EUROPA, LOS DDHH Y EL RACISMO

Kunar (Afganistán) abril, 2013, 11 niños muertos en bombardeo de la OTAN

Europa nunca tuvo derecho a erigirse como la defensora de los DDHH siendo como es históricamente su principal violadora. Unas pocas décadas de propaganda no pueden borrar siglos de crímenes contra la humanidad.
Lo que sucede en su propia tierra desde hace años prueba que eran lágrimas de cocodrilo, puro cartón piedra, tal vez las tragedias de Bosnia y Kosovo en la ex Yugoslavia no fueron suficientes para abrirnos los ojos, ahora ya es imposible cerrarlos porque los crímenes de la OTAN y las metodologías de intervención probadas allí se extendieron con su secuela de muertes y destrucción a Oriente Medio y buena parte de África. A la lista que comienza con Afganistán, le siguen Irak, Libia y Siria, entre otros, y en ninguno de los casos el horror se ha detenido.

En el campo de las ideas todo parece bello, mientras en Europa siglos atrás se elaboraban las ideas de libertad, igualdad y democracia, sus ejércitos masacraban a medio mundo, esos son los hechos. Esa Europa bella, liberal y democrática, hoy lo sabemos, era solo una fachada para ocultar la cruda realidad de la dominación colonial y fue recientemente utilizada para luchar contra el comunismo. Una máscara de bienestar para salvar al capitalismo amenazado.
Desaparecida la necesidad, aparece el verdadero rostro que siempre estuvo detrás de la máscara. Los únicos que pueden salvar a la Bella Europa de las Grandes Ideas e intentar hacerla por primera vez realidad en su larga historia, solo si son conscientes, son los propios europeos.

Entretanto sus gobiernos e instituciones se arrogan el derecho de decirnos que estado es democrático y cual no. En el colmo del cinismo llegan a considerar como democrático al Estado Racista de Israel opresor y genocida del pueblo palestino.

En Europa no se leía ni se lee a Fanon y si algunos pocos lo hacían el resto no los tomaba en serio. Por (euro) definición en los pueblos a los que pertenecen los muchos Fanon habidos en el mundo no se piensan bellas sino peligrosas ideas. Ellos se miran en su propio espejo deformante y su reflejo nos llega encantado y embellecido a nosotros los porteño-argentinos, que nos consideramos por error sus descendientes. Ellos no nos ven así, somos, en el mejor de los casos, mestizos. En cualquier caso siempre somos y seremos SUDACAS, un escalón por debajo de cualquier europeo.

Un análisis más detallado de la actual llamada "crisis migratoria" en el Blog compañero de Daniel Mancuso
bastadeodio                                                                  

Derechos Humanos y Proyectos Políticos

Es imposible pensar una política de DDHH separada de una política en el sentido amplio. Más específicamente del proyecto político que adoptan los sectores sociales dominantes de un país o de un bloque de países.

Desde su origen el tema de los DDHH ha estado vinculado a la existencia de proyectos políticos a nivel nacional e internacional (geopolítica). La misma diferenciación entre derechos de primera, segunda y tercera generación refleja en parte esa circunstancia.

Es habitual que las consideraciones morales o simplemente humanitarias sean dejadas de lado en función de intereses económicos o políticos y, en consecuencia, los DDHH se convierten en valores relativos a los contextos en los cuales son defendidos o, por el contrario, violados.

No fue el espíritu que animó a aquellos que los redactaron hacia fines de la primera mitad del siglo XX. Los pensaron como valores absolutos y un patrimonio de la humanidad (los derechos inalienables de la persona humana) no sujetos a ninguna Cuestión de Estado, establecieron que los DDHH no admiten suspensión.
La realidad vista con una perspectiva histórica, evidentemente, no es esa. El objetivo no se alcanzó y no debe sorprender que así sea. La situación es quizás peor, ha ocurrido con frecuencia que en manos de un proyecto político imperialista y hegemónico los DDHH fueron convertidos hasta en un arma en la lucha ideológica y comunicacional, en la excusa perfecta para que éstos mismos fuesen violados.

Derechos humanos y políticas de Estado: El bloqueo a Cuba

Podemos tomar un ejemplo muy presente por estos días en los que parece haber cierto deshielo de las relaciones entre USA y Cuba. Desde 1961, los EEUU de Norteamérica que tuvieron un papel destacado en su consagración como valores comunes a toda la humanidad, con la simple afirmación de que en Cuba regía una tiranía en la que se violaban los derechos civiles y políticos y hasta ciertos derechos sociales (la homofobia y la libertad de expresión, por ejemplo), instalaron un bloqueo total sobre la isla, un castigo extremo que duró, hasta ahora, 54 años.
El supuesto régimen dictatorial no cayó sino que se fortaleció, al punto que existen 23 resoluciones de las NU instando al país agresor, los EEUU, a levantar el indigno, genocida, bloqueo que le ha costado al pueblo cubano una pérdida de ingresos total por más de un billón de dólares (un millón de millón).

¿El bloqueo ha fracasado?. En un sentido político y moral, seguramente sí, pero en el sentido práctico no fue así. Los EEUU mantuvieron el lazo apretado en torno al cuello de Cuba -ese largo lagarto verde con ojos de piedra y agua, en palabras de Nicolás Guillén- impidiéndole su desarrollo y dar una mejor calidad de vida a sus habitantes. Es difícil encontrar en la historia un caso similar, un bloqueo total de más de medio siglo de duración.

Los DDHH en Argentina dentro del proceso eleccionario: 

Hubo una época en la que los derechos humanos tenían en nuestro país jerarquía constitucional. La Constitución promulgada en 1949 durante la primera presidencia del general Perón, a pesar de la oposición del Radicalismo el partido opositor más fuerte de ese entonces, le daba carácter legal constitucional a los derechos del trabajador, la denominación argentina de los derechos de segunda generación consagrados en la declaración universal de los derechos humanos. Esa Constitución nacida de la voluntad del pueblo fue, sin embargo, derogada en 1956 por un gobierno de facto, el de la revolución fusiladora.

Dijo ayer Eugenio Zaffaroni:  “Alguna gente que merece respeto se confunde, pero el poder del mundo es tan dinámico que hay que explicar las confusiones. Hablar de que los Derechos Humanos están cerrados, es como decir que los Derechos Humanos no tienen sentido. Se lo ha dicho, y quienes lo han dicho eran partidarios de ideologías inhumanas. Si hay alguien partidario de ideologías inhumanas, que lo diga y confrontaremos ideológicamente”.

Notoriamente se refería sin nombrarlos a dos de los actuales pre candidatos a la presidencia en las elecciones del año próximo. Mauricio Macri que afirmó: "Hay que acabar con el "curro" de los DDHH" y no se desdijo, y Sergio Massa quien afirmó que "hay que darle un cierre (bien o mal, no importa) al tema de los DDHH".

Los DDHH deben ser parte de una política de Estado:

El tema es serio porque los DDHH, para ser efectivos, deben ser integrados en una política de Estado y estas políticas deben ser permanentes e inmunes a los cambios de gobierno producto del libre juego de la democracia. ¿Es esto posible, en nuestro país o en cualquier otro?. No es imposible, pero si muy difícil de concretar en la realidad.

Quiénes dijeron lo que se señaló más arriba se cuidan celosamente de desplegar ante la opinión pública la naturaleza de sus respectivos proyectos políticos. En el caso de Macri -aunque no lo haga- hay suficientes elementos surgidos de los años que lleva su gestión frente al gobierno de la ciudad para inferirlos. De todas formas, su obligación como precandidato es explicitarlo de forma clara y que sea entendido por la mayoría de los electores. No obstante viendo las políticas sociales, educativas y de salud que impulsa es notorio que está en contra de toda forma de subsidio directo o indirecto dirigido hacia la población más vulnerable. Se podrían agregar muchos elementos más y más precisos pero nos sacaría demasiado del tema central.

Ambos, Massa y Macri, disponen sus campañas políticas de manera similar, mucho despliegue mediático (en eso son beneficiados por su relación con los medios dominantes fieramente opositores al gobierno actual), mucho "cotillón", colores, fotos con personajes famosos de la farándula y el deporte, pensando que tal vez aparecer juntos les transfiera algo de la popularidad de éstos.

Son campañas superficiales que evitan tocar temas centrales. Sin embargo, de tanto en tanto, se les "escapan" definiciones como éstas, frases breves de alto impacto pero sin mayor compromiso y explicación. Un día se levantan diciendo que van a derogar todo, al día siguiente, viendo la reacción negativa, cambian de opinión y dicen que van a mantener todo lo bueno y modificar todo lo malo, casi sin explicitar ni uno ni otro extremo.
Solo vaguedades del tipo, bajaremos la inflación y reduciremos o eliminaremos los impuestos que frenan el crecimiento del país, pero a la vez afirman que mantendrán la AUH, sin decir cómo piensan seguir financiándola con los recursos del Estado disminuidos, y así sucesivamente con todos los temas.
Defender, plasmar en la realidad los DDHH, todos, cuesta dinero, implica utilizar recursos del Estado que de algún lado deben salir. Ahí está el problema.

