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viernes, 18 de mayo de 2012

La Metropolitana y La DDT de Macri

Mauricio Macri afirma que la Metropolitana no tiene suficientes efectivos para custodiar escuelas, hospitales, estaciones de subte y hasta los propios edificios oficiales de la ciudad. Lo dice con total desparpajo a pesar que el cuerpo que creó llega actualmente casi a los 4000 agentes. Acusa al gobierno nacional de desentenderse de la seguridad de los porteños y dispone para hacer creíble esta mentira de la cobertura que le dan los medios de comunicación opositores.
Sin embargo, el gobierno de Macri puede -con los escasos recursos de los que dice contar- crear cuerpos especiales en su Policía Metropolitana. En anteriores posts me he ocupado de la División de Intevenciones Complejas, DIC, ahora me ocuparé de otro organismo que -como en el caso anterior suelen denominar de diferentes maneras en distintas oportunidades- se trata de la División de Delitos Telemáticos, o sea DDT.

Lo cierto es que Macri parece más preocupado por dar una imagen policial de modernidad y eficiencia que por la real efectividad de la misma como un recurso para mejorar la seguridad cotidiana de los porteños. Uno tiene algo más que la sensación de que Macri habla mucho de la seguridad pero hace poco por ella. Y esa convicción se extiende al resto de las políticas sociales y culturales del macrismo. Me recuerdan, usando una analogía, a esos pueblos del oeste americano que hacían de escenario para las películas que veía de niño.
Cuando me enteré que esos pueblos donde transcurrían los duelos eran solo fachada, se rompió la magia, bastó ver esos puntales que las sostenían por detrás para destrozar la ilusión creada por el cine. El gran ilusionista de masas que supo ser, refinado e inteligente, y del cual la televisión actual es su hija boba. Siempre lamenté los backstage, esa forma de mostrar la "cocina" del cine. Pero en el caso de Macri uno se siente obligado a hacerlo. Macri no es un creador de ilusiones, es un productor de frustraciones, de inequidades, de injusticias. Mostrar que sus políticas son, en su mayoría, una fachada que esconde otra cosa, se convierte en una necesidad.

Precinto 12 - Saavedra
La PM de Macri tiene -visiblemente- su impronta, ética, ideológica y hasta estética.
Los vivos de los uniformes, móviles y gorras los ha tomado de la policía londinense. Sus comisarías (apenas construyó dos) se llaman "precintos" y los oficiales "comisionados".
Esa extraña denominación, de lo que tradicionalmente en todo nuestro país se llaman "comisarías", es tomada del inglés "precinct" palabra utilizada en los EEUU y popularizada por las películas y series de TV de  ese origen pero mal traducida al castellano como "precinto".
Esta última palabra, en nuestro idioma designa, entre otras cosas, un elemento que se utiliza para cerrar algo que no debe ser abierto (interesante significado aplicado a este caso), pero en inglés "precinct" significa, distrito, barrio y también recinto. Ocurre que en el uso común en EEUU precinct se reserva para nombrar a las comisarías de distrito y la palabra similar "district" se utiliza para indicar los otros significados, o sea, barrio (también y preferentemente neighborhood) y distrito.

Lo que si hace -además de ser un pelele imitador de estéticas y nomenclaturas foráneas- es dar amplia difusión mediática al accionar, muchas veces de dudosa legalidad, del cuerpo policial. Por ejemplo, con la colaboración de determinados jueces de la justicia contravencional porteña, la Metropolitana hace labores de inteligencia criminal y monta espectaculares procedimientos para detener, por caso, a un médico que practica abortos o a individuos sospechosos de intercambiar archivos de pornografía infantil via internet.

El elemento que no falta en todas estas intervenciones es la inmediata difusión mediática. Los procedimientos se filman y los registros llegan inmediatamente a los canales de mayor audiencia.
Por supuesto que esto lleva a la inevitable condena pública de los sospechados para los que las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia son dejadas de lado en aras del impacto mediático. Veamos algunos casos resonantes de su actuación.

El Doctor Aborto

Germán Cardoso es médico cirujano recibido en el ´84. El 8 de junio de 2011 la Policía Metropolitana ingresó a su consultorio exhibiendo una orden de detención dictada por el juez porteño Martín Zavaleta. En la camilla había una paciente. La filmación -que rápidamente llegó a las pantallas de Telefé- la mostraba a ella, junto con un minucioso recorrido por su sangre que manchaba el piso del consultorio.

