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domingo, 20 de noviembre de 2011

Clarín, La Nación y la pobreza

Los titulares del sábado 19 de noviembre de La Nación y Clarín se ocupan de la pobreza. La Nación con un titular tipo escándalo, Clarín es algo más moderado pero también sitúa la "noticia" en primera plana.

La realidad es que ni se trata de un estudio de "la iglesia" ni se trata de un estudio reciente sino de uno que tiene un año de antigüedad y su vinculación con la Iglesia Católica es indirecta. ¿Porqué se publica ahora?, es la pregunta obvia. Se puede especular, pero la verdadera razón de la demora la conocen sus autores, o mejor su autor, y quienes la publicaron y difundieron. ¿Cómo es esta historia?. El informe, que significativamente no está disponible en el sitio web del Observatorio como ocurre con numerosos otros informes, sino que según afirman les fue entregado en mano a los asistentes a la presentación que se realizó el viernes 18 en el Salón del Colegio La Salle. La Nación, comenta el informe de esta manera:

"Un cóctel preocupante de pobreza, inseguridad, riesgo alimentario, empleo precario y déficit de viviendas envuelve a gran parte de los 12,8 millones de personas que viven en el área metropolitana de Buenos Aires, formada por la Capital Federal y 30 municipios aledaños.

Así lo refleja un informe presentado ayer por Cáritas, el brazo social de la Iglesia, y el Observatorio de la Deuda Social Argentina (que no depende de Cáritas sino de la UCA), que advierte que el 34,9% de la población, unos 4,4 millones de personas en esa área metropolitana, vive bajo la línea de pobreza.

El índice duplica la medición del Indec, para la cual es pobre el 15,2% de los habitantes, dato mencionado en el informe. La diferencia se explica porque mientras que el cálculo oficial toma un ingreso de una familia tipo de 1250 pesos por mes para acceder a la canasta básica, la investigación presentada en la Universidad Católica Argentina (UCA) considera que el ingreso familiar debe ser de $ 2150 mensuales." (Las itálicas son mías) 

Características del estudio:
El estudio fue realizado por encargo de Cáritas al Observatorio de la Deuda Social  Argentina (ver aquí) un instituto de investigación social de la Universidad Católica Argentina, dirigido por la especialista en comunicación social Alicia Casermeiro Pereson y en cuyo staff está integrado el responsable del estudio que es Agustín Salvia. (Ver curriculum)
El trabajo de campo se realizó en el último trimestre de 2010. La investigación se basa en una muestra de 1722 hogares.

Acerca del director, Agustín Salvia; algunas significativas expresiones vertidas por él en un seminario dictado en el MPA (Movimiento Productivo Argentino) de Eduardo Duhalde:

“El derecho a vivir libre de la pobreza implica mucho más que acceder a una canasta básica de consumos. Significa el libre ejercicio y desarrollo de las capacidades humanas”.
“Un aumento en los ingresos no implica necesariamente un mayor desarrollo humano”.
“Las sociedades pobres se plantean necesidades pobres”.
“La Argentina tiene casi un 50% de la población con derechos básicos humanos incumplidos”.
“Hay que multiplicar por tres, más o menos, las cifras oficiales de la inflación para ver la real”.
“El 20% (2 de cada 10) de los niños se encuentra en riesgo severo alimentario. No se mueren por la atención clínica, pero no desarrollan sus capacidades físicas”.
“Desaprovechamos 5 años de oportunidades. Hemos acumulado subdesarrollo a pesar de haber crecido al 8% anual”.
(los dichos citados fueron formulados en un seminario dado por el autor, en el MPA en el 2009)

Otra opinión de Salvia, esta vez para una revista del grupo Clarín:
"...cabe señalar que el estudio de la Deuda Social también muestra resultados relevantes sobre el clima político. La confianza ciudadana en el Gobierno nacional, después de un crecimiento entre 2004 y 2007, descendió visiblemente en el año 2008, y llegó sólo a un 18% de valoración positiva en 2009. Por otra parte, las instituciones de representación de intereses como los sindicatos, los partidos y los movimientos “piqueteros” continúan siendo los actores que cuentan con más baja credibilidad social (11%, 7% y 4%, respectivamente). En sentido contrario, siguen siendo los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales las depositarias de mayor reconocimiento por parte de la población (40% y 60%, respectivamente).
30 de setiembre de 2010, Agustín Salvia
(La itálicas son mías. Para Salvia, sutil analista, es como si los festejos del bicentenario -que cambiaron el clima político y la percepción de la mayoría de sus colegas- simplemente no hubiesen ocurrido y las "mediciones" realizadas durante el 2008-2009 se pudiesen extrapolar sin problemas a setiembre del 2010)

Continúa la nota del diario La Nación:

"La difusión del relevamiento ratifica la decisión de la Iglesia de poner el ojo en la situación social, más allá del cambio de autoridades en el Episcopado y del reciente gesto de acercamiento que tuvo el nuevo presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, al reunirse la semana última con la presidenta Cristina Kirchner."

"En la presentación del informe acompañaron a Salvia los directores de Cáritas de Buenos Aires, Daniel Gassmann, y de Lomas de Zamora, Marcelo Dallorso, quienes insistieron en la necesidad de pensar más allá de la urgencia y emprender "políticas de mayor integración social". El padre Emilio Gabrielli, vicepresidente de Cáritas San Isidro, valoró la acción coordinada de las organizaciones de la sociedad civil y llamó, no sólo a asistir a los que lo necesitan ayuda inmediata, sino a combatir las causas profundas de la marginación." (Las itálicas son agregadas)

Es de destacar que en la presentación no estuvieron involucradas las máximas autoridades de Cáritas Argentina, sino que oficialmente solo dan a conocer su existencia en el sitio web de la institución pero sin que sea posible acceder allí a su contenido ni éste merezca algún comentario detallado (ver aquí)

Veamos que dice al respecto el diario Clarín:

"La Iglesia –en base a una encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la UCA– presentó ayer un severo diagnóstico social del área metropolitana (Capital Federal y 30 partidos del gran Buenos Aires).
De todas formas, la encuesta volvió a poner en evidencia las grandes diferencias con la medición de pobreza del INDEC , ya que mientras el Observatorio de la Deuda Social la ubica en el área metropolitana (AMBA) en el 35 por ciento, el instituto oficial, en apenas el 15 por ciento.
El trabajo –que patentiza severos déficits en materia laboral (trabajo en negro y precariedad); de vivienda y agua potable, como también los problemas de hacinamiento y sanitarios, junto con la deserción escolar, entre otros– se conoce en momentos en que el Gobierno inició un proceso de reducción de los altos subsidios a los servicios públicos.
Lo que, más allá de los anuncios de que sólo afectarán a los sectores más pudientes, preanuncian un impacto en vastos sectores de la población. Y su consiguiente repercusión en la inflación."(las itálicas son agregadas)

Hay diferencias entre el tratamiento que le dan a la "noticia" La Nación y Clarín además de la ya mencionada forma de destacarlo en sus titulares, y las veremos más adelante. Sin embargo son más relevantes las coincidencias porque revelan una estrategia general de estos medios y de los institutos que les sirven la información.

Las coincidencias:
Lo primero que se puede notar es que los titulares son engañosos ya que parecen a referirse a mediciones correspondientes a todo el país -como es el caso de las que publica el INDEC- pero en realidad solo consiste en un estudio muestral (1722 casos) sobre el área metropolitana y el conurbano bonaerense. Estos estudios estadísticos son algo muy distinto y mucho menos significativo desde el punto de vista del conocimiento de la realidad social que la combinación de los datos de los censos de población, uno muy reciente, y la encuesta permanente de hogares que permite actualizarlo de una manera metodológicamente correcta como lo hace todos los años el INDEC.