Una de las nociones más graves que dejan caer como al pasar es la relación que establecen entre DDHH e inseguridad. En afirmaciones groseras tales como que los derechos de la víctimas de la inseguridad no son tenidos en cuenta y si se lo hace con los derechos de los delincuentes siendo el culpable naturalmente el gobierno nacional. Recientemente Massa presentó como un escándalo que los presos que trabajan reciban un sueldo como todo trabajador.
¿Es necesario recordarle a este señor que los presos también son seres humanos con derechos?. Por supuesto que no existe el derecho a robar lo ajeno o quitar la vida en ocasión de robo o por cualquier otra circunstancia. Para reprimir estas acciones delictivas está el código procesal penal, la policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario que al preso lo privan de uno de los derechos fundamentales: la libertad, pero no del resto de los derechos de la persona humana.

Un ejemplo: la crisis de las hipotecas sub prime:

Para que se entienda. Cuando en 2008 en los EEUU se produce la crisis de las hipotecas, los principales 26 bancos quedan en situación de quiebra inminente. El gobierno Federal les inyecta enormes sumas de dinero que salen de las arcas públicas y de la imprenta de billetes.
Lo razonable -en el marco del capitalismo- habría sido que el Estado se hubiese hecho dueño de todo o parte del paquete accionario de dichos bancos. No fue así, por ese dinero recibido los bancos no tuvieron que dar nada como contraparte. Fue un regalo que el conjunto de los ciudadanos de ese país le hicieron a los bancos que, además, se quedaban con sus casas por no poder pagar las infladas hipotecas.

En muchos países europeos sucedió lo mismo, la crisis que comenzó en USA terminó extendiéndose por todo el mundo y aún continúa, constituyendo la principal traba para el crecimiento económico y el bienestar social.
Desde luego que en dicho proceso brutal de desmonetización de las economías familiares se han violado una enorme cantidad de derechos de las personas. Los Estados en lugar de velar por los intereses y derechos de las mayorías, hicieron lo contrario, vulnerarlos para salvar la existencia de los bancos y mantener a sus propietarios.

Más claro, echale agua. A nosotros nos pasó durante la década de los 90 y culminó con la debacle de 2001. La salida elegida fue muy similar, salvar a los bancos con la pesificación asimétrica dictada por el gobierno de Duhalde, que hizo que los bancos se hicieran de dólares (que en nuestro país no se pueden imprimir legalmente) a costa de los depósitos de los ahorristas ya que en virtud del 1 a 1 dictado por Cavallo estaban en su gran mayoría en dólares.

No solo existe una relación directa y permanente entre los proyectos políticos y el estado de los DDHH sino que solo los proyectos políticos centrados en los DDHH garantizan su defensa en todos los casos y variedades.

El Poder Judicial Argentino:

El último punto al que me referiré es al papel de uno de los poderes del Estado, el poder judicial. El poder ejecutivo y el legislativo están sujetos al voto popular el que decide si le reitera la confianza o no a un determinado proyecto político. El poder judicial en nuestro ordenamiento constitucional está exento de tal requisito, lo que constituye una anomalía de no fácil solución que deja al Estado en su conjunto en una situación de debilidad relativa para propender y defender la completa vigencia de los DDHH.

Desde hace unos años este problema del desfasaje entre el proyecto político, socialmente inclusivo y defensor activo de los DDHH, actualmente vigente y el poder judicial se ha agravado notoriamente dejando la impresión que por lo menos una parte sustancial de éste último poder ha decidido encarnar la defensa de un proyecto político regresivo que por su naturaleza es violador de los DDHH. La imposibilidad de instalar en la justicia un proceso de democratización parcial porque buena parte del aparato institucional se opone y tiene el poder constitucional para hacerlo, es uno de los conflictos no resueltos más grave al que nos enfrentamos actualmente y de cara al futuro.

bastadeodio                                                                     

Derechos humanos: ¿Tarea cumplida?

La Carta Internacional de los Derechos Humanos promulgada por las Naciones Unidas en 1966 y que tiene carácter vinculante para los países firmantes, tiene su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por las NU en 1948, poco después de terminada la segunda guerra mundial y en gran medida como respuesta a las atrocidades cometidas en ella, fundamentalmente por parte del Estado Nazi del III Reich alemán. Esta Declaración tiene a su vez como antecedente directo a la Carta de Las Naciones Unidas firmada en San Francisco (EEUU) en 1945.

El documento fundamental desde el punto de vista jurídico es el primero, la Carta Internacional de los DDHH, que tomó estado legal para los países signatarios en 1976. En ella se inscriben dos pactos uno referente a los Derechos Civiles y Políticos y el otro referente a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El trasfondo de esta diferenciación -entre derechos políticos y derechos sociales- lo suministra la guerra fría entre los dos bloques que emergieron de la segunda guerra: el bloque capitalista y "democrático" encabezado por los EEUU y el bloque comunista y supuestamente "antidemocrático" encabezado por la URSS. En tanto los primeros elegían poner énfasis sobre los derechos políticos, el otro bloque lo hacía sobre los sociales. La discusión claramente se inscribía en la dialéctica de la lucha ideológica entre ambos bloques que establecía prioridades de acuerdo a proyectos políticos opuestos.

Un aspecto del tema es que desde el punto de vista conceptual e incluso filosófico los derechos humanos constituyen un solo cuerpo de derechos, cuanto más énfasis se ponga en un grupo de derechos por sobre el otro probablemente más se estén violando activamente por parte de los Estados los derechos de las personas. Pero esta consideración, a pesar de su importancia, no es la única a tener en cuenta.

Es necesario al respecto de los DDHH, bajarlos al plano real, anclarlos en el barro de la historia.

Es que las obligaciones de respeto a los DDHH lo son primariamente de los Estados y aunque los grupos empresarios, gremiales, religiosos o sociales en general, son en si mismos capaces de violar esos derechos, le corresponde a los Estados Nacionales, tanto dentro como fuera de sus fronteras llegado el caso, hacerse cargo del problema y poner límite a la violación. En suma, la responsabilidad recae sobre los gobiernos de forma directa pero no se extingue con ellos porque el responsable siempre es el Estado Nación al que se lo supone permanente. Naturalmente subsiste el problema real cuando este Estado Nación no existe o su existencia es precaria, como ocurre y ha ocurrido en torno a diversos conflictos políticos, étnicos y religiosos en varias partes del mundo.

Los Estados, los DDHH mismos, los diversos grupos de intereses, no son solo entidades teóricas susceptibles de análisis y clasificación, son objetos y comportamientos sociales y políticos reales. Las sociedades no están determinadas solo por la convivencia pacífica de los intereses contrapuestos sino y especialmente, por la existencia de conflictos irresueltos surgidos de estos mismos intereses. Es notable que los análisis teóricos que suponen las diversas declaraciones internacionales no tomen en cuenta este punto fundamental. La existencia en la realidad de serios conflictos de intereses. No es de extrañar entonces que las declaraciones se transformen con demasiada frecuencia en papel mojado y simplemente se las ignore por parte de aquellos que dicen respetarlas.

Los ejemplos sobreabundan, el más reciente: el reconocimiento por parte del gobierno de los EEUU de que ha practicado de forma sistemática y organizada la tortura y la privación indefinida de la libertad como método para obtener información y que en esa práctica, prohibida expresamente por las convenciones que ha firmado, ha involucrado, además, a otros Estados convirtiéndolos en cómplices voluntarios o involuntarios.
Siempre existe entonces la posibilidad real de intentar justificar un mal si el objetivo es evitar un mal mayor. Los DDHH se convierten entonces en un ideal relativo puesto al servicio de un interés particular y que puede ser suspendido por razones de Estado, del mismo Estado que firmó la obligación de su respeto irrestricto. Y peor, esa evidente violación puede no tener castigo porque no hay fuerza en el mundo que se lo pueda imponer. Impunidad que es la antítesis del respeto. Predominio que es la antítesis de la igualdad.

La dictadura argentina instalada en 1976 -apoyada por los EEUU y por buena parte del empresariado local, de los partidos políticos y de las iglesias- violó sistemática y organizadamente todos los DDHH declarados en la Carta Internacional y lo hizo con una escusa muy similar a la empleada por el gobierno estadounidense. Violó tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. Nuestro país era y es un signatario de la Carta. Cuando sus propias contradicciones internas y el cambio del escenario mundial provocaron su caída en 1983 y se iniciaron los juicios por la responsabilidad del Estado en las violaciones a los DDHH, diversas medidas del ejecutivo, del legislativo y del poder judicial coincidieron en limitar la responsabilidad de esas violaciones a las cabezas del poder ejecutivo dictatorial y, a pesar de ello, la política de DDHH del primer gobierno democrático fue aplaudida en el mundo como un hecho casi único, sin casi precedentes. Lo que simplemente demuestra las escasas ocasiones en que los crímenes contra los DDHH son juzgados y condenados.

Durante un tiempo, tal vez demasiado largo, pareció suficiente. Tarea cumplida. Incluso vinieron los inmorales indultos. Todos "reconciliados" entonces. Los DDHH volvieron a su condición de ideales, de esas cosas que se ponen en la vitrina o la biblioteca y ya no molestan.

