Ojo! Terreno minado, pisar con cuidado

 Un tema menor transformado por la alquimia mediática en uno fundamental.

A Jorge "Coqui" Capitanich le tiraron un anzuelo envenenado que parecía un bocado apetitoso y picó.

El tema no es -como debería serlo- discutir el disparatado pedido de detención de la Presidenta y su ministro de RREE, pensado y escrito en algún momento por parte del fallecido fiscal de la causa AMIA, Nisman, sino que el Coqui rompió un par de páginas del pasquín Clarín. Un indudable acto de corte nazi-fascista que atenta gravemente contra la libertad de expresión. En un contexto más racional y menos emponzoñado daría hasta risa tanto el acting de Capitanich como la deliberadamente exagerada respuesta de los medios opositores.

Hubo incluso quienes desde las filas de los comunicadores oficialistas -sin mayor reflexión- se lanzaron a criticar públicamente e incluso a condenar a Capitanich. Supuestos analistas  de los medios que no desconocen el contexto en el que se desenvuelve todo el asunto Nisman fueron incapaces de darse cuenta de lo obvio y advertir lo que en realidad está sucediendo. Que encima no es nuevo.

Hay una actitud que parece una constante en el gobierno de Cristina que es entendible pero sumamente riesgosa. Cuando las cosas aparentan irle bastante bien, mejor que lo esperado, tiende a bajar la guardia. Algo de eso ocurrió hacia fines del año pasado. La marcha de la economía, el repunte verificado del consumo popular y la ausencia de serios conflictos sociales ahogaban los agoreros vaticinios de los opositores.

Cristina, preocupada por la vinculación malsana de una parte de la SI comandada por Stiuso con el fiscal Nisman -quienes manifiestamente operaron en contra del memorándum de entendimiento con Irán aprobado por el Legislativo pero detenido por una cautelar de la justicia opositora- decidió cortar por lo sano con lo que tenía a mano y echarlo al agente. Tal vez no se evaluó correctamente que reacciones inmediatas esto podría provocar, según lo que se conoce no se tomó ninguna otra medida en esos días cruciales de fines de diciembre.

Lo cierto es que la operación denuncia (acusación) contra ella llevaba gestándose por lo menos dos años, desde que el gobierno nacional presentó la idea del memorándum y le dio forma legal como forma de movilizar una causa estancada.
Son bien conocidos los vínculos tanto de Stiuso como de Nisman (eran uno solo en la práctica) tanto con los EEUU como con Israel.
Ambas potencias pretendían mantener la culpa sobre Irán y -en distinta medida- mantener su aislamiento internacional. Orientaron la causa AMIA en esa dirección prácticamente desde la voladura de la mutual y operaron para desacreditar otras hipótesis concretando de hecho una escandalosa obstrucción de la justicia. El ex embajador de Israel en Argentina, Avirán, dio por concluido el tema cuando afirmó que los responsables ya habían recibido el castigo adecuado (ejecución por parte del Mosad). Demasiada franqueza que se hacía merecedora de una desmentida oficial del gobierno israelí la que, por supuesto, se produjo.
Todo esto se sabía y no tiene caso ahora lamentarse de que "importemos conflictos de lugares muy alejados de nuestro país", tal cosa ha pasado y muy probablemente seguirá ocurriendo incluso con mayor frecuencia si se tiene en cuenta que las rebeldías, en este caso tener una política exterior desalineada con la de los EEUU, tiene necesariamente sus costos y sus reacciones por parte de la potencia hegemónica. Cuando se tolera que los SI nacionales practiquen inteligencia interior en función de los intereses de otras potencias, dejando de lado e incluso burlando el interés nacional, estamos en el peor de los mundos posibles.

Si Nisman decidió no incluir el pedido de detención de la presidenta -previo el cumplimiento de lo que impone la Constitución en estos casos- es porque era consciente de la endeblez tanto de las pruebas como del valor acusatorio de los argumentos que aportaba. Ya era mucho acusarla, pretender iniciar con la acusación el proceso de destitución sabía que era inviable. Alguien, sin embargo, lo pretendía o lo exigía, por eso alguna vez lo tuvo en consideración y hasta lo escribió.

