Aunque esa brevedad no le ha impedido dejar importantísimas enseñanzas y consecuencias incluídas las legales. Enseñanzas porque permite caracterizar quizás de la manera más cruda cual es la verdadera ideología que alienta al PRO y legales porque su actuación ha llevado frente a la Justicia nada menos que a su Jefe Muricio Macri.
Otra vez las políticas sociales del PRO chocando con la Justicia, lo que ya es por si solo un claro indicio de su falta de respeto por los derechos de las personas especialmente los de los pobres y de los indigentes. Esta visión de los pobres como ciudadanos de segunda con sus derechos disminuidos se extiende a todas las áreas básicas de las políticas sociales, la Salud, la Educación y la Vivienda. Respondiendo a una política claramente discriminatoria los recursos de la ciudad, que son muchos, se canalizan, en términos relativos, preferentemente hacia quienes menos los necesitan.
En el mismo mes de su creación la UCEP fue objeto de varias denuncias. El diario Perfil del 16 de noviembre de 2008 las dejó registradas. "La Defensoría del Pueblo porteña registró tres denuncias que refieren al uso de la violencia contra cartoneros y cirujas en la vía pública. La que más compromete a esta fuerza es la de Gustavo Diego Pérez, un “recuperador urbano” que asegura que a las 2 de la madrugada del 2 de octubre, trece personas que bajaron de un camión con la inscripción “Panizza” (este camión reaparecería en otros operativos) y de cuatro camionetas en Lima e Independencia, le tiraron todas sus pertenencias en una compactadora y las destruyeron, junto con sus documentos. Según su testimonio, lo mismo les sucedió a varios compañeros. Pero uno se atrevió a espiar la patente del camión e hizo la denuncia. La Defensoría la chequeó y comprobó que el rodado está a nombre del Gobierno porteño.
Otra de las denuncias corresponde a Jorge Enrique Alonso, Párroco de la iglesia Inmaculado Corazón de María: asegura que el 7 de octubre a la 1 A.M. en Constitución al 1000, donde vive, fue testigo de la agresión física a un indigente de 66 años que duerme desde hace ocho meses bajo la autopista. Vio cómo más de 20 jóvenes lo echaron a patadas y lo golpearon en el estómago luego de amenazarlo con cortarle el cuello con un instrumento cortante. Los insultaron y le dieron, en nombre del Gobierno porteño, 24 horas para desocupar el lugar. Si no –amenazaron– volverían e incendiarían sus pertenencias.
Estamos muy preocupados y vamos a seguir investigando. Ya le mandamos la notificación a Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gabinete)”, indicó Alicia Pierini, defensora del pueblo. Además, adelantó, preparan una denuncia penal para que la Justicia investigue."
En sólo siete meses de existencia, la UCEP realizó 444 desalojos en la vía pública que, en su mayoría, pasaron desapercibidos para el gran público. Un promedio de casi dos operativos por día. Mediante esos operativos el GCBA reconocía con orgullo que se redujo al número de las personas que ocupaban ilegalmente el espacio público a un tercio del que existía cuando se hicieron cargo del gobierno.
“Stock de procedimientos realizados”, es el título del informe oficial que, por solicitud de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad le fuese presentado. Consta de un listado de operativos realizados, en cuya mayoría se aclara que el resultado de los mismos fue “la restauración del espacio público”. Aunque en ningún momento se especifica qué solución concreta se les da a las personas en situación de calle, ni la modalidad implementada para “restaurar el espacio público”.
Según detalla el informe lo que motivó algunos de los operativos fueron indigentes que consumían agua del Hospital de Niños o la existencia de asentamiento de indigentes de alta peligrosidad.
Horacio Ávila de la ONG Proyecto 7 aseguró que no debe pensarse a la UCEP como un hecho aislado o un organismo que trabaja independiente y autónomamente: “Sin la información de los programas Buenos Aires Presente o de la Línea 103 (de Emergencias), la UCEP jamás podría tener la información necesaria como para llevar adelante sus cobardes y represivos operativos nocturnos; se necesita la conjunción de toda esta información, para que después los perros de Macri salgan a la calle a "limpiar pobres"”.
Este es un aspecto muy relevante porque muestra la colaboración de ciertos ciudadanos con los operativos de desalojo y el uso de las bases de datos sociales con un criterio represivo.
