Estaban equivocados, seguramente Lanata mismo podría haberlos advertido pero no lo hizo, seguramente porque le conviene que estos giles tengan problemas. Más agua para su molino y para el de su jefe Magnetto. Carne de cañón. Una buena ocasión para acusar (falsamente) al gobierno de macartista. Eso hicieron.
La realidad es simple. Esos tuiteros, muchos de ellos allegados a Campagnoli, comenzaron en abril a hacerle llegar a la cuenta de twiter de la fiscal Cristina Caamaño -su reemplazante- amenazas tales como: "Cerda hija de puta!! Ya te vamos a encontrar. Es cuestión de tiempo"."Te vamos a linchar", hay que recordar que en esa época estaban de "moda" los linchamientos. Algunos solo expresaban -aún en forma violenta o agresiva- opiniones de corte político que no constituían una amenaza.
No sorprende, es el mismo lenguaje que emplean los comentaristas habituales de la prensa canalla antikirchnerista y, por supuesto, no son censurados, todo lo contrario, festejados y aplaudidos. Lanata mismo ataco con insultos y amenazas públicas al tribunal que debe juzgar el desempeño del ex-fiscal, incluso metiendo a los hijos de éstos de por medio. Fue escandaloso, pero se trata de Lanata y de la sacrosanta libertad de prensa, que en la práctica él la ha convertido en la libertad para mentir, difamar y amenazar a las personas.
El 25 de abril Cristina Caamaño hizo la denuncia en una fiscalía porteña de delitos informáticos que está a cargo de Daniela Dupuy quien al recibirla siguió los protocolos y entre las medidas ordenadas estuvo la consulta a los servidores de EEUU sobre los titulares de esas cuentas. De allí la intervención de Homeland Security, la organización estadounidense encargada de esos menesteres.
Entonces Clarín aprovecho para acusar que el gobierno, a través de cancillería, había pedido a los EEUU investigar a los tuiteros campagnolistas. Junto con la "denuncia" de Clarín recrudecieron las amenazas a Caamaño: "Nos querés mandar al FBI, hija de puta", como diciendo: no te tenemos miedo.
¿Qué sanción les puede caber? Posiblemente poca.
El problema, en este caso, es que la utilización de las redes sociales para fustigar a una persona no es fácil de encuadrar como un delito.
La figura penal que podría corresponderle a la realización de ese tipo de comentarios desde el Twitter es la que pena el delito de amenazas, incluido en el artículo 149 bis del Código Penal. Allí se establece que las amenazas, el amedrentamiento, puede ser penado con seis meses a dos años, y si el acto es realizado con armas o ejercido de forma anónima, el castigo se agrava de uno a tres años. Otra opción ante este tipo de hechos es encuadrarlo como una simple contravención, intimidación u hostigamiento, previsto en el artículo 52 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y penado con de uno a cinco días de trabajo (probation), multas económicas o un día de arresto.
bastadeodio
Ratas! Y denunciaban "persecución", no tiene cura esta gente!
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