CON UN GRAN 8N NO HAY 7D
Es muy probable que esa consigna salga de algún cerebro del grupo Clarín -porque parece hecha a la medida de sus intereses- pero cualquiera sea su autor, o por ignorancia o por un exceso de sinceridad están proponiendo explícitamente ponerse por encima de las instituciones de la República.
No sorprende que así sea ya que es lo esperable por parte del grupo comunicacional dominante.
Por supuesto que, como sucede con su propaganda institucional, miente, tergiversa y cae en contradicciones. El 8N no tiene nada que imponerle al 7D, al 10D y más allá. Concebir otra cosa es subvertir el orden democrático e institucional. La protesta es legítima, incluso -aunque totalmente equivocado- también lo es organizar una manifestación colectiva en defensa de los intereses económicos particulares del grupo. Pero ahí acaba la cosa, ahí termina la legitimidad de la protesta.
A la consigna la ponen chiquita, casi a hurtadillas, incluso ha desaparecido de las convocatorias más recientes, pero, como señala Mempo Giardinelli, esa es la gran consigna omnipresente de la "gran convocatoria", todas las demás sirven de distracción y relleno.
Las razones de ese ocultamiento son muy claras:
El 8N sucederá probablemente una manifestación pública callejera opositora al gobierno nacional en el marco de la absoluta libertad de expresión que impera en el país.
Pero esa libertad no incluye naturalmente el derecho de proponer el incumplimiento de la ley, eso es en el mejor de los casos desobediencia y en el peor puede configurar sedición.
La ley de Medios Audiovisuales fue sancionada por una holgada mayoría de los miembros del Poder Legislativo y promulgada, siguiendo los procedimientos constitucionales, por el Poder Ejecutivo. Esto ocurrió hace ya tres años, sin embargo parte de la ley no ha podido aplicarse. La razón de ello es que el grupo Clarín presentó recursos de inconstitucionalidad contra dos artículos de la ley y, además, mientras se analiza esta cuestión obtuvo recursos de amparo en su favor -abusando de esta institución- que son utilizados por este grupo como excusa para incumplir lo que establece la ley.
Como esta situación se prolongaba en el tiempo sin que la justicia se pronunciara sobre la cuestión de fondo -la supuesta inconstitucionalidad- la Corte Suprema de Justicia, cabeza del restante poder de la República se pronunció mediante un fallo que limitó la vigencia de los amparos anteriores a la fecha del 7 de diciembre (el 7D), sin adelantar su opinión sobre la cuestión de fondo porque hasta ahora nadie se lo ha demandado y de hacerlo configuraría un prejuzgamiento.
En consecuencia, en todo el proceso que conduce a la Ley de Medios y al plazo perentorio para completar su aplicación, todo fue hecho en el marco de las Instituciones de la República y siguiendo escrupulosamente el ordenamiento constitucional vigente.
De ninguna manera una manifestación por más masiva que hipotéticamente pueda ser podrá modificar esto. Pretender lograrlo sobre esta base equivale a proponer atentar contra las mismas instituciones. Es cierto que la propia Constitución establece bajo que condiciones la ciudadanía puede rebelarse en contra de una ley considerada injusta o abusiva pero también fija con claridad estas condiciones (es legítima la desobediencia cuando uno de los poderes se arroga para sí la suma del poder) y no corresponden de forma alguna al caso de la Ley de Medios.
Si se está en contra de esta ley, el camino para derogarla es alcanzar mediante elecciones democráticas la mayoría parlamentaria que lo permita. Si lo que se quiere es derogarla parcialmente habrá que probar ante la justicia que parte o la totalidad de la ley manda o autoriza a realizar acciones contrarias a la Constitución Nacional.
Es mi opinión, la de un lego, que como el perjuicio que se puede derivar de los artículos cuestionados por el grupo Clarín de la ley (161 y conexos) es solo económico y, por lo tanto, el daño potencial no es irreparable, este recurso, el de la inconstitucionalidad, resultaría de dudosa pertinencia. Otra cosa sería si lo que peligrase fuese la propia libertad de expresión, como engañosamente sostiene la propaganda del grupo. La Corte ha sido clara en su fallo, esa posibilidad no ha sido demostrada en la presentación hecha por el demandante y, en consecuencia, fue desestimada.