Gabriel Rojas, el comisionado de la Metropolitana a cargo del operativo, explicaba ante las cámaras el exitoso procedimiento.
En el noticiero de Telefé se llamaba a Germán Cardoso, Doctor Aborto.

Tiempo después la jueza Laura Bruniard desestimó la acusación y la magistrada Rita Acosta dictó la falta de mérito debido a que el imputado no había practicado un ejercicio ilegal de la medicina y el aborto no entra en la jurisdicción de la justicia porteña.

Todo el procedimiento era ilegal, pero al médico Cardozo nadie le quita el mote de Doctor Aborto.

En el suplemento las 12 de Página12 del 11 de mayo de 2012 se publica una entrevista al médico, solo incluiré la última parte:

P: A usted se lo conoce por un video de un operativo de la policía porteña. Pero si la Metropolitana no tenía jurisdicción, ¿a qué atribuye la difusión televisiva? ¿A un interés político o a la idea de generar temor?

–Sí, estaban muy cerca las elecciones del gobierno porteño y venían haciendo algunas cosas así: sacar manteros, cerrar una farmacia que estaba a la vuelta de mi consultorio –que vendía misoprostol– entre San Cristóbal y Constitución. Por ahí rompí las reglas. Nunca pagué coimas.

P: Es llamativo que se allane un consultorio en zona sur y no en Barrio Norte...

–Ni hablar. Yo atendía a muchas extranjeras: peruanas, bolivianas, ecuatorianas, paraguayas y gente de clase media tirando abajo. La mayoría de las mujeres eran mucamas. Los pocos casos de clases altas me decían: “No importa la plata, importa que hagas las cosas bien”. Pero la mayoría eran gente trabajadora. Hay diputadas que han pagado 18 mil dólares en consultorios de Santa Fe y Callao pero no lo dicen. La hipocresía es fenomenal, las que tienen la plata se lo hacen y las otras que se arreglen.

Contra la pedofilia

Como dije Macri ha montado una División de Delitos Telemáticos (DDT). Un aparatoso nombre que -por ahora- no ha producido que se sepa ninguna investigación realmente propia, pero permite canalizar la estrecha colaboración que esta incipiente policía ha establecido a través de Interpol con otras policías del mundo.

Uno de los delitos cuyo medio para concretarse es internet consiste en la difusión de imágenes y videos pornográficos o eróticos en los que supuestamente participan menores de edad. Sobre este tipo de presuntos delitos existe una amplia colaboración internacional, en la cual no solo participan los organismos policiales sino también algunas empresas vinculadas al negocio de la web.

Desde luego que la pedofilia es condenable de todo punto de vista y la utilización de menores en estas situaciones producidas por adultos debe ser reprimida. Pero lo cierto es que el término pedofilia no está, en la práctica y desde el punto de vista legal bien definido, lo que puede llevar a acusaciones infundadas y excesos de las fuerzas judiciales y represivas que pueden avanzar sobre las libertades individuales.

No es lo mismo -y no lo digo desde un punto de vista moral sino desde el sentido común- tener guardados en algún medio digital archivos conteniendo estos elementos, que compartirlos en la red con otros usuarios y mucho menos éstas dos situaciones son equivalentes a producir este material en forma original.

Estos tres casos son, a mi juicio, bien diferentes. En el primero no se afectan a terceros y, en consecuencia, no habría delito alguno, quedando la conducta en la esfera privada del individuo; en el segundo implica la difusión de material audiovisual considerado ilegal por muchas legislaciones -incluida la nuestra-, y el caso se podría encuadrar en un delito menor: el de apología del delito. Solo en la tercera de las situaciones, en las que el acusado es productor del material y con ese fin a cometido abuso de menores, no existe la menor duda de que se está frente a un delito grave. Las tres situaciones deben ser debidamente distinguidas tanto desde el punto de vista legal como de la acción policial.

En el caso de la justicia contravencional porteña debería, además, quedar muy bien definido y es una obligación del Estado Nacional y local aclararlo, que tipo de contravenciones y de faltas son de su competencia y cuales son de competencia federal o de la justicia penal ordinaria. Casos como el del denominado Doctor Aborto no deberían repetirse. Hacia el final del post me meto un poco en este complejo tema.

En los hechos las actuaciones de la Metropolitana parecen no reconocer fronteras legales ni geográficas y la supuesta represión de los delitos telemáticos, en realidad, consiste -por lo que se sabe- exclusivamente en la persecución de supuestos pedófilos. Citaré algunos casos que han tenido, como siempre ocurre, amplia difusión en los medios de comunicación de forma tal que en la mayoría no se preservó -todo lo contrario- la identidad de los presuntos transgresores.

Caso 1: Damián de Santo detenido por pedofilia. El actor vinculado a Telefé fue detenido y puesto en libertad después de que la policía haya encontrado en su disco duro mas de 10.000 archivos, fotos, y videos relacionados con pedofilia, muertes, y demás aberraciones, según informó la Fiscalía de la ciudad de Buenos Aires. Fue arrestado por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Metropolitana (otra denominación alternativa) en la localidad balnearia de Las Toninas (!). La investigación se inició a partir -según se dijo- de una denuncia anónima.
Prima facie el caso corresponde a la primera de las situaciones descriptas más arriba: alguien que "colecciona" imágenes y otros archivos considerados por su contenido ilegales, pero que ni está probado que los comparte, ni los produce. Como se ve es un caso impactante y no se preservó, sino todo lo contrario, la identidad del presunto trasgresor. (Fuente: Diario de la Costa)

Caso 2: Allanan la casa de un pedófilo y secuestran material pornográfico. Fue a raíz de una investigación de la policía alemana, que  había "detectado que un usuario (vecino de Boedo) descargaba y compartía en demasía videos pornográficos de menores", precisó la policía porteña. El acusado utilizaba el programa de intercambios de archivos 'Emule' para descargar y compartir imágenes pornográficas de menores. la intervención de la DDT se limitó a determinar el domicilio al cual le correspondía la IP detectada por los alemanes.
Cualquiera que conozca el funcionamiento del programa citado, el eMule, sabe que todos los archivos descargados se localizan en una carpeta que el propio programa, por defecto, nombra "incoming" y automáticamente éstos son compartidos con otros ignotos usuarios de la red creada por el programa.
Intervino la jueza Gabriela Z. Zangaro, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas  Nº 22, quien ordenó allanar el domicilio implicado.
Esta, es la segunda investigación que la Metropolitana realiza en conjunto con Interpol y policías de otros países. (Fuentes: Clarín y la propia Metropolitana) fecha: 23/04/2012

Caso 3: Pedófilo detenido en La Plata por una denuncia de Microsoft. La empresa observó que el hombre publicaba (?) gran cantidad de imágenes pornográficas en el sitio de almacenaje "Sky Drive", uno de sus servicios, por lo que se contactó con la fuerza de seguridad federal estadounidense para investigar el caso. El caso recayó en el fiscal Walter López (es muy activo el hombre en este tipo de intervenciones de la PM), pudo precisar que las conexiones para difundir las imágenes pornográficas se realizaban desde una casa de La Plata (!). (?) Es necesario aclarar que en esos sitios, como Sky Drive, no se publican archivos, solo se guardan y se comparten no de forma pública sino exclusivamente con aquellos usuarios que el propietario de los archivos determine.

Resumiendo: a mediados del año pasado los investigadores del FBI detectaron que el IP (registro de conexión de internet) correspondía a la Argentina, por lo cual dieron aviso a Interpol. En la Argentina, la causa quedó a cargo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que dio intervención a la Policía Metropolitana para los procedimientos correspondientes de acuerdo con todos los datos del FBI. No intervino -por lo informado- la Policía Federal. Otra vez la actuación de la DDT se limitó a detectar el domicilio al cual le correspondía la IP acusada por Microsoft y el FBI. En este caso, como probablemente en la mayoría, lo único que se probó es que desde esas computadoras se descargaban archivos vinculados a actividades calificadas de pedofilia. La vivienda fue allanada y todos los medios de almacenamiento secuestrados junto con una cámara digital y -según reza la información- "juguetes sexuales". (Fuente: Inforegión)

Caso 4: El capitán que sacaba fotos. El acusado se desempeñaba en la sede del Estado Mayor Conjunto, que fue allanada. Según la investigación, pagaba a adolescentes para fotografiarlos desnudos y en poses sadomasoquistas. Su presunto cómplice trabajaba en una santería. Un técnico en sistemas de la Armada, con rango de capitán de fragata, y un empleado de una santería porteña fueron procesados por producir materiales pornográficos con menores de edad. Intervino Natalia Molina, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 8 de la Ciudad con la colaboración de la División de Telemática de la Policía Metropolitana. La información oficial preserva el nombre del capitán y su supuesto socio pero da datos de su filiación suficientes para que mucha gente pueda identificarlo. Según la información hecha pública este seria, de los cuatro analizados, el único caso donde se puede sospechar la existencia de un verdadero delito de pedofilia. Sin embargo este es un caso donde la no está muy claro cuál fue el aporte real de la DDT. (Fuente: el observatorio de la metropolitana)

Sintonía Fina:

En mi opinión ha llegado el momento en el que los legisladores de la Ciudad y de la Nación pongan una mirada más atenta e inquisitiva sobre el accionar de la PM y el marco legal en que se desenvuelve. No soy un experto en leyes pero me resulta posible sospechar que el accionar de la PM puede exceder el marco que le dio origen.

La ciudad autónoma de Buenos Aires, la CABA, no tiene el status y la independencia de una Provincia y, en consecuencia, sus poderes son más limitados. La cuestión está sujeta a debate. La Corte Suprema en un fallo dividido, en el cual la Dra Argibay y el Dr Zaffaroni estuvieron en desacuerdo, estableció que la CABA no es equiparable a una provincia porque su creación -que resulta de la ley Cafiero del `94- la hace diferente de las provincias que como entidades jurídicamente separables son previas a la existencia misma de la Nación. Este es un argumento discutible y discutido por varios constitucionalistas. Pero su existencia de hecho impide, por ejemplo, que tanto la Nación como la Ciudad sometan los conflictos interjurisdiccionales existentes a la interpretación de la Corte.

Esa condición de ambigüedad legal originaria es fuente de innumerables problemas y se traslada a la interpretación de las atribuciones que se toman algunos fiscales y jueces de la justicia porteña y a las funciones y limitaciones en el accionar de la PM. Ya se sabe que respecto a las facultades que la ley Cafiero no le otorga a la Ciudad o que están en discusión, Macri, si le conviene, se las toma y si no le interesan o van contra sus "principios", no las ejerce estén o no sujetas a debate.
Más allá de las discusiones jurídicas, en algunas situaciones que se han dado y que hemos visto retratadas aquí, es posible olfatear incluso cierta connivencia entre algunos integrantes del poder judicial local y el ejecutivo, cosa que no debería suceder dada la cacareada independencia de poderes.

El limitado relevamiento realizado de la información hecha pública sobre el tema y que involucra a la PM y su DDT (tanto la policía federal como la bonaerense tiene estructuras similares) muestra, además, otra cosa. Internet no es para nada el espacio abierto y libre que muchos suponen que es. Los intercambios en la red de redes están bajo vigilancia, dentro y fuera de nuestras fronteras. Esta vigilancia, intervención y consiguiente persecución de supuestos o reales delitos está sujeta a un margen de arbitrariedad y de falta de transparencia demasiado grande que de hecho afecta a las libertades individuales sin que medie para hacerlo una debida justificación y advertencia por parte de los Estados.

bastadeodio                                                              

miércoles, 5 de octubre de 2011

Pedofilia en la Iglesia Católica

Benedicto XVI: ¡Con los Pibes y los indefensos NO! (foto: El País)

Antes que me lo digan lo admito, el título no afirma nada nuevo, sin embargo, como veremos, que no sea nuevo no implica que el tema al que alude no sea importante para revelar una de las facetas más oscuras de la llamada "Justicia Internacional".

La Red de Sobrevivientes de Personas Abusadas por Sacerdotes, una ONG con sede en los EEUU, presentó ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya (TPI) una denuncia contra las principales autoridades del vaticano: el mismísimo Papa, Benedicto XVI, su secretario de Estado Tarcissio Bertone; Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio y ex secretario de Estado del Vaticano y el cardenal William Lavada, director de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). Este último tiene una responsabilidad directa ya que es el funcionario encargado de investigar las reiteradas denuncias presentadas. Cuando el actual Papa era el cardenal Ratzinger dirigió la CDF por lo que tuvo conocimiento de denuncias similares. (Más información desde una óptica diferente: en el diario El País)

En la denuncia se establece que el Vaticano -como Estado- ha protegido y evitado que se juzgara civilmente a sacerdotes fuertemente sospechados de ser pedófilos lo que, según la ONG, constituye un delito de lesa humanidad.
La denuncia está acompañada por más de 20.000 páginas de material de apoyo: informes, documentos de política y supuesta evidencia de los crímenes por parte del clero católico contra los niños y adultos vulnerables. Que a esta altura es más que un secreto a voces.
La intención de la Red, es que Moreno Ocampo abra un caso de oficio. “Altos funcionarios de la Iglesia, incluido Ratzinger, tenían conocimiento o tenían amplios motivos para tener conocimiento de la comisión generalizada de violencia sexual por sacerdotes y otras personas afiliadas a la Iglesia y, o bien optaron por hacer la vista gorda o adoptaron medidas para ocultar tanto los delitos como a sus autores”, afirmó la ONG en una presentación preliminar en mayo pasado.

