El documento fundamental desde el punto de vista jurídico es el primero, la Carta Internacional de los DDHH, que tomó estado legal para los países signatarios en 1976. En ella se inscriben dos pactos uno referente a los Derechos Civiles y Políticos y el otro referente a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El trasfondo de esta diferenciación -entre derechos políticos y derechos sociales- lo suministra la guerra fría entre los dos bloques que emergieron de la segunda guerra: el bloque capitalista y "democrático" encabezado por los EEUU y el bloque comunista y supuestamente "antidemocrático" encabezado por la URSS. En tanto los primeros elegían poner énfasis sobre los derechos políticos, el otro bloque lo hacía sobre los sociales. La discusión claramente se inscribía en la dialéctica de la lucha ideológica entre ambos bloques que establecía prioridades de acuerdo a proyectos políticos opuestos.
Un aspecto del tema es que desde el punto de vista conceptual e incluso filosófico los derechos humanos constituyen un solo cuerpo de derechos, cuanto más énfasis se ponga en un grupo de derechos por sobre el otro probablemente más se estén violando activamente por parte de los Estados los derechos de las personas. Pero esta consideración, a pesar de su importancia, no es la única a tener en cuenta.
Es necesario al respecto de los DDHH, bajarlos al plano real, anclarlos en el barro de la historia.
Es que las obligaciones de respeto a los DDHH lo son primariamente de los Estados y aunque los grupos empresarios, gremiales, religiosos o sociales en general, son en si mismos capaces de violar esos derechos, le corresponde a los Estados Nacionales, tanto dentro como fuera de sus fronteras llegado el caso, hacerse cargo del problema y poner límite a la violación. En suma, la responsabilidad recae sobre los gobiernos de forma directa pero no se extingue con ellos porque el responsable siempre es el Estado Nación al que se lo supone permanente. Naturalmente subsiste el problema real cuando este Estado Nación no existe o su existencia es precaria, como ocurre y ha ocurrido en torno a diversos conflictos políticos, étnicos y religiosos en varias partes del mundo.
Los Estados, los DDHH mismos, los diversos grupos de intereses, no son solo entidades teóricas susceptibles de análisis y clasificación, son objetos y comportamientos sociales y políticos reales. Las sociedades no están determinadas solo por la convivencia pacífica de los intereses contrapuestos sino y especialmente, por la existencia de conflictos irresueltos surgidos de estos mismos intereses. Es notable que los análisis teóricos que suponen las diversas declaraciones internacionales no tomen en cuenta este punto fundamental. La existencia en la realidad de serios conflictos de intereses. No es de extrañar entonces que las declaraciones se transformen con demasiada frecuencia en papel mojado y simplemente se las ignore por parte de aquellos que dicen respetarlas.
Los ejemplos sobreabundan, el más reciente: el reconocimiento por parte del gobierno de los EEUU de que ha practicado de forma sistemática y organizada la tortura y la privación indefinida de la libertad como método para obtener información y que en esa práctica, prohibida expresamente por las convenciones que ha firmado, ha involucrado, además, a otros Estados convirtiéndolos en cómplices voluntarios o involuntarios.
Siempre existe entonces la posibilidad real de intentar justificar un mal si el objetivo es evitar un mal mayor. Los DDHH se convierten entonces en un ideal relativo puesto al servicio de un interés particular y que puede ser suspendido por razones de Estado, del mismo Estado que firmó la obligación de su respeto irrestricto. Y peor, esa evidente violación puede no tener castigo porque no hay fuerza en el mundo que se lo pueda imponer. Impunidad que es la antítesis del respeto. Predominio que es la antítesis de la igualdad.
La dictadura argentina instalada en 1976 -apoyada por los EEUU y por buena parte del empresariado local, de los partidos políticos y de las iglesias- violó sistemática y organizadamente todos los DDHH declarados en la Carta Internacional y lo hizo con una escusa muy similar a la empleada por el gobierno estadounidense. Violó tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. Nuestro país era y es un signatario de la Carta. Cuando sus propias contradicciones internas y el cambio del escenario mundial provocaron su caída en 1983 y se iniciaron los juicios por la responsabilidad del Estado en las violaciones a los DDHH, diversas medidas del ejecutivo, del legislativo y del poder judicial coincidieron en limitar la responsabilidad de esas violaciones a las cabezas del poder ejecutivo dictatorial y, a pesar de ello, la política de DDHH del primer gobierno democrático fue aplaudida en el mundo como un hecho casi único, sin casi precedentes. Lo que simplemente demuestra las escasas ocasiones en que los crímenes contra los DDHH son juzgados y condenados.
Durante un tiempo, tal vez demasiado largo, pareció suficiente. Tarea cumplida. Incluso vinieron los inmorales indultos. Todos "reconciliados" entonces. Los DDHH volvieron a su condición de ideales, de esas cosas que se ponen en la vitrina o la biblioteca y ya no molestan.
Afortunadamente para todos hubo un grupo relativamente pequeño de actores sociales, los organismos no gubernamentales de DDHH, que insistieron con que ese estado de cosas estaba muy mal, que finalmente los DDHH se habían ido por la alcantarilla del olvido y la injusticia y que era necesario recuperarlos, sacarlos de la vitrina y exponerlos a la luz.
A la cabeza del reclamo estaban la reapertura de los juicios por los crímenes cometidos por la dictadura en contra de la oposición política. A partir de 2003 por decisión política del gobierno encarnado en Néstor Kirchner se logró que el Estado se hiciera cargo de lo que fue un plan sistemático de aniquilación de la oposición, se calificó legalmente a ese plan como genocida con la intervención de los tres poderes del Estado, se derogaron los inmorales indultos (no había reconciliación ninguna) y en ese proceso todavía estamos, con las miserias de los campos clandestinos que continúan saliendo a la luz, pero también con 106 hombres y mujeres que ya adultos recuperaron su identidad perdida de niños robados. Horrores y alegrías revividos. Doloroso pero para bien. Sin Memoria, Verdad y Justicia no hay futuro, solo basura bajo la alfombra del olvido.
El apoyo e intervención más o menos solapada de los EEUU en la nuestra y en la totalidad de las dictaduras militares que se enseñorearon de Sud y Centro América en los años 70 es una prueba directa de que no solo estaban involucrados intereses de tipo ideológico sino también económicos. Lo común a todas ellas es la instalación de un proyecto económico neo liberal que afianzara el carácter de productores de materias primas y alimentos en detrimento de la industria sustitutiva y que diera lugar a la extranjerización y concentración de esos sectores controlando toda la cadena de valor.
Un proyecto así solo se sostiene con la violación por parte de los Estados de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. La libertad de asociación, de agremiación, de expresión fueron seriamente limitadas y las organizaciones que aún sostenían las apariencias de libertad fueron coptadas por el Estado autoritario.
En cuánto al sector empresarial que había prestado su apoyo a la instalación de la dictadura militar hubo ganadores y perdedores en función del proyecto neoliberal. Pero lo central, a mi juicio, en este tema es cuál fue el grado de participación empresarial en la instrumentación concreta del genocidio.
Los juicios por la Verdad han puesto de manifiesto que la colaboración iba desde la participación directa, denunciando opositores y suministrando infraestructura para la represión, hasta apoyos menores más ideológicos y propios del beneficio económico. En este tema, como en todos, los grados de participación son importantes para deslindar responsabilidades sobre los crímenes cometidos.
Lo mismo ocurre con los sectores e individuos de las Iglesias, especialmente de la Católica. Sin esa alianza, militar, empresarial y eclesiástica la dictadura no podría haber encarado con éxito la enorme tarea represiva que acometió con evidente éxito temporal. También en ese sector, el eclesiástico, hay diversos grados de responsabilidad pero que aún permanecen mayormente fuera de la luz pública.
Desde 2003 hasta aquí la continuidad en el gobierno nacional de un proyecto reparador de los DDHH no se ha limitado a los derechos civiles y políticos, considerados de primera generación, sino también a reparar la violación de los derechos de segunda generación, los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Sería casi imposible enumerar de forma completa todos los derechos recuperados, el derecho a un trabajo y vivienda dignos, el derecho fundamental a la alimentación, la educación y la salud, a la libre expresión y el respeto por las minorías étnicas, de género y culturales (considerados por algunos derechos de tercera generación).
El logro del pleno cumplimiento de estos derechos es naturalmente progresivo porque requiere de la movilización y cambio del conjunto social pero las acciones por parte del Estado tienen que ser claras, decididas e inmediatas. Allí donde se viola un derecho la presencia del Estado para defenderlo y recuperarlo debe ser contemporánea. Eso es lo que garantiza el actual proyecto nacional y popular.
Por esa razón, porque los DDHH no se reducen a los de primera generación, ni mucho menos a los juicios por los crímenes cometidos por militares y civiles durante la última dictadura cívico, militar y eclesiástica que aún continúan abiertos y su finalización es imposible de prever.
Es que el tema de los DDHH en Argentina, ni en ningún otro país del mundo, admite ningún tipo de cierre como proponen por ignorancia o puro cinismo ciertos candidatos de la oposición que pretenden restaurar en nuestro país modelos neo liberales que son esencialmente violatorios de los derechos humanos esenciales.
bastadeodio
