Los malandras solo ceden cuando se los obliga

En una entrevista aparecida en Tiempo Argentino, Raúl Zaffaroni se pronuncia sobre la denuncia realizada en contra de la presidenta, del gobierno y de la mayoría parlamentaria oficialista por el fiscal Nisman de la causa AMIA. Una frase de la misma -que sirve de título- es por demás elocuente:

"En un sector de la justicia están usando un gas psicotizante".

–¿Cree que hay una guerra de intereses dentro del Poder Judicial?
–No sé si hay guerra de intereses o qué. Si la hay creo que están usando algún gas psicotizante que afecta a algún sector minoritario de la justicia. No hay una "judicialización de la política", porque eso es otra cosa: la hay cuando la política quiere usar a la justicia y de eso sabemos desde hace mucho. Aquí hay una "partidización de la justicia", es la justicia la que se mete en la política, y eso es nuevo y efecto del gas psicotizante.

–¿Cuáles son las consecuencias?
–No sé hasta dónde puede llegar ni puedo prever las escaramuzas de esto, pero sí sé cuál va a ser el resultado final si no se bajan los decibeles y se entra en razón. El resultado final va a ser un desastre para toda la justicia. Si como resultado de una actitud psicótica minoritaria, el público llega a la conclusión de que en toda la justicia (porque no se distingue y el baldón cae sobre todos) no es más que un juego de poder, lamentablemente el descrédito va a ser mayúsculo y muy difícil de superar.

Las respuestas de Zaffaroni son precisas y de puro sentido común y realismo. Sin embargo el fondo del problema no se encuentra en Nisman que es un mandado de poca monta, ni tampoco -aunque esto sea institucionalmente más grave- en un grupo minoritario de la justicia que se ha "partidizado" o "vuelto loco".

El problema de fondo al que nos enfrentamos es que, por una parte, hay sectores del poder económico en la sociedad nacional y fuera de ella (el propio Nisman con sus "relaciones particulares" con la embajada de los EEUU, lo deja en claro) para los cuales un gobierno que pretende gobernar e intervenir en los negocios para limitar los excesos, cambiar la estructura de la distribución de la riqueza o tener una política internacional no subordinada, es un obstáculo a eliminar.

Por otra parte hay buena parte de los partidos políticos que difícilmente puedan acceder al poder mediante el voto popular.
Operando en conjunto ambos grupos de intereses han intentado reiteradas veces inducir un caos económico buscando repetir experiencias del pasado y, sin embargo, han fracasado.
Han denunciado con abundante apoyo mediático y escasas pruebas una supuesta corrupción gubernamental y han ocultado una corrupción empresaria y política sobre la cual hay pruebas contundentes.
A juzgar por las mediciones de diversos encuestadores el apoyo al gobierno y a Cristina Fernández es notablemente alto para un ejecutivo que termina su mandato, también han fracasado en esto, no están frente a un "pato rengo" sino frente a un gobierno y un partido, el FPV, con sus potencialidades intactas.

Ante estos fracasos y la perspectiva cierta de un nuevo desastre electoral han perdido la poca compostura republicana que aún les quedaba y han decidido hacer entrar a "la cancha" como jugadores a sus jueces comprados o complacientes. La "locura" a la que alude Zaffaroni consiste en un abandono de su rol constitucional de garantes del equilibrio de poderes e intereses y la objetividad en el juzgamiento de las causas.
La utilización de jueces y fiscales amigos con una clara intencionalidad política o económica es una maniobra que no es nueva. Mediante ella han logrado obstaculizar buena parte de las iniciativas legislativas del gobierno y obtener importantes privilegios económicos.

Lo que es nuevo es la magnitud del intento, ya que lo que pretenden producir es un grave conflicto de poderes y poner en riesgo el funcionamiento institucional en un año electoral creando un clima de incertidumbre y hasta de miedo por el futuro en buena parte de la población.

Pretenden que de esa situación creada se derive una mejor oportunidad electoral para su o sus candidatos.