Por alguna razón o razones finalmente parece que lo descartó (si decidimos creer en el encriptado comunicado del Lijo).

Lo más importante y lo que se debería estar discutiendo en este momento es que a Nisman le daba, tal vez, para una sospecha, una hipótesis (a mi juicio poco plausible) de una conspiración presidencial para exculpar a Irán, la que sumada a las escuchas (que no involucraban directamente ni a Cristina ni a Timerman) podrían fundamentar una denuncia y el pedido de una investigación judicial posterior. 

En eso consiste una denuncia. Lo que hizo Nisman, en cambio, fue escribir una acusación. Si la propia hipótesis del delito cometido estaba poco y mal sustentada por el argumento escrito y por las supuestas pruebas aportadas, hasta el punto de correr el riesgo de ser rechazada "in límine", mucho más si lo que se pretendía era fundar una acusación.

El pedido de detención de los involucrados no dejaba ningún lugar a dudas, ningún posible escape, era la sentencia de muerte de la denuncia como tal y el ridículo profesional del fiscal con más recursos y horizonte investigativo del país, pero sin ningún progreso sustancial para exhibir.

En todo caso la "aparición" mediática del aparente borrador (o plan A) de Nisman y su no inclusión en el escrito presentado ante el juez Lijo (plan B), puede ser considerada una prueba más de las presiones y las dudas a las que estaba sometido el fiscal en los días previos a su deceso.

bastadeodio                                                                         

Tratando de parar la pelota

Sin duda que frente a la evidente confabulación de los poderes fácticos no cabe otra reacción para cualquier ciudadano y ciudadana consciente que el estupor y la indignación.

Sin embargo en tiempos como éstos se impone la reflexión.

Es evidente que para que el complot desatado por la denuncia de Nisman tuviese cierto éxito esos mismos poderes debían ser impiadosos -cosa que siempre les ha costado nada- y que, en este caso, era necesario que el fiscal Nisman terminara recorriendo el camino del héroe víctima de un gobierno dictatorial, corrupto y nefasto.

Para eso lo necesitaban muerto, porque vivo se les caía irremediablemente. Quizás por eso acabaron soltándole la mano y, tal vez, provocando su cruento final. En este punto detengo a sabiendas la especulación. Hay, no obstante, algunas certezas.

Entre los beneficiados por su muerte no está el gobierno nacional, al que no tan subrepticiamente los medios del monopolio lo hacen responsable, sino que los beneficiados son los medios opositores que se encontraron con una grieta por la cual penetrar y hacerle daño. Y bien que la están aprovechando aunque la ventana de oportunidad de los tiempos mediáticos no dure para siempre.

La oposición política les sigue el juego sin reparos esperando sacar del escándalo una ventaja electoral.

No es que en este combate mediático no haya reglas, las hay, pero éstas no son éticas como clama un verdadero aunque utópico periodismo independiente. Si en una guerra mediático ideológica como la que vivimos desde el 2007, la primera víctima es la verdad, la segunda es naturalmente la ética, ambas son inseparables.

Comparto la indignación del ex músico, militante y periodista Enrique Masllorens manifestada en una nota publicada en Tiempo Argentino de hoy, sábado 31 de enero, aunque discrepo solo en un punto: cuando afirma que el poder golpista considera como enemigo al Estado. (en referencia a la nota "De caranchos y teros", de Enrique Masllorens)

Estos poderes fácticos están en las antípodas de sostener una postura pseudo anarquista. Necesitan del Estado pero de uno debidamente colonizado por ellos. Siempre ha ocurrido así por estas tierras y ocurre cosa parecida en todas las partes del mundo globalizado y hegemonizado por las potencias dominantes.
En nuestro país y en la actualidad lo han logrado con una parte muy importante del poder judicial, pero los desespera que el poder ejecutivo les resulte incontrolable y que lo mismo suceda en buena medida con el poder legislativo. Sin embargo, si bien les preocupa el presente y sobre él accionan al que realmente temen es al futuro.

Estos poderes -que odian tener rostro- reniegan de la política y razones no les faltan, la oposición hasta ahora pierde por goleada y aún cuando en virtud de algunas -más que publicitadas- derrotas electorales del oficialismo sus representantes legislativos supieron tener en el Congreso cierta endeble mayoría (grupo A) no fueron capaces de aprovecharla adecuadamente. Pueden entorpecer, pero a la hora de la verdad no son alternativa. La oposición político partidaria es tan endeble que no les ofrece ninguna seguridad y sus voceros en los medios lo han dejado en claro de forma más que violenta, escatológica.

