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jueves, 1 de diciembre de 2011

Caín y Abel y Cristian Ferreyra (Parte I)

Caín y Abel - bajorelieve paleocristiano en marfil - Museo del Louvre (alta resolución)
En un reciente artículo (ver aquí) Ricardo Forster acude al mito bíblico de Caín y Abel para explicar dos situaciones a su modo de ver relacionadas de alguna manera. El "levantamiento" en el 2008 contra el gobierno de los productores agropecuarios, conducido  por la Mesa de Enlace y motivado por la 125, y el asesinato del campesino del MOCASE Cristian Ferreyra ocurrido recientemente en Santiago del Estero. (ver posts anteriores  aquí, aquí y aquí). Afirma centralmente Forster definiendo su tesis:

"Un antiguo mito sigue vigente entre nosotros: frente a la ciudad enviciada y prostibularia se levanta la virtud del campo y de su gente."

Según el filósofo en el imaginario de los habitantes de las ciudades que se manifestaron en apoyo "del campo" y que crearon el clima propicio para la derrota de la 125, "el campo" representaba todo lo bueno, lo honesto, lo puro (Abel) frente a la codicia del gobierno que quería quitarle lo que era suyo (en este caso era el gobierno de Cristina el que representaría imaginariamente a Caín, el malo, el deshonesto, el asesino de su hermano), continúa:

"Desde las usinas mediáticas se apeló, con expansiva fruición, a recordarnos que desde lo profundo de la pampa, allí donde crecen nuestras riquezas mitológicas, se rebelaban contra la impunidad y el saqueo de los gobernantes de la ciudad política, los hombres y las mujeres de tierra adentro, los portadores de la “reserva moral” de un país a la deriva capturado por las falsedades de un gobierno prisionero de la “maldad” urbana."

Sin embargo Forster también nos presenta -como vimos- una variante con cambio de personajes donde "el campo" mantendría el rol de Abel pero el de Caín recaería sobre los "habitantes de las ciudades", sin desde luego, un cambio en las características de ambos arquetipos. Pero digamos que en esta versión, la maldad no recae en una persona concreta -Cristina Kirchner, en este caso- sino en un segmento particular de la población: los habitantes de (tal vez algunas) ciudades, en particular, de la muy simbólica Ciudad de Buenos Aires.

La primera asignación la utiliza Forster para explicar el éxito de la mesa de enlace en su pelea contra la 125:

"Por esas extrañas piruetas que suele hacer la historia en nuestro país, atravesado de lado a lado por el relato de un origen añorado como esencial, los culposos habitantes de las ciudades se sintieron convocados por el “llamado de la tierra” expresado por la mítica Mesa de Enlace capaz, utilizando los recursos de los nuevos narradores mediáticos, de ofrecerse como los representantes de esa pureza extraviada...nuestros dueños de la tierra se transformaron, por arte y gracia de los grandes medios de comunicación, en la garantía última de nuestra nacionalidad, en los portadores de una virtud que vendría finalmente a salvarnos de la amenaza populista que, como todos sabemos, se fue formando en los arrabales oscuros de ciudades envilecidas."

La segunda y más difusa asignación sería la que -a juicio de Forster- cae derrumbada por mentirosa ante el asesinato de Cristian. Pero primero nos advierte de un ocultamiento:

"Lo que desde siempre han ocultado es el otro rostro de Abel: el de los verdaderos oprimidos, el de quienes no tienen otro recurso para defenderse que sostener con voluntad inquebrantable el derecho a la resistencia." y culmina:

"Ante el asesinato a mansalva de Cristian Ferreyra, un joven campesino santiagueño y miembro del Mocase, por parte de un sicario de los patrones sojeros que buscan expandir la frontera agrícola sin importarles nada de nada salvo sus propios intereses, se derrumba, como no podía ser de otro modo, el relato bucólico y falso de un mundo agrario erigido en espejo de comunidades amables e integradas en las que, sin embargo, la brutalidad, la expropiación de tierras, el saqueo y el engaño, la explotación y la violencia nos devuelven la realidad cotidiana de miles y miles de campesinos que sufren a esos mismos que durante el conflicto por la 125 fueron exaltados como “el campo”."

Forster, por supuesto, no deja pasar la falacia de subsumir en el término "el campo" -como de hecho se hizo- la compleja diversidad de intereses y sectores, muchas veces contrapuestos que realmente lo constituye.

Sin embargo Forster no dice que solo una parte del mito ha caído -el del "campo" bueno y "la ciudad" malvada- en tanto el otro donde el bueno es el mismo, "el campo", pero en el gobierno, que sigue y seguirá por lo menos por cuatro años más bajo la responsabilidad de Cristina, se corporiza la maldad. Esta cara del mito permanece instalado firmemente en amplias capas de la población de las ciudades.
Estoy convencido que este aspecto del mito efectivamente permanece y puede eventualmente volver a hacer daño, de modo que resulta muy importante examinar su verdadera naturaleza, para intentar desnudarlo como, afirma Forster que sucedió, con el otro.

