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viernes, 18 de mayo de 2012

La Metropolitana y La DDT de Macri

Mauricio Macri afirma que la Metropolitana no tiene suficientes efectivos para custodiar escuelas, hospitales, estaciones de subte y hasta los propios edificios oficiales de la ciudad. Lo dice con total desparpajo a pesar que el cuerpo que creó llega actualmente casi a los 4000 agentes. Acusa al gobierno nacional de desentenderse de la seguridad de los porteños y dispone para hacer creíble esta mentira de la cobertura que le dan los medios de comunicación opositores.
Sin embargo, el gobierno de Macri puede -con los escasos recursos de los que dice contar- crear cuerpos especiales en su Policía Metropolitana. En anteriores posts me he ocupado de la División de Intevenciones Complejas, DIC, ahora me ocuparé de otro organismo que -como en el caso anterior suelen denominar de diferentes maneras en distintas oportunidades- se trata de la División de Delitos Telemáticos, o sea DDT.

Lo cierto es que Macri parece más preocupado por dar una imagen policial de modernidad y eficiencia que por la real efectividad de la misma como un recurso para mejorar la seguridad cotidiana de los porteños. Uno tiene algo más que la sensación de que Macri habla mucho de la seguridad pero hace poco por ella. Y esa convicción se extiende al resto de las políticas sociales y culturales del macrismo. Me recuerdan, usando una analogía, a esos pueblos del oeste americano que hacían de escenario para las películas que veía de niño.
Cuando me enteré que esos pueblos donde transcurrían los duelos eran solo fachada, se rompió la magia, bastó ver esos puntales que las sostenían por detrás para destrozar la ilusión creada por el cine. El gran ilusionista de masas que supo ser, refinado e inteligente, y del cual la televisión actual es su hija boba. Siempre lamenté los backstage, esa forma de mostrar la "cocina" del cine. Pero en el caso de Macri uno se siente obligado a hacerlo. Macri no es un creador de ilusiones, es un productor de frustraciones, de inequidades, de injusticias. Mostrar que sus políticas son, en su mayoría, una fachada que esconde otra cosa, se convierte en una necesidad.

Precinto 12 - Saavedra
La PM de Macri tiene -visiblemente- su impronta, ética, ideológica y hasta estética.
Los vivos de los uniformes, móviles y gorras los ha tomado de la policía londinense. Sus comisarías (apenas construyó dos) se llaman "precintos" y los oficiales "comisionados".
Esa extraña denominación, de lo que tradicionalmente en todo nuestro país se llaman "comisarías", es tomada del inglés "precinct" palabra utilizada en los EEUU y popularizada por las películas y series de TV de  ese origen pero mal traducida al castellano como "precinto".
Esta última palabra, en nuestro idioma designa, entre otras cosas, un elemento que se utiliza para cerrar algo que no debe ser abierto (interesante significado aplicado a este caso), pero en inglés "precinct" significa, distrito, barrio y también recinto. Ocurre que en el uso común en EEUU precinct se reserva para nombrar a las comisarías de distrito y la palabra similar "district" se utiliza para indicar los otros significados, o sea, barrio (también y preferentemente neighborhood) y distrito.

Lo que si hace -además de ser un pelele imitador de estéticas y nomenclaturas foráneas- es dar amplia difusión mediática al accionar, muchas veces de dudosa legalidad, del cuerpo policial. Por ejemplo, con la colaboración de determinados jueces de la justicia contravencional porteña, la Metropolitana hace labores de inteligencia criminal y monta espectaculares procedimientos para detener, por caso, a un médico que practica abortos o a individuos sospechosos de intercambiar archivos de pornografía infantil via internet.

El elemento que no falta en todas estas intervenciones es la inmediata difusión mediática. Los procedimientos se filman y los registros llegan inmediatamente a los canales de mayor audiencia.
Por supuesto que esto lleva a la inevitable condena pública de los sospechados para los que las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia son dejadas de lado en aras del impacto mediático. Veamos algunos casos resonantes de su actuación.