El "partido judicial" no es un partido en el sentido tradicional, no los caracteriza ser afiliados o simpatizantes de la UCR, del PRO, o del Socialismo, son partidarios del partido del poder en las sombras con vínculos explícitos con el poder económico global, el que tiene dirigentes pero no candidatos propios, y solo designa gerentes a los cuales enviste -circunstancialmente- como candidatos en una gran mascarada de carácter global y nacional dirigida a manipular y torcer la voluntad democrática de la población.

Yo diría que frente a esta maniobra solo cabe -por parte del gobierno y de la población- tenerla en claro, no dejarse conquistar por el miedo y enfrentarla en todos los terrenos en que se manifieste. No existe en la actualidad la posibilidad de conciliación de intereses entre estos sectores que se consideran el verdadero poder permanente y los intereses populares. Mil fotos en apariencia amables no harán cambiar esta historia, solo sirven para confundir.

El partido que estamos jugando, con los árbitros dentro de la cancha haciendo zancadillas y golpeando arteramente a los jugadores de un bando, "inclinando la cancha", es un partido entre la democracia, la libertad y la justicia y contra una banda de malandras dispuestos a utilizar cualquier medio para alcanzar sus fines. Así actúan los malandras, los que atentan contra la belleza y el sentido del juego comprando a los árbitros y arreglando los partidos.

Ya se les ha podido ganar y más de una vez. El límite que no están en condiciones de ignorar en este momento histórico, es la voluntad popular expresada con claridad en las urnas eligiendo dirigentes que tengan lo necesario para enfrentarlos. 

bastadeodio                                                                            

La corrupción de parte del Poder Judicial Argentino

Me voy a permitir discrepar parcialmente con Luis Bruschtein, el afirma en el comienzo de su nota de Página12 de hoy, "Un vicio de la época":

"La denuncia ya tiene poco que ver con la Justicia. La Justicia cada vez tiene más que ver con la política y la política cada vez más tiene que ver con la denuncia. La denuncia ya es una forma de hacer política a través de la Justicia. Y su eficacia radica en que, así, la política del denunciador queda encubierta por el escenario de cartón piedra de una supuesta Justicia."

En mi opinión hay que considerar aquí -y en el mismo plano- a tres actores y no solo dos, como hace Luis. El que falta naturalmente son los poderosos medios opositores, el verdadero partido de la oposición. Sin ellos la estrategia no tendría casi ninguna eficacia.

Es más la denuncia normalmente comienza en ellos, tras supuestas "investigaciones" basadas en sospechas y ninguna prueba sólida. Luego es presentada a la justicia amiga por algún actor político que aporta como única prueba la denuncia periodística, a pesar de ello los fiscales y jueces amigos la toman y le dan carácter judicial. En ese momento reaparecen los medios dando la impactante noticia de que la justicia investiga a tal o cual funcionario o amigo del gobierno, como si el solo hecho de ser aceptada por la justicia constituyera una prueba de la solidez de la acusación.

La justicia no es apolítica y no puede serlo los jueces no dejan en la puerta de los juzgados sus ideales o preferencia políticas, el problema o vicio, como lo llama Luis, proviene del hecho de la alianza antidemocrática y anticonstitucional de un sector de esa Justicia con los medios opositores y ciertos partidos de la oposición, lo que la aparta de su función para convertirla en una forma de hacer política cuyo objetivo final es violentar o torcer la voluntad popular.

Eso ocurre cuando algún sector de la justicia en virtud de esa alianza espúrea adquiere un poder tal que la sitúa por encima de los otros dos poderes constitucionales. Ese sector corrupto pero poderoso se transforma entonces en el garante último de los privilegios de los que gozan aquellos que pretenden gobernar aún no siendo gobierno.

Antes recurrían a las fuerzas armadas o a los golpes económico financieros para voltear en un instante o de forma mediata, provocando el caos a los gobiernos populares, ahora, que esos recursos o no están disponibles o no consiguen sus objetivos, se juegan al desgaste, al gota a gota, al día a día, tratando de minar la confianza de los ciudadanos en su gobierno. En esa tarea los medios dominantes y la justicia cooptada por éstos son los actores principales.