Afortunadamente para todos hubo un grupo relativamente pequeño de actores sociales, los organismos no gubernamentales de DDHH, que insistieron con que ese estado de cosas estaba muy mal, que finalmente los DDHH se habían ido por la alcantarilla del olvido y la injusticia y que era necesario recuperarlos, sacarlos de la vitrina y exponerlos a la luz.
A la cabeza del reclamo estaban la reapertura de los juicios por los crímenes cometidos por la dictadura en contra de la oposición política. A partir de 2003 por decisión política del gobierno encarnado en Néstor Kirchner se logró que el Estado se hiciera cargo de lo que fue un plan sistemático de aniquilación de la oposición, se calificó legalmente a ese plan como genocida con la intervención de los tres poderes del Estado, se derogaron los inmorales indultos (no había reconciliación ninguna) y en ese proceso todavía estamos, con las miserias de los campos clandestinos que continúan saliendo a la luz, pero también con 106 hombres y mujeres que ya adultos recuperaron su identidad perdida de niños robados. Horrores y alegrías revividos. Doloroso pero para bien. Sin Memoria, Verdad y Justicia no hay futuro, solo basura bajo la alfombra del olvido.

El apoyo e intervención más o menos solapada de los EEUU en la nuestra y en la totalidad de las dictaduras militares que se enseñorearon de Sud y Centro América en los años 70 es una prueba directa de que no solo estaban involucrados intereses de tipo ideológico sino también económicos. Lo común a todas ellas es la instalación de un proyecto económico neo liberal que afianzara el carácter de productores de materias primas y alimentos en detrimento de la industria sustitutiva y que diera lugar a la extranjerización y concentración de esos sectores controlando toda la cadena de valor.
Un proyecto así solo se sostiene con la violación por parte de los Estados de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. La libertad de asociación, de agremiación, de expresión fueron seriamente limitadas y las organizaciones que aún sostenían las apariencias de libertad fueron coptadas por el Estado autoritario.

En cuánto al sector empresarial que había prestado su apoyo a la instalación de la dictadura militar hubo ganadores y perdedores en función del proyecto neoliberal. Pero lo central, a mi juicio, en este tema es cuál fue el grado de participación empresarial en la instrumentación concreta del genocidio.
Los juicios por la Verdad han puesto de manifiesto que la colaboración iba desde la participación directa, denunciando opositores y suministrando infraestructura para la represión, hasta apoyos menores más ideológicos y propios del beneficio económico. En este tema, como en todos, los grados de participación son importantes para deslindar responsabilidades sobre los crímenes cometidos.

Lo mismo ocurre con los sectores e individuos de las Iglesias, especialmente de la Católica. Sin esa alianza, militar, empresarial y eclesiástica la dictadura no podría haber encarado con éxito la enorme tarea represiva que acometió con evidente éxito temporal. También en ese sector, el eclesiástico, hay diversos grados de responsabilidad pero que aún permanecen mayormente fuera de la luz pública.

Desde 2003 hasta aquí la continuidad en el gobierno nacional de un proyecto reparador de los DDHH no se ha limitado a los derechos civiles y políticos, considerados de primera generación, sino también a reparar la violación de los derechos de segunda generación, los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Sería casi imposible enumerar de forma completa todos los derechos recuperados, el derecho a un trabajo y vivienda dignos, el derecho fundamental a la alimentación, la educación y la salud, a la libre expresión y el respeto por las minorías étnicas, de género y culturales (considerados por algunos derechos de tercera generación).
El logro del pleno cumplimiento de estos derechos es naturalmente progresivo porque requiere de la movilización y cambio del conjunto social pero las acciones por parte del Estado tienen que ser claras, decididas e inmediatas. Allí donde se viola un derecho la presencia del Estado para defenderlo y recuperarlo debe ser contemporánea. Eso es lo que garantiza el actual proyecto nacional y popular.

Por esa razón, porque los DDHH no se reducen a los de primera generación, ni mucho menos a los juicios por los crímenes cometidos por militares y civiles durante la última dictadura cívico, militar y eclesiástica que aún continúan abiertos y su finalización es imposible de prever.
Es que el tema de los DDHH en Argentina, ni en ningún otro país del mundo, admite ningún tipo de cierre como proponen por ignorancia o puro cinismo ciertos candidatos de la oposición que pretenden restaurar en nuestro país modelos neo liberales que son esencialmente violatorios de los derechos humanos esenciales.

bastadeodio                                                                  

El caso de Omar Khadr

El detenido más joven de la prisión estadounidense de Guantánamo, en Cuba, fue entregado ayer (sábado 29) a Canadá, donde cumplirá el resto de una condena por crímenes de guerra, así informó el Pentágono.
Esa es la escueta noticia. No es mala dentro de todo, aunque siga preso, por fin otro secuestrado más abandonó ese infierno en el cual el reloj -aunque no el tiempo que es inexorable- se detiene. En la composición gráfica a la izquierda se muestran dos momentos de su vida: a los catorce años, solo un año antes de ser capturado, y una fotografía más reciente.

Omar Ahmed Khadr es su nombre y su historia -dramática- es un puñetazo en el estómago, una muestra más de que hay cosas que están muy mal en el mundo, realmente muy mal.

Diagrama de la base mostrando el campo X-Ray

Para los que no lo sepan Guantánamo está efectivamente en Cuba, pero no es en su totalidad territorio cubano. Es una pequeña y hermosa bahía de la costa sureste de la isla, cubana en su mayor parte, pero en ella está situada una Base Naval de los EEUU que por su ubicación controla el acceso a la misma. Su construcción data de 1898, luego de la guerra entre este país y España, y fue legalizada por un tratado firmado en 1903 mediante el cual Cuba cedía los terrenos en arriendo perpetuo a los EEUU, por un total irrisorio de 4.085 dólares estadounidenses por año, que solo pagaron una vez porque el gobierno revolucionario se niega a convalidar el despojo aceptando el pago. En este momento las relaciones entre Cuba y la Base son inexistentes. Cuba no cesa de reclamar por su devolución.

En el año 2002 el gobierno yanqui construyó en la base varios campos de detención a los que comenzó a trasladar a supuestos terroristas apresados en Afganistán, Iraq, Yemen y otros lugares de conflicto en el marco de su particular guerra contra el terrorismo internacional.

Delta Camp, uno de los CCD de Guantánamo

Este Centro de Detención Guantánamo es Clandestino, no en el sentido de que su existencia y ubicación sean desconocidas para el público, sino porque en esencia lo que sucede allí no difiere de lo que sucede en un CCD "normal" como los que instauró la dictadura cívico militar argentina.
Los prisioneros que están allí lo están en virtud de una decisión exclusiva del gobierno norteamericano y no están sometidos a ninguna jurisdicción legal, ni civil ni militar formal, son presos sin acusación formal ni proceso y detenidos sin tiempo de vencimiento. Desde el momento en que se está frente a un Estado que actúa al margen de la ley sobre personas indefensas lo que allí sucede puede ser calificado de delitos de lesa humanidad.
Para completar el panorama, existe numerosa evidencia, incluso obtenida a partir de documentos internos gubernamentales revelados, por ejemplo, por wikileaks, de que allí se practica la tortura sistemática a los prisioneros.
Los archivos completos de wikileaks que afectan a Guantánamo corresponden a casi 800 presos ilegales. Como hicieran las SS de Hitler con los judíos de la Shoa, los militares estadounidenses llevan un registro detallado de cada uno de ellos y establecieron, además, un completo manual de procedimientos para los interrogatorios y la clasificación de los prisioneros según su peligrosidad.

Omar fue llevado allí desde la prisión de Bagram (similar a la de Guantánamo) situada en Afganistán, en el año 2002 y cuando solo contaba con quince años. Se lo acusaba de causar la muerte de un soldado perteneciente a los Delta Forces, el sargento estadounidense Christopher Speer. Los Delta son un grupo de combatientes de élite o comandos cuya existencia no es reconocida por los EEUU y cuya función, por lo poco que se sabe, es Search & Destroy, es decir que cuando atacan es para matar, no hacen prisioneros.
De hecho Omar es el único sobreviviente del grupo de supuestos terroristas detectados y atacados por los comandos y cuando se lo hizo prisionero estaba seriamente herido, con tres impactos de proyectil en el cuerpo, inconsciente y tapado por los escombros del edificio que habitaban.

Los interrogatorios y las torturas comenzaron en Bagram, allí uno de los interrogadores le provocó la pérdida de visión de un ojo al presionarlo con uno de sus dedos. Esa, según las denuncias, es una práctica sino habitual, bastante común.
Otra de las torturas a las que se lo sometía consistía en obligarlo a estar durante horas en posiciones que le provocaran un dolor insoportable por causa de sus heridas.

Su caso tomó cierta notoriedad por tratarse de un niño nacido en Canadá, crecido, educado allí y ciudadano canadiense a todos los efectos legales.

