Por una Patria Justa, Libre y Soberana

Una Patria Justa, Libre y Soberana - 17 de octubre de 1945 - 17 de octubre de 2015 - Día de la Lealtad - Setenta años
Mostrando entradas con la etiqueta libertad de empresa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta libertad de empresa. Mostrar todas las entradas

viernes, 6 de enero de 2012

Periodismo, Democracia y Libertad de expresión

The wall - Pink Floyd
Libertad de expresión:

Horacio Verbitsky, en la entrevista realizada por Fontevecchia (ver aquí), con respecto a la libertad de expresión, dice lo siguiente:

"Entend(emos) que la libertad de expresión es un valor fundamental para la democracia. Y que si nosotros queremos terminar realmente con la dictadura, hay que terminar con todo tipo de coerción que inhiba la libre expresión de las ideas, la competencia de ideas, de valores y de propuestas."

Es claro que el objetivo del CELS plantea una utopía, un objetivo moralmente deseable y que su realización descansa en la eliminación de todo tipo de coerción que se ejerza sobre la libertad para expresar y dar a conocer (y yo agregaría hacerlo en igualdad de oportunidades) ideas, valores y propuestas.

Y digo que, aunque loable, es utópico, porque la competencia comunicacional responde a una competencia de intereses económicos, políticos e ideológicos que se dan en el seno de la sociedad y, en particular, entre sus más relevantes factores de poder: Empresas y conglomerados privados, nacionales o extranjeros, partidos políticos, estructuras del Estado Nacional y Provincial, agrupamientos religiosos y civiles de variados objetivos, etc.
Y estos sectores no siempre ni habitualmente explicitan sus verdaderos objetivos. Es deseable incluso esperable que lo hagan los partidos políticos y sus líderes, bien sabemos que esto no sucede con excesiva frecuencia (Menem, Macri, son solo dos ejemplos de que no es así).
No es esperable que lo hagan los grupos económicos que suelen ejercer su presión de maneras ocultas, por fuera del escrutinio público.
Por una parte, las empresas comunicacionales han sufrido un proceso de concentración y diversificación que las ha convertido en un grupo más de presión económica pero en lo que es su aspecto propio, distintivo, su posición dominante en el mercado les brinda la posibilidad no solo de operar con éxito sobre los contenidos informativos, construyendo la opinión pública y manipulando y seleccionando la información que brindan, sino también les permite operar en contra de otras empresas de comunicación competidoras y del mismo Estado o sus representantes por motivos económicos o ideológicos.

Por otra parte, el Estado, en sus distintos niveles, tiene la obligación ética y legal de informar con transparencia a la población de sus actos, pero no siempre lo hace. Y no lo hace por dos razones fundamentales. La primera es porque considera que no le conviene (la razón de estado: seguridad nacional, conveniencia política, etc) y la segunda porque el Estado en la sociedad capitalista moderna tiene un acceso a la comunicación limitado y su mayor esfuerzo comunicacional, de hecho, se dirige a intentar contrarrestar las operaciones en su contra, descuidando su otra faceta, la de informar al público con transparencia de los actos de gobierno.

En definitiva el campo de la comunicación dista de estar ocupado por mensajes cuya principal finalidad es informar o propiciar el debate de ideas o proyectos. Como algunos afirman se parece más a un campo donde se disputa la creación de sentido, el establecimiento de lo que es verdadero y lo que es falso, de lo que es importante y lo que es secundario y todo ello en función de alcanzar el logro de determinados objetivos políticos, económicos, militares, etc. 

Periodismo independiente vs periodismo militante:

De lo dicho se desprende que esta dicotomía que se ha vuelto tan importante como tema de debate, plantea un pseudo problema. En primer lugar porque en el contexto indicado más arriba el periodismo independiente tiene muy pocas posibilidades de expresarse. El periodismo que hoy se practica en nuestro país en toda América Latina y en gran parte del mundo desarrollado es un periodismo comprometido con determinados intereses. Un medio en particular, en general, no suele reflejar opiniones opuestas o divergentes sobre un tema. Se admite como normal que tenga una posición tomada sobre un conjunto de cuestiones de su interés, en tanto ignore olímpicamente a otras. Dependiendo del estilo y del target de sus consumidores puede ser un periodismo doctrinario, de denuncia, de explotación amarillista de escándalos, o de mero entretenimiento y chismes o de las diversas combinaciones admisibles. En este sentido se puede decir que hoy, como ayer (ver aquí) el que hoy se llama despectivamente periodismo militante es la forma habitual en la que se practica el periodismo en la Argentina.
El hecho de que algunos medios reclamen para sí el rótulo de periodismo independiente, supuestamente mucho más objetivo y prestigioso, no es más que una expresión de la disputa por el sentido y, en particular, por el significado de ciertas palabras que por su utilización en esa disputa se transforman en banderas, en símbolos que más que una referencia a la realidad expresan una posición dominante en esa disputa. Algo similar a la ventaja táctica que supone en una batalla ocupar el terreno más elevado.