Finalmente hay que destacar que cuando los denunciados son los verdaderos factores del poder como ocurrió recientemente con la denuncia de las estafas financieras del HSBC no se encuentran jueces o fiscales que la tomen. Son todos incompetentes o súbitamente se enferman. El caso del rechazo de la Corte Suprema al per saltum solicitado por la AFSCA es otro. En ambos casos se busca evitar que la Ley y la Justicia se apliquen a los poderosos.

Más sobre el tema:

Juristas Populares
Leopoldo Moreau 
AFSCA apelará el fallo de Cámara

bastadeodio                                                                      

Derechos Humanos y Proyectos Políticos

Es imposible pensar una política de DDHH separada de una política en el sentido amplio. Más específicamente del proyecto político que adoptan los sectores sociales dominantes de un país o de un bloque de países.

Desde su origen el tema de los DDHH ha estado vinculado a la existencia de proyectos políticos a nivel nacional e internacional (geopolítica). La misma diferenciación entre derechos de primera, segunda y tercera generación refleja en parte esa circunstancia.

Es habitual que las consideraciones morales o simplemente humanitarias sean dejadas de lado en función de intereses económicos o políticos y, en consecuencia, los DDHH se convierten en valores relativos a los contextos en los cuales son defendidos o, por el contrario, violados.

No fue el espíritu que animó a aquellos que los redactaron hacia fines de la primera mitad del siglo XX. Los pensaron como valores absolutos y un patrimonio de la humanidad (los derechos inalienables de la persona humana) no sujetos a ninguna Cuestión de Estado, establecieron que los DDHH no admiten suspensión.
La realidad vista con una perspectiva histórica, evidentemente, no es esa. El objetivo no se alcanzó y no debe sorprender que así sea. La situación es quizás peor, ha ocurrido con frecuencia que en manos de un proyecto político imperialista y hegemónico los DDHH fueron convertidos hasta en un arma en la lucha ideológica y comunicacional, en la excusa perfecta para que éstos mismos fuesen violados.

Derechos humanos y políticas de Estado: El bloqueo a Cuba

Podemos tomar un ejemplo muy presente por estos días en los que parece haber cierto deshielo de las relaciones entre USA y Cuba. Desde 1961, los EEUU de Norteamérica que tuvieron un papel destacado en su consagración como valores comunes a toda la humanidad, con la simple afirmación de que en Cuba regía una tiranía en la que se violaban los derechos civiles y políticos y hasta ciertos derechos sociales (la homofobia y la libertad de expresión, por ejemplo), instalaron un bloqueo total sobre la isla, un castigo extremo que duró, hasta ahora, 54 años.
El supuesto régimen dictatorial no cayó sino que se fortaleció, al punto que existen 23 resoluciones de las NU instando al país agresor, los EEUU, a levantar el indigno, genocida, bloqueo que le ha costado al pueblo cubano una pérdida de ingresos total por más de un billón de dólares (un millón de millón).

¿El bloqueo ha fracasado?. En un sentido político y moral, seguramente sí, pero en el sentido práctico no fue así. Los EEUU mantuvieron el lazo apretado en torno al cuello de Cuba -ese largo lagarto verde con ojos de piedra y agua, en palabras de Nicolás Guillén- impidiéndole su desarrollo y dar una mejor calidad de vida a sus habitantes. Es difícil encontrar en la historia un caso similar, un bloqueo total de más de medio siglo de duración.

Los DDHH en Argentina dentro del proceso eleccionario: 

Hubo una época en la que los derechos humanos tenían en nuestro país jerarquía constitucional. La Constitución promulgada en 1949 durante la primera presidencia del general Perón, a pesar de la oposición del Radicalismo el partido opositor más fuerte de ese entonces, le daba carácter legal constitucional a los derechos del trabajador, la denominación argentina de los derechos de segunda generación consagrados en la declaración universal de los derechos humanos. Esa Constitución nacida de la voluntad del pueblo fue, sin embargo, derogada en 1956 por un gobierno de facto, el de la revolución fusiladora.

Dijo ayer Eugenio Zaffaroni:  “Alguna gente que merece respeto se confunde, pero el poder del mundo es tan dinámico que hay que explicar las confusiones. Hablar de que los Derechos Humanos están cerrados, es como decir que los Derechos Humanos no tienen sentido. Se lo ha dicho, y quienes lo han dicho eran partidarios de ideologías inhumanas. Si hay alguien partidario de ideologías inhumanas, que lo diga y confrontaremos ideológicamente”.

Notoriamente se refería sin nombrarlos a dos de los actuales pre candidatos a la presidencia en las elecciones del año próximo. Mauricio Macri que afirmó: "Hay que acabar con el "curro" de los DDHH" y no se desdijo, y Sergio Massa quien afirmó que "hay que darle un cierre (bien o mal, no importa) al tema de los DDHH".

Los DDHH deben ser parte de una política de Estado:

El tema es serio porque los DDHH, para ser efectivos, deben ser integrados en una política de Estado y estas políticas deben ser permanentes e inmunes a los cambios de gobierno producto del libre juego de la democracia. ¿Es esto posible, en nuestro país o en cualquier otro?. No es imposible, pero si muy difícil de concretar en la realidad.

Quiénes dijeron lo que se señaló más arriba se cuidan celosamente de desplegar ante la opinión pública la naturaleza de sus respectivos proyectos políticos. En el caso de Macri -aunque no lo haga- hay suficientes elementos surgidos de los años que lleva su gestión frente al gobierno de la ciudad para inferirlos. De todas formas, su obligación como precandidato es explicitarlo de forma clara y que sea entendido por la mayoría de los electores. No obstante viendo las políticas sociales, educativas y de salud que impulsa es notorio que está en contra de toda forma de subsidio directo o indirecto dirigido hacia la población más vulnerable. Se podrían agregar muchos elementos más y más precisos pero nos sacaría demasiado del tema central.

Ambos, Massa y Macri, disponen sus campañas políticas de manera similar, mucho despliegue mediático (en eso son beneficiados por su relación con los medios dominantes fieramente opositores al gobierno actual), mucho "cotillón", colores, fotos con personajes famosos de la farándula y el deporte, pensando que tal vez aparecer juntos les transfiera algo de la popularidad de éstos.

Son campañas superficiales que evitan tocar temas centrales. Sin embargo, de tanto en tanto, se les "escapan" definiciones como éstas, frases breves de alto impacto pero sin mayor compromiso y explicación. Un día se levantan diciendo que van a derogar todo, al día siguiente, viendo la reacción negativa, cambian de opinión y dicen que van a mantener todo lo bueno y modificar todo lo malo, casi sin explicitar ni uno ni otro extremo.
Solo vaguedades del tipo, bajaremos la inflación y reduciremos o eliminaremos los impuestos que frenan el crecimiento del país, pero a la vez afirman que mantendrán la AUH, sin decir cómo piensan seguir financiándola con los recursos del Estado disminuidos, y así sucesivamente con todos los temas.
Defender, plasmar en la realidad los DDHH, todos, cuesta dinero, implica utilizar recursos del Estado que de algún lado deben salir. Ahí está el problema.

Una de las nociones más graves que dejan caer como al pasar es la relación que establecen entre DDHH e inseguridad. En afirmaciones groseras tales como que los derechos de la víctimas de la inseguridad no son tenidos en cuenta y si se lo hace con los derechos de los delincuentes siendo el culpable naturalmente el gobierno nacional. Recientemente Massa presentó como un escándalo que los presos que trabajan reciban un sueldo como todo trabajador.
¿Es necesario recordarle a este señor que los presos también son seres humanos con derechos?. Por supuesto que no existe el derecho a robar lo ajeno o quitar la vida en ocasión de robo o por cualquier otra circunstancia. Para reprimir estas acciones delictivas está el código procesal penal, la policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario que al preso lo privan de uno de los derechos fundamentales: la libertad, pero no del resto de los derechos de la persona humana.

Un ejemplo: la crisis de las hipotecas sub prime:

Para que se entienda. Cuando en 2008 en los EEUU se produce la crisis de las hipotecas, los principales 26 bancos quedan en situación de quiebra inminente. El gobierno Federal les inyecta enormes sumas de dinero que salen de las arcas públicas y de la imprenta de billetes.
Lo razonable -en el marco del capitalismo- habría sido que el Estado se hubiese hecho dueño de todo o parte del paquete accionario de dichos bancos. No fue así, por ese dinero recibido los bancos no tuvieron que dar nada como contraparte. Fue un regalo que el conjunto de los ciudadanos de ese país le hicieron a los bancos que, además, se quedaban con sus casas por no poder pagar las infladas hipotecas.

En muchos países europeos sucedió lo mismo, la crisis que comenzó en USA terminó extendiéndose por todo el mundo y aún continúa, constituyendo la principal traba para el crecimiento económico y el bienestar social.
Desde luego que en dicho proceso brutal de desmonetización de las economías familiares se han violado una enorme cantidad de derechos de las personas. Los Estados en lugar de velar por los intereses y derechos de las mayorías, hicieron lo contrario, vulnerarlos para salvar la existencia de los bancos y mantener a sus propietarios.

Más claro, echale agua. A nosotros nos pasó durante la década de los 90 y culminó con la debacle de 2001. La salida elegida fue muy similar, salvar a los bancos con la pesificación asimétrica dictada por el gobierno de Duhalde, que hizo que los bancos se hicieran de dólares (que en nuestro país no se pueden imprimir legalmente) a costa de los depósitos de los ahorristas ya que en virtud del 1 a 1 dictado por Cavallo estaban en su gran mayoría en dólares.

No solo existe una relación directa y permanente entre los proyectos políticos y el estado de los DDHH sino que solo los proyectos políticos centrados en los DDHH garantizan su defensa en todos los casos y variedades.

El Poder Judicial Argentino:

El último punto al que me referiré es al papel de uno de los poderes del Estado, el poder judicial. El poder ejecutivo y el legislativo están sujetos al voto popular el que decide si le reitera la confianza o no a un determinado proyecto político. El poder judicial en nuestro ordenamiento constitucional está exento de tal requisito, lo que constituye una anomalía de no fácil solución que deja al Estado en su conjunto en una situación de debilidad relativa para propender y defender la completa vigencia de los DDHH.

Desde hace unos años este problema del desfasaje entre el proyecto político, socialmente inclusivo y defensor activo de los DDHH, actualmente vigente y el poder judicial se ha agravado notoriamente dejando la impresión que por lo menos una parte sustancial de éste último poder ha decidido encarnar la defensa de un proyecto político regresivo que por su naturaleza es violador de los DDHH. La imposibilidad de instalar en la justicia un proceso de democratización parcial porque buena parte del aparato institucional se opone y tiene el poder constitucional para hacerlo, es uno de los conflictos no resueltos más grave al que nos enfrentamos actualmente y de cara al futuro.

bastadeodio                                                                     

Desacato

Corte Suprema de los EEUU: al servicio de los buitres

Griesa sube un escalón más en su agresivo rol como representante judicial de Paul Singer y amenaza a la Argentina con declararla en desacato si continúa desafiándolo, aún a sabiendas de que el desacato caería sobre un Estado Soberano y no sobre un particular y que por ello está pisando un terreno minado y desconocido.
Parece creer que su jurisdicción de la Big Apple se extiende sobre Buenos Aires y, tal vez, sobre todo el planeta.

