Impresionado. Emocionado. Orgulloso. Admirado.
Tengo treinta años como trabajador docente en varios niveles de la educación -con excepción de la escuela primaria- y debo decir que estoy absolutamente impresionado del nivel de conciencia y la educación de nuestros estudiantes de la escuela pública y gratuita.
Los estudiantes se han comportado tan correctamente que su protesta masiva y organizada, impresionante, ha pasado casi desapercibida para el público.
Entiendo que, como involucra al gobierno del PRO, haya recibido muy poca repercusión por parte de la cadena monopólica como una muestra más de la protección mediática de la que goza Macri. Sin embargo es imposible no reparar en su trascendencia.
El comportamiento de estos días es la necesaria consecuencia de una evolución, de una maduración que ha superado todas mis expectativas personales y pienso que a muchas personas, docentes o no, les deberá pasar lo mismo.
Han enfrentado al autoritarismo reiterado de las autoridades educativas macristas con una moderación y una altura impresionantes. Apelando al diálogo y la argumentación, conscientes de su fuerza y de tener la razón de su parte.
Sin duda la oportuna intervención de la juez Liberatori allanó el camino obligando al ministro Bullrich a aceptar un diálogo que de otra forma seguramente no se hubiera producido debido a una sesgada, errónea y anacrónica concepción de lo que representa la autoridad por parte de la derecha de nuestro país.
El diálogo concretado en el juzgado mostró en primer lugar la madurez de los más jóvenes y le dio una oportunidad a Bullrich de poder basar su autoridad como cabeza de la educación de la ciudad en algo más importante que la fuerza: en la cooperación y el respeto. Que finalmente lo haga, que de eso no estoy seguro, depende su futuro. De eso si estoy seguro. No hay margen, ni ante los alumnos ni ante la sociedad para que se vuelva atrás e incumpla lo prometido, algo que, con esta gente siempre puede suceder.
En todo caso si ocurre así el resultado será hacer a los estudiantes más fuertes y al gobierno de la ciudad más débil frente a ellos.
La emoción de ver a esos muchachos y chicas ingresar al juzgado, un ámbito que en sí se impone, serios y decididos, preparados para el debate, es imborrable.
Todo el proceso que llevó a la toma de sesenta establecimientos educativos, al debate libre y la participación de miles de jóvenes, es una experiencia de alto significado político y educativo, de compromiso con la educación pública y con la vida.
Porque lo que reclaman es nada más y nada menos que su derecho a participar en las decisiones que afectan a su propio futuro y al de las sucesivas camadas de estudiantes que los seguirán.
Los alumnos reclaman más formación, más materias y no menos. Los técnicos quieren ser técnicos, no bachilleres con un nombre de fantasía, con un título que en la realidad es un papel sin valor. Los que estudian artes, esperan formarse en las artes. No todos quieren ser bachilleres. Reclaman que los nombres de las cosas se correspondan con lo que las cosas son. Que las palabras no se usen para ocultar. Que los programas y los títulos no sean simulacros. Reclaman, en fin, su derecho humano inalienable a recibir una educación de calidad, pública y gratuita que los prepare para ser ciudadanos responsables y para insertarse, mediante un trabajo o la continuidad en los estudios superiores, en la sociedad de los adultos.
Los alumnos se han convertido en los verdaderos y actuales defensores de la escuela pública y en eso están demostrando ser los mejores. Que me disculpen mis colegas, nosotros tenemos y exhibimos compromisos de los que los alumnos carecen y que muchas veces contaminan nuestras posiciones. A pesar de ello los docentes de la escuela pública merecemos un reconocimiento, algo tendremos que ver con este resultado final. Algo tendrán que ver los años de democracia. Algo tendrán que ver estos últimos nueve años de reconstrucción de la confianza en el valor de la política.
Lo que ha sucedido en las aulas de la ciudad de Buenos Aires y que se repite en innumerables ámbitos educativos de todo el país es una prueba irrefutable de la falsedad de las mediciones de algunos expertos que hablan de una caída en la calidad de la educación de nuestro país. En el mejor de los casos, descontando la honestidad de los investigadores, el problema seguramente debe estar en los instrumentos que se diseñan para medirla, que no tienen en cuenta a fenómenos como el que estamos viviendo como indicadores de la madurez de los estudiantes, de sus capacidades cognitivas y de sus habilidades concretas.
