Candela y el fetiche yanqui

Sin duda la noticia que ocupa el lugar central en la mayoría de los periódicos, desde que apareció su cuerpito envuelto en una bolsa plástica hasta el día de hoy, es el cruel asesinato de esa piba de 11 años llamada Candela.

Mal intencionadamente el tema se asocia a la "inseguridad" y las relaciones maritales o familiares de la madre de la menor habilitan las teorías sobre la existencia de "mafias" vinculadas al narcotráfico o a "piratas del asfalto". El tema se encuentra metido de lleno en el fango causado por una investigación judicial de sospechosa ineficacia, por lo menos en la preservación del secreto, a cargo del Fiscal General de Morón Federico Nieva Woodgate y el aprovechamiento mediático y político del crimen, tres elementos que están relacionados entre sí como el hambre y las ganas de comer. En este sentido la actitud de De Narváez no puede ser más desafortunada, incluso mezquina."A la provincia la controlan las mafias" dijo

De Narváez "patoteando"

Como se ve la moderación y el llamado al diálogo que siguieron a la derrota del 14, en el caso de este dirigente de extraños vínculos con personajes del narcotráfico, fueron hechos "de la boca para afuera" y pronto volvió a las andadas tratando de hacer responsables al gobierno provincial de Daniel Scioli y al nacional de Cristina Fernández de la muerte de la niñita. Es realmente inmoral. Pero es la vuelta del todo vale para conseguir sus objetivos. Esta actitud la comparte con el núcleo duro de la oposición en crisis. Se verá en octubre si han elegido el camino correcto.

Lo cierto es que hay un tema de fondo, el de la inseguridad en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires y el de la existencia de asociaciones delictivas o "mafias" que no se puede negar. Ahora bien, ignorando sus reales causas y apuntando solamente a las consecuencias, por ejemplo, pedir la "pena de muerte" que es un eslogan recurrente, no se solucionará el problema, tampoco lo hará endurecer la ley o bajar la edad de criminalización.

¿Cuáles son las causas de estas nuevas formas de la delincuencia? y, por sobre todas las cosas, ¿Cómo se corrigen?. Ese es el gran tema sobre el cual los políticos honestos tanto del gobierno, que tiene la máxima responsabilidad, como de la oposición, que la comparte, deberían ponerse de acuerdo en serio y dejar de lado toda conveniencia particular. Porque su solución es de interés general o, como a algunos les gusta declamar es en bien de la gente, yo prefiero, en cambio, decir pueblo.

Los años del terror

Para encontrarlas hay que volver atrás en el tiempo. Durante la dictadura del 76 al 83, y en especial hasta la guerra de Malvinas, se produjeron varios cambios muy profundos de naturaleza económica, política y social en aquello que se considera aceptable para la sociedad, los que trajeron como consecuencia cambios en la moral. Por ejemplo, con la excusa de aniquilar a la subversión, el Estado detentó un poder omnímodo sobre la vida, la muerte y las propiedades de todos los habitantes, que dejaron de ser ciudadanos y perdieron todos sus derechos desde el mismo dia 24 de marzo de 1976.
Con este poder en las manos la junta criminal que representaba al Estado mismo, secuestró, torturó, asesinó, se apropió de niños y niñas nacidos en los centros clandestinos de detención. robó propiedades y bienes de desaparecidos e incluso de ciudadanos que nada tenían que ver con las organizaciones guerrilleras o políticas y estos delincuentes, militares y civiles, negociaron con total impunidad esos bienes como si fueran propios. Cinicamente los llamaron "trofeos de guerra" cuando eran el producto de simples robos.

Por ello el juicio a los culpables de la apropiación de niños y niñas y de las torturas y el asesinato de personas detenidas de forma clandestina debe ser seguido por el juicio a los civiles que participaron del aquelarre dictatorial y se beneficiaron de sus productos. Beneficios indebidos que algunos aún gozan.

Se que esto suena utópico, especialmente si se tiene en cuenta que muchos de los que están en esta situación aún conservan un poder nada despreciable y están enquistados en todos los estamentos: empresarial, sindical, judicial, eclesiástico, etc. Pero sin este proceso debidamente garantizado no se habrá hecho justicia, no se habrá restaurado completamente el estado de derecho y no se habrán recuperado los valores morales perdidos. Estos crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de admistía u olvido.