Operaciones mediáticas desestabilizadoras:

Lo descripto hasta aquí puede ser insatisfactorio para muchos porque se aleja del ideal de libertad de expresión descripto al comenzar esta nota. Sin embargo es un hecho y que está dentro de las reglas de juego admitidas en esta época. Sería deseable cambiarlo. Que los periodistas puedan expresar con total libertad y en ausencia completa de coerción sus opiniones, ideas, convicciones sobre cualquier tema independientemente del medio en que se encuentren y de la opinión mayoritaria de los accionistas o del editor. Sin embargo no es así como bien lo muestran diferentes estudios hechos sobre el tema (ver aquí, por más información).
Que la libertad de expresión está limitada, que se ejercen sobre ella diferentes formas de coerción, ideológicas, económicas, laborales, políticas, puede considerarse una conclusión. No es el mejor de los mundos, sería deseable cambiarlo, hay que batallar para hacerlo pero será largo e incierto el resultado.
Ahora una cosa es mantener una posición política, ideológica o doctrinaria y otra muy distinta es asociarse con grupos de presión para desestabilizar a un gobierno legítimamente constituido, gusten o no sus políticas. En democracia los gobiernos se cambian por el voto de los ciudadanos. Tampoco es admisible que un grupo de empresas dedicadas a la comunicación y vinculadas entre sí puedan aprovecharse de una posición dominante en el mercado en cualquiera de los campos, bien porque mantienen cautivos a la mayoría de los consumidores (caso Cablevisión y grupo Clarín) o bien porque tienen la exclusividad sobre un insumo básico (caso Papel Prensa).
Estos casos mencionados, de las operaciones antidemocráticas de desestabilización y del abuso de posición dominante son situaciones que en sí mismas constituyen un atentado contra la libertad de expresión y, más aún, en contra del ejercicio pleno de la democracia y no pueden ni deben ser toleradas por la sociedad. El Estado en sus diversos niveles tiene -en virtud de la Constitución y de los Pactos y Convenciones Internacionales suscriptos por la Nación- la obligación de actuar en el sentido de impedirlas y sancionarlas.

Nota: En este escrito se adopta una extensión amplia de los términos, periodismo y periodistas, incluyendo a todos aquellos y aquellas que expresan sus ideas, opiniones, creencias, convicciones, por cualquier medio disponible.Esto no implica ignorar las notables diferencias que existen entre, por ejemplo, escribir en un blog como este y ser un periodista profesional de algunos de los diarios de más tirada o de algún medio televisivo.

bastadeodio                                                             

sábado, 10 de diciembre de 2011

La Nación y la Libertad de Expresión

¿Libertad de expresión?
Bajo el epígrafe Temas de la Justicia y con el título: Los medios, bajo ataque oficial, La Nación, por enésima vez, se despacha en contra de la política de medios del gobierno nacional. Esta vez es Adrián Ventura el que escribe. No es para nada original, no agrega nada a lo que es la lista de reclamos tradicional de los medios opositores frente a lo que llaman atentados contra la libertad de expresión. Ventura comienza así su alegato:

"Cristina Kirchner considera que nadie la ayudó a ganar el 54 por ciento de votos y se siente dueña de ese poder. Por eso emprendió un ajuste de tarifas y subsidios, al que sus ministros bautizaron con un eufemismo: "Redireccionamiento". Ahora, acometerá contra los medios, ocultando el embate bajo la demanda de más "pluralismo". Una contradicción elemental: cuando se silencia a un medio o a un periodista, no hay más libertad, sino menos."