Existe un documental impresionante creado a partir de vídeos registrados durante los interrogatorios en los que participaron militares canadienses y de testimonios de personas vinculadas a su caso. Su título en castellano es: No quieres saber la verdad: cuatro días en Guantánamo.

Omar no es el único niño que estuvo detenido en Guantánamo, hay según lo revelado por wikileaks, por lo menos ocho casos más (Diario El País, 25-4-2011). Los documentos secretos revelados por la organización de Julian Assange que hacen a este tema de los menores de edad prisioneros los pongo al final.

El hecho de que se trata de niños sometidos a esta condición aberrante e inhumana supera toda tolerancia imaginable y varios organismos dedicados a los derechos humanos se interesaron por el caso, Amnistía Internacional, entre ellos. Tal es así que la ONU aprobó en julio 2012 una resolución en la que se instaba a las autoridades norteamericanas a poner a Omar bajo la tutela de las autoridades canadienses, cosa que finalmente ocurrió como consigna la noticia.

En un momento de su calvario Omar fue "juzgado" por una comisión militar ad hoc (no un tribunal militar) y condenado a cuarenta años de prisión, finalmente ya quebrado y habiendo perdido toda esperanza aceptó declarase culpable y un arreglo "extrajudicial" redujo su condena a diez años, sin embargo, a pesar de haber ya transcurrido los diez años a contar desde su detención, no ha sido dejado en libertad. Legalmente esos diez años de su vida solo se ven en su rostro. Simplemente y desde el punto de vista legal no han existido. Omar tiene aún que cumplir la condena, aunque ahora sea en Canadá, el país donde nació. (historia legal del caso Omar, en inglés)
Existe una carta de Omar, terrible, escrita desde Guantánamo, dirigida a su abogado canadiense Denis Edney donde le habla de su decisión de no dar más pelea legal y aceptar el acuerdo que le proponen sus captores.

DOCUMENTOS:

Menores de edad prisioneros en Guantánamo (Documentos Secretos - Dep. de Estado - Wikileaks):
Abdul Samad
Asad Ullah
Naqibullah
Abdul Qudus
Mohammed Ismail
Omar Ahmed Khadr
Ashraf Salim Abd al-Salam Sultan
Hafez K. Rahman
Mohammed Omar

Informe de Amnistía Internacional sobre menores de edad encarcelados en los EEUU.
Declaración de Human Rights Watch sobre Guantánamo

Gráficos que dan una idea de la magnitud de lo que sucede en Guantánamo:

bastadeodio                                                                    

El drama de los refugiados subsaharianos en Marruecos

Operativo Isla de Tierra (clic derecho para ampliar)

La situación de los inmigrantes, mejor dicho, refugiados, subsaharianos que intentan ingresar a España es una constante desde hace varios años, en general ha recibido por parte de la prensa y los medios de Argentina poca atención. Parece un problema lejano y de otros. Recientemente un hecho lo puso otra vez en primer lugar informativo. Un reducido grupo de ellos, unas 83 personas ocuparon un islote llamado Isla de Tierra que a pesar de encontrarse frente a las costas de Marruecos es de soberanía española. Esta es la historia de ese evento y de lo que lo rodea.   

EL CONTEXTO:
Nadie sabe con certeza de cuántos se trata, pero se estima que son entre ocho y diez mil los subsaharianos que malviven en Marruecos, buena parte de ellos se acumulan en los alrededores de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla enclavadas en territorio marroquí y el resto en otros lugares de este país norte africano. Solo 750 de ellos han logrado obtener de ACNUR el estatus de refugiado. Provienen de varios países al sur del Sahara, entre ellos Mali, Zambia, Gabón, Camerún, Senegal; expulsados por las guerras, el hambre o el desempleo. Son de muy variado nivel sociocultural pero tienen algo en común, no tener nada más que lo puesto, aspiran a ingresar a España y alcanzar quizás su destino final en algún país europeo con el que presienten tener vínculos de lengua e historia.
Pero el ingreso es cada vez más difícil. España y Marruecos están decididos a colaborar para impedirlo.

El problema no es nuevo pero en los últimos tiempos ha recrudecido debido al aumento de los conflictos en sus países de origen y su consecuencia la migración forzada. En octubre del 2005, gobernando España Zapatero, se produjo un importante intento de escalar las vallas metálicas que separaban Ceuta y Melilla de Marruecos. Hubo represión de las fuerzas policiales y militares marroquíes con heridos y posiblemente muertos pero 71 inmigrantes consiguieron salvar la barrera e ingresar.
El gobierno español pactó entonces con el marroquí su entrega a pesar que al haber pisado suelo español los inmigrantes ilegales debían beneficiarse de la legislación vigente en España que les asegura un debido proceso y la asistencia de un letrado en el trámite de potencial expulsión.
Además de esto, otra consecuencia de aquel incidente fue el de duplicar las vallas y duplicar su altura (seis metros en lugar de tres y construir una segunda valla, como en el Muro de Berlín). Esa fue la primera violación masiva de su propia ley cometida por el gobierno español, ahora ha ocurrido la segunda. Este vídeo aporta más al contexto y nos sitúa en las horas previas a los últimos acontecimientos:

LA ISLA DE PIEDRA:
El nombre le queda grande, es apenas un pequeño peñón inhabitable e inhabitado sin posibilidades de refugio que queda a pocas decenas de metros de la costa marroquí. Forma parte del archipiélago de las Alhucemas (también el nombre le queda grande) que recibe su nombre del peñón o islote mayor donde existe un fuerte con presencia permanente de un destacamento militar español. La única presencia que indica que la isla de Tierra es territorio español es un chapón de hierro que lleva pintada la bandera roja y gualda del reino de España.
En ese islote se reunieron 83 refugiados subsaharianos, entre ellos 11 menores y 5 mujeres confiando en que al pisar suelo español serían atendidos según la ley vigente y enviados a los campamentos de Melilla para seguir el trámite de admisión o expulsión. Nada de esto ocurrió. Este es un vídeo del procedimiento de desalojo:

En las primeras horas de la madrugada del 4 de setiembre fuerzas de la guardia civil española desembarcaron en la isla y comenzaron a conducir a los refugiados, en tandas de diez y esposados, a una lancha zodiac que recorría -ida y vuelta- los escasos metros necesarios para que los, ahora prisioneros, pudieran hacer pie y caminar por el agua hasta ser recibidos por las fuerzas marroquíes que los esperaban con gran despliegue y formando una hilera en la playa. Los testigos señalan que se escuchaban con frecuencia gritos desgarradores. Por supuesto ningún periodista pudo acercarse lo suficiente como para determinar su origen y causa. Todo el procedimiento se realizó en la más completa oscuridad, solo iluminados por algunas potentes linternas.
De esa forma 71 ilegales fueron subidos a transportes ya preparados y dejados en la tierra de nadie existente en la frontera cerrada entre Marruecos y Argelia. Esta -como veremos- es la práctica habitual. Argelia no los deja entrar, Marruecos tampoco, en consecuencia quedan librados a su suerte en esa tierra de nadie. Solo los 11 menores y las ocho mujeres de la Isla fueron llevados a Melilla en helicóptero, luego de un breve paso por el fuerte de Alhucema. La operación concluyó a las cuatro y media de la madrugada. El islote quedó desierto. A la salida del sol solo se divisaba una tienda de campaña y, al menos, tres soldados españoles limpiando la zona.

TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS:
Musa Ali tiene 20 años, un brazo roto y varios golpes en la cabeza. Patrick, de 32, camina con muletas y lleva vendas en las piernas y en los brazos. Un joven camerunés a su lado tiene la frente vendada, un ojo ensangrentado y varios cortes junto a la ceja. Junto a ellos caminan otros subsaharianos lisiados: hombres con muletas, vendas, cortes, heridas de todo tipo... Parte de la Universidad de Oujda, al este de Marruecos, junto a la frontera con Argelia, ofrece un panorama desolador. Centenares de inmigrantes subsaharianos sin papeles viven y duermen allí, a la intemperie, en los patios, un espacio en el que la policía no puede entrar y en el que la universidad les deja estar desde hace años por razones humanitarias.

El número de heridos llama la atención. Lo que relatan, en la mayoría de los casos, es que son producto de golpes de la policía marroquí. “Me patearon y pegaron con un palo de madera muy grande cerca de la frontera con Melilla antes de deportarme a Argelia”, dice nervioso Musa Ali. “Ellos pegan y pegan y pegan. Y nosotros no podemos denunciar ni hacer nada. ¿Qué se creen que somos? ¿Animales?”.

La frontera cerrada en Oujda

La Universidad de Oujda -o La Fac, como ellos llaman a este gueto- es un lugar de paso en el viaje de los subsaharianos que emigran de sus países de origen hacia Europa. Algunos acaban de llegar a Marruecos. Pero otros muchos han sido deportados desde la frontera con Melilla después de intentar cruzar la valla o mientras aguardaban en los montes de los alrededores de Nador para poder hacerlo. La mayoría ha entrado y salido de Oujda varias veces, en una especie de bucle infinito.