Sin embargo hay que agregar que la situación descripta no es exclusiva de nuestro país, aunque en él haya tomado ribetes especialmente graves. El mandato, si así se quiere decir, provino del norte, de los EEUU, que en esa época y luego de tener éxito en el derrocamiento de Allende, promovieron la instalación en toda américa latina de dictaduras militares. Incluso orientaron los métodos criminales que estas dictaduras aplicaron. Todo esto está debidamente documentado, porque si algo hay que reconocerles a los yanquis es que documentan todo. Baste recordar las cintas de las conversaciones entre John Kennedy y Einsenhower durante la crisis de los misiles de Cuba o las famosas cintas del watergate de Nixon.

Durante los noventa e incluso antes, desde los mismos EEUU se propició la vuelta a una democracia controlada y orientada hacia la supremacía de la economía por sobre la política y, por supuesto, la orientación de esa política económica era el neo liberalismo propiciado por Reagan y administrado por el FMI.

Menem y "Su", muy jóvenes

Si los setenta significaron la pérdida de valores como la defensa de la vida y del estado de derecho, también implicaron la destrucción del tejido productivo industrial con una enorme pérdida de empleos disimulada en parte por el endeudamiento externo, los noventa significaron, entre otras cosas, la pérdida de valores tales como la importancia de lo colectivo, el reemplazo de una solidaridad profunda por el simulacro de las colectas faranduleras que eran tan comunes en la TV de esos años. Incluso se acuñó por esos años el feo término -que aún conserva su significado- de "farandulización de la política".
Esa festichola estuvo acompañada por la de las privatizaciones que llevaron a la enajenación del patrimonio nacional acumulado por generaciones, junto con un irresponsable endeudamiento externo que condujo al país al estrangulamiento financiero y al default, anticipando en una década la crisis global de las economías de los países desarrollados. Al igual que en la dictadura, este proceso que llevó al país a la bancarrota y a millones de argentinos a la pobreza extrema y a la desesperación, tuvo además de responsables políticos, Menem, Cavallo, De la Rúa, etc, sus correspondientes apoyos empresariales, judiciales y eclesiásticos.

Tampoco en esto estuvimos aislados y de igual forma en que los EEUU propiciaron las dictaduras criminales también lo hicieron con el exacerbado individualismo y egoísmo social de los noventa. Pero de una forma mucho más mediada por la globalización. Al punto que hoy, el gobierno de Obama y especialmente su pueblo sienten la presión del establishment por imponerles recetas neoliberales similares a las de los noventa que seguramente provocaran recesión y desempleo entre las clases populares pero a la vez harán a los ricos más ricos en términos absolutos.

Todas estas pérdidas de valores humanos y patrimoniales se han ido depositando como capas geológicas sobre el alma y la vida cotidiana de los argentinos. Están ahí aunque no siempre las percibamos. Estuvieron allí, por ejemplo, durante los incidentes del Indoamericano, tanto en las reacciones de algunos de los vecinos de Villa Soldati, como en las del máximo responsable institucional de la ciudad Mauricio Macri. Están ahí en la decadencia del hospital y la educación públicas. Estuvieron presentes también en las calles de Hurlingham.

Y están detrás de la muerte de Candela y también del irresponsable aprovechamiento mediático y político que provocó.

Los políticos opositores deben comprender que la actitud de responsabilizar siempre al gobierno es de dudoso rédito político y no contribuye en nada a la solución del problema. Es contradictorio, por ejemplo, oponerse a León Arslanian cuando estaba a cargo de la seguridad en la provincia de Buenos Aires y limarlo políticamente por "garantista" y luego reclamar por el fin de la entente criminal policial.

Pero además y simultáneamente hay que atacar seriamente dos problemas. Uno es la pobreza y sobre este tema a pesar del impacto muy positivo de la A.U.H. queda mucho por hacer en cuanto a trabajo y vivienda dignas, por ejemplo, el generar polos de desarrollo en el interior del enorme país que tenemos que impulsen una redistribución demográfica de la población apoyándola con beneficios impositivos, vivienda y oportunidades de capacitación en el trabajo.