Finalmente, cabe constatar que a estos alumnos no hay agrupación política que pueda engañarlos o manipularlos. Todas las pavadas que hemos escuchado en estos días acerca de la manipulación partidista de nuestros jóvenes es simplemente eso, paparruchadas propias de políticos mal informados y peor intencionados.
El espíritu del Eternauta vive en las aulas de nuestros secundarios públicos y gratuitos y ningún decreto ni 0800-buchón podrán con él.
Ayer sábado 6, los alumnos reunidos en asamblea decidieron rechazar la propuesta del ministro Bullrich tal y como fue formulada y resolvieron presentar una contra propuesta que pretende garantizar que las jornadas a realizarse el año próximo en las que se debatirán los cambios curriculares sean "vinculantes, democráticas, participativas y resolutivas". Evidentemente los "chicos" conocen al paño con el que deben lidiar.
El mundo está, como ha ocurrido en otras épocas cruciales, atravesado por una demanda de participación política que parte fundamentalmente de los jóvenes. Las cosas evidentemente no están bien en el mundo construido por los adultos y los jóvenes reclaman el derecho a participar, a tener opinión sobre como deben ser las cosas y ser escuchados. Mejor que se lo haga, por el bien de todos, lo peor que puede sucedernos es que se les niegue la escucha, que se les impida hablar, que se los reprima. Lo estamos viendo. Es una reacción de defensa ciega de un sistema mundial que se cae a pedazos, que crea problemas en vez de solucionarlos y que en el proceso se carga literalmente a mucha gente, los jóvenes reaccionan, se indignan, ¿qué mejor cosa podría pasarnos?.
bastadeodio
Por una Patria Justa, Libre y Soberana
Una Patria Justa, Libre y Soberana - 17 de octubre de 1945 - 17 de octubre de 2015 - Día de la Lealtad - Setenta años
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martes, 9 de octubre de 2012
QUÉ VIVAN LOS ESTUDIANTES!!!
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lunes, 6 de junio de 2011
El maltrato de las personas en el desalojo de "La Veredita"
Asentamiento precario "La Veredita" últimas noticias:
El desalojo de los ocupantes de las veredas y parte de la calle, comenzó en la mañana del 3 de junio con 60 personas y fue completado a la tarde con las restantes en el asentamiento conocido como "La Veredita" situado sobre las calles Riestra entre Portela y Lafuente, linderas a un laboratorio, a un colegio católico y al polideportivo del club Argentinos Juniors.
El operativo se concretó luego de que fracasaran ayer las últimas instancias de mediación ordenadas por la jueza Claudia Alvaro entre el gobierno de la ciudad y los representantes de los ocupantes, quienes llegaron al lugar y levantaron precarias casillas el 24 de noviembre del año pasado en un número aproximado de 400 familias el se fue reduciendo con el tiempo hasta las 150 familias (unas 245 personas, la mitad niños/as menores) de hoy.
A la mañana, rodeados de un fuerte dispositivo policial, un grupo de unas 60 personas aceptó dejar el lugar y ser censadas para recibir un subsidio que en principio era de entre 700 y 1200 pesos en diez cuotas, pero luego se acordó un total de 7000 pesos en diez cuotas (un monto total para el GCABA de 1.050.000 pesos). (Télam)
Las restantes personas que dijeron que iban a resistir, entre ella Yanina Maza, la entrevistada por Jorge Rial y confrontada con María Eugenia Vidal por la radio La Red, finalmente terminaron por aceptar la propuesta del Gobierno de la Ciudad.
A medida que los ocupantes recogían sus pertenencias eran subidos a autobuses escolares e inmediatamente las topadoras arrasaban sus precarias viviendas de madera y cartón.