Los Procedimientos de la UCEP se realizaban sin la intervención de Desarrollo Social:
Lo más notable, a mi juicio, de la creación de la UCEP y de sus funciones reales, es su independencia orgánica y funcional del Ministerio de Desarrollo Social y la ausencia de coordinación con el de Salud (ni siquiera una ambulancia del SAME acompañaba los operativos). Ni antes ni después de los operativos de la UCEP, que es visible que estaban planeados, se acercaron a los sitios personal del área social del GCBA para hacer un mínimo relevamiento y evaluación de las necesidades y de las condiciones sanitarias de los indigentes, ni mucho menos para establecer unas pautas de atención una vez desalojados de la calle. La ausencia del Ministerio fue total en el marco de los procedimientos de la UCEP.
Eso y confesar que la intención del GCBA era simple y llanamente sacarlos de la calle y de la vista de los porteños sin tener en cuenta a las personas y sus necesidades es una sola cosa. Como dice el dicho "a confesión de partes relevo de pruebas". Los indigentes eran considerados casi en el mismo nivel de sus pertenencias que arrojaban al camión de basura que los acompañaba.
De esos 444 desalojos hay uno en particular que fue muy conocido por el público y que tuvo importantes consecuencias y fue el realizado por la UCEP los primeros días de octubre de 2009 en Pasco al 1200, debajo de la Autopista 25 de Mayo.
El relato de un testigo Miguel Angel Varela publicado en Miradas al Sur es tremendamente elocuente del proceder de la UCEP y ha servido a la denuncia presentada contra Macri y otros que finalmente recayó en el juzgado de Instrucción Criminal 49 a cargo del Dr Fernando Cubas.
Carla Baptista, embaraza y madre de cinco hijos,y Graciela Cisneros fueron las dos primeras víctimas de los operativos de la UCEP que se animaron a realizar una denuncia. Además, son las dos primeras que se postulan para ser querellantes. Los delitos que se le imputan a los acusados son de “lesiones graves, abuso sexual agravado, amenazas coactivas agravadas para abandonar el lugar de residencia”, y sumados darían cuenta de condenas de entre 5 y 21 años. Las acusaciones también incluyen al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y al ministro de Ambiente, Juan Pablo Piccardo, en calidad de “instigadores”.
Además, estos hechos fueron fotografiados por el vecino Miguel Varela, quien también denunció esta situación: “Esa noche fue muy duro para quienes somos hombres, a quienes nos han enseñado de chiquitos que a las mujeres no se las golpea ni se les falta el respeto porque todos venimos de una madre o tenemos hermanas. Para mí fue muy duro verlo porque además estaba embarazada. No sólo a Carla, también golpearon a Graciela. Hay que ser canalla para golpear mujeres pobres que viven en la calle. Hay que ser muy canalla. (…) Yo no me conformo hasta que disuelvan la UCEP y creo que mis vecinos tampoco hasta que haya justicia para los culpables que tanto son los que mandan como el que lo hace. Nadie puede recibir la orden de golpear una mujer en la calle por el “delito” de dormir en un colchón”, aseguró Valera la semana pasada en una conferencia de prensa realizada por instituciones, víctimas y vecinos de la Comuna 3 (Balvanera/San Cristóbal), en reclamo de la disolución de la UCEP. Fuente: El Martillo Judicial
Cuando la jueza quiso saber por qué había disuelto el organismo, Macri explicó que lo hizo porque “cambió el ministro”, aunque nunca mencionó que le había pedido la renuncia y que luego de sacar a Piccardo de Ambiente y Espacio Público lo nombró presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), donde continúa al frente de la empresa pública. Los investigadores sospechan que la UCEP utilizó las bases de datos del Programa Buenos Aires Presente BAP para expulsar a las personas identificadas antes de que llegara la atención social. Mas detalles en la nota de Tiempo Argentino del 17 de junio y de La Nación del 16 de junio.
bastadeodio
Qué asco todo ésto. Es increíble la impunidad de los tipos y que ningún medio los haya escrachado como corresponde.
ResponderEliminarMe enteré que están varios de ellos como candidatos comunales.
La protección que le dan los medios a este hijo de puta es el principal factor que lo sostiene. Pero eso se acaba.
ResponderEliminarVamos Filmus que se puede!!