El Doctor Aborto

Germán Cardoso es médico cirujano recibido en el ´84. El 8 de junio de 2011 la Policía Metropolitana ingresó a su consultorio exhibiendo una orden de detención dictada por el juez porteño Martín Zavaleta. En la camilla había una paciente. La filmación -que rápidamente llegó a las pantallas de Telefé- la mostraba a ella, junto con un minucioso recorrido por su sangre que manchaba el piso del consultorio.

Gabriel Rojas, el comisionado de la Metropolitana a cargo del operativo, explicaba ante las cámaras el exitoso procedimiento.
En el noticiero de Telefé se llamaba a Germán Cardoso, Doctor Aborto.

Tiempo después la jueza Laura Bruniard desestimó la acusación y la magistrada Rita Acosta dictó la falta de mérito debido a que el imputado no había practicado un ejercicio ilegal de la medicina y el aborto no entra en la jurisdicción de la justicia porteña.

Todo el procedimiento era ilegal, pero al médico Cardozo nadie le quita el mote de Doctor Aborto.

En el suplemento las 12 de Página12 del 11 de mayo de 2012 se publica una entrevista al médico, solo incluiré la última parte:

P: A usted se lo conoce por un video de un operativo de la policía porteña. Pero si la Metropolitana no tenía jurisdicción, ¿a qué atribuye la difusión televisiva? ¿A un interés político o a la idea de generar temor?

–Sí, estaban muy cerca las elecciones del gobierno porteño y venían haciendo algunas cosas así: sacar manteros, cerrar una farmacia que estaba a la vuelta de mi consultorio –que vendía misoprostol– entre San Cristóbal y Constitución. Por ahí rompí las reglas. Nunca pagué coimas.

P: Es llamativo que se allane un consultorio en zona sur y no en Barrio Norte...

–Ni hablar. Yo atendía a muchas extranjeras: peruanas, bolivianas, ecuatorianas, paraguayas y gente de clase media tirando abajo. La mayoría de las mujeres eran mucamas. Los pocos casos de clases altas me decían: “No importa la plata, importa que hagas las cosas bien”. Pero la mayoría eran gente trabajadora. Hay diputadas que han pagado 18 mil dólares en consultorios de Santa Fe y Callao pero no lo dicen. La hipocresía es fenomenal, las que tienen la plata se lo hacen y las otras que se arreglen.

Contra la pedofilia

Como dije Macri ha montado una División de Delitos Telemáticos (DDT). Un aparatoso nombre que -por ahora- no ha producido que se sepa ninguna investigación realmente propia, pero permite canalizar la estrecha colaboración que esta incipiente policía ha establecido a través de Interpol con otras policías del mundo.

Uno de los delitos cuyo medio para concretarse es internet consiste en la difusión de imágenes y videos pornográficos o eróticos en los que supuestamente participan menores de edad. Sobre este tipo de presuntos delitos existe una amplia colaboración internacional, en la cual no solo participan los organismos policiales sino también algunas empresas vinculadas al negocio de la web.

Desde luego que la pedofilia es condenable de todo punto de vista y la utilización de menores en estas situaciones producidas por adultos debe ser reprimida. Pero lo cierto es que el término pedofilia no está, en la práctica y desde el punto de vista legal bien definido, lo que puede llevar a acusaciones infundadas y excesos de las fuerzas judiciales y represivas que pueden avanzar sobre las libertades individuales.

No es lo mismo -y no lo digo desde un punto de vista moral sino desde el sentido común- tener guardados en algún medio digital archivos conteniendo estos elementos, que compartirlos en la red con otros usuarios y mucho menos éstas dos situaciones son equivalentes a producir este material en forma original.

Estos tres casos son, a mi juicio, bien diferentes. En el primero no se afectan a terceros y, en consecuencia, no habría delito alguno, quedando la conducta en la esfera privada del individuo; en el segundo implica la difusión de material audiovisual considerado ilegal por muchas legislaciones -incluida la nuestra-, y el caso se podría encuadrar en un delito menor: el de apología del delito. Solo en la tercera de las situaciones, en las que el acusado es productor del material y con ese fin a cometido abuso de menores, no existe la menor duda de que se está frente a un delito grave. Las tres situaciones deben ser debidamente distinguidas tanto desde el punto de vista legal como de la acción policial.

En el caso de la justicia contravencional porteña debería, además, quedar muy bien definido y es una obligación del Estado Nacional y local aclararlo, que tipo de contravenciones y de faltas son de su competencia y cuales son de competencia federal o de la justicia penal ordinaria. Casos como el del denominado Doctor Aborto no deberían repetirse. Hacia el final del post me meto un poco en este complejo tema.

En los hechos las actuaciones de la Metropolitana parecen no reconocer fronteras legales ni geográficas y la supuesta represión de los delitos telemáticos, en realidad, consiste -por lo que se sabe- exclusivamente en la persecución de supuestos pedófilos. Citaré algunos casos que han tenido, como siempre ocurre, amplia difusión en los medios de comunicación de forma tal que en la mayoría no se preservó -todo lo contrario- la identidad de los presuntos transgresores.

Caso 1: Damián de Santo detenido por pedofilia. El actor vinculado a Telefé fue detenido y puesto en libertad después de que la policía haya encontrado en su disco duro mas de 10.000 archivos, fotos, y videos relacionados con pedofilia, muertes, y demás aberraciones, según informó la Fiscalía de la ciudad de Buenos Aires. Fue arrestado por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Metropolitana (otra denominación alternativa) en la localidad balnearia de Las Toninas (!). La investigación se inició a partir -según se dijo- de una denuncia anónima.
Prima facie el caso corresponde a la primera de las situaciones descriptas más arriba: alguien que "colecciona" imágenes y otros archivos considerados por su contenido ilegales, pero que ni está probado que los comparte, ni los produce. Como se ve es un caso impactante y no se preservó, sino todo lo contrario, la identidad del presunto trasgresor. (Fuente: Diario de la Costa)

Caso 2: Allanan la casa de un pedófilo y secuestran material pornográfico. Fue a raíz de una investigación de la policía alemana, que  había "detectado que un usuario (vecino de Boedo) descargaba y compartía en demasía videos pornográficos de menores", precisó la policía porteña. El acusado utilizaba el programa de intercambios de archivos 'Emule' para descargar y compartir imágenes pornográficas de menores. la intervención de la DDT se limitó a determinar el domicilio al cual le correspondía la IP detectada por los alemanes.
Cualquiera que conozca el funcionamiento del programa citado, el eMule, sabe que todos los archivos descargados se localizan en una carpeta que el propio programa, por defecto, nombra "incoming" y automáticamente éstos son compartidos con otros ignotos usuarios de la red creada por el programa.
Intervino la jueza Gabriela Z. Zangaro, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas  Nº 22, quien ordenó allanar el domicilio implicado.
Esta, es la segunda investigación que la Metropolitana realiza en conjunto con Interpol y policías de otros países. (Fuentes: Clarín y la propia Metropolitana) fecha: 23/04/2012

Caso 3: Pedófilo detenido en La Plata por una denuncia de Microsoft. La empresa observó que el hombre publicaba (?) gran cantidad de imágenes pornográficas en el sitio de almacenaje "Sky Drive", uno de sus servicios, por lo que se contactó con la fuerza de seguridad federal estadounidense para investigar el caso. El caso recayó en el fiscal Walter López (es muy activo el hombre en este tipo de intervenciones de la PM), pudo precisar que las conexiones para difundir las imágenes pornográficas se realizaban desde una casa de La Plata (!). (?) Es necesario aclarar que en esos sitios, como Sky Drive, no se publican archivos, solo se guardan y se comparten no de forma pública sino exclusivamente con aquellos usuarios que el propietario de los archivos determine.

Resumiendo: a mediados del año pasado los investigadores del FBI detectaron que el IP (registro de conexión de internet) correspondía a la Argentina, por lo cual dieron aviso a Interpol. En la Argentina, la causa quedó a cargo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que dio intervención a la Policía Metropolitana para los procedimientos correspondientes de acuerdo con todos los datos del FBI. No intervino -por lo informado- la Policía Federal. Otra vez la actuación de la DDT se limitó a detectar el domicilio al cual le correspondía la IP acusada por Microsoft y el FBI. En este caso, como probablemente en la mayoría, lo único que se probó es que desde esas computadoras se descargaban archivos vinculados a actividades calificadas de pedofilia. La vivienda fue allanada y todos los medios de almacenamiento secuestrados junto con una cámara digital y -según reza la información- "juguetes sexuales". (Fuente: Inforegión)