Las encuestas de opinión revelaban hasta días antes del affaire Nisman que una parte sustantiva de la ciudadanía comparte, a pesar de toda la protección mediática que les brindan, las mismas dudas con respecto a la capacidad de la oposición como alternativa al actual gobierno o a su proyecto político. La imagen positiva de la presidenta que ronda el 50% y la inconmovible base dura del FPV que ronda el 34% los pone muy mal.

Por eso y ante la perspectiva cierta de que en las próximas elecciones pudiese ganar nuevamente el FPV esos poderes en las sombras (y no tanto) se "retiraron" hacia las posiciones en las que realmente son fuertes: la economía y el aparato judicial cooptado. De sus ataques en ambos terrenos, el económico y el judicial, sobran pruebas a lo largo de los dos períodos de gobierno de Cristina.
Los intentos de desestabilización económica terminaron por fracasar -entre otras cosas- por la excelente reacción del poder ejecutivo, que incluso salió fortalecido de su pelea con los buitres externos y los caranchos locales.

Es entrar en el terreno de una especulación controlada, pero se puede sostener que cuando el gobierno nacional decidió meter mano en la ex SIDE lo hizo para cortar el nexo corrupto entre ésta y la justicia cooptada, porque visualizó con razón que allí se encontraba el principal frente de combate presente.

Una de las respuestas de los complotados fue la extemporánea denuncia de Nisman. Todo sugiere que fue resuelta con un notorio apuro y sigilo pero escasa preparación. Se la presentó durante la feria judicial a sabiendas de que su inconsistencia no habilitaría su tratamiento. No obstante, el propio fiscal la difundió ampliamente por los medios opositores y se colocó (¿voluntariamente?) bajo la presión inaudita de Patricia Bullrich y Laura Alonso que planearon sacar rédito político con su presentación ante la comisión legislativa aunque la esperable reacción del bloque oficialista les sumó a todos una presión adicional.

El hecho de su muerte, sin embargo, está bajo actual escrutinio judicial y especular en este momento sobre sus circunstancias es inadecuado, aunque la presión inaudita bajo la que se encontraba Nisman luego de su regreso temporario el 12 de enero a nuestro país al solo efecto de presentar su denuncia contra la presidenta, puede considerarse un hecho de la realidad que aún no se ha concretado debidamente en el expediente.

Hace ya unos meses que Ricardo Recondo, el flamante reelecto presidente de la organización mafiosa de jueces autodenominada asociación de magistrados, planteó con claridad y absoluta falta de respeto por la Constitución, las Leyes vigentes y la sana práctica democrática cuál debería ser la estrategia de un futuro gobierno opositor: derogar mediante decretos de necesidad y urgencia todo el andamiaje legal sancionado por el kirchnerismo. Cirugía mayor sin anestesia, dijo. Así, de un plumazo, sin la menor consideración.

Ese es el mandato que los "poderes fácticos" -de dentro y de fuera- le imponen a la flacucha oposición, aunque sus miembros, por esas cosas de la campaña electoral y sus conveniencias, se preocupen en ocultar.

El gobierno nacional ya ha dado muestras de haber salido del estupor inicial y no solo ha modificado su discurso sino que ha retomado la iniciativa política con dos medidas sumamente importantes, la propuesta de Roberto Carlés para ocupar el sillón vacante que deja la renuncia de Zaffaroni en la CSJN y el Proyecto de Ley que disuelve la SI (ex SIDE) y crea en su lugar la AFI, Agencia Federal de Inteligencia. La oposición sometida ha reaccionado como si fuese víctima de un tic que la obliga a oponerse a todo aún sin darse tiempo para darle siquiera un vistazo, como si los títulos de Clarín bastasen como suficiente argumento.

bastadeodio                                                                        

Preservar a la Presidencia. Preservar la investigación judicial

Observo con creciente preocupación el rumbo judicial y mediático que está tomando la investigación en la causa por la muerte de fiscal Nisman. La fiscal Viviana Fein -a cargo de la investigación- parece actuar cada vez más en función de refutar los dichos de la presidenta y menos en función de tomarse en serio los hechos -incluso en apariencia contradictorios- que van surgiendo de la misma investigación.