El motivo aparente de la rabieta de Griesa, que lo llevó a convocar a una audiencia a los representantes legales de Argentina para amenazar al país, se encuentra en el aviso publicado por el ministerio de economía de la Nación, titulado "Aviso Legal". Se dice, incluso, aunque suene demasiado disparatado, que le molestaron además las manifestaciones públicas hechas por ciudadanos en las calles de Buenos Aires y las cosas que se dicen de él en las redes sociales. Da risa. Como dice Cristina, es tu mach.

La primera enmienda de la constitución norteamericana (1791) garantiza a los ciudadanos de ese país la libertad de expresión. Ese derecho a la libre expresión de las ideas está, además, incluido como tal en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (y también de la OEA), organizaciones a las que pertenecen tanto los EEUU como Argentina. Si bien se refieren a personas físicas no parece inapropiado en este caso aplicarlo a personas jurídicas tales como los Estados y dentro de ellos, a sus representantes. Recordamos, por ejemplo, que la señora Lagarde, directora del FMI, amenazó públicamente a nuestro país con sacarle la tarjeta roja, no escuché a nadie decir que fuese un exceso en la libertad de expresión de la señora, pero fue por lo menos grosero y una falta de respeto.

El aviso legal hecho público por el ministerio de economía explica -según el punto de vista argentino- el porqué sus autoridades legales afirman que la sentencia Griesa a favor de los fondos buitre -tal como fue formulada- es de imposible cumplimiento sin que se viole simultáneamente el ordenamiento jurídico nacional. En ningún punto del aviso legal se afirma que el país se retira de las negociaciones, solo se cuestiona la forma en que éstas se llevan a cabo. Sin embargo, su publicación enojó al juez al punto de amenazar con declarar a un Estado Soberano incurriendo en desacato. Las declaraciones del juez y del mediador designado por él en el sentido que Argentina estaría en una situación de default (selectivo) también son cuestionadas ya que supondrían una extralimitación de sus funciones

En resumen. el gobierno nacional afirma que el juez Griesa y -al respardarlo- todo el poder judicial norteamericano se extralimitaron en sus poderes y funciones, interviniendo en asuntos internos que son de competencia exclusiva de la Nación.

Lo que la décimo primera enmienda a la constitución de los EEUU (1798) le otorga a los Estados que conforman la Unión: inmunidad jurídica frente al poder judicial federal o a uno extranjero, Griesa y el poder judicial de EEUU se lo niegan a otro Estado Soberano.

Es visible la incongruencia, la doble vara, con la que el juez -y con él el poder Judicial Federal de los EEUU-, miden el conflicto entre unos particulares -muy ricos e influyentes- y las políticas soberanas propias de otro Estado según se trate de sus propios Estados o de uno extranjero. Incluido el derecho democrático fundamental a opinar libremente sin que por ello se exponga quien hace uso de él a represalias.

Esa doble vara que se traduce en dar a los demandantes buitres todo lo que piden y más, y negarle al demandado lo básico que es un tribunal imparcial, situación que culmina en el intento de impedirle ejercer su propia política en relación a su deuda soberana, va camino de convertirse -si Obama no interviene- en un conflicto de mayores proporciones que podría afectar las relaciones entre EEUU y Argentina.

La demanda presentada por el gobierno nacional a través del ministerio de relaciones exteriores al Tribunal Internacional de La Haya va en la dirección de hacer visible con una acción política ante la comunidad internacional este último punto: El poder ejecutivo -es decir Obama- no puede hacerse el desentendido de lo que está haciendo otro de los poderes que conforman el Estado Federal, más aún cuando este accionar compromete la soberanía de otro Estado con el cual mantiene relaciones diplomáticas amigables. Es más, ese derecho a apelar a tribunales internacionales en casos como éste está -como el de la libertad de expresión- consagrado en las Cartas Fundacionales de las Naciones Unidas y de la OEA.

Sin embargo, el gobierno de Obama no aceptó la jurisdicción de dicho tribunal, posiblemente porque no acepta en ningún caso la jurisdicción de dicha corte ya que de hacerlo se expondría a ver sus conductas juzgadas y eventualmente, condenadas. Seguramente el gobierno nacional no esperaba que sucediera otra cosa pero con esta iniciativa diplomática pretende poner a la administración Obama en una situación que le facilite una eventual intervención.