Caso 4: El capitán que sacaba fotos. El acusado se desempeñaba en la sede del Estado Mayor Conjunto, que fue allanada. Según la investigación, pagaba a adolescentes para fotografiarlos desnudos y en poses sadomasoquistas. Su presunto cómplice trabajaba en una santería. Un técnico en sistemas de la Armada, con rango de capitán de fragata, y un empleado de una santería porteña fueron procesados por producir materiales pornográficos con menores de edad. Intervino Natalia Molina, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 8 de la Ciudad con la colaboración de la División de Telemática de la Policía Metropolitana. La información oficial preserva el nombre del capitán y su supuesto socio pero da datos de su filiación suficientes para que mucha gente pueda identificarlo. Según la información hecha pública este seria, de los cuatro analizados, el único caso donde se puede sospechar la existencia de un verdadero delito de pedofilia. Sin embargo este es un caso donde la no está muy claro cuál fue el aporte real de la DDT. (Fuente: el observatorio de la metropolitana)

Sintonía Fina:

En mi opinión ha llegado el momento en el que los legisladores de la Ciudad y de la Nación pongan una mirada más atenta e inquisitiva sobre el accionar de la PM y el marco legal en que se desenvuelve. No soy un experto en leyes pero me resulta posible sospechar que el accionar de la PM puede exceder el marco que le dio origen.

La ciudad autónoma de Buenos Aires, la CABA, no tiene el status y la independencia de una Provincia y, en consecuencia, sus poderes son más limitados. La cuestión está sujeta a debate. La Corte Suprema en un fallo dividido, en el cual la Dra Argibay y el Dr Zaffaroni estuvieron en desacuerdo, estableció que la CABA no es equiparable a una provincia porque su creación -que resulta de la ley Cafiero del `94- la hace diferente de las provincias que como entidades jurídicamente separables son previas a la existencia misma de la Nación. Este es un argumento discutible y discutido por varios constitucionalistas. Pero su existencia de hecho impide, por ejemplo, que tanto la Nación como la Ciudad sometan los conflictos interjurisdiccionales existentes a la interpretación de la Corte.

Esa condición de ambigüedad legal originaria es fuente de innumerables problemas y se traslada a la interpretación de las atribuciones que se toman algunos fiscales y jueces de la justicia porteña y a las funciones y limitaciones en el accionar de la PM. Ya se sabe que respecto a las facultades que la ley Cafiero no le otorga a la Ciudad o que están en discusión, Macri, si le conviene, se las toma y si no le interesan o van contra sus "principios", no las ejerce estén o no sujetas a debate.
Más allá de las discusiones jurídicas, en algunas situaciones que se han dado y que hemos visto retratadas aquí, es posible olfatear incluso cierta connivencia entre algunos integrantes del poder judicial local y el ejecutivo, cosa que no debería suceder dada la cacareada independencia de poderes.

El limitado relevamiento realizado de la información hecha pública sobre el tema y que involucra a la PM y su DDT (tanto la policía federal como la bonaerense tiene estructuras similares) muestra, además, otra cosa. Internet no es para nada el espacio abierto y libre que muchos suponen que es. Los intercambios en la red de redes están bajo vigilancia, dentro y fuera de nuestras fronteras. Esta vigilancia, intervención y consiguiente persecución de supuestos o reales delitos está sujeta a un margen de arbitrariedad y de falta de transparencia demasiado grande que de hecho afecta a las libertades individuales sin que medie para hacerlo una debida justificación y advertencia por parte de los Estados.

bastadeodio                                                              

lunes, 14 de mayo de 2012

Dos formas potencialmente opuestas de concebir la seguridad

Villa 31, Retiro
En un post anterior analizamos la formación, dentro de la policía Metropolitana de Mauricio Macri, de un grupo especial -de confusa denominación- dotado de armamento y entrenamiento especiales.

Pensado -quizás en teoría- como una fuerza entrenada para la realización de lo que denominan -pero en ningún lugar definen- como "acciones complejas", en su corta existencia se la ha utilizado casi sin excepción como una fuerza de represión y control social.
Su acción más reciente consistió en el desalojo por la fuerza -con armas largas y portando capuchas- de los habitantes de un hotel del barrio de Constitución. De este hecho damos cuenta en el post citado.