Pero entre estas cosas debemos dejar atrás el fetiche yanqui, la idea equivocada que los dirigentes, políticos y sociales de ese país ven mejor y más lejos en el tiempo lo que nos conviene a nosotros. Esa es la gran enseñanza de la historia remarcada por esta crisis global provocada en gran medida por los propios EEUU y su ansia desmedida de controlar el mundo, cuando es incapaz de controlar su propio territorio y asegurarle el bienestar a sus habitantes.

Hay suficientes muestras de que esto es así y que no necesitamos, es más, no nos debe interesar ni un poquito así -por lo menos por ahora- lo que estos supuestos genios tengan para decirnos sea esto a favor o en contra. Si nos comprenden mejor, bienvenido sea, si se muestran solidarios mejor aún, pero no lo necesitamos ni lo esperamos, mucho menos de sus dirigentes sean estos políticos o empresarios.

Ilustración del artículo del NYT

Recientemente se ha publicado en algunos diarios de la capital, no en todos por supuesto, un artículo de un periodista yanqui un tal Ian Mount que es autor del libro "El viñedo en el Fin del Mundo: Enólogos Maverick y el Renacimiento del Malbec."
El tipo sabe de vinos, evidentemente visitó Mendoza y aparenta conocer -hasta ahí- a la argentina. Escribió una nota editorial en el New York Times que ha causado cierto revuelo porque sugiere que los EEUU podrían aprender algo positivo de cómo Argentina superó la crisis de la deuda del 2001.
Este es el objetivo fundamental de su nota, sin embargo, hacia el final pone en apretadísima síntesis una serie de objeciones sobre como se lleva adelante la política gubernamental que revelan la "visión desde el imperio" de la línea editorial del NYT.

A pesar de ello, de los diarios locales solo Página12, Tiempo Argentino, La Prensa y los diarios económicos Ámbito y el Cronista, le dieron difusión al editorial. Desde luego no tuvo la más mínima mención en La Nación o Clarín. Pesaron más las alabanzas que las críticas. Como si la ominosa sombra de Papel Prensa dictase la línea editorial de ambos diarios pretendidamente "independientes".

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Mensaje para el opinador Morales Solá

Adelantos de lo que vendrá

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION
Miércoles 31 de agosto de 2011 | Publicado en edición impresa

SI NO ACERTASTE PARA NADA EN LO QUE FUE, ¿COMO TE ATREVES A HABLAR DE LO QUE VENDRÁ?

ESTO ES LO QUE VOS FUISTE: UN COLABORADOR

"EL SILENCIO ES SALUD" ¿TE ACORDÁS?

Esto no es un ataque a la libertad de expresión, es un acto en su ejercicio y además y según lo creo, un acto en su defensa. Del señor se dice que es periodista y hasta debe tener carnet y con seguridad habrá recibido honores por su trabajo, pero en realidad su trabajo actual es ser apenas un opinador a sueldo.

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Sábato, Cafiero y los Dos Demonios

Editorial de La Nación del 2 de mayo de 2011.
Cafiero y los sucesos de los 70
"La visión del ex ministro de Juan Perón e Isabel Perón debería ser considerada por quienes investigan la violencia setentista."
El editorial se manifiesta a favor de que la justicia, la Corte Suprema, debería declarar a los delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras en los años 70, "delitos de lesa humanidad" y por ello imprescriptibles.

Y lo hace a partir del testimonio que diese Antonio Cafiero, el 12 de abril de 2011, en la causa que investiga la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure. (el link lleva a la actuación judicial completa)

Según La Nación, Cafiero dijo en esa oportunidad (una versión reducida pero más completa se encuentra aquí) las siguientes afirmaciones clave:

a) "la guerrilla respondía a una ideología revolucionaria, en tanto pretendía cambiar el orden jurídico constitucional del país".

b) "si triunfaba la guerrilla hubiera habido una dictadura y no habría quedado espacio para vivir en república o democracia".

c) "practicaban el entrismo", que consistía en que "estas organizaciones guerrilleras trataban de penetrar en los cuadros políticos y gremiales del partido peronista y sus fines eran "dejar de lado los viejos principios del peronismo" y lograr "la adopción del marxismo como sistema central de ideas".

d) atribuyó la muerte de Rucci y del padre Mujica a la organización Montoneros.

e) "Cree" que las organizaciones guerrilleras realizaron un ataque sistemático a la población civil para imponer un plan criminal. (aunque reconoce que, como Ministro de Economía, era poco lo que sabía sobre cuestiones militares).


Esta no es la primera declaración de Antonio Cafiero ante un tribunal que juzgue una causa de violacion de los DDHH. El 15 de junio de 2010, Cafiero se presentó como testigo citado por la defensa del ex-general Menendez. Tanto en esta ocasión como en la más reciente el intento es el mismo, probar que la guerrilla estaba en condiciones de tomar el poder e instalar en el país una dictadura. La simple lectura de los argumentos esbozados por Cafiero hace patente la extrema debilidad de esa tesis. La posibilidad, que siempre estuvo en el plano de las intenciones, de la guerrilla del ERP de liberar una parte del territorio y obtener así reconocimiento internacional ya había sido derrotada en Tucumán durante el gobierno constitucional mediante el operativo "Independencia" comandado por el ex-general Buzzi. El propio Buzzi lo afirmó al hacerse cargo del gobierno de la provincia luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Argumenta el editorial de La Nación:
"Nuestra Justicia debe determinar, en cada caso individual, si el conflicto violento que azotó a la Argentina en la década de los años 70 constituyó, o no, un conflicto armado interno. Para algunos, se trató tan sólo de enfrentamientos inorgánicos, esporádicos y aislados. Para otros, en cambio, habría existido un ataque masivo y sistemático a la población civil. Si hubiera sucedido lo primero, los delitos cometidos por la guerrilla podrían haber sido delitos comunes y podrían, por ende, estar prescriptos. Si, en cambio, se hubiera tratado de un conflicto armado interno, los crímenes serían delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.

La cuestión sigue estando abierta y presumiblemente lo estará hasta que nuestra Corte Suprema se pronuncie claramente sobre la cuestión."

La discusión no es nueva y La Nación solo trata de reavivarla desvirtuando los hechos como si ciertos cambios trascendentales no hubiesen ocurrido. Cambios Legales e Institucionales y, lo que es más importante, cambios en la Conciencia Ciudadana. Hagamos un poco de historia.

En el prólogo escrito por Ernesto Sábato, de la primera edición del libro Nunca Mas que constituyó el informe público de lo actuado por la CONADEP creada por el Presidente Raúl Alfonsín, se decía:

"Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: «Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura».


No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos."

Este párrafo y en especial las dos primeras líneas, las que dicen:

"Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países.", respondían  a lo que se conociera como la "Teoría de los Dos Demonios" que estaba en la base de la política de derechos humanos del gobierno de Alfonsín, de juzgar solo a las cúpulas de las fuerzas armadas y de la guerrilla. Tal política en realidad nunca tuvo éxito.

Años después esa teoría fue seriamente criticada, como así también el prólogo de Sábato. En la segunda edición del libro se incluyó, sin quitar el original, un nuevo prólogo donde esta revisión se hizo expresa. Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y otros organismos manifestaron públicamente su acuerdo. Por el contrario, algunos de los miembros de la CONADEP como Magdalena Ruiz Guiñazú su desagrado.

En el mismo informe de la CONADEP fue inevitable, dados los testimonios recibidos, que apareciesen los nombres de los responsables directos de las torturas y secuestros. La respuesta del gobierno para evitar que los juicios se extendieran fue la modificación del Código de Justicia Militar introduciendo la figura de la Obediencia Debida.

