Tampoco hay que olvidar por su trascendencia "el incidente Lagarde" que se produjo en el mismo marco espacio-temporal.
Estamos en un punto donde un problema -aparentemente técnico- referido a la metodología que aplica el INDEC para la medición del IPC, que en sí es menor, se ha transformado en un gran problema que afecta la credibilidad de los logros del actual gobierno en numerosas áreas, especialmente en las que se refieren a lo social (evolución de los índices de pobreza y de indigencia, evaluación del impacto de la AUH), pero no solo a ella. La propia medición del PBI y, en consecuencia, la tasa de crecimiento, está afectada por el cuestionamiento al IPC y con ella la de numerosos indicadores económicos. El problema se ha extendido como una mancha de aceite o una reacción en cadena y conviene ver porqué pudo haber sucedido tal cosa y cómo se puede, eventualmente, salir de ello.
Lo cierto es que el gobierno está trabajando desde principios de año con el FMI en el tema del IPC tratando de hallar una metodología que conforme a todos, posiblemente a partir de un mix de datos de carácter nacional y no solo metropolitano, como venía ocurriendo, pero los resultados por ahora no se ven.
Es posible que una metodología de esas características que les satisfaga a todos no exista y, en realidad, se trate de negociar para adoptar la menos dañina.
Una metodología avalada por el FMI sería, sin duda, un logro trascendental. Hay muchos motivos valederos incluso para romper definitivamente con el FMI y retirarse de él (también supone costos elevadísimos), pero éste, el de las estadísticas económico-sociales, no es uno de ellos.
(Nota: con posterioridad a la publicación de este post, Raúl Dellatorre publicó en Página12, un artículo que amplía algunos detalles del apoyo técnico del FMI al INDEC y plantea cuáles podrían ser los motivos de "fondo" del desplante de Christine Lagarde)
Por un lado, ninguna de las posibles metodologías de medición de una variable social o económica es neutra. Ese ideal de la objetividad no se sostiene en la práctica. En un colectivo regulado por reglas más o menos democráticas lo que se puede alcanzar es un consenso que surge de una determinada relación de fuerzas el que se expresa en todos los planos, científico-técnico, ideológico y de poder económico. Hasta sucede en las propias comunidades científicas. La metodología de construcción del IPC anterior a la intervención del INDEC favorecía a los bancos, la actual perjudica a los acreedores que poseen bonos de la deuda atados al incremento del IPC. Ambas son, en ese sentido, sesgadas, interesadas o tramposas, a gusto del calificador.
Por otro lado, ninguna metodología de medición del IPC provoca de forma directa el alza de precios. Sin embargo, si está instalada la expectativa de que el "verdadero índice", aunque no exista tal cosa, es muy superior al oficial, entonces los formadores de precios adoptarán el mayor porque es lo que les conviene. Hay allí una relación peligrosa de realimentación que puede terminar en una suerte de círculo vicioso que empuje el índice hacia arriba más cuanto mayor sea la demanda, es decir cuanto mayor sea el crecimiento de la economía y del poder de compra de los salarios.
Una economía capitalista en crecimiento genera inflación, en si no es un problema, aunque obligue a negociaciones y reajustes permanentes, estos son en cualquier caso inevitables, resultado de la movilidad social y de los cambios en la estructura productiva. Se trata de mantener una tasa de crecimiento y de inflación que sean mutuamente compatibles.
La vieja receta monetarista del neoliberalismo de actuar por el lado de la contracción de la demanda para obligar al descenso de los precios, enfriando la economía, es incompatible con la mejora en el ingreso de las clases populares y significa invariablemente una brutal transferencia de ingresos hacia los sectores dominantes.
Es evidentemente necesario actuar sobre la oferta, incrementándola, para que acompañe el aumento de la demanda. Una de las formas es favorecer la competencia y la inversión productiva. Se hacen necesarias políticas más activas en este área, porque la de establecer acuerdos de buena fe con los oligopolios formadores de precios no ha funcionado, hay que reconocerlo.
Dejo de lado en este caso el análisis de la utilización política que ambos, gobierno y oposición, hacen de la controversia. Esto agrava el problema empiojándolo pero no es en este ámbito -los medios de comunicación y el espacio mediático, incluso el del poder legislativo- donde se lo puede resolver.
Resulta penoso observar que frente a datos oficiales cuestionables, se den por válidas (y no solo por periodistas poco informados) mediciones del IPC o peor de "la inflación" mucho más inciertas, en una suerte de show sin ninguna sustancia, como es el reciente caso que involucra a Polino. Ocurre todos los días y es fuente permanente de conflictos que en gran medida contienen un elemento absurdo. El IPC, lo mida quien lo mida, es, en principio, como el termómetro que mide la temperatura del cuerpo, si está muy por encima de lo normal, habrá que ver la causa, ésta puede ser real (una bacteria, en el primer caso o monopolios de oferta, déficit fiscal, en el otro) o ficticia producto de una medición distorsionada o manipulada (un termómetro defectuoso o la presencia de un poder excesivo por parte de un sector de la economía real que puede imponer al resto sus intereses en juego en esta disputa).
El papel del Estado no puede ser otro que el de un mediador activo que incline la balanza en favor de los más desfavorecidos poniéndole límites a las ambiciones legítimas pero muchas veces exageradas del capital.