Las organizaciones humanitarias marroquíes que trabajan en la zona dicen que no veían un número de heridos tan grande desde 2005, cuando miles de africanos se abalanzaron sobre las vallas de Ceuta y Melilla. Algunos de los que lo intentaron entonces, murieron a balazos. Los que no lograron pasar fueron conducidos en autobuses y camiones a zonas desérticas fronterizas con Argelia sin agua ni comida. Como ha sucedido ahora con este grupo.

EL GOBIERNO ESPAÑOL:
Como se puede ver en el segundo vídeo, para el gobierno español el operativo Isla de Piedra fue brillante, todo un éxito, las palabras del ministro de relaciones exteriores García Margallo no dejan lugar a dudas. Sin embargo para los organismos defensores de los derechos humanos, incluida Amnesty Internacional el procedimiento fue completamente ilegal y están evaluando presentar un reclamo legal en ese sentido. No puede descartarse que entre los refugiados algunos de ellos sean merecedores del derecho de asilo.

Como puede apreciarse la posición del gobierno español es que toda esta situación es simplemente producto del accionar de "mafias" que trafican con seres humanos. Es la excusa habitual. Aunque así fuese y se hagan a un lado las verdaderas razones que impulsan a éstos desesperados a acometer semejante aventura, eso no libra de ninguna manera de las responsabilidades humanitarias a los gobiernos de España y de Marruecos. El argumento pretende ser una explicación de las causas de la migración "ilegal" pero de ninguna manera justifica moralmente las acciones represivas tomadas por los gobiernos español y marroquí frente a sus consecuencias que violan de forma completamente arbitraria e ilegal los derechos humanos más elementales y que solo se dirigen a preservar un supuesto interés nacional o, como en este caso, supranacional.

Es que una cosa es intentar explicar un fenómeno social complejo como la migración subsahariana sobre la base de una mirada sesgada, interesada  e incluso manipuladora de esa realidad y otra -mucho más grave- es intentar justificar mediante esa mirada una acción que afecta de manera directa los derechos de las personas. Lo primero está en el orden del conocimiento y puede ser discutido sobre la base de los hechos y las inferencias, aunque no excluye lo ético; lo segundo pertenece definitivamente al orden de lo moral y del derecho e implica el estricto cumplimiento de la legislación internacional y nacional vigentes.

El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, también está muy satisfecho y ha resaltado en un comunicado el "éxito" de la operación de desalojo de la Isla de Tierra, gracias a una actuación "modélica" de la Guardia Civil y a la "inestimable" colaboración de Marruecos. De los 71 refugiados no dicen nada, no parecen contar, deben pensar que se trata de cosas, de objetos molestos de los que por fin lograron librarse, aunque sea temporalmente.

LECCIONES PARA NOSOTROS LOS LATINOAMERICANOS:
Entre muchas de las cosas que han cambiado y están cambiando para bien en nuestra América Latina está la existencia de una nueva política de los Estados Nacionales con respecto a la inmigración. Argentina es un país de una importante historia inmigratoria -de procedencia mayoritariamente europea- no siempre feliz y que fuera fuente de conflictos y comportamientos xenófobos por parte de los que ya estaban instalados, como ha ocurrido y ocurre en otros países de inmigración. En épocas recientes estos comportamientos se han reproducido por parte de algunos sectores de la vida social, política e institucional pero siempre dirigidos a la inmigración de los países hermanos de latinoamérica o a la población indígena.
En muchas ocasiones se los asocia injustamente a la marginalidad y la delincuencia sin que existan evidencias que apoyen estos prejuicios. Si de por sí es grave que éstas formas de ver el tema de la inmigración y las diferencias étnicas y de juzgar a los hermanos del continente se instalen en ciertas capas de la población, mucho más grave es que se las estimule desde instituciones de gobierno. Todos recordamos los incidentes ocurridos en el Parque Indoamericano y el brote de discriminación que fue estimulado desde el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Estos comportamientos no pueden ser barridos debajo de la alfombra, las actitudes discriminatorias en razón del origen étnico, el color de la piel o el lugar de nacimiento son del todo inadmisibles y deben ser condenadas.
La mayoría del espectro político las condena, hecho que queda plasmado en la legislación actualmente vigente de forma muy precisa.
Recientemente se ha propuesto una iniciativa legislativa para que los inmigrantes con residencia legal en nuestro país puedan votar en las elecciones generales, presidenciales y legislativas. Es una nueva ampliación de derechos que debe ser apoyada y aplaudida. Son logros como éstos los que nos colocan a la vanguardia del mundo, no las estadísticas económicas o los logros científicos. Estos, sin despreciarlos, no implican por si mismos la imprescindible justicia social y la felicidad de las personas, finalidad última y más elevada de la política. Todavía queda mucha tarea de integración por realizar, mucha injusticia por corregir, muchos derechos por restituir, pero está creciendo una nueva conciencia en los pueblos y en sus dirigentes sobre su necesidad y urgencia.

bastadeodio                                                                     

España: Recortes en Sanidad y Ética Pública

Una forma de lucha contra el Totalitarismo del mercado

El gobierno del PP ha decidido hacer el ajuste que le exigen las autoridades comunitarias afectando a los más débiles. Este es un principio de aplicación general. Leemos y vemos sus consecuencias en los medios de comunicación a diario y, por supuesto, comienzan a manifestarse reacciones de los afectados, algunas muy originales.

Según el declarado punto de vista del gobierno, darle atención médica gratuita a los "sin papeles", eufemismo que refiere a los inmigrantes ilegales, es una medida necesaria para sanear desde el punto de vista presupuestario a la Sanidad Pública. Vamos, que atender la salud de este sector de la población, como se venía haciendo hasta ahora, es un despilfarro injustificable de recursos. Han llegado a decir que por esta causa "muchos vienen a España a hacer turismo médico". ¿Cuántos? no lo dijeron, es fácil.
A muchos quizás nos haga recordar posturas muy similares por parte de Macri y del PRO al lamentarse que la salud y la educación porteñas deben soportar la "carga" que representan los propios argentinos que viven más allá de sus fronteras legales. ¿Qué no puede ser?¿qué cómo pueden decir tal cosa?. Sí, lo dijeron.

Desde luego que muchos españoles consideran correcto este punto de vista y quizás hasta piensen, no tan para sus adentros, como justificación: ¿qué tienen que estar haciendo éstos aquí, sin papeles, sin trabajo y sin dinero?, que se regresen a sus países. Las veces que yo mismo habré escuchado esa frase -ya hace muchos años- durante mi, digamos, residencia forzada allí. La respuesta del gobierno español a las críticas: Si quieres salud pública puedes tenerla pero debes pagarla a razón de 700 euros al año y si tienes más de 65 años debes pagar casi dos mil.

El gobierno cree que cuenta con apoyo y lo hace, aprieta donde estima que puede, más que un cálculo de costo beneficio parecen querer salvar un principio superior. Son miles o decenas de miles por año los inmigrantes ilegales que son hechos prisioneros como si fueran delincuentes por las fuerzas de seguridad españolas y devueltos a sus países de origen -no importando si allí los espera la muerte- entretanto les aprietan las clavijas al resto para lograr que se vayan solos. Una de esas apretadas es el retiro de la atención médica.
Del mismo modo en que en gran medida la mayoría de la sociedad hizo la vista gorda ante el ingreso de mano de obra barata durante los años del lujo y despilfarro, ahora que las cosas se pusieron duras no los quieren y pretenden que se vayan. No muy diferente del comportamiento que se tendría con un esclavo sin derechos.

Pero no todos los españoles piensan igual. Varias comunidades autónomas se han negado a aplicar el real decreto que lo establece: Andalucía, Asturias, Cataluña y el País Vasco, han decidido seguir prestándole a este sector la atención médico-sanitaria normal.

Para algunas administraciones, como la de Extremadura, el decreto se aplica sí o sí. Hay otras, como la de Murcia, que esperan que el problema se solucione sin tener que decidir, como gobierno, por una u otra postura y están a la espera. Oportunistas, vamos, como si nada importante se jugase en este tema.

La fecha de aplicación del decreto es el 1 de setiembre. Desde ese día se calcula que unas 150 mil personas mayores de edad y varios miles de niños no podrán ir normalmente al centro de salud, ser atendidos por el médico y hacerse los análisis o estudios que este le demande. Esto es particularmente grave para los enfermos crónicos, muchos de los cuales padecen SIDA, como ya lo señalaron varias fuentes entre ellas aquí mismo. Los menores y las embarazadas seguirán siendo atendidos pero solo en las urgencias.

Muchos especialistas advierten que esta política, lejos de permitir bajar el gasto en Sanidad -en realidad, afirman, su impacto real sobre el presupuesto, en el mejor de los casos, es mínimo- lo aumentará a mediano y largo plazo y pondrá en mayor riesgo la salud de toda la población al fallar la atención primaria y preventiva de un sector reducido pero significativo de la población. La desprotección y el abandono son causa de enfermedad. Es un punto de vista práctico pero insuficiente, se requiere ir más allá.

De entre éstos profesionales, unos de los que se ven directamente afectados son los médicos de familia y han reaccionado en contra del decreto.