Ninguna de estas aclaraciones por supuesto figuran en las notas. Ocurre todo lo contrario, este estudio, y lo mismo ha sucedido con otros similares anteriores que aparecen como por arte de magia periódicamente, afirman que sus "mediciones" son más confiables es decir más verdaderas que las que ofrece el INDEC y la razón es siempre la misma.
Como ningún científico social serio puede afirmar que las metodologías de medición social del INDEC son incorrectas o que falsean la realidad de los datos sociales, lo que hacen es dos cosas. La primera cuestionan el monto de la canasta básica que sirve de base y la segunda consiste en cuestionar la medición de lo que llaman incorrecta pero interesadamente "inflación" y en realidad es el incremento en el IPC medido por el INDEC y en este caso consideran verdaderas las cuestionadas y engañosas "mediciones" de consultoras privadas.
Es la hipótesis "comodín", la que sirve para corregir a la baja o a la alta, según se trate, todas las cifras oficiales. Es, como se denomina en metodología, una hipótesis "ad hoc" utilizada en este caso con total impudicia, porque a las cifras de las consultoras privadas no les revisan el "pedigree" metodológico como hacen con las del INDEC, si lo hicieran -como es su obligación como investigadores- seguramente "otro gallo cantaría".
Duplicando el primer valor, la canasta familiar y triplicando la segunda, el IPC, es evidente que la cantidad de pobres de una muestra cualquiera, aunque esté bien tomada, se puede duplicar o triplicar con respecto a cualquier medición oficial, según la intención previa del investigador. Canasta Básica e IPC se transforman metodológicamente en lo que se denomina "parámetros ajustables".

Las diferencias:
La Nación procura involucrar a la Iglesia Católica y a sus máximas autoridades como avalando el informe presentado sin que medie ninguna declaración de sus autoridades ni pública ni privada al respecto y, como vimos, ni siquiera la presencia de sus autoridades más representativas en la difusión del informe. Lo que, a mi juicio, en el lenguaje sutil de la Iglesia, indica un compromiso débil con su contenido.

La Nación y Clarín son un equipo
 La inflación:
Clarín, si bien recurre a la misma atribución, en cambio va más allá de este aspecto. De manera injustificada y ambigua introduce como una variable el tema actual y "polémico" como les gusta calificar de la quita de subsidios. Como no existe ninguna evidencia -sino todo lo contrario- de que las capas de la población de menores recursos se vean afectadas por esta decisión gubernamental, el autor de la nota recurre a un argumento indirecto. Afirma que la quita de subsidios incidirá en la inflación (se atreven a afirmar que lo hará en 4 o 5 puntos) y por ende en las mediciones sobre la pobreza. El objetivo: meter miedo y crear un clima de incertidumbre con respecto al futuro.
El mecanismo por el cual la quita de subsidios producirá este efecto ni siquiera es mencionado, simplemente se da por hecho que tal cosa sucederá inevitablemente y eso es falso, por lo menos en el caso de los subsidios a los consumos domiciliarios, simplemente porque la quita no afecta al precio del servicio sino a lo que paga el usuario. Afecta la economía del usuario, eventualmente moderará los consumos de una franja de la población, pero no tiene porqué afectar al índice de precios y si lo hace presionaría a la baja y no al alza. Lo más probable es que incida de manera favorable en la economía produciendo una mejor utilización de la energía y evitando el derroche y el impacto ambiental.
Otra es la situación cuando se trate de empresas y comercios, pero eso lo sabe bien el gobierno y hasta La Nación da por descontado que la conducta a seguir será la de analizar caso por caso para minimizar el impacto negativo. En la imagen la primera plana de La Nación del domingo 20 de noviembre. (ver aquí)

La realidad:
Si bien se ha avanzado mucho desde la crisis del 2001 y el 70% alcanzado por la pobreza en los años que le siguieron disminuyó drásticamente, situación que la nota periodística olvida mencionar y si bien la indigencia ha disminuido de manera espectacular debido a la AUH, la pobreza continúa siendo una tarea pendiente de la democracia en la argentina. Su solución no depende solo del gobierno como pretenden resaltar estos diarios -pasquines sería un calificativo más ajustado- sino además del conjunto de los factores ligados a la producción y al trabajo, con especial énfasis en los empresarios y en las organizaciones sindicales. A los primeros les corresponde reinvertir las muy buenas ganancias que han obtenido con este modelo -tan criticado por estos mismos medios de comunicación- y no sacarlas del circuito productivo nacional y a los segundos les corresponde actuar de forma solidaria con aquellos que aún viven por fuera de la legalidad laboral con trabajos precarios o en negro. Este si que es un problema que atañe directamente a las organizaciones gremiales que deben denunciar estos abusos y al gobierno que debe fiscalizar y penalizar si corresponde. Es una tarea delicada porque aún en negro es preferible tener un trabajo que carecer totalmente de él. Según el propio gobierno nacional es allí -contra el trabajo no declarado- dónde se deberá librar la principal y difícil batalla contra la pobreza. Mejorar la calidad del empleo y de los salarios incluye necesariamente combatir el trabajo en negro.