A sabiendas de que ninguna manifestación por más masiva que fuese podrá pasar por encima de las instituciones y conociendo de la debilidad de su posición en el aspecto jurídico, el grupo Clarín ensaya en silencio y en la oscuridad de los pasillos judiciales y parlamentarios otros procedimientos de aún mayor ilegalidad, como el intentar designar en el juzgado que debe entender sobre los recursos de inconstitucionalidad a jueces venales adictos. Esta maniobra se lleva adelante con la evidente complicidad de la Cámara en lo Civil y Comercial a la cual pertenece dicho juzgado y de miembros opositores del propio Consejo de la Magistratura. ¿Si el grupo estuviese tan seguro de la solidez de su planteo de inconstitucionalidad recurriría acaso a estas maniobras tan groseras?.
El procedimiento constitucional de nombramiento de jueces pasa por dicho Consejo, a este organismo le corresponde elaborar por concurso y oposición las ternas de candidatos a ocupar los cargos vacantes. Sabotear su funcionamiento intentando bloquear los concursos y propuestas, equivale a atacar a una de las instituciones de la República, el poder judicial.
Quienes se opongan al gobierno y/o a la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales tienen el derecho de manifestarse, de peticionar frente a las autoridades y de demandar al Estado si de su aplicación resulta un perjuicio económico injustificado o ilegítimo, pero no pueden proponer que su aplicación por parte del Poder Ejecutivo quede sujeta a la magnitud de una protesta por más masiva que sea, procediendo al margen de la Constitución y de las instituciones de la República y mucho menos si pretenden hacerlo en nombre de su defensa.
Tampoco pueden impedir su aplicación recurriendo a maniobras espúreas por fuera de lo que mandan las leyes.
Es muy grave para las mismas instituciones que se dice defender que ciertos partidos políticos con representación parlamentaria, como la UCR, el FAP, el PRO y otros menores, hagan suyas este tipo de consignas y se presten a consumar estas maniobras judiciales cuya finalidad es beneficiar al grupo Clarín.
También resulta llamativo que la dirigencia opositora en general manifieste apoyar la movilización (incluso se sabe que varios de sus organizadores efectivamente militan en sus estructuras y que fundaciones que dependen de ellos, en especial del PRO, financian su organización) y, sin embargo, afirmen que no van a participar para que esta permanezca "independiente" y "apolítica".
Una manifestación ciudadana es siempre política y esta también lo es, a pesar de la mezcla un poco incongruente de consignas. Se trata sin duda de una manifestación (como lo fue la del 13S) contra el gobierno y contra el proyecto que éste lleva adelante. El problema de la dirigencia opositora es que necesita mostrarse opositora al gobierno pero sin decir lo que realmente haría en el caso de que les tocara gobernar. Hacen que lo diga "la gente". Pretendidamente es una astucia pero más se asemeja a la cobardía de tirar la piedra y esconder la mano.
Igual se sabe que intenciones llevan. Si algún día son gobierno llegará para ellos el tiempo de la revancha, adiós a la AUH, al fútbol para todos, a los planes sociales, a las paritarias por sector, a la ley de Medios, al matrimonio igualitario, al voto de los jóvenes de 16 años, al Ansés, al nuevo papel del Banco Central, a la política de desendeudamiento, al financiamiento de la educación pública, a las críticas al FMI y a los fondos buitre y así con una larga lista. ¿Cómo lo sabemos?, porque ya lo han hecho en el pasado y, además, porque critican -por separado- cada una de estas medidas y políticas. Si son gobierno van a echar para atrás todas y cada una de las conquistas logradas en estos años, por lo menos lo van a intentar y si eso altera la paz social dirán que es por culpa de los kirchneristas resentidos y no dudarán en reprimir brutalmente las protestas. Ya lo sabemos, el zorro sabe más por viejo que por zorro.
El 7D y los días que le sigan solo puede ocurrir que todos los grupos poseedores de licencias en el espacio audiovisual que excedan a lo determinado por la Ley de Medios presenten en el Afsca el plan de desinversión correspondiente. Seguramente no es poco si se tiene en cuenta la historia del único grupo que, hasta ahora se resiste a hacerlo.
La situación es sumamente clara, nadie, por más poderoso que sea y especialmente por ello, puede colocarse por encima de la ley.
Como señaló la presidenta Cristina Kirchner:
