Derechos Humanos y Proyectos Políticos

Es imposible pensar una política de DDHH separada de una política en el sentido amplio. Más específicamente del proyecto político que adoptan los sectores sociales dominantes de un país o de un bloque de países.

Desde su origen el tema de los DDHH ha estado vinculado a la existencia de proyectos políticos a nivel nacional e internacional (geopolítica). La misma diferenciación entre derechos de primera, segunda y tercera generación refleja en parte esa circunstancia.

Es habitual que las consideraciones morales o simplemente humanitarias sean dejadas de lado en función de intereses económicos o políticos y, en consecuencia, los DDHH se convierten en valores relativos a los contextos en los cuales son defendidos o, por el contrario, violados.

No fue el espíritu que animó a aquellos que los redactaron hacia fines de la primera mitad del siglo XX. Los pensaron como valores absolutos y un patrimonio de la humanidad (los derechos inalienables de la persona humana) no sujetos a ninguna Cuestión de Estado, establecieron que los DDHH no admiten suspensión.
La realidad vista con una perspectiva histórica, evidentemente, no es esa. El objetivo no se alcanzó y no debe sorprender que así sea. La situación es quizás peor, ha ocurrido con frecuencia que en manos de un proyecto político imperialista y hegemónico los DDHH fueron convertidos hasta en un arma en la lucha ideológica y comunicacional, en la excusa perfecta para que éstos mismos fuesen violados.

Derechos humanos y políticas de Estado: El bloqueo a Cuba

Podemos tomar un ejemplo muy presente por estos días en los que parece haber cierto deshielo de las relaciones entre USA y Cuba. Desde 1961, los EEUU de Norteamérica que tuvieron un papel destacado en su consagración como valores comunes a toda la humanidad, con la simple afirmación de que en Cuba regía una tiranía en la que se violaban los derechos civiles y políticos y hasta ciertos derechos sociales (la homofobia y la libertad de expresión, por ejemplo), instalaron un bloqueo total sobre la isla, un castigo extremo que duró, hasta ahora, 54 años.
El supuesto régimen dictatorial no cayó sino que se fortaleció, al punto que existen 23 resoluciones de las NU instando al país agresor, los EEUU, a levantar el indigno, genocida, bloqueo que le ha costado al pueblo cubano una pérdida de ingresos total por más de un billón de dólares (un millón de millón).

¿El bloqueo ha fracasado?. En un sentido político y moral, seguramente sí, pero en el sentido práctico no fue así. Los EEUU mantuvieron el lazo apretado en torno al cuello de Cuba -ese largo lagarto verde con ojos de piedra y agua, en palabras de Nicolás Guillén- impidiéndole su desarrollo y dar una mejor calidad de vida a sus habitantes. Es difícil encontrar en la historia un caso similar, un bloqueo total de más de medio siglo de duración.

Los DDHH en Argentina dentro del proceso eleccionario: 

Hubo una época en la que los derechos humanos tenían en nuestro país jerarquía constitucional. La Constitución promulgada en 1949 durante la primera presidencia del general Perón, a pesar de la oposición del Radicalismo el partido opositor más fuerte de ese entonces, le daba carácter legal constitucional a los derechos del trabajador, la denominación argentina de los derechos de segunda generación consagrados en la declaración universal de los derechos humanos. Esa Constitución nacida de la voluntad del pueblo fue, sin embargo, derogada en 1956 por un gobierno de facto, el de la revolución fusiladora.

Dijo ayer Eugenio Zaffaroni:  “Alguna gente que merece respeto se confunde, pero el poder del mundo es tan dinámico que hay que explicar las confusiones. Hablar de que los Derechos Humanos están cerrados, es como decir que los Derechos Humanos no tienen sentido. Se lo ha dicho, y quienes lo han dicho eran partidarios de ideologías inhumanas. Si hay alguien partidario de ideologías inhumanas, que lo diga y confrontaremos ideológicamente”.

Notoriamente se refería sin nombrarlos a dos de los actuales pre candidatos a la presidencia en las elecciones del año próximo. Mauricio Macri que afirmó: "Hay que acabar con el "curro" de los DDHH" y no se desdijo, y Sergio Massa quien afirmó que "hay que darle un cierre (bien o mal, no importa) al tema de los DDHH".

Los DDHH deben ser parte de una política de Estado:

El tema es serio porque los DDHH, para ser efectivos, deben ser integrados en una política de Estado y estas políticas deben ser permanentes e inmunes a los cambios de gobierno producto del libre juego de la democracia. ¿Es esto posible, en nuestro país o en cualquier otro?. No es imposible, pero si muy difícil de concretar en la realidad.

Quiénes dijeron lo que se señaló más arriba se cuidan celosamente de desplegar ante la opinión pública la naturaleza de sus respectivos proyectos políticos. En el caso de Macri -aunque no lo haga- hay suficientes elementos surgidos de los años que lleva su gestión frente al gobierno de la ciudad para inferirlos. De todas formas, su obligación como precandidato es explicitarlo de forma clara y que sea entendido por la mayoría de los electores. No obstante viendo las políticas sociales, educativas y de salud que impulsa es notorio que está en contra de toda forma de subsidio directo o indirecto dirigido hacia la población más vulnerable. Se podrían agregar muchos elementos más y más precisos pero nos sacaría demasiado del tema central.

