8N: apuntes del día después

Finalmente llegó -y pasó- el 8N. La manifestación fue muy importante, quizás duplicó en participación a la del 13S y en alguna medida se pudo ver cierta ampliación de la base que la alimenta, quizás no tanto desde el punto de vista sociológico como del político.

Como la anterior fue organizada desde las redes sociales pero en esta oportunidad la participación activa de algunos partidos de la oposición -particularmente del PRO- se hizo mucho más evidente. No obstante tuvo el apoyo más o menos explícito de todo el arco opositor, incluida buena parte de la mermada ala izquierda o progresista. Es claro, a pesar de que no se pudo reflejar al nivel de las consignas o de la capitalización política inmediata, que no se trató de una manifestación espontánea sino bien organizada y financiada.

En este punto me parece conveniente establecer una distinción entre las pertenencias e intereses políticos de los organizadores y la de muchos de los que participaron. Hay, en esta ocasión, mucha mayor unidad de concepción y objetivos entre los primeros que entre los propios asistentes.
Entre los organizadores se destaca con nitidez la derecha del arco político, encarnada en parte por el PRO, y los intereses y el poder económico y mediático del grupo Clarín y su asociado La Nación. En cambio la distribución de los asistentes fue -en relación al 13S- algo más heterogénea, lo que puede dar cuenta de la mayor concurrencia. Pudieron verse desde familiares de las víctimas de la tragedia de Once hasta algunas -pocas- banderas representativas de los pueblos originarios o carteles con consignas ecologistas (incidentalmente, creo que aunque hubo y hay en estas manifestaciones sectores golpistas o que añoran a los militares, no todos los manifestantes ni los organizadores lo son, ni los golpistas las controlan).

De modo que si bien hay sectores concretos interesados en fogonear y capitalizar la protesta callejera la respuesta social a ese estímulo excede, en mi opinión, a la propia potencia de los organizadores y este es un hecho que hay que intentar entender. No es sencillo.

En este sentido puede surgir una pista si se comparan estas manifestaciones recientes con las sucedidas en 2008 durante el conflicto por la 125. En esa oportunidad, a diferencia de éstas, estaba muy claro quiénes la convocaban y qué objetivo perseguían que era el rechazo parlamentario a la resolución, el cual lograron con el recordado voto no positivo del vicepresidente Cobos. La protesta fue seguida de un aparente y catártico triunfo que se reafirmó en las elecciones legislativas del 2009.

En esta oportunidad el reclamo es por el contrario difuso, es consistente con un rechazo general a la gestión del gobierno pero no tiene ni objetivos definidos ni sectores políticos que lo lideren. Es más, se puede advertir entre los manifestantes también un rechazo al accionar de la oposición y cierto componente antipolítico (mucho menos definido que durante la hecatombe del 2001).
Hace apenas un año, los descontentos con el gobierno soñaron con la oportunidad de derrotarlo en las urnas, pero ese sueño fue borrado de un plumazo por un margen suficientemente amplio de votos para que esa derrota fuese indiscutible. Lo que quedó en algunos sectores fue perplejidad, frustración y bronca.
Si bien es cierto que no se puede hacer una suma aritmética del 46% que no la votó y transformarlo en anti K, también es cierto que a diferencia de la 125, la derrota en las condiciones en que se dio produce frustración y que hay un sector creciente de ese conjunto anti K y no K que está dispuesto a transformarla en protesta callejera.
Pero se suman entonces dos motivaciones que en realidad son una sola, están descontentos tanto con el gobierno como con la oposición que no les da la real oportunidad de cambiar el escenario político. Ese sentimiento es alimentado desde los medios concentrados. Son minoría pero se resisten a admitir que esa condición les imposibilita el influir de forma directa en la gestión y orientación de un gobierno del cual no forman parte. A eso la oposición partidaria y los medios opositores lo califican de "falta de vocación de diálogo" o de "autoritarismo" por parte del gobierno y los manifestantes naturalmente tienden a subir verbalmente la apuesta. Lo que está claro es que si bien hubo mucha mayor moderación en las expresiones que el 13S, ninguno termina por aceptar el reciente dictamen de las urnas. Es posible también que algunos intenten repetir en el 2012-2013 la secuencia del 2008-2009 aunque las condiciones sean diferentes.