Es poco y nada lo que la población de la ciudad sabe de estas personas, de sus problemas, sus necesidades. Simplemente son considerados por muchos, que son los que parecen llevar la voz cantante de la sociedad y representarla, okupas, nuevo y despreciable vocablo que significa ocupante ilegal, un delincuente. Y es así como algunos pretenden que sean tratados. Solo con represión y nada de ayuda. Aún ésta incierta ayuda prometida de 700 pesos en diez cuotas, que pueden extenderse en el tiempo o incluso extinguirse en los vericuetos administrativos del Gobierno Macri de la CABA. Es sabido que cuando Macri no quiere hacer algo es muy difícil, no importan las razones, lograr que lo haga.
Anteriormente porteños en situación similar han denunciado el incumplimiento de lo prometido por parte de Macri.
El hecho fundamental que ha dificultado y demorado el desalojo es que la dupla Macri-Vidal se ha negado sistemáticamente a llegar a cualquier solución de fondo al problema fundamental de esta personas: la carencia de una vivienda digna. Han decidido que no califican por su carácter de okupas para los planes de vivienda e incluso al comienzo al igual que sucedió en el indoamericano, la decisión era sacarlos por la fuerza sin más. Solo la intervención judicial y la negativa del gobierno nacional a reprimir los obligó a llevar adelante una solución negociada. Sin embargo la resistencia a dar algo por parte del gobierno municipal impidieron que el desalojo pudiese llevarse a cabo varias veces. Total el sufrimiento y la tensión recaía sobre las personas que allí estaban, la mitad de las cuales son niños, y no sobre los insensibles funcionarios que la provocaban con sus tira y afloje que buscan mostrarlos en una posición de dureza que ellos especulan con que los beneficia en las próximas elecciones.
Veamos parte de la crónica de La Nación del Sábado 04 de junio de 2011 sobre el operativo desalojo, un ejemplo de "objetividad periodística":
"Eran las 6 de ayer cuando 300 efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería rodearon la zona. Una topadora ocupaba la esquina de La Fuente y Riestra junto a varios colectivos escolares, en los que se trasladaría a los ocupantes.
Pasadas las 7 arribaron al lugar 150 efectivos de la Policía Metropolitana y personal del Ministerio de Desarrollo Social porteño, que comenzó a negociar con los ocupantes.
Para las 10, un grupo de aproximadamente 100 personas instaladas sobre Portela ya habían aceptado la oferta del gobierno porteño: un subsidio consistente en una primera cuota de 700 pesos y, si logran acreditar un contrato de alquiler, nueve más.
Pero el resto se negaba a irse pues exigían ser incorporados a un plan de vivienda. "Si nos sacan nos metemos en la casilla con nuestros hijos y la prendemos fuego", llegó a amenazar Carla Manzano, mientras movía el cochecito de su bebe.
"No dormimos en toda la noche por el miedo -dijo Cristina, cuya casilla estaba situada sobre la avenida Riestra-. No tenemos casa, no tenemos dónde ir. Te pagan 700 pesos y te largan a la calle. No podés alquilar nada con esa plata", dijo a La Nacion."
En ese momento se conoció el amparo otorgado por la jueza Elena Liberatori. La resolución dispuesta por la jueza en lo contencioso administrativo porteño hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por Lisandro Teskiewicz, abogado de 116 de los ocupantes ilegales de La Veredita y ordenaba que las familias recibieran 7200 pesos en una única cuota y ordenó incluirlos "en el programa de admisión para familias en situación de calle, en la modalidad prevista en el artículo 2 del decreto 167/11". La jueza ordenó además "la adopción de medidas de acompañamiento necesarias y la remoción de obstáculos a fin de que los actores puedan acceder a una solución estable y duradera en relación a una vivienda digna".
El abogado Teskiewicz explicó que esa medida significa que el Gobierno porteño deberá disponer de "un asistente social por familia para que las acompañe a realizar los trámites destinados a obtener la viviendas transitorias y luego el crédito para una definitiva".
Mientras el Ministerio de Desarrollo Social porteño apelaba el amparo, la Policía Metropolitana -junto con fiscal de la causa, Luis Duacastella- ingresaba por la avenida Riestra. Apenas los ocupantes aceptaban los subsidios, personal del gobierno de la ciudad destruía las casillas.
Además de la ministra Vidal, participaron del operativo el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, quien confirmó a La Nacion que para las 18.30 el predio estuvo "completamente desocupado".
