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| Hércules lucha contra la Hidra |
Como la hidra elige cuál de sus múltiples cabezas mostrar. Si se aplasta una de ellas surgen dos o más en su lugar.
Algunos intentan disimularla, ocultar su amargo sentido.
Se trata únicamente de descontento. Se trata de reclamos legítimos. Es cierto pero no únicamente.
Otros perciben claramente la amenaza de la bestia y lo dicen.
Pero unos y otros, los que dan la alarma y los que la niegan, dan señales claras de que está ahí, que la perciben.
En medio de ese magma, de esa aparente confusión y exaltación, hay, sin embargo, razones que la razón entiende, en atender a esas razones y hacer oídos sordos al canto coral de la hidra que reclama a unos y otros más acción y menos reflexión es donde puede estar la solución y el regreso simbólico de la Hidra, siempre temporal, a la caverna en la que la gran mayoría de los argentinos decidimos mantenerla encerrada.
El escenario fue de nuevo montado, el aparente caos también. Como en el 2008, aunque los motivos fuesen distintos. Coqueto en cierto modo, en el movimiento campestre hubo desbordes, aristas sumamente violentas, casi inmanejables. Obtuvieron lo que querían, lo inmediato, se quedaron con las ganas. Les sirvió de poco o de menos.
Se escuchó, se atendió a las razones, se desarmó con paciencia el entramado de las causas, se separó, valga la imagen, al trigo de la paja (o de la soja), se actuó con racionalidad, la hidra aunque refunfuñando retornó a su madriguera. La mayoría de los afectados habría ganado más de haber atendido las razones del gobierno y no la prédica de los peces gordos. En la memoria quedan los desbordes, el desabastecimiento deliberado, la sensación objetiva de caos, la violencia verbal y de hecho, los escraches a los legisladores. Todas cabezas de la Hidra. El compromiso democrático y firme del gobierno en no utilizar la represión impidió su multiplicación.
Hay razones en la manifestación de prefectos y gendarmes. Inequidades internas agraviantes entre oficiales superiores y personal subalterno que se han ido ensanchando a los largo de muchos años. Un sistema de remuneraciones que por la vía judicial introduce aún mayor distorsión. Una resolución de la Corte Suprema y un decreto presidencial que se dirige a solucionar parte del problema y a poner orden en un caos de retribuciones, pero es seguido de una aplicación desastrosa por parte de aquellos que se beneficiaron de la situación injusta preexistente, lo que agravó el problema.
Se hace muy difícil de admitir que se trató de un error. El gobierno al descabezar a las cúpulas de ambas fuerzas y suspender la aplicación del decreto muestra que no lo cree. El problema persiste, la negociación a partir de los reclamos presentados ocurre con parte de las fuerzas manifestándose en la calle y con un listado de pretensiones que refleja la existencia de intereses contrapuestos producto de la inorganicidad misma de la protesta. Requiere tiempo y éste es precisamente un recurso escaso en estos momentos. Pero hay cabezas que alientan la protesta más allá de cualquier consideración razonable porque la mesa del diálogo está puesta y la disposición del gobierno es buena.
Ocurre que si a las razones objetivas de la queja del personal se le suma la ausencia de vías adecuadas para que ese descontento justificado se pueda procesar internamente y expresar debido a la prohibición legal de disponer de asociaciones gremiales, el único recurso para expresar la protesta es la calle, muy malo cuando se trata de uniformados y armados. Expresarse de esta forma, caótica, inorgánica, en la cual son visibles aún las divergencias entre los propios reclamantes.
La protesta justa es aprovechada y hasta se intenta desviarla por aquellos que permanentemente buscan debilitar al gobierno para obtener de ello supuestas ganancias políticas o ir incluso más allá, a provocar su destitución. Eso se percibió, incluso por los más rancios opositores y la respuesta -que fue contundente en su unanimidad- operó como un bálsamo. Las cabezas de la hidra, recordemos, son múltiples y en situaciones como ésta todas se agitan.
Con este ruido de fondo, el grupo Clarín logró que la Cámara Federal en lo civil y Comercial designase como juez subrogante a cargo de la causa que contiene el pedido de declaración de inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la Ley de Medios Audiovisuales, al ex juez jubilado Tettamanti, en una evidente maniobra para obturar la aplicación de la ley en uno de sus aspectos fundamentales la desmonopolización del espacio audiovisual, no ya mediante medidas cautelares que están agotadas sino, previsiblemente, yendo hacia la cuestión de fondo.
Aunque, más allá de que se confirme en los hechos esta estrategia y el juez falle a favor del grupo Clarín, ocurre que la última palabra la tiene la Corte y la maniobra no puede impedirlo. De modo que, en el fondo y en virtud de nuestro ordenamiento constitucional, la situación aunque molesta no puede alterar el fondo del problema, aunque si y solo tal vez, sus plazos de resolución.
