 |
| Marcha del MOCASE por la muerte de Cristian Ferreyra |
Entre los detenidos está el presunto autor material y otros tres miembros del grupo de choque. Todos habrían sido contratados por el empresario Jorge Ciccioli. El Mocase venía enunciando atropellos desde hace ocho meses, pero nadie intervino.
Fue detenido Javier Francisco Juárez, acusado de ser el autor material del homicidio y de la herida de bala que sufrió Darío Godoy, quien se encuentra internado. Los otros detenidos son Walter Juárez –hermano de Javier Francisco–, Mario René Abregú y Carlos Gregorio Abregú.
El juez de la causa, Alejandro Sarría Fringes, también ordenó la inmediata detención del empresario sojero santafesino Jorge Ciccioli –para quien trabajan los cuatro imputados–, quien ha sido señalado como presunto instigador del ataque que sufrieron las víctimas. “Además de la muerte y del herido de bala, otro campesino fue golpeado y le pegaron patadas, trompadas y culatazos a la mujer de Godoy, que también está internada”, denunció Antenor Ferreyra, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Santiago del Estero.
El parte dado a conocer por la Seccional 22 de la policía santiagueña confirma lo dicho en bastadeodio el día de ayer, se trató de un ataque canalla y a mansalva y no de un supuesto “enfrentamiento”, como señalaron algunos medios de la prensa basura local. Ni los miembros del MOCASE portan armas ni en este caso le dieron siquiera la oportunidad de protegerse.
La investigación dejó firmemente establecido que: “Javier Juárez portaba una escopeta colgada al cuello, solicitó dialogar con Godoy y Ferreyra, llamándolos hacia el patio; cuando estaban saliendo, Juárez le disparó a Ferreyra en primer lugar en la pierna derecha y luego a Godoy, quien resultó herido en ambos muslos”.
Antenor Ferreyra, de APDH, recordó que la agresión ocurrió el miércoles y que en la Seccional 22 “se negaban a recibir la denuncia y por eso tuvieron que decir que iban a hacer un ‘escrache’ para que escucharan a los familiares de las víctimas”. Para el dirigente, lo ocurrido “fue una típica disputa por la tierra y no un enfrentamiento, como dicen algunos medios santiagueños. La gente del Mocase no anda con armas, estaban en su casa esperando a que llegaran otros integrantes del grupo para hacer una reunión”. Al mismo tiempo recordó que Ferreyra “deja una viuda y un hijo de un año y ocho meses” y que Godoy -el campesino herido en ambas piernas- tiene hijos de 5 y 3 años.
La autopsia demostró que Ferreyra fue herido en la ingle y que desafortunadamente eso afectó la arteria femoral, por lo que sufrió “un shock hipovolémico” (en este caso por una pérdida brusca y masiva de sangre) y falleció antes de llegar al hospital.
El abogado de la APDH hizo responsable por lo ocurrido “al gobierno provincial, porque el problema con el empresario Ciccioli y su grupo armado comenzó hace ocho meses, cuando alambraron un campo de 3500 hectáreas y dejaron adentro, sin salida al exterior, a una escuela pública de la provincia. Quedaron la directora y tres maestras, pero los chicos hace ocho meses que no pueden ir a clases y el Ministerio de Educación provincial no hace nada para solucionar ese problema. Ahora, después de lo ocurrido, le estamos pidiendo contención psicológica para las familias afectadas por este ataque y sobre todo para los niños, que vieron cómo baleaban a sus padres, y tampoco hay ninguna respuesta oficial”.
Antenor Ferreyra también cuestionó al juez interviniente, Alejandro Sarría Fringes, porque “hace tiempo recibió dos denuncias por la presencia en la zona de esta banda armada, porque no son campesinos ni agrimensores, son una banda de unas diez personas contratadas por Ciccioli como seguridad privada para frenar al MOCASE”
Como antecedentes que no se tuvieron en cuenta, también hubo una tercera denuncia, presentada por una familia de apellido Maldonado, que había sufrido antes una agresión similar y, además:
“También fueron ellos, los de este grupo armado, los que quemaron la radio que tenía el MOCASE en Las Lomitas, en medio del monte, como represalia porque había cortado algunos alambres”, denunció el representante de la APDH.
 |
| Gerardo Zamora Gobernador de Santiago del Estero |
Por incumplimiento de sus funciones o, como denuncia la APDH por estar sospechados de complicidad directa con los empresarios sojeros ladrones y abusadores y ahora asesinos no hicieron nada.
Y esta es una actitud de los poderes del Estado Provincial de Santiago que se repite en otros puntos del país y contra otras comunidades indígenas en una secuencia que se agrava y que requiere urgente intervención de los poderes del Estado Nacional.
Si los Estados Provinciales no actúan denegándole la intervención de la justicia y de la acción policial preventiva en favor de los agredidos, será el Estado Nacional quien deba intervenir, impulsando la investigación y las condenas de los responsables, si ella se desprendiera de la misma. La vida de las personas -cualquiera sea su supuesto rango social- está sin la menor duda por encima de cuestiones políticas o legales de jurisdicción.
Además el Estado Nacional debe intervenir decididamente en la cuestión de fondo que es la tenencia y uso de la tierra. No es posible que se siga permitiendo que la ambición desmedida de los empresarios de la soja o de cualquier otra actividad muy redituable -como es el turismo en el sur patagónico- o simplemente la sola acumulación de tierras en combinación disponiendo de la complicidad o la inacción de las autoridades judiciales y ejecutivas locales, sean la excusa y la causa para perpetrar estos abusos.
No es solo una obligación ética y una demanda constitucional. No hacerlo convierte al Estado Nacional en cómplice involuntario de estos asesinatos y atropellos.
bastadeodio