Fortunato Malimacci, sociólogo especialista en temas de la Iglesia, opina que “Hay una complicidad muy grande entre el poder eclesiástico y el poder político, económico y judicial que se ha formado durante siglos. Se prestan servicios mutuos. En Estados Unidos, el propio catolicismo norteamericano fue el que reclamó a quien era secretario del Papa, el por entonces cardenal Ratzinger, para que se sancionara a esos sacerdotes. Y lo que sucedió fue que la enorme mayoría de las veces Ratzinger lo "encarpetó", es decir que las denuncias no prosperaron. La política que tuvo el Vaticano fue enviar a los sacerdotes a otro lado, cambiarlos de país.”

La Red asegura contar con testigos dispuestos a dar información sobre casos de ocultamiento que trascienden “fronteras y generaciones”. Por eso, pretende que el fiscal los considere delitos de lesa humanidad. Entre los ejemplos que aportó para la evaluación del fiscal figuran casos aberrantes como el de un niño que fue violado por un sacerdote, el que luego llevó a la víctima a Miami para que "atendiera" a otros sacerdotes que llegaron de Roma para continuar con las vejaciones.

La Guardia Pontificia
El Vaticano, sin embargo, ha sugerido, pretendiendo minimizar el problema, que "solamente" entre un 1,5 y un 5 por ciento de los sacerdotes católicos han participado en el abuso sexual de niños.
Pero, según las estadísticas más recientes que ha divulgado el Vaticano, en 2009 había en todo el mundo 410.593 sacerdotes. Con las cifras de la Santa Sede, un simple cálculo indica que la cantidad de curas que habrían delinquido estaría entre 6.158 y 20.529  una cifra que indica la existencia no ya de unos pocos casos sino la presencia de un ejército de delincuentes, es más, las tropas del Vaticano, la famosa Guardia Suiza, tiene muchos menos soldados (solo 110). Sin embargo, la realidad es mucho peor todavía de lo que está dispuesto a admitir el Vaticano.

Esta situaciones se hunden en la historia de la Iglesia hasta sus orígenes con Constantino y se fueron haciendo comunes hasta el punto de convertirse en "una costumbre" clerical, en un "pecado" de la carne, moralmente condenable pero tolerado o disculpado en los hechos.

Uno de los problemas de fondo es el "conflicto de jurisdicciones". En efecto ante estas acciones delictivas de los curas y clérigos, en todos los casos en los que existe un Concordato entre el Estado Vaticano y el Estado Nacional de que se trate, se les aplica tradicionalmente el Derecho Canónico y no el Derecho Penal del país de residencia. En el derecho canónico la pena máxima prevista es la exclusión del sacerdocio del criminal y, en general, no se llega a esa instancia. Esta inoperancia del Derecho radica en que aquellos que lo deben aplicar, por lo común son juez y parte, ya que se trata de obispos bajo cuya órbita de responsabilidad actúa el acusado. Bajo estas condiciones la denegación de justicia a las víctimas es lo habitual. Además, en virtud de estos Concordatos, mal aplicados, los Estados generalmente no se inmiscuyen en las denuncias prefiriendo dejar actuar a la Iglesia para no generar un punto de conflicto diplomático con el Vaticano.
Solo muy recientemente -apenas 15 años- y ante la publicidad que alcanzaron en todo el mundo, incluido nuestro país, los hechos de éstas características perpetrados en perjuicio de miles de niños y niñas y de personas incapaces, el asunto salió de las catacumbas del silencio en las que pretendía mantenerlo el Estado Vaticano y resonó libre el escándalo. Sin embargo y aún así, los Estados involucrados prefieren no intervenir.