“El ejercicio de la profesión médica lleva aparejadas ciertas obligaciones éticas de las que los médicos no pueden desprenderse. Ni por la conveniencia personal ni por las disposiciones gubernamentales”, dice Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), una organización con más de 20.000 asociados, que se opone. Han convocado a todos los profesionales de la salud a incluirse en un registro de objetores que han abierto al efecto.

Mario Soler, médico de Familia en Molina de Segura (Murcia) afirma: (ese decreto) “Va contra nuestro código deontológico. Y entre la lealtad a mi empresa pública y la lealtad a mis pacientes antepongo a mis pacientes, que son personas con nombres y apellidos”, es decir son personas, como usted y como yo mismo, faltaba que agregase.

Rosa Bajo, médica de Atención Primaria de Loeches (Madrid), también es objetora y su explicación es irrefutable: “La salud es un derecho por el hecho de haber nacido. Que haya una parte de la población que no pueda acceder a ella, sea por no tener dinero o papeles, es indecente. Éticamente no podemos dejar sin atención a nadie que lo necesite. Esta es la base de nuestra objeción”.

Sin embargo, no todos piensan que este sea un caso en el que se pueda aplicar la objeción de conciencia. El Consejo General de Colegios de Enfermería alertó ayer a sus miembros de que seguir atendiendo a inmigrantes sin papeles en horario laboral y con recursos públicos puede suponer una infracción administrativa. “Esto no es objeción. Te debes a tu empresa, que es quien te paga y quien marca las reglas de juego. Jurídicamente se pueden enfrentar a un problema”, dice González Jurado presidente del Consejo profesional. ¿Empresa?, ¿Cuál empresa?, ¿una en la que el directorio hace lo que quiere sin consultar a los accionistas, incluso engañándolos?, ¿El Estado mismo es asimilable a una empresa?

José Antonio Monago, presidente de la junta de Extremadura criticó el accionar de los médicos, según él las cosas están claras: “No es una cuestión de humanidad o no, es una cuestión de presupuestos”. Y advirtió: “Si quiere objetar un médico es muy fácil, lo comunica a la dirección y se le deduce de la nómina y habrá hecho una contribución social que demostrará su interés. Ser solidario con el presupuesto de todos, eso es fácil”. O estás conmigo o estás en mi contra y, en consecuencia, te vas, te quedas a la intemperie, sin nada. Una clara, y por eso muy reveladora, muestra de totalitarismo.

Fácil: para los que lo defienden el ajuste pasa por ser un derecho inalienable del gobierno que se impone a toda la sociedad sin excepciones, en particular, sobre los más débiles. No importa a que costo ético y material. Liberalismo y neocolonialismo crudo y duro al peor estilo del siglo XIX. El regreso de los muertos vivos. Esta es una muestra del mundo real de libertades y derechos que los Principios Liberales le aseguran a la humanidad de ser aplicados. ¿No será simplemente la cara siempre visible de su opuesto, el Totalitarismo?

Este -el de la Salud Pública como un derecho para todos o solo para algunos- es un dilema o un conflicto cuya solución excede el marco de la ética privada de los actores y se vuelca sobre una definida noción de ética pública del Estado y su defensa de los Derechos Humanos consagrados en la Carta de Naciones Unidas por sobre cualquier otro tipo de consideración. Esos derechos no se negocian. Hacer otra cosa es regresar por la puerta trasera a regímenes que, se dice, estaban superados.

bastadeodio                                                                  

MONSTRUOS

La Solución Final, también conocida como Solución final al problema judío (Endlösung der Judenfrage, en alemán), es el nombre del plan de la Alemania nazi para ejecutar el genocidio sistemático de la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial.

Su puesta en práctica, conocida posteriormente como Holocausto o Shoah, supuso la deportación sistemática y exterminio posterior de toda persona clasificada como étnicamente judía, con independencia de su religión. El término fue acuñado por Adolf Eichmann, el carnicero nazi que supervisó la campaña, a la que antes se denominaba con el eufemismo de reinstalación.

Para ejecutarla el régimen nazi construyó instalaciones llamadas campos de concentración y exterminio y dispuso dentro de ellas unos dispositivos, que bien se pueden calificar de industriales (en su construcción trabajaron importantes firmas alemanas de ingeniería que indudablemente conocían su finalidad), de exterminio (normalmente cámaras de gas) lo que finalmente llevaba -mediante la cremación- a la destrucción total de los cuerpos.
No ocurría lo mismo con las pertenencias de las víctimas. Las pocas que aún conservaban -ya que la mayoría de sus bienes les habían sido "confiscados" -en realidad robados en el momento de su detención- eran cuidadosamente clasificados bajo el control de Oswald Pohl (Director de la Oficina de Economía y Administraciòn de las SS) para luego ser reparados por los propios prisioneros y vendidos en el mercado o entregados a funcionarios o colaboradores del régimen.

Videla, preso en Campo de Mayo y condenado por crímenes de lesa humanidad, con la colaboración de un autotitulado periodista, Ceferino Reato, publica un libro cuyo solo título produce escalofríos. Pero no es casual, de eso se trata.

El título es Disposición Final. Por supuesto que La Nación, Clarín y Perfil se han encargado, entre otros, de su difusión. En los tres medios se transcribe una muy similar nota de prensa, que merece ser calificada de "gacetilla" esas notas breves que se utilizan para difundir un evento o presentación.

Supuestamente Videla reconoce en el libro el plan sistemático de eliminación "sin dejar rastros" de -dice- siete u ocho mil personas:

“No había otra solución; estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta”...“Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas” y que había, además, que disponer la completa desaparición de sus cuerpos “para no provocar protestas dentro y fuera del país. Cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte”.

Y aclara: “La frase ‘Solución Final’ nunca se usó. ‘Disposición Final’ fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final”.

“Las desapariciones se dan luego de los decretos del presidente interino Ítalo Luder (peronista, casi seis meses antes del golpe), que nos dan licencia para matar. Desde el punto de vista estrictamente militar no necesitábamos el golpe; fue un error”. Sin embargo agrega:

“Nuestro objetivo (el 24 de marzo de 1976) era disciplinar a una sociedad anarquizada. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”.

Desde el punto de vista exclusivamente militar el golpe del 24 de marzo fue para Videla un error, no era necesario para hacer el trabajo que pensaban hacer y cuyos planes estaban preparados minuciosamente desde varios meses antes del decreto de Luder. Planes que incluían listas de personas a ser secuestradas, torturadas y desaparecidas. Listas que -indica- fueron elaboradas con la colaboración de numerosas autoridades de instituciones civiles (gubernamentales, sindicales, empresarias, eclesiásticas, educativas).

Videla concluye según esta "gacetilla de prensa" publicada por los matutinos: "Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Yo acepto la voluntad de Dios. Creo que Dios nunca me soltó la mano".

Videla es católico y practicante, como muchos de los jerarcas del régimen y sus aliados civiles. El plan de genocidio no podría haberse ejecutado jamás sin la aquiescencia de las más altas autoridades de la Iglesia Católica. Esa no es una inferencia, es un hecho.
Los detalles del plan requirieron de la imprescindible colaboración civil.
El golpe del 24 de marzo no fue "un error" como lo califica, aún con la restricción del agregado "militar", fue un imperativo para hallar en los empresarios el apoyo necesario para los planes de construir "una economía de mercado, liberal", de la cual estos mismos empresarios -como por ejemplo, Clarín y La Nación, entre otros- serian los principales beneficiarios. Martinez de Hoz es el Oswald Pohl y, a la vez, el  Albert Speer del llamado proceso de reorganización nacional.
El párrafo más esclarecedor -a mi modo de ver- sobre la degradación, la deshumanización que Videla comparte con otros genocidas de la historia -y que los convierte a todos en monstruos- es cuando él reduce la significación de la persona humana a la de una cosa, por ejemplo, cuando la compara con "una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada".

Lo cierto es que no hay pez que por su boca no muera.

bastadeodio                                                                  

Ley de Tierras: opina Yahuar

Norberto Yauhar

“Es necesario contar con una ley que proteja la tierra”

El nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yauhar, concedió una entrevista al diario Página12 de la cual extraemos aquello que se refiere a una temática que desde bastadeodio considero una de las más urgentes a resolver. Dice el cronista, resumiendo los contenidos de la entrevista:

"Yauhar reclamó una rápida sanción de la ley que busca regular la venta de tierras en manos extranjeras, y le reclamó a la oposición “dejar mezquindades de lado”. También aclaró que se necesitarán otros instrumentos legales para regularizar los problemas de tenencia de tierras. Apostará a la “sintonía fina” para solucionar los problemas en la cadena de comercialización en las distintas producciones, seguirá potenciando la participación de las cooperativas y buscará la “institucionalización” del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA)." (ver aquí).

Pero la pregunta clave que le permite al ministro entrar en el tema que me preocupa, es la siguiente:

–¿Por qué es una necesidad?