La minimización puesta de relieve en los dichos públicos de la fiscal Fein sobre el papel jugado por Lagomarsino tanto en la propia muerte (al fin y al cabo le proveyó el arma y fue -tal vez- el último que lo vio con vida) así como la aparente ausencia de investigación acerca de la relación especial que mantenía con la víctima, son -ambas- ciertamente preocupantes. También lo es el hecho de que éstas manifestaciones surjan después de que en su mensaje en cadena Cristina señalase al colaborador especial del fiscal como una figura principal a investigar.

Ocurre en cierta medida lo mismo con otro personaje clave señalado por la presidenta, el ex agente SI Stiusso. Fein en este caso respondió a una pregunta periodística con un lacónico "no tengo previsto convocarlo a declarar".

A pesar que el abogado de Lagomarsino, en la extraña conferencia de prensa que convocó, negó que su defendido conociera a Stiusso surge de declaraciones anteriores del mismo que por lo menos sabía de su rol principal en el entorno habitual del occiso. Es necesario, que duda cabe, indagar sobre si esa relación era más profunda.

En cuanto al propio Stiusso, su aparente papel central en la conformación de la denuncia presentada antes de morir por Nisman y la relación posiblemente más que meramente cronológica entre su despido de la SI por parte de las nuevas autoridades (19 dic 2014) y una denuncia presentada el 14 ene 2015 durante la feria judicial (lo que sugiere un apuro inexplicable), también señalan posibles conexiones entre la oportunidad de la denuncia, su publicidad y la muerte del fiscal situación que tiene un nodo fuerte en la figura del ex director de contrainteligencia.

La muerte del fiscal ocupa el centro de la atención por obra y gracia de los medios de comunicación que lo han elegido como el tema principal. Más allá de que esto constituya el núcleo político de esta trama y revele una clara intencionalidad de perjudicar al gobierno, lo hace a costa de desplazar del escrutinio público los contenidos y la sustancia de la propia denuncia que fue hecha pública en su totalidad. Esto llega al punto de que varios candidatos y líderes opositores han confesado públicamente que no la han leído y que, en el mejor de los casos, han accedido a "resúmenes".

En el post anterior a éste ya sugería que esto sucedería: el tribunal mediático reemplazaría al verdadero tribunal y adelanté que como suele suceder en estos casos la víctima inevitable es la posibilidad de conocer públicamente la verdad de los hechos.
Naturalmente que esto que está sucediendo bajo nuestras narices no es ni casual ni el resultado de una ley natural, la oposición -mediática y política- ha elegido deliberadamente, de forma irresponsable y con un total desprecio por las instituciones el terreno de batalla donde se siente más fuerte y en condiciones de sacar más rédito.

Pero así como hay claridad en las intenciones de la oposición hay, según mi punto de vista que puede estar equivocado, errores que pueden ser graves por parte del gobierno.

La presidenta tiene el derecho y hasta la obligación de defenderse de las acusaciones infundadas, carentes de pruebas y hasta disparatadas del fiscal Nisman. Su muerte no debería constituir ningún obstáculo para ello porque la posible causa iniciada por la denuncia está a consideración de un juez federal que pasada la feria deberá expedirse. Tiene derecho porque se la acusa personalmente pero tiene también el deber de defender la investidura presidencial que tiene origen en un mandato popular que la trasciende y al que se debe antes que ninguna otra consideración. En este terreno tiene todas las de ganar.

No ocurre lo mismo con la causa iniciada por la muerte del fiscal. En ella la presidencia no está ni acusada ni sospechada. Quienes la acusan lo hacen mediática y subrepticiamente alentando a "la gente" a concretar la acusación en la calle y en las redes. A Cristina que tanto la insultan y desde hace tanto tiempo, le han agregado ahora el mote de asesina.

La presidencia no debe intervenir públicamente en esa causa como no sea para apoyarla con todos los recursos que demande. Debe estar al tanto de cada paso que se da pero no puede ni debe sugerir hipótesis a la investigación ni menos aún señalar particularmente a ningún individuo incluso porque no es ni puede ser parte de la querella.

