentiras que difundieron, produciendo una saturación de mensajes negativos que -para colmo- no se compadecían con la realidad cotidiana que vivimos el conjunto de los argentinos. Según los analistas y encuestadores "no oficialistas" (¿cuántos y cuáles lo son?) los datos sociológicos vienen mostrando este notable giro en la opinión pública que va desde una imagen claramente negativa en momentos del "conflicto con el campo" al momento presente en la cual es claramente positiva (el cambio de tendencia, en su mayoría, lo ponen en diciembre 2009 mucho antes del fallecimiento de Néstor Kirchner).
El periodismo militante no es más que un periodismo que hace explícita su posición política e ideológica en el campo de las luchas sociales, no hay nada de ilegítimo en ello, ni de falta a la ética. Pero, si organiza su discurso sobre la base de agravios, insultos, de reclamos de censura, imitando al adversario, no hará más que atentar contra su propio proyecto. (También puede ser un peligro, una amenaza, incluso más grave, tratar de silenciar las opiniones críticas dentro del propio campo. Ojos, Oídos y Boca bien abiertos para percibir y transmitir las diversas percepciones de la realidad).
Aquellos que reivindican un periodismo independiente real son -en el actual contexto de controversias sociales y políticas muy intensas- o mentirosos o, en el mejor de los casos, idealistas perdidos en el siglo XIX.
Lo más curioso, lo más cínico, que son capaces de expresar estos periodistas y opinadores pretendidamente independientes se pone de manifiesto cuando reclaman vehementemente que el Estado, una fuerza superior, viole la regla número uno de la independencia y que es la ética de defensa de la libertad de expresión. En realidad solo están expresando su nostalgia por los que fueron para ellos "los buenos tiempos de la Dictadura".
bastadeodio - 30 de noviembre 2010
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