Otra vez la hidra. Una cabeza reclama por la seguridad jurídica supuestamente perdida, la otra, de manera hipócrita e insidiosa, concreta operaciones sobre la justicia logrando la designación de jueces adictos, posiblemente venales.
Es imposible no recordar la polémica mediática que se dio en estos días entre el gobierno y el grupo Clarín sobre que sucederá el 7-D, ¿Nada?, ¿Todo?, ¿Algo?, ¿la voluntad y astucia de un grupo puede más que la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos?
También están las protestas callejeras de los indignados con el gobierno kirchnerista que prometen continuar y hacer crecer. También allí hay razones, por ejemplo, la imposibilidad de adquirir divisas para atesoramiento, es la más conocida y es vista por cierto sector de la población como una intromisión del Estado en la vida privada de las personas y como una pérdida de libertad. Es un punto de vista razonable pero equivocado, hay razones de interés colectivo que impulsan la medida. Tal vez si se hubiesen atendido más las razones de los que protestan y se hubieran explicado mejor las razones de la medida menos personas se hubiesen sumado a la misma.
También es cierto que sobre esas razones equivocadas pero legítimas otros se montaron para llevar la protesta a otro nivel, para darle un claro sesgo opositor, incluso simbólicamente muy violento en contra del gobierno y lo que representa. En particular la protesta fue coptada por aquellos que se oponen a las políticas sociales del gobierno por cuestiones ideológicas, económicas o políticas, haciendo que adquiriese un matiz claramente elitista que recuerda, es inevitable, a los viejos enfrentamientos generados en torno al peronismo en los años cincuenta, pero que la gran mayoría de los participantes ni siquiera vivió.
El riesgo para la democracia y las instituciones no está en las razones, incluso en aquellos que se oponen a la aplicación de ciertas leyes o resoluciones que los perjudican.
El riesgo está cuando por sobre esos intereses sectoriales legítimos se montan actitudes o procedimientos reñidos con las instituciones, la ley o la convivencia pacífica entre los ciudadanos y los grupos.
Sería hasta ridículo no reconocer que la violencia verbal y simbólica se ha instalado con mucha fuerza y persistencia entre diversos grupos de la sociedad. Muy mal harían los partidos políticos y los movimientos sociales en alimentarla. La racionalidad y la autolimitación deben volver a ese campo.
En este tema el papel de los medios de comunicación es fundamental, porque ellos son una parte sustancial del problema. Una cosa es defender ciertos intereses o posiciones ideológicas desde los argumentos y el respeto por el adversario y otra muy distinta denigrar, tergiversar o peor, organizar operaciones de prensa. En los medios se ha instalado una metodología que si bien no es ilegal, porque se han derogado -por el gobierno al que se ataca- todas las leyes que lo hubiesen implicado, es ilegítima, impropia y atenta contra la convivencia democrática.
Las leyes constituyen una de las formas en las que una sociedad busca la conciliación de intereses contrapuestos. Estas leyes tienen la legitimidad que les confiere su origen en la democracia y oponer subterfugios para impedir o dificultar su aplicación en un todo o parcialmente no forma parte de los procedimientos aceptables. Para cambiar la ley hay que derogarla por una mayoría equivalente a la que la sancionó o lograr que la CSJ la declare inconstitucional, que no es el mejor camino porque lleva a un conflicto de poderes, pero es, en cualquier caso, una posibilidad constitucional.
Cualquier otro camino más o menos subterráneo, en particular si se combina con la agitación social, no contribuye a la convivencia democrática y a la consolidación de las instituciones.
Los argentinos hemos ocupado la calle en múltiples oportunidades incluso haciéndole frente a una de las dictaduras cívico militares más sangrientas que se recuerde, la movilización es un recurso legítimo cuando se trata de cambiar algo o todo y no existe otra vía para expresar el descontento. Pero es un arma peligrosa que debe ser usada con sumo cuidado en la democracia porque abre la posibilidad que se alimente o posibilite la expresión de aquellos que no son enemigos de este gobierno en particular sino que son enemigos de la democracia misma, en particular cuando ésta se ejerce más allá de lo meramente formal.
Los peronistas tenemos una larga tradición movilizadora, nos gusta la calle, la reunión masiva de compañeros, sea para festejar o para protestar. Seguramente en eso somos los mejores, de lejos.
Estamos obligados por nuestra historia a ser tolerantes cuando otros se manifiestan, tener oídos para saber escuchar, en medio del ruido y las agresiones, las razones.
Entenderlas no nos hará más débiles sino todo lo contrario. Nuestra razón no está en la fuerza, en la imposición, sino en el convencimiento.
bastadeodio