En todo caso para dar opinión están los medios de comunicación amigables e incluso alguno de los ministros. Acusar a Stiusso o señalar a Lagomarsino no sirve a la defensa de la presidencia, da lugar en cambio para que una empleada del poder judicial de mucho menor jerarquía institucional le responda y su respuesta sea la última. En este terreno Cristina lleva todas las de perder.

bastadeodio                                                                         

UN OPORTUNO SUICIDIO

Al mejor estilo mafioso el fiscal Nisman se suicidó a horas de prestar un testimonio clave frente a legisladores del oficialismo y de la oposición. Su muerte, como ocurre en general en estos casos, dificultará que la verdad salga a la luz. 

Sin embargo, lo que menos importa para los que organizaron y los que se plegaron a la denuncia de Nisman en contra de las máximas autoridades del gobierno, es la verdad de los hechos. Es natural que así sea porque saben que su denuncia es insostenible frente a un tribunal.

Ni la causa AMIA a cargo del juez Canicoba Corral, ni la causa de "encubrimiento" -iniciada por la denuncia de Nisman- a cargo del juez Lijo, tienen importancia real, solo proseguirán formalmente pero me adelanto a pronosticar que no producirán nada relevante en los próximos meses.

El centro de gravedad se desplazará -como ya había comenzado a hacerlo- de los tribunales a los medios.

Al mismo Nisman ya no se lo puede indagar ni mucho menos acusar. Pero su muerte, aunque sea suicidio, requiere de una explicación racional y es en torno a ella sobre lo que girarán las noticias y las especulaciones más desenfrenadas.

El golpe de efecto que cierra la opereta política montada tiene su acto final con la muerte del fiscal la que, para muchos, obrará el milagro de convertir en plausible su disparatada denuncia.

Se intenta, está claro, que el perjuicio sea para el gobierno nacional porque con lo ocurrido se invierte la carga de la prueba y se sacan los sucesos del ámbito judicial. No hay que demostrar ante un tribunal que Nisman decía la verdad, cosa imposible entre otras cosas porque está muerto, hay que demostrar frente a la opinión pública que el gobierno no está involucrado en su suicidio.

La opinión publicada ya comienza a manifestarse: no habrá acusaciones directas y formales pero sin duda se sembrará abundantemente la sospecha, tanto en los medios locales como internacionales, de la culpabilidad potencial del gobierno. Habrá también homenajes de la oposición que intentarán transformar al suicida en un héroe de la república.

Casi nadie pondrá el énfasis en la inconsistencia de la polémica denuncia realizada por el fiscal Nisman que acusaba a la presidencia nada menos que de encubrir a terroristas. Solo mencionarán su muerte y el anteúltimo acto de su vida, su denuncia, y que el público saque sus conclusiones.

bastadeodio                                                                        

Los malandras solo ceden cuando se los obliga

En una entrevista aparecida en Tiempo Argentino, Raúl Zaffaroni se pronuncia sobre la denuncia realizada en contra de la presidenta, del gobierno y de la mayoría parlamentaria oficialista por el fiscal Nisman de la causa AMIA. Una frase de la misma -que sirve de título- es por demás elocuente:

"En un sector de la justicia están usando un gas psicotizante".

–¿Cree que hay una guerra de intereses dentro del Poder Judicial?
–No sé si hay guerra de intereses o qué. Si la hay creo que están usando algún gas psicotizante que afecta a algún sector minoritario de la justicia. No hay una "judicialización de la política", porque eso es otra cosa: la hay cuando la política quiere usar a la justicia y de eso sabemos desde hace mucho. Aquí hay una "partidización de la justicia", es la justicia la que se mete en la política, y eso es nuevo y efecto del gas psicotizante.

–¿Cuáles son las consecuencias?
–No sé hasta dónde puede llegar ni puedo prever las escaramuzas de esto, pero sí sé cuál va a ser el resultado final si no se bajan los decibeles y se entra en razón. El resultado final va a ser un desastre para toda la justicia. Si como resultado de una actitud psicótica minoritaria, el público llega a la conclusión de que en toda la justicia (porque no se distingue y el baldón cae sobre todos) no es más que un juego de poder, lamentablemente el descrédito va a ser mayúsculo y muy difícil de superar.