Ambos, Massa y Macri, disponen sus campañas políticas de manera similar, mucho despliegue mediático (en eso son beneficiados por su relación con los medios dominantes fieramente opositores al gobierno actual), mucho "cotillón", colores, fotos con personajes famosos de la farándula y el deporte, pensando que tal vez aparecer juntos les transfiera algo de la popularidad de éstos.

Son campañas superficiales que evitan tocar temas centrales. Sin embargo, de tanto en tanto, se les "escapan" definiciones como éstas, frases breves de alto impacto pero sin mayor compromiso y explicación. Un día se levantan diciendo que van a derogar todo, al día siguiente, viendo la reacción negativa, cambian de opinión y dicen que van a mantener todo lo bueno y modificar todo lo malo, casi sin explicitar ni uno ni otro extremo.
Solo vaguedades del tipo, bajaremos la inflación y reduciremos o eliminaremos los impuestos que frenan el crecimiento del país, pero a la vez afirman que mantendrán la AUH, sin decir cómo piensan seguir financiándola con los recursos del Estado disminuidos, y así sucesivamente con todos los temas.
Defender, plasmar en la realidad los DDHH, todos, cuesta dinero, implica utilizar recursos del Estado que de algún lado deben salir. Ahí está el problema.

Una de las nociones más graves que dejan caer como al pasar es la relación que establecen entre DDHH e inseguridad. En afirmaciones groseras tales como que los derechos de la víctimas de la inseguridad no son tenidos en cuenta y si se lo hace con los derechos de los delincuentes siendo el culpable naturalmente el gobierno nacional. Recientemente Massa presentó como un escándalo que los presos que trabajan reciban un sueldo como todo trabajador.
¿Es necesario recordarle a este señor que los presos también son seres humanos con derechos?. Por supuesto que no existe el derecho a robar lo ajeno o quitar la vida en ocasión de robo o por cualquier otra circunstancia. Para reprimir estas acciones delictivas está el código procesal penal, la policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario que al preso lo privan de uno de los derechos fundamentales: la libertad, pero no del resto de los derechos de la persona humana.

Un ejemplo: la crisis de las hipotecas sub prime:

Para que se entienda. Cuando en 2008 en los EEUU se produce la crisis de las hipotecas, los principales 26 bancos quedan en situación de quiebra inminente. El gobierno Federal les inyecta enormes sumas de dinero que salen de las arcas públicas y de la imprenta de billetes.
Lo razonable -en el marco del capitalismo- habría sido que el Estado se hubiese hecho dueño de todo o parte del paquete accionario de dichos bancos. No fue así, por ese dinero recibido los bancos no tuvieron que dar nada como contraparte. Fue un regalo que el conjunto de los ciudadanos de ese país le hicieron a los bancos que, además, se quedaban con sus casas por no poder pagar las infladas hipotecas.

En muchos países europeos sucedió lo mismo, la crisis que comenzó en USA terminó extendiéndose por todo el mundo y aún continúa, constituyendo la principal traba para el crecimiento económico y el bienestar social.
Desde luego que en dicho proceso brutal de desmonetización de las economías familiares se han violado una enorme cantidad de derechos de las personas. Los Estados en lugar de velar por los intereses y derechos de las mayorías, hicieron lo contrario, vulnerarlos para salvar la existencia de los bancos y mantener a sus propietarios.

Más claro, echale agua. A nosotros nos pasó durante la década de los 90 y culminó con la debacle de 2001. La salida elegida fue muy similar, salvar a los bancos con la pesificación asimétrica dictada por el gobierno de Duhalde, que hizo que los bancos se hicieran de dólares (que en nuestro país no se pueden imprimir legalmente) a costa de los depósitos de los ahorristas ya que en virtud del 1 a 1 dictado por Cavallo estaban en su gran mayoría en dólares.

No solo existe una relación directa y permanente entre los proyectos políticos y el estado de los DDHH sino que solo los proyectos políticos centrados en los DDHH garantizan su defensa en todos los casos y variedades.

El Poder Judicial Argentino:

El último punto al que me referiré es al papel de uno de los poderes del Estado, el poder judicial. El poder ejecutivo y el legislativo están sujetos al voto popular el que decide si le reitera la confianza o no a un determinado proyecto político. El poder judicial en nuestro ordenamiento constitucional está exento de tal requisito, lo que constituye una anomalía de no fácil solución que deja al Estado en su conjunto en una situación de debilidad relativa para propender y defender la completa vigencia de los DDHH.

Desde hace unos años este problema del desfasaje entre el proyecto político, socialmente inclusivo y defensor activo de los DDHH, actualmente vigente y el poder judicial se ha agravado notoriamente dejando la impresión que por lo menos una parte sustancial de éste último poder ha decidido encarnar la defensa de un proyecto político regresivo que por su naturaleza es violador de los DDHH. La imposibilidad de instalar en la justicia un proceso de democratización parcial porque buena parte del aparato institucional se opone y tiene el poder constitucional para hacerlo, es uno de los conflictos no resueltos más grave al que nos enfrentamos actualmente y de cara al futuro.

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