Curiosamente en la lista de reclamos no aparece mencionado ningún caso en que el gobierno haya intentado siquiera -no digamos logrado- acallar a un periodista. Ninguno de ellos fue denunciado por el gobierno -o algún mandado- ante ningún tribunal del país. La razón: la propia presidenta derogó el artículo del Código Penal que castigaba el delito de injurias y calumnias para el caso de los dichos de los periodistas en ejercicio de su trabajo. Algo que antes era muy habitual y que, sin embargo, nunca mereció una campaña tan constante como la que ahora existe, simplemente desapareció. Ya no hay más casos de denuncia. Los periodistas están completamente a salvo de denuncias por parte de miembros del Estado e incluso de particulares mientras se trate del ejercicio de su profesión. Por esto solo Cristina Fernández merecería ser condecorada por la SIP y no atacada como de hecho lo está.

La libertad de expresión está garantizada como nunca antes en la Argentina y en eso coinciden la mayoría de los propios periodistas trabajen en el medio que trabajen, cuando son consultados mediante encuestas anónimas. Incluso si manifiestan encontrarse con limitaciones a esa libertad es por parte de las empresas en las que trabajan. (ver aquí y aquí)

Para que se entienda simplemente enumeraré la lista de reclamos de Ventura, que no hacen más que confirmar lo dicho más arriba: la libertad de expresión no se encuentra amenazada, por lo menos por parte del gobierno.

1) Dice Ventura que la Presidenta reclamó públicamente a los jueces que pongan fin a las medidas cautelares que impiden la aplicación del art 161 de la ley de Medios Audiovisuales, el que obliga al grupo Clarín a desprenderse de un cierto número de licencias para poder seguir operando ajustado a la ley. No es ningún ataque, es el procedimiento normal. El tema está -como debe ser- en la Corte Suprema y ella se deberá expedir. Ya lo hizo en parte advirtiéndole a los jueces que las medidas cautelares no podían ser in aeternum, que debían tener un plazo razonable de terminación.

2) Dice Ventura: El gobierno incorporó al debate en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación un proyecto "para regular el mercado del papel para diario, a pesar de que el artículo 32 de la Constitución dice que el Congreso no puede dictar leyes restrictivas de la libertad de prensa."

Este es el punto que ya se ha discutido hasta el cansancio pero Ventura no parece darse por enterado. Una cosa es libertad de expresión y otra libertad de prensa que, sin eufemismos mediante, significa libertad de empresa.

El Estado Argentino, cualquier Estado Soberano, está obligado a regular esta libertad. Para ello, en un régimen democrático como el nuestro existen tres poderes independientes. Además del Ejecutivo que es elegido democráticamente, existen el Legislativo que, debe admitirlo hasta el señor Ventura, expresa mediante su representación la voluntad popular surgida de las elecciones y es la fuente de la ley y, por último, el Judicial que está para aplicar las leyes, pero en el cual el control último de la constitucionalidad de las mismas reside en la Corte Suprema.

De modo que lo que hay, en este caso, es un conflicto entre el Estado y un grupo económico (un conjunto de empresas con un único dueño), el grupo Clarín, por la aplicación de una ley legítima sancionada por el Poder Legislativo. Una ley que es considerada de avanzada por la gran mayoría de los especialistas.
No hay nada en el comportamiento del ejecutivo que implique una actitud omnímoda o autoritaria. Son los poderes de la democracia argentina operando normalmente. Lo que no es normal o no debería serlo es que la voluntad popular expresada en una ley pueda, como dice el fallo de la Corte, ser detenida sin límite de tiempo por una medida cautelar en lo que representa un claro abuso de este recurso legítimo.

3) Ventura dice que el Estado (el Estado somos todos señor Ventura, todos representados en los tres poderes, dos de ellos electivos, ¿recuerda, señor, las clases de Instrucción Cívica del secundario, señor?) "pretende apoderarse de Papel Prensa: demandó a la firma ante los tribunales comerciales -la Cámara Comercial rechazó todos los planteos y debe pronunciarse la Corte- y la denunció en 15 causas penales."

Otra vez el conflicto es entre el Estado y una empresa. En este caso, como es de público conocimiento, lo que el gobierno demanda son dos cosas. La primera, en lo comercial, es poder ejercer su derecho de control como parte de la sociedad. La segunda, en lo penal, es con respecto a la legitimidad del apoderamiento por parte de Clarín y la Nación del paquete mayoritario de la firma sucedido durante la última dictadura militar y con los métodos ilegales (presiones, desapariciones y tormentos) propios de esta.