No se sabe si aceptará el convite e intervendrá en el asunto, las declaraciones y actitudes concretas de su administración han sido hasta ahora ambiguas y contradictorias.

Lamentablemente, hay demasiados antecedentes de que los sucesivos gobiernos estadounidenses -sean republicanos o demócratas- están dispuestos a violar cualquier ordenamiento jurídico existente -nacional o internacional- si al hacerlo creen estar defendiendo los intereses concretos de su nación sean éstos, militares, de seguridad nacional, político electorales de una administración en particular o meramente económicos.

¿Cuáles podrían ser, en este caso, esos intereses?

Se pueden aventurar algunas hipótesis. Una de ellas muy fuerte y que ya ha sido señalada, es que con esa actitud de prescindencia el gobierno estadounidense pretende mostrar al mundo financiero que su jurisdicción es la que mejor garantiza la defensa de sus intereses. Si consideramos el poder creciente que el capital financiero global ha adquirido, incluso frente a las decisiones soberanas de los gobiernos de los Estados, tal hipótesis suena plausible. Mas aún si se ponen sobre la mesa los inevitables conflictos que este predominio genera y generará por todas partes. Paul Singer lo dice muy claro: sin dolor no hay ganancia. Es obvio que el dolor es para los pueblos subordinados y la ganancia para ellos que están incluso por encima de los políticos (que a veces les sirven y otras son un obstáculo).

Posiblemente haya que admitir asimismo que los llamados fondos buitre no son una excrecencia nefasta y anómala del capitalismo global sino una parte constitutiva del aparato financiero de dominación encabezado por los EEUU y que parecen cumplir una función muy próxima al del disciplinamiento de los díscolos, ya sucedió antes con Grecia. Los buitres en la naturaleza cumplen la función higiénica de eliminar la carroña. Los fondos buitre tendrían la función higiénica de acosar a los gobiernos díscolos. No fueron creados ex profeso por la administración estadounidense, pero le pueden ser útiles. Mejor buitres que cañoneras para obligar a un gobierno rebelde a entrar por el aro. Algunos dirán que es un progreso civilizador.

La hipótesis parece aún más plausible porque en el caso argentino, este, su gobierno actual -que nació hace poco más de una década- negoció exitosamente con sus acreedores una reestructuración de una deuda impagable y lo hizo -en gran medida- por fuera del dispositivo financiero global, particularmente de la principal superestructura financiera controlada por los EEUU, el tándem FMI - BM, y -eso es lo temerario- sin tomar deuda nueva para pagar la vieja. Al hacerlo disminuyó las ganancias del aceitado aparato financiero internacional.

Posiblemente lo consideren una peligrosa toma de libertades por parte de un país que consideran debería verse a sí mismo como subordinado. La figura del desacato con la que amenaza el descarrilado Griesa cobra entonces otra dimensión simbólica mucho mayor y, seguramente, mucho más comprensible.

Quizás apuesten también a que jaqueando a este gobierno díscolo hasta el final de su mandato colaboran en lograr que se hagan cargo del gobierno nacional otras autoridades más complacientes con lo que son sus intereses permanentes. Es visible que entre los políticos de la oposición encontrarán varios dispuestos a acatar unas "soluciones" del conflicto compatibles con los intereses de esa forma extrema del capitalismo financiero global.

Como decía el catalán: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Ellos no van a dejar de ser lo que son. Que las cosas no sean como ellos pretenden depende de lo que hagamos nosotros.

Si los argentinos queremos continuar con el proyecto político que nos ha devuelto la identidad nacional, entre tantos otros valores que habíamos resignado en el pasado, no nos queda otra opción -como manda nuestra constitución- que enfrentar decididamente, en el debate político y cuando corresponda en las urnas, las descabelladas imposiciones foráneas apoyadas por sus simpatizantes locales.

bastadeodio