"Necesitamos blanquear la situación de la tenencia de la tierra en manos extranjeras, aunque no sea el único tema relevante. También debemos abocarnos al resto de los conflictos alrededor de la tierra, como son las ocupaciones indebidas de campos, alquileres. En muchas zonas, los pueblos originarios tienen inconvenientes para acceder a su tierra. En diversos lugares hay juicios porque los propietarios son de dudosa tenencia legal, aunque legítimos. Por eso necesitamos una ley que comience a ordenar este tema. Si bien es muy amplia la ley de tierras, entendemos que el dominio de este recurso debe quedar garantizado a través de una ley y con plena injerencia del Estado."

–¿Está considerando impulsar otros proyectos de ley sobre tierras, como el de arrendamientos o un acomodamiento territorial?

"La primera necesidad es tratar esta ley y si después hace falta un complemento, pensaremos otras iniciativas. En estos temas debemos manejarnos con prudencia, paso a paso. Lo primero que necesitamos es que los legisladores avancen con el proyecto reclamado por la Presidenta."

Por la declaraciones del flamante ministro, una pequeña puerta se entreabre. Por lo menos la problemática de campesinos y comunidades indígenas está entre los temas que el ministerio piensa encarar. Que esto sea a partir del actual proyecto presentado por el ejecutivo, lo que implicaría una importante modificación, o por una ley complementaria posterior, es un tema que está por verse.

Lo que deben tener claro los legisladores y el propio ministerio, es que el problema de la regularización de la tenencia de la tierra de campesinos e indígenas es un tema de la mayor urgencia, porque están en juego derechos humanos fundamentales que en el orden de los derechos -por lo menos desde el punto de vista ético y muchos sostienen con razón que también jurídico- están por encima del propio derecho de propiedad. Además y vinculado con el anterior pero independiente de el, esta el tema de la protección de los hábitats naturales bajo constante presión y destrucción por la ampliación de las hectáreas cultivables, especialmente las dedicadas al cultivo de soja.

Últimos posts dedicados al tema en este blog:  ver aquí, aquí y aquí
Una nota de opinión por Félix Diaz  ver aquí

bastadeodio                                                         

Diferencias y Derechos

Miguel Rep - Naturaleza

Desde el punto de vista biológico o específicamente genético todos los seres humanos somos potencialmente iguales, no idénticos, pero si iguales. Existen diferencias genéticas mínimas a partir de las cuales los investigadores pueden seguir el rastro antropológico de las diversas poblaciones.
Pero cuando esos genes básicamente iguales se expresan en personas y grupos aparecen las diferencias. La diferencias de rasgos, de color de la piel y otras muchas que han sido y aún son la causa -incluso la justificación- de tremendas diferencias sociales causantes de segregación, de mucho sufrimiento e injusticias en todo el mundo.

Además de estas diferencias en la apariencia existen otras de origen cultural, económico, social, religioso que son igualmente fuente de segregación y sufrimiento y que se entremezclan y superponen con las anteriores.

Contra todas estas formas de segregación se opone la Doctrina Universal de los Derechos Humanos una doctrina en permanente evolución y ampliación tanto en cantidad, como en calidad, como en su universalización geográfica y cultural. Al punto que se puede afirmar que cada diferencia existente en la humanidad es una fuente potencial de un derecho, porque cada diferencia es una fuente potencial de una injusticia.

Desde luego que basta examinar un poco la historia humana para caer en la cuenta de que no siempre las cosas fueron consideradas de esta forma. Incluso el hecho de reconocer que todos los habitantes bípedos y hablantes del planeta somos seres humanos -diferentes del resto de los animales- a algunas sociedades y culturas les llevó mas tiempo que a otras. Pero a todas, a lo largo de los siglos, les costó tolerar, incorporar las diferencias. La distinción entre el Nosotros y los Otros parece ser esencial (constitutiva de) en la formación de los grupos humanos y ese condicionante básico se mantiene en la sociedad moderna.

Los horrores de la segunda guerra mundial impulsaron a un grupo bastante amplio de las naciones del mundo a desarrollar un corpus legal y un conjunto de instituciones dedicados a la defensa de los derechos humanos a escala global.

Si bien existe una rica historia de logros anteriores, como es el derecho al voto de las mujeres, los derechos de la niñez, de la ancianidad y otros, desde hace una década en nuestro país la temática de los derechos humanos ocupa un lugar central en la agenda del debate político y social y se ha avanzado en leyes que concretan el derecho a la igualdad respetando la diversidad.

Es importante señalar que estas leyes no tienen un consenso absoluto o universal, aún hay en nuestra sociedad sectores que se resisten a ellas, tienen sus razones y hay que respetarlas. Pero en una democracia deciden las mayorías y las mayorías han decidido transformar en derechos un conjunto de diferencias.
Esto ha ocurrido por ejemplo con la Ley de Matrimonio Igualitario o con la Ley de Identidad de Género. La importancia de estas leyes en relación al problema de las diferencias es que establecen el principio de igualdad de derechos en ejercicio simultáneo con el del respeto a la diferencia.
Ya no se trata de afirmar un derecho tratando a la vez de eliminar o reducir la diferencia existente y que es origen de la injusticia que se trata de corregir, sino lo contrario, respetando la diferencia, incorporándola explícitamente a la legislación.

Tanto en estos casos como en el tratamiento de los crímenes cometidos por el Estado durante la última dictadura militar (1976-1983) nuestro país se ha colocado en la avanzada en la defensa de los derechos humanos en la región y es un ejemplo en este sentido para gobiernos y pueblos de lo que es posible lograr en este campo.

Pero la historia de las violaciones a los derechos humanos no comienza en 1976 ni los derechos que incorporan las diferencias se agotan en los de las minorías sexuales. Además hay que reconocer que aún los derechos consagrados por nuestra constitución y las leyes, no se cumplen con la amplitud y la extensión con los que están formulados. Por ejemplo, el derecho de todos los niños a una educación de calidad, a una vivienda digna y una alimentación adecuada a su desarrollo humano no se cumple como debiera.

La tarea pendiente es de una extensión tal que puede abrumar y desalentar. En primer lugar por la urgencia que supone la satisfacción de esos derechos que son primarios y en segundo lugar porque los recursos son limitados y la priorización de unos implica la postergación de la justicia en otros.

Pero este listado de prioridades, de necesidades urgentes a cubrir, no es neutro porque su constitución incluye el estado de la conciencia social existente sobre la valoración e incorporación de las diferencias. Y hay algunas que existen pero que no están presentes, que no tienen la visibilidad que debieran tener para ser incluidas en la agenda de las urgencias.

Este es el caso de los derechos de los campesinos frente al avance de la agricultura en gran escala o de los pueblos indígenas con respecto a la tenencia y uso de la tierra.

En el primer caso la propia dinámica de la producción en gran escala expulsa a los campesinos de sus tierras y altera su hábitat de manera drástica poniendo seriamente en riesgo todos sus derechos incluso el derecho fundamental que es el derecho a la vida. Se impone que los legisladores y la sociedad toda asuman este problema como urgente y prioritario. El daño ya producido es tremendamente grave, se calcula que son más de 200.000 -algunos las estiman en 300.000- las familias campesinas que en los últimos años han sido privadas de su tierra esto es de su sustento por el avance de la frontera agrícola, en particular por el cultivo de la soja. Con el agravante de que el plan agropecuario para los próximos diez años se pone como objetivo incrementar en un 60% la producción de granos.

Relacionado con el tema anterior pero con sus propios rasgos distintivos y característicos están las serias dificultades que están atravesando las comunidades indígenas en todo el país. Entre los rasgos que hacen a este problema diferente está la creencia infundada y errónea de que en la argentina no hay indios.

Es infundada porque -según estudios genéticos realizados por la UBA- el 60% de la población de nuestro país tiene características genéticas pertenecientes a pueblos originarios es decir existentes en nuestro territorio antes de la llegada de los conquistadores españoles y portugueses.

Y es errónea porque efectivamente existen numerosas comunidades indígenas que luchan por la supervivencia y la conservación de sus costumbres y de su modo de vida dentro de una sociedad blanca que les es hostil de múltiples maneras.

Es indispensable que el tema de las minorías campesinas e indígenas encuentre el lugar que le corresponde dentro de las urgencias sociales y legislativas y en esto el Estado Nacional debe comprometerse como un todo implicando a sus tres poderes y haciendo que mediante la educación y la información la sociedad tome conciencia de la importancia y magnitud del problema.

Existe el derecho a la igualdad. Existe el derecho al respeto de la diferencia. Ambos derechos deben y pueden ser satisfechos juntos.

