Preservar a la Presidencia. Preservar la investigación judicial

Observo con creciente preocupación el rumbo judicial y mediático que está tomando la investigación en la causa por la muerte de fiscal Nisman. La fiscal Viviana Fein -a cargo de la investigación- parece actuar cada vez más en función de refutar los dichos de la presidenta y menos en función de tomarse en serio los hechos -incluso en apariencia contradictorios- que van surgiendo de la misma investigación.

La minimización puesta de relieve en los dichos públicos de la fiscal Fein sobre el papel jugado por Lagomarsino tanto en la propia muerte (al fin y al cabo le proveyó el arma y fue -tal vez- el último que lo vio con vida) así como la aparente ausencia de investigación acerca de la relación especial que mantenía con la víctima, son -ambas- ciertamente preocupantes. También lo es el hecho de que éstas manifestaciones surjan después de que en su mensaje en cadena Cristina señalase al colaborador especial del fiscal como una figura principal a investigar.

Ocurre en cierta medida lo mismo con otro personaje clave señalado por la presidenta, el ex agente SI Stiusso. Fein en este caso respondió a una pregunta periodística con un lacónico "no tengo previsto convocarlo a declarar".

A pesar que el abogado de Lagomarsino, en la extraña conferencia de prensa que convocó, negó que su defendido conociera a Stiusso surge de declaraciones anteriores del mismo que por lo menos sabía de su rol principal en el entorno habitual del occiso. Es necesario, que duda cabe, indagar sobre si esa relación era más profunda.

En cuanto al propio Stiusso, su aparente papel central en la conformación de la denuncia presentada antes de morir por Nisman y la relación posiblemente más que meramente cronológica entre su despido de la SI por parte de las nuevas autoridades (19 dic 2014) y una denuncia presentada el 14 ene 2015 durante la feria judicial (lo que sugiere un apuro inexplicable), también señalan posibles conexiones entre la oportunidad de la denuncia, su publicidad y la muerte del fiscal situación que tiene un nodo fuerte en la figura del ex director de contrainteligencia.

La muerte del fiscal ocupa el centro de la atención por obra y gracia de los medios de comunicación que lo han elegido como el tema principal. Más allá de que esto constituya el núcleo político de esta trama y revele una clara intencionalidad de perjudicar al gobierno, lo hace a costa de desplazar del escrutinio público los contenidos y la sustancia de la propia denuncia que fue hecha pública en su totalidad. Esto llega al punto de que varios candidatos y líderes opositores han confesado públicamente que no la han leído y que, en el mejor de los casos, han accedido a "resúmenes".

En el post anterior a éste ya sugería que esto sucedería: el tribunal mediático reemplazaría al verdadero tribunal y adelanté que como suele suceder en estos casos la víctima inevitable es la posibilidad de conocer públicamente la verdad de los hechos.
Naturalmente que esto que está sucediendo bajo nuestras narices no es ni casual ni el resultado de una ley natural, la oposición -mediática y política- ha elegido deliberadamente, de forma irresponsable y con un total desprecio por las instituciones el terreno de batalla donde se siente más fuerte y en condiciones de sacar más rédito.

Pero así como hay claridad en las intenciones de la oposición hay, según mi punto de vista que puede estar equivocado, errores que pueden ser graves por parte del gobierno.

La presidenta tiene el derecho y hasta la obligación de defenderse de las acusaciones infundadas, carentes de pruebas y hasta disparatadas del fiscal Nisman. Su muerte no debería constituir ningún obstáculo para ello porque la posible causa iniciada por la denuncia está a consideración de un juez federal que pasada la feria deberá expedirse. Tiene derecho porque se la acusa personalmente pero tiene también el deber de defender la investidura presidencial que tiene origen en un mandato popular que la trasciende y al que se debe antes que ninguna otra consideración. En este terreno tiene todas las de ganar.

No ocurre lo mismo con la causa iniciada por la muerte del fiscal. En ella la presidencia no está ni acusada ni sospechada. Quienes la acusan lo hacen mediática y subrepticiamente alentando a "la gente" a concretar la acusación en la calle y en las redes. A Cristina que tanto la insultan y desde hace tanto tiempo, le han agregado ahora el mote de asesina.

La presidencia no debe intervenir públicamente en esa causa como no sea para apoyarla con todos los recursos que demande. Debe estar al tanto de cada paso que se da pero no puede ni debe sugerir hipótesis a la investigación ni menos aún señalar particularmente a ningún individuo incluso porque no es ni puede ser parte de la querella.

En todo caso para dar opinión están los medios de comunicación amigables e incluso alguno de los ministros. Acusar a Stiusso o señalar a Lagomarsino no sirve a la defensa de la presidencia, da lugar en cambio para que una empleada del poder judicial de mucho menor jerarquía institucional le responda y su respuesta sea la última. En este terreno Cristina lleva todas las de perder.

bastadeodio