Armas largas, capuchas, entrenamiento especial (¿antiterrorista y antinarcóticos?) dedicados -no a la represión del delito organizado- sino a la persecución de pequeños delincuentes o el control de la protesta social y, lo que es quizás aún peor, un accionar totalmente injustificado (¿Cuál es la "complejidad" en este caso?) que debe ser soportada por familias indefensas con niños que no cometen otro delito que no sea el de sufrir de todas las carencias imaginables.

No hay que ser de izquierdas ni de derechas, duro con los delincuentes o garantista, para caer en la cuenta de que ésta es una política de seguridad del Gobierno de la Ciudad indefendible desde todo punto de vista -incluso económico- que requiere de la mirada urgente de los legisladores porteños y de las organizaciones defensoras de los DDHH.

En el polo opuesto a esta errada política de Macri parece estar, por lo menos en su concepción, la que propone la ministra Garré desde el ministerio de seguridad de la Nación. Leemos en el diario Página12 de este domingo pasado:

Una experiencia en la Villa 31 (Por Sergio Sánchez)

El ministerio de Seguridad creó el cuerpo de Policía de Prevención Barrial, una división de la Policía Federal que intenta alcanzar un mayor involucramiento con los vecinos del barrio y los problemas de fondo que desencadenan el delito.

Los policías del nuevo cuerpo reciben cada semana capacitación para lograr “una mirada multiagencial del problema de la seguridad. La idea es que la policía no conciba la inseguridad como algo que requiere únicamente represión, sino una respuesta de todo el aparato estatal”, según afirma Elías Matzschke Brull, que es asesor del secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación, Gustavo Palmieri.

Sin embargo, según declaran, el objetivo principal sería:

“intervenir en las instancias tempranas del conflicto para que no escale en violencia en barrios vulnerables o de complejidad”

Que no difiere mucho del clásico objetivo de contención o control social tradicional. En fin, no deja de definir a "la villa" como una parcialidad hostil y potencialmente problemática. Sobre todo para la acción policial.

A pesar de ello se propone que: el vecino “recupere el vínculo de confianza” con la policía, una institución muchas veces discutida por el abuso de poder en los sectores más vulnerables. Muy cierto y por evidentes razones. El enfoque "tradicional" de Macri no hace más que confirmar estos temores.

Villa 26, Riachuelo
En lo que sí dan en el clavo es en el reconocimiento de que si hay algo que caracteriza a las villas (y a otros barrios de la ciudad y del conurbano) es la ausencia del Estado. Esta ausencia se hace evidente, no solo en la falta de presencia policial, sino fundamentalmente en la carencia de servicios que en otros barrios más favorecidos son comunes (agua corriente, gas natural, electricidad domiciliaria, cloacas, escuelas, centros de salud).

Obviamente una cosa, la seguridad, no puede desprenderse de la otra, la presencia del Estado como agente de progreso social y de inclusión. En eso tienen razón. Si solo aparece la cara represiva del estado no podremos luego esperar otra cosa que hostilidad por parte de la población afectada. En el fondo las fuerzas del estado actuarían en ese caso como una fuerza de ocupación extranjera o como un garante del apartheid al que, sin declararlo, se los somete.

Por eso celebro la iniciativa del ministerio que conduce Nilda Garré, pienso que va en la dirección correcta, solo que quizás habría que, con premura, atender a las otras demandas de esas poblaciones que son urgentes, más urgentes aún que la de seguridad.
No vaya a ser que este tipo de iniciativas sea una excusa para meter un pie en el barrio para hacer inteligencia criminal. Si eso es así no habrá mejora para la deteriorada imagen policial y el proyecto en su totalidad se irá al carajo.

Según lo veo, o mejor, confío, se trata de recomponer en su conjunto el rol del Estado comenzando por lo que es más urgente, las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes, esta no es tarea de la policía, ni del ministerio de seguridad -aunque puede simultáneamente acompañarlas- son tareas que deben encarar otras estructuras del gobierno nacional y local.