Para saber más sobre el tema campesino e indígena:
- Los sicarios de los terratenientes. Miradas al Sur
- Chaco. Denuncia sobre población indígena. aquí
- La peste soja: viaje al corazón del MOCASE. aquí
- Vigencia actual del orden colonial. aquí
En bastadeodio existen numerosas entradas sobre el tema indígena, estas son algunas:
- Martín Caparrós, un soberbio ignorante. aquí
- Estado, Justicia y Pueblos Indígenas, incluye tres entradas. aquí
- Un Momento Histórico para la Comunidad Qom La Primavera. aquí
- Positiva Mesa de Trabajo Qom-Ministerio del Interior. (es la tercera de tres entradas) aquí

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Estado, Justicia y Pueblos Indígenas (III)

Visión romántica y heroica del Descubrimiento

El 12 de octubre de 1492, como todos sabemos, se conmemora el "descubrimiento de América" por parte de Cristóbal Colón. Llegó con sus navíos a las costas de la  isla conocida por los nativos taínos como guanahani que forma parte de las islas bahamas, no se sabe exactamente aún de cuál de ellas.
Colón, sin embargo, creía haber llegado a la India y durante mucho tiempo por ello se las llamó por parte de España, "Indias Occidentales". Hasta que el navegante italiano al servicio de Portugal, Américo Vespucio, demostrara que de "Indias Occidentales" nada, que era un claro error, un malentendido, entonces comenzó, el enorme y misterioso territorio al oeste de Europa que se interponía entre ella y las verdaderas Indias, a llamarse con el nombre que aún conserva de América. Más ajustado, sin embargo a los hechos y los saberes de la época era la más simple denominación de "Nuevo Mundo" con la que también se designaba a estas tierras.
El error de Colón persiste en el nombre "indio" con el que se llama indistintamente a todas las poblaciones originarias del territorio. El nombre moderno correcto sería "aborigen" que contra lo que se suele afirmar no significa "sin origen" sino todo lo contrario "desde el origen". Colón no era precisamente un buen tipo, lo primero que pensó fue en convertir en esclavos a los indios taínos, además se quedó con el premio en dinero que los Reyes le habían concedido al que primero avistara tierra y que fue Rodrigo de Triana.

Pero el tema de este post no es la historia del descubrimiento y colonización de las américas, ni siquiera lo es el enorme dolor y sacrificio que significó para los Pueblos Nativos este largo proceso y que para ellos en gran medida no ha terminado como podría suponerse de manera algo ligera.
El tema de este post son los derechos de los pueblos originarios a la luz de los derechos humanos garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en otros tratados internacionales posteriores. Para situarnos en el tema me parece sumamente oportuno reproducir el pensamiento al respecto del jurista más importante de nuestro país el Doctor Eugenio Zaffaroni, que se puede resumir en una idea muy fuerte:

"La Independencia de los Pueblos de América requiere para ser completa del reconocimiento de los derechos de los Pueblos Originarios."

Dice Zaffaroni:

"La verdadera Independencia del continente no puede completarse hasta que el orden jurídico que surge de ella no repare el genocidio de su predecesor, en la medida en que esto sea posible."

"...la colonización –y muy especialmente la americana-, dejando de lado las leyendas de todos los colores, redujo masivamente la población originaria del continente y extinguió muchas etnias, destruyó sus culturas, persiguió sus religiones, sometió a servidumbre a millones de personas, etc. En términos jurídicos contemporáneos se trató de un genocidio. El orden jurídico de los países colonizados tenía por base este hecho. La Independencia de América rompió con ese orden, pero estableció otro que no puede negar su condición de sucesor, en la medida en que no proclame y haga realidad su propia independencia respecto de esos crímenes.

Los sobrevivientes del genocidio nunca fueron reparados, su propiedad originaria nunca fue devuelta. Pero el genocidio es imprescriptible, y esto no puede entenderse sólo limitado a la materia penal, sino también a la civil. No puede alegarse prescripción, porque eso importaría la contradicción flagrante –o mejor, la aberración intolerable- de que un genocidio, por el simple paso del tiempo, se convierta en fuente legitimante del derecho. Y lo cierto es que si bien los muertos están muertos, son muchos sus descendientes que hasta hoy sufren las consecuencias del genocidio cometido hace siglos, sin que hayan sido objeto de reparación alguna.

En 1816 nos declaramos independientes, pero ese acto no será perfecto hasta que no se reconozca que el orden precedente se asentó sobre una violencia que privó masivamente de derechos a toda la población originaria y este reconocimiento se traduzca en pasos concretos destinados a reparar los efectos lesivos que aún perduran. Se privó de la vida, de la libertad, de la propiedad, pero también de la cultura, y es claro que el derecho es un producto cultural. Devolver a estos pueblos su jurisdicción no fragmenta la soberanía, sino que importa un pacto entre un orden jurídico que se proclama independiente y, como tal, pone distancia de los horrores cometidos por su predecesor, devolviendo a los desapoderados el derecho a su propia cultura, y los pueblos que se vieron privados de esos derechos y hoy se integran a la soberanía con su derecho y su jurisdicción.

No es posible desconocer que en nuestro territorio, en tiempos posteriores a la proclamación de la Independencia, lejos de proceder de modo acorde con ésta, se ha continuado con su obra de depredación y genocidio, no sólo por omisión sino también por acción violenta y abierta. Tiempo es de corregir esta sangrienta mancha de incoherencia entre la Independencia proclamada y la realmente realizada. En este sentido, los verdaderos actos de reafirmación legal de nuestra soberanía son los que introducen la cláusula constitucional citada y la ratificación argentina al Convenio 169.

En el plano internacional, el Convenio 169 abre las puertas a un nuevo capítulo aún no transitado en el orden jurídico mundial, que es el de las reparaciones históricas por los genocidios cometidos por los países colonialistas, que abarcan también el sometimiento de millones de personas a la esclavitud y su forzado desplazamiento masivo. Si bien es ponderable el establecimiento del Tribunal Penal Internacional, la justicia internacional no será completa hasta que no se establezca un Tribunal Civil Internacional, aunque para ello haya que vencer intereses que hoy parecen insuperables."

Eugenio Raúl Zaffaroni
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho
Departamento de Derecho Penal y Criminología
Octubre de 2004.

Como para que quede aún más clara la naturaleza del problema que debe enfrentar la reivindicación de los derechos totales de los Pueblos Indígenas:

Juan Bautista Alberdi

“En América todo lo que no es europeo es bárbaro: no hay más división que ésta: 1º, el indígena, es decir, el salvaje; 2º, el europeo, es decir, nosotros los que hemos nacido en América y hablamos español, los que creemos en Jesucristo y no en Pillán (dios de los indígenas). (...) Nosotros, europeos de raza y de civilización, somos los dueños de América.”
Juan Bautista Alberdi (Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina)

La múltiple presencia de los pueblos indígenas constituye un elemento ineludible de la vida social en varias provincias de nuestro país. Son presencias activas, que se hacen visibles a través de sus idiomas, sus organizaciones sociales diversas y sus costumbres. Ello da muestra de especificidad, de diversidad, de lo propio.
Sin embargo, nada de esta realidad se refleja en el Estado ni en la práctica del derecho. Pese a su organización federal y a las autonomías municipales, las estructuras estatales son básicamente las mismas en todo el país, y la jurisprudencia y doctrina originadas en los grandes centros urbanos aseguran una aplicación uniforme de los códigos, tanto en la Quebrada de Humahuaca como en San Isidro. La homogeneidad de lo normativo se impone -de este modo- sobre la diversidad de lo vital.
Durante siglos esta tensión pretendió resolverse forzando a la sociedad mediante los mecanismos coactivos del Estado. Entre otros objetivos, se buscaba una conformación cultural homogénea. Luego de la dominación colonial española, fue el racismo de los grupos dirigentes, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el que legitimó ideológicamente un proyecto de moldear la total realidad social del país bajo el modelo cultural europeo propio de la ciudad de Buenos Aires. Tal proyecto fue concretado mediante políticas represivas y excluyentes, buscando suprimir una diversidad cultural de la que los pueblos originarios son su exponente extremo (pero no el único). Así, la Argentina de hoy tiene un estado monoétnico pese a ser una sociedad plurinacional.
Esta institucionalización de una sola etnicidad como legítima, es el resultado histórico del genocidio de los pueblos indígenas.

De allí que el paradigma jurídico vigente hasta hace poco tiempo tenía en mira una política de asimilación cultural. Es decir “el establecimiento de una sociedad homogénea en la cual las personas pertenecientes a grupos minoritarios tendrían que abandonar –gradualmente, si no por la fuerza- sus tradiciones, su cultura y el uso de su lenguaje a favor de las tradiciones, la cultura y el lenguaje del grupo dominante”. Y esta ideología aún subsiste en las estructuras sociales y estatales, así como en práctica legal de la mayoría de los operadores jurídicos actuales, pese a que el derecho positivo ha experimentado un drástico cambio.

Por eso, la reforma constitucional de 1994, que reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno, que incluye a dicho Convenio y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, constituyen un vuelco fundamental dentro del derecho positivo que apenas ha sido asimilado por la doctrina y jurisprudencia. Un cambio tan abrupto, incompatible con posturas ideológicas de neto sesgo discriminador, muy arraigadas en la educación legal tradicional, resulta consciente o inconscientemente resistido por la mayoría de quienes deben aplicarlo, de modo que la práctica cotidiana muestra una anómala preeminencia de normas de jerarquía inferior (leyes o reglamentos administrativos), que mantienen la orientación derogada por la Constitución y los tratados.

Neuquén, junio de 2010.
Maria Micaela Gomiz
Juan Manuel Salgado

(Fuente: Convenio 169 de la OIT, Gomiz, Salgado)


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