"Estoy muy conforme con el operativo y con el accionar de casi 200 agentes de la Policía Metropolitana, que se supieron manejar en un predio tan grande y sin dejar ningún herido", afirmó Burzaco.
Fuentes de la cartera que dirige Vidal especificaron que no se les entregó subsidios a aquellos que ya habían recibido algún plan social en otra ocasión y tampoco a las personas que no estaban en el censo que se realizó anteriormente.
Las familias que resistían el desalojo, finalmente subieron a los colectivos escolares llevando todas sus pertenencias. Luego del paso de las topadoras y los camiones, cuadrillas del Ministerio de Espacio Público porteño recolectaron todos los desechos que quedaron en el lugar.
Digamos que el operativo finalmente fue un éxito. Todos felices.
No, No todos. La ONG Ciudadana Defendamos Buenos Aires junto a su titular el abogado Javier Miglino, tienen una opinión diferente. Consideraron que darles subsidios a los okupas es un mensaje positivo para las "Mafias de los Usurpadores y de los Punteros políticos". Además agregaron, "Pero no es aconsejable y es presuntamente delictivo, porque configura un grave apartamiento de las normas legales e incluso está muy cerca de la figura de extorsión la sobreactuación de la jueza en lo administrativo y tributario Elena Liberatori, que ordenó que se entregue un subsidio especial e incluso una vivienda a cada uno de los usurpadores", denunciaron.
Mauricio Macri y su compañera de fórmula, la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, consiguieron el viernes que dos topadoras barrieran al asentamiento “La Veredita”, de Villa Soldati. Al hacerlo, no solo no tuvieron en cuenta, sino que apelaron el amparo resuelto por la jueza María Elena Liberatori, quien fundó su decisión en los informes de un grupo de investigadoras de la UBA y el CONICET que se oponían a que el desalojo se realizara en las condiciones en que finalmente se ejecutó. Vale la pena detenerse en las conclusiones de estos trabajos y sobre todo debería tenerlos en cuenta la ministra Vidal.
Para el estudio de la UBA (Realizado por un equipo interdisciplinario integrado por las antropólogas María Carman, Vanina Lekerman, Paula Yacovino y Lucía Levis; de las trabajadoras sociales Belén Demoy y Romina Olejarczyk, y de la socióloga Natalia Jauri) se puede concluir que:
"Sobre los créditos hipotecarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y el Programa de Subsidios Habitacionales que maneja la ministra Vidal, afirmaron que “existen estudios que diagnostican y analizan la ineficiencia en la ejecución de ambas operatorias”. Detallaron cómo el IVC fue restringiendo el acceso a su política crediticia hasta volverla inaccesible a familias como las que habitaban en La Veredita, que carecen de ingresos mínimos para calificar como postulantes, no se encuentran en condiciones de abonar las sumas exigidas en concepto de seña ni de afrontar los meses de tramitación que requiere la operatoria. En cuanto a los subsidios, consideraron que “ofrecen una mera estrategia de intervención inmediata con soluciones rápidas”, pero que se agota a los seis meses, sin prever mecanismos que permitan soluciones sustentables ni el seguimiento de las familias una vez finalizado el beneficio."
La socióloga María Florencia Rodríguez, magíster de FLACSO y becaria del CONICET, quien coincidió en los aspectos centrales del estudio de la UBA, consideró que “en tanto se responsabilice y judicialice a las familias empobrecidas (…) y no al Estado por la ausencia de opciones habitacionales concretas, no habrá solución sostenible ni posible que pueda modificar este escenario”. (Fuente: Tiempo Argentino)
Comentarios finales:
"Una niña, tan anónima como su destino, juntó sus útiles en su mochilita escolar rosa con rueditas. Estaba haciendo los deberes cuando la topadora del macrismo comenzó a derrumbar las precarias viviendas. Hoy está en un lugar incierto y lejos de su colegio en el que debía reencontrarse con sus compañeritos. ¿Le importa esta imagen a un dirigente o a un votante de la ultraderecha?" (do Campo Spada, 2011, tvmundus.wordpress.com)
Evidentemente no, los pobres para el PRO "No son Bienvenidos", incluso podemos suponer que se alegran, que consideran que se ha hecho justicia al desalojarlos, aunque hubiese sido preferible no dar ni siquiera subsidios "con nuestro dinero". No se preguntan, por ejemplo, que representan ese insignificante millón de pesos, aún no abonado, que le costó en subsidios al GCABA el desalojo, comparado con los 250 millones de dólares que el mismo gobierno le pagará al grupo Clarín por las netbooks más caras del mercado.
Solo cabe una esperanza, una ilusión y un objetivo de lucha: desalojarlos del Gobierno de la Ciudad por los votos para restituirle a la política social su verdadera finalidad la de acudir con generosidad y eficacia en auxilio de los que más lo necesitan. Hay una clara mayoría de los porteños que apoyan la justicia social, no dejemos que unos pocos retrógrados tengan la voz cantante e impongan sus políticas discriminatorias.
(Fuentes consultadas: Télam, Tiempo Argentino, La Nación, Sur, El Argentino, Ambito.com, Infobae.com, elnoticialista.blogspot, defendamosbuenosaires.blogspot ,tvmundus.wordpress.com).
bastadeodio
El desalojo de los ocupantes de las veredas y parte de la calle, comenzó en la mañana del 3 de junio con 60 personas y fue completado a la tarde con las restantes en el asentamiento conocido como "La Veredita" situado sobre las calles Riestra entre Portela y Lafuente, linderas a un laboratorio, a un colegio católico y al polideportivo del club Argentinos Juniors.
El operativo se concretó luego de que fracasaran ayer las últimas instancias de mediación ordenadas por la jueza Claudia Alvaro entre el gobierno de la ciudad y los representantes de los ocupantes, quienes llegaron al lugar y levantaron precarias casillas el 24 de noviembre del año pasado en un número aproximado de 400 familias el se fue reduciendo con el tiempo hasta las 150 familias (unas 245 personas, la mitad niños/as menores) de hoy.
A la mañana, rodeados de un fuerte dispositivo policial, un grupo de unas 60 personas aceptó dejar el lugar y ser censadas para recibir un subsidio que en principio era de entre 700 y 1200 pesos en diez cuotas, pero luego se acordó un total de 7000 pesos en diez cuotas (un monto total para el GCABA de 1.050.000 pesos). (Télam)
Las restantes personas que dijeron que iban a resistir, entre ella Yanina Maza, la entrevistada por Jorge Rial y confrontada con María Eugenia Vidal por la radio La Red, finalmente terminaron por aceptar la propuesta del Gobierno de la Ciudad.
A medida que los ocupantes recogían sus pertenencias eran subidos a autobuses escolares e inmediatamente las topadoras arrasaban sus precarias viviendas de madera y cartón.
Es poco y nada lo que la población de la ciudad sabe de estas personas, de sus problemas, sus necesidades. Simplemente son considerados por muchos, que son los que parecen llevar la voz cantante de la sociedad y representarla, okupas, nuevo y despreciable vocablo que significa ocupante ilegal, un delincuente. Y es así como algunos pretenden que sean tratados. Solo con represión y nada de ayuda. Aún ésta incierta ayuda prometida de 700 pesos en diez cuotas, que pueden extenderse en el tiempo o incluso extinguirse en los vericuetos administrativos del Gobierno Macri de la CABA. Es sabido que cuando Macri no quiere hacer algo es muy difícil, no importan las razones, lograr que lo haga.
Anteriormente porteños en situación similar han denunciado el incumplimiento de lo prometido por parte de Macri.
El hecho fundamental que ha dificultado y demorado el desalojo es que la dupla Macri-Vidal se ha negado sistemáticamente a llegar a cualquier solución de fondo al problema fundamental de esta personas: la carencia de una vivienda digna. Han decidido que no califican por su carácter de okupas para los planes de vivienda e incluso al comienzo al igual que sucedió en el indoamericano, la decisión era sacarlos por la fuerza sin más. Solo la intervención judicial y la negativa del gobierno nacional a reprimir los obligó a llevar adelante una solución negociada. Sin embargo la resistencia a dar algo por parte del gobierno municipal impidieron que el desalojo pudiese llevarse a cabo varias veces. Total el sufrimiento y la tensión recaía sobre las personas que allí estaban, la mitad de las cuales son niños, y no sobre los insensibles funcionarios que la provocaban con sus tira y afloje que buscan mostrarlos en una posición de dureza que ellos especulan con que los beneficia en las próximas elecciones.