Osvaldo Bayer tiene evidente razón en algo en su polémica absurda y dolorosa con Hebe de Bonaffini. Mientras existan villas la democracia será incompleta porque no les habrá llegado a todos los habitantes de este nuestro querido país. Quien dice villas, dice pobreza y marginación. Dice también campesinos e indígenas. Dice pueblo que aún espera que se lo vea y se deje de ignorarlo.

Al final todo se reduce a eso: a que veamos en el pobre, en el necesitado, a un semejante excluido y no por gusto, que pasa penurias y sufre y dejemos de ver en él a un otro amenazante, potencialmente peligroso que hay que mantener bajo control porque: ¡pobres, existirán siempre!

bastadeodio                                                           

viernes, 11 de mayo de 2012

La DIC (?) de Macri

La DIC -Dirección (o Grupo) de Intervenciones Complejas- es una fuerza de choque que pertenece a la Policía Metropolitana.
Según la información disponible la ubicación en el organigrama de esta fuerza es poco clara. Se la menciona alternativamente en los medios de comunicación como Dirección, División y Grupo.
En realidad la confusión con respecto al nombre parte del mismo gobierno de la ciudad, como se puede apreciar en el video de más abajo donde se la menciona con las siglas DOAR (Dirección de Operaciones de Alto Riesgo).

Estaría integrada por unos 200 hombres que reciben entrenamiento y equipamiento especial. El modelo es similar a otros grupos policiales especiales: El GEOF de la Policía Federal, el Grupo Halcón de la Bonaerense o el Swat yanqui de las películas. Este video institucional muestra algunos de estos detalles:

 

A pesar de su corta existencia y de la falta de información confiable ya es posible reconocer en sus acciones cuál es su perfil, es decir para qué lo quiere y lo usa Macri.
Esta fuerza, en todos los casos conocidos actúa, aunque no sea necesario, con gran despliegue de medios y armamento y casi siempre con abundante cobertura mediática, o bien directa cuando convocan a las cámaras de los noticieros amigos o indirecta filmando los procedimientos y luego entregando el material a los medios.

Intervino en la Villa 31 -según justificaron- debido a una investigación iniciada por una denuncia de "vecinos" que señalaban que en algunas de las viviendas de la Villa se comerciaban estupefacientes al menudeo. Sin embargo el despliegue de fuerzas y las acciones llevadas a cabo implicaron el allanamiento de numerosas viviendas y el secuestro de numerosos objetos supuestamente robados y de armas. Este es el video institucional del procedimiento:

 

También lo hizo en otra oportunidad para evitar que los habitantes de la Villa 21 cortaran la Autopista Illia durante una protesta social.

¡Malditos sean! 
Su aparición pública más reciente consistió en el desalojo compulsivo de los habitantes de un hotel de Constitución este lunes 7 de mayo pasado.
Este caso nos dice mucho sobre la funcionalidad que tiene para el gobierno de Macri este grupo de policía especial.
Según se informa en los medios -aunque en este caso la información es algo confusa- existía una orden judicial previa para allanar la que era la vivienda de la encargada. Sin embargo ésta, según declararon los desalojados, no se encontraba allí desde el mes de febrero pasado.
El accionar del grupo especial no se limitó a ese objetivo sino que consistió a echar a la calle a la totalidad de las 33 familias que se alojaban en el hotel. El procedimiento fue por demás violento y atemorizante para todos los afectados y, en especial, para los numerosos niños y niñas -unos veinte- que integran estos grupos familiares:

“Si no salís por las buenas, te vamos a sacar por las malas. ¿O querés pasar la noche en la comisaría con tu hija, vos?”, le gritó un policía con pasamontañas y portando un arma larga de grueso calibre, a María del Carmen Torres, de 31 años y a su beba, Tayra.

“En el edificio hay 34 piezas –explica la vecina– una era en la que dormía la administradora, Teresa Martínez, y donde la jueza dijo que tenían que allanar. Pero ella se había ido por su cuenta en febrero y nosotros llevábamos unos meses sin pagar porque no había a quién. Gastábamos igual en reparaciones y en pagar los servicios", agrega María del Carmen.

En muchos medios -como es habitual- se los describe como "okupas" un término sumamente despectivo en todos los casos pero que, en este caso, es inaplicable porque todos pagaban un alquiler y muchos de los habitantes recibían incluso ayuda social para hacerlo y debían presentar los oportunos recibos.

