| The wall - Pink Floyd |
Horacio Verbitsky, en la entrevista realizada por Fontevecchia (ver aquí), con respecto a la libertad de expresión, dice lo siguiente:
"Entend(emos) que la libertad de expresión es un valor fundamental para la democracia. Y que si nosotros queremos terminar realmente con la dictadura, hay que terminar con todo tipo de coerción que inhiba la libre expresión de las ideas, la competencia de ideas, de valores y de propuestas."
Es claro que el objetivo del CELS plantea una utopía, un objetivo moralmente deseable y que su realización descansa en la eliminación de todo tipo de coerción que se ejerza sobre la libertad para expresar y dar a conocer (y yo agregaría hacerlo en igualdad de oportunidades) ideas, valores y propuestas.
Y digo que, aunque loable, es utópico, porque la competencia comunicacional responde a una competencia de intereses económicos, políticos e ideológicos que se dan en el seno de la sociedad y, en particular, entre sus más relevantes factores de poder: Empresas y conglomerados privados, nacionales o extranjeros, partidos políticos, estructuras del Estado Nacional y Provincial, agrupamientos religiosos y civiles de variados objetivos, etc.
Y estos sectores no siempre ni habitualmente explicitan sus verdaderos objetivos. Es deseable incluso esperable que lo hagan los partidos políticos y sus líderes, bien sabemos que esto no sucede con excesiva frecuencia (Menem, Macri, son solo dos ejemplos de que no es así).
No es esperable que lo hagan los grupos económicos que suelen ejercer su presión de maneras ocultas, por fuera del escrutinio público.
Por una parte, las empresas comunicacionales han sufrido un proceso de concentración y diversificación que las ha convertido en un grupo más de presión económica pero en lo que es su aspecto propio, distintivo, su posición dominante en el mercado les brinda la posibilidad no solo de operar con éxito sobre los contenidos informativos, construyendo la opinión pública y manipulando y seleccionando la información que brindan, sino también les permite operar en contra de otras empresas de comunicación competidoras y del mismo Estado o sus representantes por motivos económicos o ideológicos.
Por otra parte, el Estado, en sus distintos niveles, tiene la obligación ética y legal de informar con transparencia a la población de sus actos, pero no siempre lo hace. Y no lo hace por dos razones fundamentales. La primera es porque considera que no le conviene (la razón de estado: seguridad nacional, conveniencia política, etc) y la segunda porque el Estado en la sociedad capitalista moderna tiene un acceso a la comunicación limitado y su mayor esfuerzo comunicacional, de hecho, se dirige a intentar contrarrestar las operaciones en su contra, descuidando su otra faceta, la de informar al público con transparencia de los actos de gobierno.
En definitiva el campo de la comunicación dista de estar ocupado por mensajes cuya principal finalidad es informar o propiciar el debate de ideas o proyectos. Como algunos afirman se parece más a un campo donde se disputa la creación de sentido, el establecimiento de lo que es verdadero y lo que es falso, de lo que es importante y lo que es secundario y todo ello en función de alcanzar el logro de determinados objetivos políticos, económicos, militares, etc.
Periodismo independiente vs periodismo militante:
De lo dicho se desprende que esta dicotomía que se ha vuelto tan importante como tema de debate, plantea un pseudo problema. En primer lugar porque en el contexto indicado más arriba el periodismo independiente tiene muy pocas posibilidades de expresarse. El periodismo que hoy se practica en nuestro país en toda América Latina y en gran parte del mundo desarrollado es un periodismo comprometido con determinados intereses. Un medio en particular, en general, no suele reflejar opiniones opuestas o divergentes sobre un tema. Se admite como normal que tenga una posición tomada sobre un conjunto de cuestiones de su interés, en tanto ignore olímpicamente a otras. Dependiendo del estilo y del target de sus consumidores puede ser un periodismo doctrinario, de denuncia, de explotación amarillista de escándalos, o de mero entretenimiento y chismes o de las diversas combinaciones admisibles. En este sentido se puede decir que hoy, como ayer (ver aquí) el que hoy se llama despectivamente periodismo militante es la forma habitual en la que se practica el periodismo en la Argentina.
El hecho de que algunos medios reclamen para sí el rótulo de periodismo independiente, supuestamente mucho más objetivo y prestigioso, no es más que una expresión de la disputa por el sentido y, en particular, por el significado de ciertas palabras que por su utilización en esa disputa se transforman en banderas, en símbolos que más que una referencia a la realidad expresan una posición dominante en esa disputa. Algo similar a la ventaja táctica que supone en una batalla ocupar el terreno más elevado.
Operaciones mediáticas desestabilizadoras:
Lo descripto hasta aquí puede ser insatisfactorio para muchos porque se aleja del ideal de libertad de expresión descripto al comenzar esta nota. Sin embargo es un hecho y que está dentro de las reglas de juego admitidas en esta época. Sería deseable cambiarlo. Que los periodistas puedan expresar con total libertad y en ausencia completa de coerción sus opiniones, ideas, convicciones sobre cualquier tema independientemente del medio en que se encuentren y de la opinión mayoritaria de los accionistas o del editor. Sin embargo no es así como bien lo muestran diferentes estudios hechos sobre el tema (ver aquí, por más información).
Que la libertad de expresión está limitada, que se ejercen sobre ella diferentes formas de coerción, ideológicas, económicas, laborales, políticas, puede considerarse una conclusión. No es el mejor de los mundos, sería deseable cambiarlo, hay que batallar para hacerlo pero será largo e incierto el resultado.
Ahora una cosa es mantener una posición política, ideológica o doctrinaria y otra muy distinta es asociarse con grupos de presión para desestabilizar a un gobierno legítimamente constituido, gusten o no sus políticas. En democracia los gobiernos se cambian por el voto de los ciudadanos. Tampoco es admisible que un grupo de empresas dedicadas a la comunicación y vinculadas entre sí puedan aprovecharse de una posición dominante en el mercado en cualquiera de los campos, bien porque mantienen cautivos a la mayoría de los consumidores (caso Cablevisión y grupo Clarín) o bien porque tienen la exclusividad sobre un insumo básico (caso Papel Prensa).
Estos casos mencionados, de las operaciones antidemocráticas de desestabilización y del abuso de posición dominante son situaciones que en sí mismas constituyen un atentado contra la libertad de expresión y, más aún, en contra del ejercicio pleno de la democracia y no pueden ni deben ser toleradas por la sociedad. El Estado en sus diversos niveles tiene -en virtud de la Constitución y de los Pactos y Convenciones Internacionales suscriptos por la Nación- la obligación de actuar en el sentido de impedirlas y sancionarlas.
Nota: En este escrito se adopta una extensión amplia de los términos, periodismo y periodistas, incluyendo a todos aquellos y aquellas que expresan sus ideas, opiniones, creencias, convicciones, por cualquier medio disponible.Esto no implica ignorar las notables diferencias que existen entre, por ejemplo, escribir en un blog como este y ser un periodista profesional de algunos de los diarios de más tirada o de algún medio televisivo.
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