Seguramente el camino para solucionar esta grave deuda social no es el de manipular la información y las cifras buscando dañar la imagen y poner en duda la habilidad del gobierno para atacar el problema, como hacen estos propagandistas del desánimo basándose en estudios incompletos, parciales y cuestionables.
No es haciendo propaganda, sino planteando el tema con seriedad y politizándolo en el sentido positivo del término la forma en la que los argentinos le encontraremos solución.
El gobierno persigue la equidad, la Iglesia Católica está obligada por su propia naturaleza a compartir este objetivo. Como dijo la presidenta debemos -todos los argentinos- defender lo logrado pero, como también dijo:
No me gustan las sociedades de mudos, pero tampoco las de tontos, que debaten cosas que nada tienen que ver con la realidad del país. Los convoco a no boicotear la Argentina, a no boicotear lo ya logrado. Hombro con hombro, cada uno desde su lugar, contribuir a construir un país mucho mejor, no sólo para nosotros, sino también para nuestros hijos, y los que vendrán”

Estas son las entradas anteriores de  bastadeodio  sobre estos temas, inflación y pobreza:

La Nación se preocupa por la pobreza: aquí
La Inflación y el INDEC: aquí
Inflación, costo de vida y elecciones: aquí
Macri miente hasta con la mortalidad infantil: aquí
Miente, Miente, Miente: aquí
Pino y el voto calificado: aquí


bastadeodio                                                       

miércoles, 5 de octubre de 2011

Pedofilia en la Iglesia Católica

Benedicto XVI: ¡Con los Pibes y los indefensos NO! (foto: El País)

Antes que me lo digan lo admito, el título no afirma nada nuevo, sin embargo, como veremos, que no sea nuevo no implica que el tema al que alude no sea importante para revelar una de las facetas más oscuras de la llamada "Justicia Internacional".

La Red de Sobrevivientes de Personas Abusadas por Sacerdotes, una ONG con sede en los EEUU, presentó ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya (TPI) una denuncia contra las principales autoridades del vaticano: el mismísimo Papa, Benedicto XVI, su secretario de Estado Tarcissio Bertone; Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio y ex secretario de Estado del Vaticano y el cardenal William Lavada, director de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). Este último tiene una responsabilidad directa ya que es el funcionario encargado de investigar las reiteradas denuncias presentadas. Cuando el actual Papa era el cardenal Ratzinger dirigió la CDF por lo que tuvo conocimiento de denuncias similares. (Más información desde una óptica diferente: en el diario El País)

En la denuncia se establece que el Vaticano -como Estado- ha protegido y evitado que se juzgara civilmente a sacerdotes fuertemente sospechados de ser pedófilos lo que, según la ONG, constituye un delito de lesa humanidad.
La denuncia está acompañada por más de 20.000 páginas de material de apoyo: informes, documentos de política y supuesta evidencia de los crímenes por parte del clero católico contra los niños y adultos vulnerables. Que a esta altura es más que un secreto a voces.
La intención de la Red, es que Moreno Ocampo abra un caso de oficio. “Altos funcionarios de la Iglesia, incluido Ratzinger, tenían conocimiento o tenían amplios motivos para tener conocimiento de la comisión generalizada de violencia sexual por sacerdotes y otras personas afiliadas a la Iglesia y, o bien optaron por hacer la vista gorda o adoptaron medidas para ocultar tanto los delitos como a sus autores”, afirmó la ONG en una presentación preliminar en mayo pasado.