Si bien desde el punto de vista de la mayoría de los participantes las razones podrían ser cercanas a las expuestas hay que preguntarse también el porqué los sectores partidarios apuran las manifestaciones ahora y no tratan de conducirlas para influir en las próximas elecciones legislativas que todavía están demasiado lejos en el horizonte electoral. En otras palabras ¿Porqué ahora?.

Es bastante probable que esta estrategia tienda a beneficiar principalmente a los intereses del grupo Clarín, cuyo día D se encuentra muy próximo. Incluso esta relación estaba entre las consignas de los organizadores y se vieron algunos carteles que lo mencionaban. Sin embargo la defensa del multimedia no es un objetivo con el mismo poder de convocatoria y legitimación social que la "defensa del campo". Si bien lo han intentado, no han logrado que, en el mismo sector social, "todos somos Clarín" haya calado tanto como lo hizo "todos somos el campo".
Los partidos que se suman a la protesta lo hacen, en general, para no aparecer como abandonando a "la oposición de la gente" pero en algún caso como el PRO y los PRO dependientes, como Amadeo, Patricia Bullrich y algunos exponentes del radicalismo, que asumen como propios los intereses del multimedia, intentan capitalizarlo de forma directa.

En consecuencia predomina en la protesta la expresión de un difuso sentimiento de frustración presente en una parte minoritaria pero significativa de los sectores sociales medios y altos urbanos, que se sabe minoritaria, que no está expresada adecuadamente por las fuerzas opositoras al gobierno y no acepta esa condición. A esa no aceptación -tan poco democrática en sí misma- se la pretende justificar apelando a una supuesta ilegitimidad del apoyo mayoritario al gobierno que habría sido logrado mediante la utilización de fondos públicos (dinero que estos sectores sociales suponen que les pertenece) para la "compra" de votos, en lugar de utilizar esos recursos para mejorar la vida de ellos, que son los que los aportan.

En síntesis reclaman más mercadocracia en lugar de más democracia. Algo así como: Yo pago mis impuestos (lo que no es estrictamente cierto) y ese dinero se utiliza en mi contra, contra mis intereses o por lo menos para otras cosas y no hay nadie que esté en condiciones de cambiar esta ecuación, ni los militares -como ocurría antes- ni los políticos. Es una proposición falsa pero que a este sector le parece verdadera no solo porque le resulta conveniente sino también porque esa creencia se sostiene en las expresiones de algunos políticos opositores y en los medios de comunicación formadores de opinión.
Obviamente esta es una posición injustificable tanto desde lo ético como desde lo político. Sin embargo, es una ideología -neoliberal- que ha conquistado muchos adeptos en los sectores medios acomodados a lo largo y ancho del mundo (recientemente se manifestó en la campaña electoral de los EEUU) y nuestro país no es la excepción. Sí es excepcional -en el contexto de la crisis mundial y teniendo en cuenta nuestra propia historia- que tengamos desde hace diez años un gobierno que por encima de sus errores -que los tuvo y tiene, algunos corregidos y otros por corregir- se aparta de esta corriente general y defiende los intereses de las mayorías. También los de muchos de los que no reconociendo este hecho salen a protestar en su contra.

Los organizadores del 8N llevaron como consigna "Con un gran 8N no hay 7D". En realidad la relación de consecuencia en buena medida es la inversa "porque hay un 7D, hubo un 8N" como si la burla a la voluntad popular concretada en el voto traidor de Cobos, pudiera repetirse, esta vez contra la voluntad de todos los poderes del Estado.
 
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