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| Movilización en Buenos Aires por el asesinato de Cristian |
“con la misma libertad con la que aplaudimos su triunfo electoral, hoy nos atrevemos a pedirle que toda la ‘maquinaria’ del Estado esté al servicio de las víctimas y se sancione con todo el peso de la ley a los asesinos de Cristian Ferreyra, a los que atentaron contra los hermanos indígenas de La Primavera, y que nadie se sienta –por su cercanía al Gobierno– con libertad e impunidad para avasallar los derechos de los débiles”.
(ver la nota completa de Página12 aquí)
El reclamo es oportuno y está plenamente justificado y desde bastadeodio he sostenido un reclamo parecido. Pero conviene, sin ánimo de dar lecciones a nadie, hacer algunas reflexiones con respecto a lo que significa reclamar al Estado Nacional una acción concreta.
La carta de los curas está dirigida a la presidenta Cristina Fernández como si ella fuese la representación del Estado mismo. En mi opinión y para decirlo sin vueltas, deberían haber mandado una carta de igual tenor a los restantes dos poderes: a la Corte Suprema como cabeza del poder judicial y una a cada una de las cámaras que integran el poder legislativo.
El tema no es menor. Se trata de examinar la naturaleza de esa "maquinaria" a la que hacen referencia en su carta.
Se suele decir que nuestro sistema de gobierno es "presidencialista" por oposición a "parlamentarista", que es -supuestamente- más democrático. De hecho es la consigna que vienen agitando quienes perdieron olímpicamente en las urnas y quienes desde los medios de comunicación conspiran continuamente contra la propia democracia. Se trata de una consigna que rápidamente olvidarían si la fortuna los situase en el lugar de los ganadores. Además, a juzgar por lo que sucede en varios países europeos, los sistemas parlamentaristas no son ninguna garantía de una democracia efectiva.
Nuestro sistema es entonces presidencialista, pero eso no significa que el presidente, o en este caso la Presidenta, pueda hacer lo que se le plazca y pasar por encima de leyes y poderes tan legítimamente constituidos como ella misma. El país tiene una democracia que es republicana, representativa y federal.
Por supuesto se le puede pedir que el comportamiento de la Dirección de Parques Nacionales, que depende de su órbita, o de cualquier otro organismo del Ejecutivo Nacional, como es el caso del INADI, se guíen por el principio de que es más importante, más relevante, que tiene más jerarquía, preservar la vida de las personas y las culturas indígenas que viven en los parques o en su entorno, que incluso el mismo bosque con sus recursos naturales. Aunque seguramente será posible hallar una forma de conciliar ambas conservaciones. De hecho, los principios declarados por las organizaciones indígenas y campesinas ponen a la conservación del hábitat como un valor privilegiado al punto de considerarse a sí mismos parte integrante de la naturaleza e hijos de la tierra.
No ocurre lo mismo con aquellos que consideran a la tierra como un mero recurso natural a explotar sin medida ni consideración por los impactos destructores del negocio que emprenden. Sus valores son bien distintos y opuestos a los de las comunidades. Consisten en explotarla hasta el agotamiento y luego trasladarse a otro lugar para hacer lo mismo.
Lo que no se puede permitir desde el ejecutivo nacional es que en la práctica la conducta de sus delegados se asocie a este tipo de negocios destructivos. Y lamentablemente hay ya muchos antecedentes de que tal conducta de verdad está ocurriendo. No solo frente a los emprendimientos "sojeros" sino también en la explotación del "turismo ecológico" o de "aventura", por ejemplo.
También se le puede pedir que interceda ante los poderes provinciales respetando la organización federal. Siempre será una gestión de buena voluntad, que puede incluso hacerse pública pero no se le puede pedir, por ejemplo, que -violando la ley- se le apliquen sanciones al estado provincial retaceándole, por ejemplo, los fondos coparticipables o cualquier otra medida de coerción que, además, necesariamente afectaría injustamente al pueblo de esa provincia y particularmente a aquellos que se quiere proteger.
En lo que hace a la Corte Suprema es bien conocida la posición favorable a los intereses de los pueblos indígenas del juez Eugenio Zaffaroni y no es descabellado pedirle a la propia corte, en la persona de sus integrantes o como colectivo, que se expida sobre el tema.
En lo que hace al poder legislativo hay que lograr que el problema de la tenencia y extranjerización de la tierra -que actualmente está en discusión parlamentaria- contemple la situación de campesinos y poblaciones indígenas para integrarlos a un modelo de desarrollo agropecuario que respete sus particularidades culturales o de tipo y escala productiva. Al legislativo le compete concretar estos objetivos en leyes que le sirvan a los otros dos poderes del Estado para impulsar un cambio perdurable de conducta y de conciencia que concilie las distintas formas de considerar el recurso tierra sin que ningún sector de la población resulte excluido.
Es claro que el país tiene unas condiciones naturales excepcionales para la producción agropecuaria en gran escala y que esa condición debe ser, en principio, benéfica para el conjunto. Sin embargo,como todo, tiene también su costado malvado, perjudicial. Por ejemplo hace al país muy dependiente del ánimo y de las condiciones existentes en centros de poder que están más allá de nuestro control. No obstante hay todo un espacio disponible para la acción política mediante la cual el Estado puede y debe aumentar el control sobre esta actividad para que efectivamente sus beneficios resulten mejor distribuidos y sus impactos negativos minimizados. Lo mismo puede decirse de otras actividades extractivas como es el caso de la minería.
El pedido de los curas que han hecho de los pobres su opción y los de otras organizaciones como el CELS son justos y oportunos, pero para ser eficaces es necesario que el reclamo por una mayor justicia para las víctimas de atropellos y abusos se extienda a todos los poderes del Estado Nacional y, dada la cercanía y la competencia jurisdiccional, directamente a los poderes provinciales.
Ocurre que con ciertas afirmaciones se corre el riesgo de involucrar injustamente al Ejecutivo Nacional en los crímenes cometidos, simplemente porque los poderes provinciales -que no actúan con la celeridad o la transparencia que debieran frente a las injusticias- son del mismo signo político o peor, como de hecho se afirma en la carta, "cercanos" al gobierno.
Ese recurso -el de apelar a una supuesta "cercanía contagiosa" con el gobierno nacional- es la muletilla empleada por la oposición mediática y cierta izquierda que se define como antikirchnerista para involucrar a la presidenta Cristina Fernández en todos los abusos cometidos en las provincias gobernadas por el FPV o sus aliados.
Es posible que no sea esa la intención de los autores de la carta a la Presidenta, sino, así lo interpreto, la de hacer un dramático llamado de atención a la sociedad sobre el problema, porque realmente éste lo amerita. El problema es complejo y urgente pero no admite soluciones mágicas.
bastadeodio