Por este procedimiento se le ha pedido juicio político a la magistrada interviniente, María Fernanda Botana.
Según el defensor porteño, Mario Kestelboim, "Nunca hemos visto un desalojo de estas características ...(La jueza) no notificó a las personas, no les dio derecho a la defensa y no cumplió con los recaudos previstos para los desalojos."

Paralelamente a este pedido de juicio político, la Justicia porteña tramita la apelación del desalojo presentada por el defensor oficial que representa a la familias, Federico Stolte. El recurso tramita ya en la Sala II de la Cámara de Apelaciones, ante la cual el defensor pedirá que se expida en un plazo breve “ya que hay familias con niños en la calle”.

En efecto, desde el momento del cruel desalojo la casi totalidad de las familias acampan en las mismas puertas del hotel que era su vivienda, en condiciones sumamente precarias.

Afortunadamente varias organizaciones sociales los acompañan y tratan de atender a sus necesidades. El gobierno porteño se limitó a llevarles el mismo lunes algo de alimentos y baños químicos y después hizo mutis por el foro como si el problema social que ellos mismos generaron ya no fuera de su competencia.

Pedido de Informes, ¡YA!
El estado de extremo riesgo social en el que se encuentran estas familias por el injustificado y desproporcionado accionar de los responsables del gobierno de la ciudad encabezados por Macri, por el ministro Montenegro como responsable último de la Metropolitana y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, reclama por parte de los legisladores de la ciudad una investigación y una clara toma de posición política condenatoria.
De la misma forma la composición, funcionalidad y accionar del grupo especial de la Metropolitana tienen que ser puestos bajo severa observación. Las operaciones de alto riego a las que se refieren los responsables, por lo menos hasta ahora, se han reducido a maltratar de manera indiscriminada a hombres, mujeres, niños y ancianos en situación de vulnerabilidad social como si se tratase de peligrosos delincuentes.
No se puede tolerar de forma impasible que Macri haga lo que le venga en gana -de manera absolutamente irresponsable- con su policía de juguete que es la Metropolitana. Las consecuencias para muchos porteños, justamente los más necesitados, son demasiado graves para seguir permitiéndolo.
En gran medida el accionar de la DIC recuerda por sus objetivos y métodos a la UCEP organismo de terror que Macri debió desactivar y por el cual él y Montenegro se encuentran procesados.

La Metropolitana de Macri:
Macri concibe principalmente a la fuerza policial local como una vidriera que muestre su supuesta eficacia a la hora de combatir el delito, en consecuencia, no quiere destinarla a tareas de seguridad rutinarias y poco llamativas como cuidar escuelas, hospitales y subterráneos. De eso pretende que se encargue el gobierno nacional.
Como este no lo hace porque tiene su propia responsabilidad para con la seguridad de los habitantes de la ciudad y se la toma en serio, Macri aprovecha la situación para victimarse. Declama la necesidad del diálogo y de acuerdos pero hace todo lo posible por impedirlos.
El acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el nacional con relación al retiro de los adicionales de la policía federal dedicados a la custodia de los lugares antes mencionados y de edificios públicos del gobierno local y hasta de una quinta que posee Macri en San Miguel y de la casa de su esposa, ya había sido acordados en marzo y abril del 2011 entre el ministro Montenegro y el ministerio de seguridad de la Nación.

Sin embargo, al igual que lo hicieran en el caso del traspaso del subte, Macri decidió romper unilateralmente los acuerdos alcanzados y denunciar mediáticamente al gobierno nacional de querer entorpecer a su gobierno e intentar "fundir" a la ciudad.

Macri tiene, para hacer creíble por parte de un sector de la ciudadanía esta patraña basada en el subterfugio y la mentira, la colaboración inestimable de ciertos medios de comunicación que le ofrecen a su irresponsable accionar una férrea tapadera mediática. Todo este asunto no pasaría de ser un show al peor estilo de los realities televisivos sino fuese porque su accionar perjudica de manera muy grave a los que se encuentran más indefensos. Es muy probable, yo diría que hasta seguro, que esta sea una de las consecuencias que a Macri y, lamentablemente a otros porteños, los hacen sentir bien.

bastadeodio