Veamos parte de la crónica de La Nación del Sábado 04 de junio de 2011 sobre el operativo desalojo, un ejemplo de "objetividad periodística":
"Eran las 6 de ayer cuando 300 efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería rodearon la zona. Una topadora ocupaba la esquina de La Fuente y Riestra junto a varios colectivos escolares, en los que se trasladaría a los ocupantes.
Pasadas las 7 arribaron al lugar 150 efectivos de la Policía Metropolitana y personal del Ministerio de Desarrollo Social porteño, que comenzó a negociar con los ocupantes.
Para las 10, un grupo de aproximadamente 100 personas instaladas sobre Portela ya habían aceptado la oferta del gobierno porteño: un subsidio consistente en una primera cuota de 700 pesos y, si logran acreditar un contrato de alquiler, nueve más.
Pero el resto se negaba a irse pues exigían ser incorporados a un plan de vivienda. "Si nos sacan nos metemos en la casilla con nuestros hijos y la prendemos fuego", llegó a amenazar Carla Manzano, mientras movía el cochecito de su bebe.
"No dormimos en toda la noche por el miedo -dijo Cristina, cuya casilla estaba situada sobre la avenida Riestra-. No tenemos casa, no tenemos dónde ir. Te pagan 700 pesos y te largan a la calle. No podés alquilar nada con esa plata", dijo a La Nacion."
En ese momento se conoció el amparo otorgado por la jueza Elena Liberatori. La resolución dispuesta por la jueza en lo contencioso administrativo porteño hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por Lisandro Teskiewicz, abogado de 116 de los ocupantes ilegales de La Veredita y ordenaba que las familias recibieran 7200 pesos en una única cuota y ordenó incluirlos "en el programa de admisión para familias en situación de calle, en la modalidad prevista en el artículo 2 del decreto 167/11". La jueza ordenó además "la adopción de medidas de acompañamiento necesarias y la remoción de obstáculos a fin de que los actores puedan acceder a una solución estable y duradera en relación a una vivienda digna".
El abogado Teskiewicz explicó que esa medida significa que el Gobierno porteño deberá disponer de "un asistente social por familia para que las acompañe a realizar los trámites destinados a obtener la viviendas transitorias y luego el crédito para una definitiva".
Mientras el Ministerio de Desarrollo Social porteño apelaba el amparo, la Policía Metropolitana -junto con fiscal de la causa, Luis Duacastella- ingresaba por la avenida Riestra. Apenas los ocupantes aceptaban los subsidios, personal del gobierno de la ciudad destruía las casillas.
Además de la ministra Vidal, participaron del operativo el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, quien confirmó a La Nacion que para las 18.30 el predio estuvo "completamente desocupado".
"Estoy muy conforme con el operativo y con el accionar de casi 200 agentes de la Policía Metropolitana, que se supieron manejar en un predio tan grande y sin dejar ningún herido", afirmó Burzaco.
Fuentes de la cartera que dirige Vidal especificaron que no se les entregó subsidios a aquellos que ya habían recibido algún plan social en otra ocasión y tampoco a las personas que no estaban en el censo que se realizó anteriormente.
Las familias que resistían el desalojo, finalmente subieron a los colectivos escolares llevando todas sus pertenencias. Luego del paso de las topadoras y los camiones, cuadrillas del Ministerio de Espacio Público porteño recolectaron todos los desechos que quedaron en el lugar.
Digamos que el operativo finalmente fue un éxito. Todos felices.
No, No todos. La ONG Ciudadana Defendamos Buenos Aires junto a su titular el abogado Javier Miglino, tienen una opinión diferente. Consideraron que darles subsidios a los okupas es un mensaje positivo para las "Mafias de los Usurpadores y de los Punteros políticos". Además agregaron, "Pero no es aconsejable y es presuntamente delictivo, porque configura un grave apartamiento de las normas legales e incluso está muy cerca de la figura de extorsión la sobreactuación de la jueza en lo administrativo y tributario Elena Liberatori, que ordenó que se entregue un subsidio especial e incluso una vivienda a cada uno de los usurpadores", denunciaron.