¿Porqué entonces el gobierno a dejado pasar tanto tiempo sin encontrarle una solución a este problema?. Sin duda la razón debe ser tan política como su solución. Creo que no alcanza la explicación de que actúa así porque se ahorra dinero en el pago de intereses de los bonos, aunque haya algo de eso, es insuficiente. Esa es la explicación de los lobbistas y, como es creíble, tiene un costo ético muy elevado para el gobierno.
Si el eje fundamental de las políticas del gobierno es la justicia social, la solidaridad y la redistribución del ingreso hacia abajo en la pirámide social, su conducta, en todos los órdenes, debe estar signada por la ética, nunca basada en engaños o subterfugios. Se trata de modificar una cultura basada en el egoísmo social, el individualismo y la predominancia del más fuerte sobre el más débil y se debe predicar con el ejemplo, tanto en política interior como exterior.
El caso de las restricciones a la venta de divisas puede servir de ejemplo, la medida persigue pesificar la economía, eso significa que los argentinos, o por lo menos una parte de ellos, modifiquen sus conductas y comiencen a ahorrar y realizar sus transacciones comerciales en moneda de curso legal. No es un disparate y es lo que ocurre en la mayor parte del mundo y en todos los países desarrollados.
Que el objetivo -apuntar a cambiar hábitos y conductas muy arraigadas- sea correcto y loable no puede obviar los errores de comunicación en los que ha incurrido el gobierno, que son más graves porque precisamente se trata de modificar conductas y eso requiere justificar (dar razones) e intentar convencer.
Rofman analiza los resultados de dos estudios sociales que no fueron producidos por el gobierno o por cientistas sociales vinculados a él, ya que se trata del informe “Asimetrías en el desarrollo humano y social (2007-2010/11)” producido por el Observatorio de la Deuda Social Argentina que depende de la UCA y el informe “100 políticas para potenciar el desarrollo” del Cippec.
A la conclusión que llega Rofman analizando estos informes, es que de ellos se desprende la más evidente confirmación de la verdad de las afirmaciones que hace el gobierno sobre las mejoras sustanciales alcanzadas en la última década en los indicadores sociales más significativos. Dice Rofman:
"Como conclusión de este recorrido relevante de datos, entre el cierre de la convertibilidad y los tiempos que corren, sólo cabe agregar que los mismos son impactantes en cuanto al progresivo y firme horizonte de progreso social y justicia distributiva que ha tenido lugar en esta nueva etapa. La fuente de las estadísticas que corroboran esta información es de procedencia insospechada y no se la puede acusar de ser cercana o afín a las ideas de quienes han conducido el país en los últimos nueve años. Es posible afirmar, entonces, que el debate en torno de la bondad del proyecto de desarrollo vigente desde el año 2003 ha sido definitivamente cerrado con los datos transcriptos, que puntualizan los evidentes beneficios que para los sectores sociales que menos recursos e ingresos tienen ha venido deparando la política económica del desarrollo con inclusión y equidad social aplicada en la reciente década."
Es posible que mas pronto que tarde haya un comunicado de prensa de alguna de éstas instituciones negando que esa conclusión pueda ser extraída de sus trabajos.
Y muy probablemente los argumentos incluyan una mención especial al IPC medido por el INDEC.
Confieso que a mí me hace run-run una expresión utilizada por Rotman que me parece ciertamente fuera de lugar en cualquier contexto de debate: "el debate en torno de la bondad del proyecto de desarrollo vigente desde el año 2003 ha sido definitivamente cerrado con los datos transcriptos".
Yo coincido con el proyecto que lleva adelante la presidenta Cristina Kirchner, es más, estoy entusiasmado con él y con la forma en que ha cambiado al país y muchas veces me expresé en ese sentido.
Ahora bien, digo tres cosas, en primer lugar nadie está a salvo de cometer errores, mucho menos los que más hacen, como el gobierno; dos, ningún debate se cierra definitivamente, solo hay un suceso definitivo y todos sabemos cuál es.
Tres, las políticas sociales merecen sin duda un debate en los ambientes académicos porque éstos pueden contribuir a su mejora, sin embargo, el mejor, más decisivo y prometedor ámbito de discusión que nos da la democracia son las urnas. Y en ellas el pueblo argentino ha sido muy claro en su aprobación de las políticas y de los logros alcanzados por el gobierno kirchnerista, en especial, el último 10 de octubre. Si sacamos ese dato de la discusión perdemos toda perspectiva y nos ubicamos en el terreno de las élites y del desprecio por la voluntad popular.
Solo en ese marco profundamente autoritario se pueden entender expresiones tales como, la dictadura kirchnerista, voto clientelar, plan descansar, los jóvenes de 16 años no están preparados para votar, votan por el pancho y la coca, los movilizan en camiones a cien pesos por cabeza, los militantes kirchneristas son todos pagos, la AUH se va por la cuneta de la droga y el afano y también, porqué no, los caceroleros del 13S son todos unos garcas manijeados por el PRO.
Más que nunca, en este clima enrarecido, se trata de tener los ojos y los oídos bien abiertos a las críticas aunque duelan, y seguir apuntando a lo esencial: el bienestar del pueblo argentino y el alcanzar y consolidar las transformaciones estructurales que su mantenimiento reclama.
bastadeodio