4) Ventura acusa al gobierno de favorecer a los medios amigos mediante el reparto de la pauta publicitaria estatal. Otra vez el tema tiene que ver o afectaría a la libertad de empresa. Lo que omite decir el señor Ventura es que en el conjunto de la pauta publicitaria que manejan los medios, la parte correspondiente al estado es absolutamente minoritaria. En todo caso de ser cierto lo que afirma, lo único que intentaría hacer el gobierno con unos recursos limitados es favorecer la pluralidad de voces sin silenciar a ninguna.

Y Ventura culmina:

"Esta estrategia sofisticada le permitió al Gobierno fortalecer los medios públicos, cooptar a muchos privados y construir un discurso que, ahora, pretende ser excluyente."

Otra vez se mezclan verdades con mentiras. El gobierno, y no tiene nada de malo, pretende fortalecer los medios públicos, Canal siete, Canal Encuentro, Canal INCA, Canal Paka Paka, Radio Nacional y otros, es, como se declara y se hace, una forma de alcanzar todo el territorio nacional. El gobierno efectivamente está haciendo un esfuerzo muy grande para lograr que ningún argentino quede desinformado o no tenga acceso a un entretenimiento gratuito.
La empresa privada no lo ha hecho teniendo la oportunidad de hacerlo durante años. Primó y no es en sí condenable, el lucro por sobre la función social de la comunicación. No tiene sentido llorar sobre la leche derramada, señor Ventura.

Lo de "construir un discurso que pretende ser excluyente" señor Ventura, directamente llama a risa, si se analizan los medios gráficos, televisivos y radiales de la argentina es evidente el predominio de un discurso único, sí es verdad, lo hay pero es opositor al gobierno, en muchas ocasiones es tan opositor que se pasan de la raya de la decencia y del buen gusto. Y muchas veces faltan a la verdad. Y muchas veces la tergiversan. Y muchas veces manipulan la información. Y muchas veces instalan campañas de prensa creyendo que perjudican al gobierno pero lo que hacen es perjudicarnos, de una u otra forma, a todos los argentinos. Su escrito, señor Ventura, no es la excepción.

bastadeodio                                                          

jueves, 8 de diciembre de 2011

La CELAC: Democracia y libertad de empresa

Los diarios opositores -como señalé en un post anterior- no le prestaron atención informativa a la creación de la CELAC, objetivo único de la reunión de jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe, que reunió a 33 países, todos los del continente menos EEUU y Canadá, y que tuvo lugar en Caracas.

Sin embargo, hoy 8 de diciembre, La Nación publica un editorial sobre el tema, titulado: "Celac, otro proyecto aislacionista".

No es que sea especialmente interesante, no lanza rayos y centellas, pretende ocultar la preocupación e intenta transmitir desprecio hacia el hecho de la creación y dudas sobre su permanencia futura.

Lo interesante es que lo que para nosotros y en ese nosotros incluyo a los jefes de Estado presentes y a la gran mayoría de los ciudadanos que éstos representan, o ¿no son representantes democráticos acaso? consiste en una virtud, para el editorialista representa un defecto, sino vean:

"...(la CELAC) apunta a generar un diálogo cerrado en nuestro hemisferio, que por definición excluye a Canadá y a los Estados Unidos. Como si su sola presencia en la mesa fuese algo inaceptable, lo que obviamente sugiere falta de autoestima y una suerte de complejo de inferioridad."

Ahora entiendo, la OEA, que excluye a Cuba, indica por parte de los únicos que sostienen esa exclusión: EEUU y Canadá, una "falta de autoestima y una suerte de complejo de inferioridad.".

Ahora me queda claro. Por eso la OEA no funciona ni funcionó, ni tampoco lo hacen -lógicamente- los organismos que dependen de ella, especialmente el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, que como todo lo de la OEA, tiene injerencia sobre todo el continente pero su sede está en Washington. Como Dios vamos.

El Editorial afirma que Argentina y Brasil "emitieron una señal inequívoca de falta de interés, cuando sus dos presidentes se retiraron de la reunión un día antes de que concluyera.". Flaco argumento, lo único de cierto en él es la coincidencia de eventos.

Argentina y Brasil han dado muestras sobradas en el pasado inmediato, desde que los Kirchner asumieron el poder en Argentina y el PT con Lula da Silva primero y ahora con Vilma Rousseff en Brasil, de que su vocación es latinoamericanista y que pretenden llevar adelante una política hemisférica independiente de los EEUU, respetuosa pero independiente. La verdad es que no se que parte del significado de la palabra "independiente" no es comprendida por La Nación.

Ahora entiendo. Esta política de independencia, refrendada en Caracas al crear la CELAC es "aislacionista" porque deja fuera a los EEUU (y Canadá). Entonces la OEA es "aislacionista" porque por voluntad exclusiva de los EEUU deja fuera a Cuba. O estoy equivocado y -según el editorialista de La Nación- hay países de primera y países de segunda y los primeros pueden aislar a cualquiera de los otros sin ser "aislacionista" por hacerlo. No creo que La Nación sostenga semejante incongruencia. ¿O sí?

Sin embargo, lo peor de los argumentos expuestos en el editorial está por llegar y pienso que ésta es la verdadera razón de tanto encono, de tanto desprecio, dice:

"La verdadera intención de los impulsores de la idea de la Celac parece evidente si se escuchan sus habituales arengas. Para algunos, se trata simplemente de reemplazar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya actividad en defensa de la democracia y de las libertades civiles y políticas resulta incómoda a los regímenes autoritarios."

Y si es cierto: se trata de la OEA, aunque no sé si el objetivo, como dicen, es reemplazarla sino señalar de manera muy fuerte el descontento de la mayoría de los países de la región con el papel que ha cumplido objetivamente la OEA casi desde su creación, un rol demasiado determinado por los intereses estratégicos de los EEUU y no por los de los países afectados.
Baste recordar la guerra entre la Argentina y el Reino Unido -una potencia extracontinental- por la soberanía sobre las islas Malvinas, en la cual el TIAR fundado a iniciativa de los propios EEUU en el marco de la guerra fría resultó completamente inoperante. O el más reciente golpe de estado en Honduras, o el intento similar en Ecuador, en todos éstos casos la OEA resultó inoperante. También lo fue en el grave conflicto entre Colombia y Venezuela, lo que evitó que este escalara hacia una guerra fue la oportuna intervención de uno de esos organismos "aislacionistas" e "inoperantes" -en opinión de La Nación- la UNASUR con Néstor Kirchner a la cabeza.

En realidad si se sigue leyendo el editorial se descubre el verdadero motivo, ese que resulta inconfesable y que se oculta tras el argumento de la libertad de expresión. El problema en el caso de este argumento es que ellos, digo La Nación y todos los colegas nucleados en la SIP, subsumen en el término "libertad de expresión", otro que es "libertad de empresa" y claro, cada intento de los estados soberanos por meterse con éste último se transforma automáticamente en un atentado contra el primero.

En la Argentina tenemos un caso o dos que pueden servir de ejemplo a lo que sucede en casi todos los países de la región. Uno es el caso de la empresa Papel Prensa que tiene el monopolio sobre la fabricación de papel con el que se imprimen los diarios y muchos semanarios, el cual resulta particularmente grave por la ilegitimidad de origen de la empresa cuyo dominio fue obtenido por Clarín y La Nación durante la última dictadura militar con métodos propios de ésta. El segundo caso lo constituye el propio grupo Clarín que detenta a través de sus empresas el dominio sobre el 80% de las señales de radio y televisión.
En ambos casos existen conflictos de intereses entre un Estado que intenta democratizar la producción y el acceso a la información y unas empresas periodísticas que no quieren ceder su control. Entonces pregunto: ¿Quienes son los verdaderos defensores de la libertad de expresión en estos casos?¿El Estado que busca democratizar o las empresas que buscan perpetuar su predominio?.

El hecho es que durante el auge del liberalismo en el mundo y en el subcontinente entre las empresas periodísticas sucedió lo que con la mayoría de los sectores de la economía, se concentraron, los grandes se tragaron o eliminaron a los pequeños.
Con el fracaso y el fin de éstas políticas -lo que seguramente es vivido con añoranza por el editorialista- en la mayoría de los países de la región naturalmente se trata de impulsar la inversión de esta tendencia nefasta a la concentración, en particular ésta es importante que sea exitosa, por lo que señalé antes, en el caso de los medios de comunicación. Y siempre es difícil hacer volver atrás algo que ya está instalado, sobre todo sin afectar el sacrosanto derecho de propiedad. Pero en Argentina tenemos la Ley de Medios Audiovisuales que está cambiando de a poco las cosas y liberando voces que antes estaban excluidas.

bastadeodio