Fortunato Malimacci, sociólogo especialista en temas de la Iglesia, opina que “Hay una complicidad muy grande entre el poder eclesiástico y el poder político, económico y judicial que se ha formado durante siglos. Se prestan servicios mutuos. En Estados Unidos, el propio catolicismo norteamericano fue el que reclamó a quien era secretario del Papa, el por entonces cardenal Ratzinger, para que se sancionara a esos sacerdotes. Y lo que sucedió fue que la enorme mayoría de las veces Ratzinger lo "encarpetó", es decir que las denuncias no prosperaron. La política que tuvo el Vaticano fue enviar a los sacerdotes a otro lado, cambiarlos de país.”

La Red asegura contar con testigos dispuestos a dar información sobre casos de ocultamiento que trascienden “fronteras y generaciones”. Por eso, pretende que el fiscal los considere delitos de lesa humanidad. Entre los ejemplos que aportó para la evaluación del fiscal figuran casos aberrantes como el de un niño que fue violado por un sacerdote, el que luego llevó a la víctima a Miami para que "atendiera" a otros sacerdotes que llegaron de Roma para continuar con las vejaciones.

La Guardia Pontificia
El Vaticano, sin embargo, ha sugerido, pretendiendo minimizar el problema, que "solamente" entre un 1,5 y un 5 por ciento de los sacerdotes católicos han participado en el abuso sexual de niños.
Pero, según las estadísticas más recientes que ha divulgado el Vaticano, en 2009 había en todo el mundo 410.593 sacerdotes. Con las cifras de la Santa Sede, un simple cálculo indica que la cantidad de curas que habrían delinquido estaría entre 6.158 y 20.529  una cifra que indica la existencia no ya de unos pocos casos sino la presencia de un ejército de delincuentes, es más, las tropas del Vaticano, la famosa Guardia Suiza, tiene muchos menos soldados (solo 110). Sin embargo, la realidad es mucho peor todavía de lo que está dispuesto a admitir el Vaticano.

Esta situaciones se hunden en la historia de la Iglesia hasta sus orígenes con Constantino y se fueron haciendo comunes hasta el punto de convertirse en "una costumbre" clerical, en un "pecado" de la carne, moralmente condenable pero tolerado o disculpado en los hechos.

Uno de los problemas de fondo es el "conflicto de jurisdicciones". En efecto ante estas acciones delictivas de los curas y clérigos, en todos los casos en los que existe un Concordato entre el Estado Vaticano y el Estado Nacional de que se trate, se les aplica tradicionalmente el Derecho Canónico y no el Derecho Penal del país de residencia. En el derecho canónico la pena máxima prevista es la exclusión del sacerdocio del criminal y, en general, no se llega a esa instancia. Esta inoperancia del Derecho radica en que aquellos que lo deben aplicar, por lo común son juez y parte, ya que se trata de obispos bajo cuya órbita de responsabilidad actúa el acusado. Bajo estas condiciones la denegación de justicia a las víctimas es lo habitual. Además, en virtud de estos Concordatos, mal aplicados, los Estados generalmente no se inmiscuyen en las denuncias prefiriendo dejar actuar a la Iglesia para no generar un punto de conflicto diplomático con el Vaticano.
Solo muy recientemente -apenas 15 años- y ante la publicidad que alcanzaron en todo el mundo, incluido nuestro país, los hechos de éstas características perpetrados en perjuicio de miles de niños y niñas y de personas incapaces, el asunto salió de las catacumbas del silencio en las que pretendía mantenerlo el Estado Vaticano y resonó libre el escándalo. Sin embargo y aún así, los Estados involucrados prefieren no intervenir.

Aquellos que pretenden defender a la Iglesia afirman que estos casos de pedofilia y abusos sexuales son comunes en todos los establecimientos laicos o religiosos que reciben niñ@s y se producen en igual medida. Cínica argumentación. Un delito aberrante es aberrante lo cometa quien lo cometa, la cuestión es si el delincuente puede o no escapar a la sanción una vez que el caso ha sido debidamente probado ante un tribunal o incluso está en condiciones objetivas de evitar que se llegue alguna vez a esa instancia judicial. Esto es lo que está en cuestión y no una estadística sociológica de los delitos sexuales que tienen a los menores como víctimas.