Pero eso tampoco funcionó y los juicios y la amenaza de desestabilización impulsaron primero la sanción de Ley de Punto Final y, más tarde durante el gobierno de Menem, los vergonzosos indultos que se aplicaron tanto a los condenados en el Juicio a las Juntas, como a los que lo fueran por parte de tribunales civiles ordinarios. Eso posibilitó, entre otros, tanto la libertad de Videla como la de Firmenich. Los Dos Demonios libres y exorcizados. El país finalmente pacificado. El sueño de Menem cumplido


No lo estuvo del todo. Las leyes de la impunidad habían dejado afuera los casos de sustracción y cambio de identidad de hijos de detenidas desaparecidas. Y estos casos, aunque con lentitud siguieron avanzando a pesar de que gran parte de la clase política y los medios se manifestaban en favor de la "pacificación" y de "no reabrir viejas heridas". Además y por el contrario los organismos de derechos humanos no cejaban en su exigencia de Memoria, Verdad y Justicia y las encuestas de opinión indicaban que la mayoría de la población estaba a favor de la acción de la justicia y en contra de la impunidad, a pesar de la insistencia de los medios de comunicación dominantes apoyados por conocidos juristas "expertos" de que el tema era "cosa juzgada". Aquí se puede encontrar un muy buen análisis de la situación político-judicial antes del 2003.

Todo cambia con la asunción en el 2003 de Néstor Kirchner. El toma dos decisiones que son determinantes: la primera es someter a juicio político a los miembros de la corte menemista, y renovarla reduciendo la cantidad de miembros de 9 a 7. La "Mayoría Automática" de Menem que servía de resguardo último de la impunidad llegó a su fin. La corte se renueva en sus miembros y se prestigia notablemente con ello. A pesar de que algunos pocos lo nieguen, para la gran mayoría de la opinión, incluso de la oposición política la nueva Corte Suprema no es "kirchnerista".

La segunda medida fue enviar al Congreso una Ley declarando inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La base para declarar la inconstitucionalidad de estas leyes radica en la imprescriptibilidad de los delitos que intentan proteger. Estos delitos son declarados de Lesa Humanidad y, en consecuencia, imprescriptibles.
Primero fueron declarados así por la Cámara Federal y luego este criterio es confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según estos fallos e interpretaciones desaparecen TODOS los límites existentes al juzgamiento de los delitos cometidos durante la ejecución (1976-1983) por parte del estado del plan sistemático y criminal que respaldado por la Doctrina de la Seguridad Nacional suspendió las garantías individuales establecidas por la Constitución Nacional. Cualquiera que se haya visto damnificado, o sus descendientes, por el accionar represivo puede presentarse ante la justicia e iniciar una demanda.

Todos conocemos la consecuencia de estos cambios: la reapertura de los juicios que aún hoy continúa y la condena de numerosos delincuentes represores de diverso nivel de responsabilidad. Incluso hoy se trata de llevar adelante, entre otros, los juicios contra los delitos económicos cometidos por civiles durante la dictadura militar.

Es en el marco formado por estas nuevas realidades en el que debe ser leído el editorial de La Nación, que expresa la opinión y los temores de un sector del stablishment económico, político y judicial. El temor a que los delitos en los que se saben involucrados sean finalmente juzgados.
El cuestionamiento, en general,  a las decisiones jurídicas de base que fundamentan la declaración de lesa humanidad y de imprescritibilidad continúa a pesar de que éstas han sido inobjetables y perfectamente legítimas.
En el caso del editorial, que es tomado solo como un ejemplo de múltiples expresiones similares, lo que se busca es equiparar el accionar represivo del estado al accionar subversivo de los organizaciones guerrilleras. Y presionar a la Corte Suprema para que se expida en ese sentido. Si esta equiparación es posible, entonces los delitos cometidos por éstas organizaciones son también imprescriptibles como delitos de lesa humanidad.

Pero nuevamente la interpretación de la Cámara Federal y ciertos fallos de la Corte Suprema (como el rechazo de la extradición de un miembro de ETA a España) rechazan con diversos argumentos esta pretensión. Esencialmente los delitos cometidos por los guerrilleros durante su accionar deben ser considerados delitos comunes y por lo tanto prescriptos. 

Sin duda es el temor debido a la mala conciencia sobre los abusos de poder cometidos contra ciudadanos indefensos y los delitos imprescriptibles que los acompañaron lo que hace que medios poderosos como Clarín y La Nación y sus medios y asesores satélites insistan en cambiar lo que ya es una jurisprudencia bien fundada. Deben considerar que la amenaza de llevar a juicio a un buen número de militantes sociales, intelectuales y funcionarios gubernamentales constituiría un arma de presión muy poderosa con la cual protegerse y proteger sus intereses.

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