Aquellos que pretenden defender a la Iglesia afirman que estos casos de pedofilia y abusos sexuales son comunes en todos los establecimientos laicos o religiosos que reciben niñ@s y se producen en igual medida. Cínica argumentación. Un delito aberrante es aberrante lo cometa quien lo cometa, la cuestión es si el delincuente puede o no escapar a la sanción una vez que el caso ha sido debidamente probado ante un tribunal o incluso está en condiciones objetivas de evitar que se llegue alguna vez a esa instancia judicial. Esto es lo que está en cuestión y no una estadística sociológica de los delitos sexuales que tienen a los menores como víctimas.

"La CPI sólo puede investigar si verifica que el Estado que tiene jurisdicción no juzga el caso; se debería demostrar que Alemania, Australia, Austria, Bélgica o Italia no pueden o no quieren ejercer justicia.” explica Lucas Barreiro, coordinador de la Maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la UBA.

Es muy probable, por todo lo dicho, que la denuncia sea tal vez estudiada por el TPI con algún esmero y merezca quizás algún comentario público, pero que al final sea desechada o enviada al cajón de las denuncias fallidas, como dice Mallimacci, "carpeteada". La razón o mejor dicho la excusa perfecta es que los denunciantes no constituyen un Estado y el "Alto Tribunal" solo acepta denuncias procedentes de Estados miembros de la ONU que hayan ratificado el estatuto de Roma que lo creó.

El Vaticano y los EEUU no han ratificado dicho Estatuto de Roma (lo que No es casual, aunque a algunos le parezca), sería entonces necesario que los estados miembros que sí lo hicieron, pero que no han iniciado investigaciones judiciales sobre los casos denunciados cometidos en su territorio, se autodenuncien o sean denunciados por otro Estado miembro.

Luis Moreno Ocampo Fiscal Principal del TPI
Eso se llama, en castellano internacional, tener la vaca atada. Y la vaca tiene su atento pastor que se llama Luis Moreno Ocampo.

Basta con recordar que Luis Moreno Ocampo, el Fiscal del Alto Tribunal, actuó -con su Buffet- como defensor del cura pedófilo Grassi, condenado por sus delitos a veinte años de cárcel. Sentencia que éste no cumple y continúa en libertad "porque ésta no está firme" y así pasan los años y el cura puede continuar practicando su "costumbre" ancestral ya que continúa en contacto con niñ@s. Tampoco el cura Grassi fue separado de la Iglesia por sus autoridades en aplicación del Derecho Canónico, a pesar de caer sobre él una sentencia condenatoria de un tribunal civil. La débil excusa que deja trascender la Iglesia Católica vuelve a ser "que la sentencia no está firme", como si el Derecho Canónico se subordinase al Código de Procedimientos en lo Penal (solo cuando les viene bien).

Además, en 1986, tras la aprobación de las leyes conocidas como de "Punto Final" y "Obediencia Debida", que borraban con el codo lo que el Juicio a las Juntas Asesinas había sancionado dos años antes, Julio César Strassera, el fiscal principal, presentó su renuncia, pero su segundo, Luis Moreno Ocampo, no lo siguió como era de esperar y, en cambio, pasó a ocupar la titularidad de la fiscalía hasta su dimisión en 1992.
Luego de un período dedicado a la actividad privada -Moreno Ocampo & Asociados- en el que se dedicó a la temática de la "corrupción" con la ONG Transparencia Internacional, trabajo que produjo bastante ruido mediático y ninguna condena recordable; de ocuparse de la defensa de Grassi y de otro pedófilo músico del teatro Colón que practicaba con sus propios hijos y de alternar el trabajo con su paso por el olvidado programa televisivo "Forum", dedicado a la temática de la "conciliación", muy de moda por aquél entonces; fue nombrado, en el 2003, en su actual cargo por el cual se pavonea -cual tremendo pavo real- contribuyendo con mucha valentía a juzgar a dictadores y/o genocidas caídos en desgracia, siempre de países pobres, especialmente africanos.

Magdalena Ruiz Guinazú le hizo una más que interesante y larga entrevista (aunque lamento no poder aportar la fecha -así son las cosas en Perfil- pero es casi seguro,  por el tenor de las preguntas, que tuvo lugar recientemente) que publicó el diario de Fontevechia y que permite conocer más de su actual forma de pensar los problemas que enfrenta. Solo un comentario al respecto: en su afán de satisfacer a tirios y troyanos el tipo no ve sus propias contradicciones. (ver aquí)

bastadeodio