Las respuestas de Zaffaroni son precisas y de puro sentido común y realismo. Sin embargo el fondo del problema no se encuentra en Nisman que es un mandado de poca monta, ni tampoco -aunque esto sea institucionalmente más grave- en un grupo minoritario de la justicia que se ha "partidizado" o "vuelto loco".

El problema de fondo al que nos enfrentamos es que, por una parte, hay sectores del poder económico en la sociedad nacional y fuera de ella (el propio Nisman con sus "relaciones particulares" con la embajada de los EEUU, lo deja en claro) para los cuales un gobierno que pretende gobernar e intervenir en los negocios para limitar los excesos, cambiar la estructura de la distribución de la riqueza o tener una política internacional no subordinada, es un obstáculo a eliminar.

Por otra parte hay buena parte de los partidos políticos que difícilmente puedan acceder al poder mediante el voto popular.
Operando en conjunto ambos grupos de intereses han intentado reiteradas veces inducir un caos económico buscando repetir experiencias del pasado y, sin embargo, han fracasado.
Han denunciado con abundante apoyo mediático y escasas pruebas una supuesta corrupción gubernamental y han ocultado una corrupción empresaria y política sobre la cual hay pruebas contundentes.
A juzgar por las mediciones de diversos encuestadores el apoyo al gobierno y a Cristina Fernández es notablemente alto para un ejecutivo que termina su mandato, también han fracasado en esto, no están frente a un "pato rengo" sino frente a un gobierno y un partido, el FPV, con sus potencialidades intactas.

Ante estos fracasos y la perspectiva cierta de un nuevo desastre electoral han perdido la poca compostura republicana que aún les quedaba y han decidido hacer entrar a "la cancha" como jugadores a sus jueces comprados o complacientes. La "locura" a la que alude Zaffaroni consiste en un abandono de su rol constitucional de garantes del equilibrio de poderes e intereses y la objetividad en el juzgamiento de las causas.
La utilización de jueces y fiscales amigos con una clara intencionalidad política o económica es una maniobra que no es nueva. Mediante ella han logrado obstaculizar buena parte de las iniciativas legislativas del gobierno y obtener importantes privilegios económicos.

Lo que es nuevo es la magnitud del intento, ya que lo que pretenden producir es un grave conflicto de poderes y poner en riesgo el funcionamiento institucional en un año electoral creando un clima de incertidumbre y hasta de miedo por el futuro en buena parte de la población.

Pretenden que de esa situación creada se derive una mejor oportunidad electoral para su o sus candidatos.

El "partido judicial" no es un partido en el sentido tradicional, no los caracteriza ser afiliados o simpatizantes de la UCR, del PRO, o del Socialismo, son partidarios del partido del poder en las sombras con vínculos explícitos con el poder económico global, el que tiene dirigentes pero no candidatos propios, y solo designa gerentes a los cuales enviste -circunstancialmente- como candidatos en una gran mascarada de carácter global y nacional dirigida a manipular y torcer la voluntad democrática de la población.

Yo diría que frente a esta maniobra solo cabe -por parte del gobierno y de la población- tenerla en claro, no dejarse conquistar por el miedo y enfrentarla en todos los terrenos en que se manifieste. No existe en la actualidad la posibilidad de conciliación de intereses entre estos sectores que se consideran el verdadero poder permanente y los intereses populares. Mil fotos en apariencia amables no harán cambiar esta historia, solo sirven para confundir.

El partido que estamos jugando, con los árbitros dentro de la cancha haciendo zancadillas y golpeando arteramente a los jugadores de un bando, "inclinando la cancha", es un partido entre la democracia, la libertad y la justicia y contra una banda de malandras dispuestos a utilizar cualquier medio para alcanzar sus fines. Así actúan los malandras, los que atentan contra la belleza y el sentido del juego comprando a los árbitros y arreglando los partidos.

Ya se les ha podido ganar y más de una vez. El límite que no están en condiciones de ignorar en este momento histórico, es la voluntad popular expresada con claridad en las urnas eligiendo dirigentes que tengan lo necesario para enfrentarlos. 

bastadeodio