Mauricio Macri y su compañera de fórmula, la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, consiguieron el viernes que dos topadoras barrieran al asentamiento “La Veredita”, de Villa Soldati. Al hacerlo, no solo no tuvieron en cuenta, sino que apelaron el amparo resuelto por la jueza María Elena Liberatori, quien fundó su decisión en los informes de un grupo de investigadoras de la UBA y el CONICET que se oponían a que el desalojo se realizara en las condiciones en que finalmente se ejecutó. Vale la pena detenerse en las conclusiones de estos trabajos y sobre todo debería tenerlos en cuenta la ministra Vidal.
Para el estudio de la UBA (Realizado por un equipo interdisciplinario integrado por las antropólogas María Carman, Vanina Lekerman, Paula Yacovino y Lucía Levis; de las trabajadoras sociales Belén Demoy y Romina Olejarczyk, y de la socióloga Natalia Jauri) se puede concluir que:
"Sobre los créditos hipotecarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y el Programa de Subsidios Habitacionales que maneja la ministra Vidal, afirmaron que “existen estudios que diagnostican y analizan la ineficiencia en la ejecución de ambas operatorias”. Detallaron cómo el IVC fue restringiendo el acceso a su política crediticia hasta volverla inaccesible a familias como las que habitaban en La Veredita, que carecen de ingresos mínimos para calificar como postulantes, no se encuentran en condiciones de abonar las sumas exigidas en concepto de seña ni de afrontar los meses de tramitación que requiere la operatoria. En cuanto a los subsidios, consideraron que “ofrecen una mera estrategia de intervención inmediata con soluciones rápidas”, pero que se agota a los seis meses, sin prever mecanismos que permitan soluciones sustentables ni el seguimiento de las familias una vez finalizado el beneficio."
La socióloga María Florencia Rodríguez, magíster de FLACSO y becaria del CONICET, quien coincidió en los aspectos centrales del estudio de la UBA, consideró que “en tanto se responsabilice y judicialice a las familias empobrecidas (…) y no al Estado por la ausencia de opciones habitacionales concretas, no habrá solución sostenible ni posible que pueda modificar este escenario”. (Fuente: Tiempo Argentino)
Comentarios finales:
"Una niña, tan anónima como su destino, juntó sus útiles en su mochilita escolar rosa con rueditas. Estaba haciendo los deberes cuando la topadora del macrismo comenzó a derrumbar las precarias viviendas. Hoy está en un lugar incierto y lejos de su colegio en el que debía reencontrarse con sus compañeritos. ¿Le importa esta imagen a un dirigente o a un votante de la ultraderecha?" (do Campo Spada, 2011, tvmundus.wordpress.com)
Evidentemente no, los pobres para el PRO "No son Bienvenidos", incluso podemos suponer que se alegran, que consideran que se ha hecho justicia al desalojarlos, aunque hubiese sido preferible no dar ni siquiera subsidios "con nuestro dinero". No se preguntan, por ejemplo, que representan ese insignificante millón de pesos, aún no abonado, que le costó en subsidios al GCABA el desalojo, comparado con los 250 millones de dólares que el mismo gobierno le pagará al grupo Clarín por las netbooks más caras del mercado.
Solo cabe una esperanza, una ilusión y un objetivo de lucha: desalojarlos del Gobierno de la Ciudad por los votos para restituirle a la política social su verdadera finalidad la de acudir con generosidad y eficacia en auxilio de los que más lo necesitan. Hay una clara mayoría de los porteños que apoyan la justicia social, no dejemos que unos pocos retrógrados tengan la voz cantante e impongan sus políticas discriminatorias.
(Fuentes consultadas: Télam, Tiempo Argentino, La Nación, Sur, El Argentino, Ambito.com, Infobae.com, elnoticialista.blogspot, defendamosbuenosaires.blogspot ,tvmundus.wordpress.com).
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