"La CPI sólo puede investigar si verifica que el Estado que tiene jurisdicción no juzga el caso; se debería demostrar que Alemania, Australia, Austria, Bélgica o Italia no pueden o no quieren ejercer justicia.” explica Lucas Barreiro, coordinador de la Maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la UBA.

Es muy probable, por todo lo dicho, que la denuncia sea tal vez estudiada por el TPI con algún esmero y merezca quizás algún comentario público, pero que al final sea desechada o enviada al cajón de las denuncias fallidas, como dice Mallimacci, "carpeteada". La razón o mejor dicho la excusa perfecta es que los denunciantes no constituyen un Estado y el "Alto Tribunal" solo acepta denuncias procedentes de Estados miembros de la ONU que hayan ratificado el estatuto de Roma que lo creó.

El Vaticano y los EEUU no han ratificado dicho Estatuto de Roma (lo que No es casual, aunque a algunos le parezca), sería entonces necesario que los estados miembros que sí lo hicieron, pero que no han iniciado investigaciones judiciales sobre los casos denunciados cometidos en su territorio, se autodenuncien o sean denunciados por otro Estado miembro.

Luis Moreno Ocampo Fiscal Principal del TPI
Eso se llama, en castellano internacional, tener la vaca atada. Y la vaca tiene su atento pastor que se llama Luis Moreno Ocampo.

Basta con recordar que Luis Moreno Ocampo, el Fiscal del Alto Tribunal, actuó -con su Buffet- como defensor del cura pedófilo Grassi, condenado por sus delitos a veinte años de cárcel. Sentencia que éste no cumple y continúa en libertad "porque ésta no está firme" y así pasan los años y el cura puede continuar practicando su "costumbre" ancestral ya que continúa en contacto con niñ@s. Tampoco el cura Grassi fue separado de la Iglesia por sus autoridades en aplicación del Derecho Canónico, a pesar de caer sobre él una sentencia condenatoria de un tribunal civil. La débil excusa que deja trascender la Iglesia Católica vuelve a ser "que la sentencia no está firme", como si el Derecho Canónico se subordinase al Código de Procedimientos en lo Penal (solo cuando les viene bien).

Además, en 1986, tras la aprobación de las leyes conocidas como de "Punto Final" y "Obediencia Debida", que borraban con el codo lo que el Juicio a las Juntas Asesinas había sancionado dos años antes, Julio César Strassera, el fiscal principal, presentó su renuncia, pero su segundo, Luis Moreno Ocampo, no lo siguió como era de esperar y, en cambio, pasó a ocupar la titularidad de la fiscalía hasta su dimisión en 1992.
Luego de un período dedicado a la actividad privada -Moreno Ocampo & Asociados- en el que se dedicó a la temática de la "corrupción" con la ONG Transparencia Internacional, trabajo que produjo bastante ruido mediático y ninguna condena recordable; de ocuparse de la defensa de Grassi y de otro pedófilo músico del teatro Colón que practicaba con sus propios hijos y de alternar el trabajo con su paso por el olvidado programa televisivo "Forum", dedicado a la temática de la "conciliación", muy de moda por aquél entonces; fue nombrado, en el 2003, en su actual cargo por el cual se pavonea -cual tremendo pavo real- contribuyendo con mucha valentía a juzgar a dictadores y/o genocidas caídos en desgracia, siempre de países pobres, especialmente africanos.

Magdalena Ruiz Guinazú le hizo una más que interesante y larga entrevista (aunque lamento no poder aportar la fecha -así son las cosas en Perfil- pero es casi seguro,  por el tenor de las preguntas, que tuvo lugar recientemente) que publicó el diario de Fontevechia y que permite conocer más de su actual forma de pensar los problemas que enfrenta. Solo un comentario al respecto: en su afán de satisfacer a tirios y troyanos el tipo no ve sus propias contradicciones. (ver aquí)

bastadeodio