No obstante, en mi opinión, ambos mitos no son independientes, el de índole moral, asociado a la supuesta "bondad del campo" está firmemente asociado al otro "la riqueza del campo" que es de índole ideológica y tiene una base material. El primero no terminará de ser desmontado hasta que se logre desmontar el segundo.

Forter mismo da claros indicios de su naturaleza al afirmar cosas tales como "nuestro país, atravesado de lado a lado por el relato de un origen añorado como esencial"..."desde lo profundo de la pampa, allí donde crecen nuestras riquezas mitológicas" y "nuestros dueños de la tierra se transformaron, por arte y gracia de los grandes medios de comunicación, en la garantía última de nuestra nacionalidad", expresiones con las que coincido esencialmente y que, casi por sí solas, permiten entender todo este conflicto ridículo de la 125, donde parte de los que apoyaron la revuelta pierden cuando ganan y el gobierno, en cierta medida, gana donde parece perder.

La 125 trataba, en el 2008, de introducir cierta "sintonía fina" en la cuestión fundamental para la continuidad del modelo nacional y popular de desarrollo instalado por Néstor Kirchner en el 2003 de las retenciones a las exportaciones agropecuarias -en especial de la soja, el moderno "oro verde"- tendiente a que los que más (tierra y producción) tienen dejen un mayor porcentaje que los que menos tienen. Los primeros, en realidad, bregaban por su eliminación lisa y llana, sin embargo no disponían del apoyo necesario para demandarlo, si lo hacían, la alianza representada por la Mesa de Enlace se rompía. La conducta de la dirigencia en los hechos de los segundos, la Federación Agraria, con Bussi a la cabeza y el súper agresivo De Angelis como indeseado escudero, los llevó a que la mayoría de sus afiliados salieran perdiendo con el triunfo. Habrían sufrido menores retenciones de haberse aprobado la 125.
Los grandes quedaron como estaban, con retenciones fijas y sin lograr torcerle la mano al gobierno para que disminuyera el porcentaje.

De modo que el famoso triunfo tan llamativamente festejado, fue en realidad un triunfo más ideológico y en parte político que económico. La Mesa sacó de él muy pocas ventajas, apostó a que la soja seguiría subiendo sin parar en su cotización internacional y no fue así, perdió en la apuesta ya que las retenciones continuaron en un porcentaje fijo y no variable. Y a la postre lo pagó con su virtual disolución. Además los líderes con ambiciones políticas como Llambías recibieron al final el rotundo rechazo popular el 23 de octubre pasado.
Yo creo que lo que no querían es que el Estado se transformara en una especie de socio en las ganancias, aumentando su parte si el precio subía y disminuyéndola si el precio bajaba, lo que era la propuesta muy lógica y central de la 125. Preferían dejarlas como un gravamen, un impuesto fijo a las exportaciones. Para ellos, en ese momento, representaba un mal menor.

Estas, incompletas, son las principales razones que existen a mi juicio por el lado de los actores principales, pero ¿Qué pasa con los espectadores activos, aquellos que apoyaron a la mesa de enlace? ¿Qué nos pasa a los argentinos con "el campo"?

Sinceramente creo que es en la búsqueda de una respuesta a esas preguntas en la que nos encontraremos con uno de esos "mitos fundantes" de nuestra nacionalidad, de lo que somos y de lo que "creemos ser".

El campo, la producción agraria, deja de ser una actividad menor a mediados del siglo XIX. Las grandes extensiones de tierras acumuladas por algunas pocas familias comienzan a producir granos y carnes de manera intensiva y extensiva destinando la mayor parte de la producción a la exportación, especialmente a Inglaterra. Esta producción sale del puerto de Buenos Aires y se construye la infraestructura necesaria para hacerlo. En el país comienza a haber más dinero fuerte.

Familia rica de finales del XIX
Hacia fines del siglo XIX, los principales terratenientes del país y especialmente de la provincia de Buenos Aires mejoraron notablemente su nivel de vida, era la época de las vacas gordas, los palacios estilo francés con numerosos sirvientes, la de los viajes a Europa "tirando manteca al techo" y "con la vaca atada" y un barniz de cultura con la inauguración en 1908 del Teatro Colón, son un símbolo, entre muchos otros, de esa época, considerada dorada aún por algunos melancólicos e interesados compatriotas. Incidentalmente, la expresión popular "tener la vaca atada" que significa estar al mando, surgió como tantas otras de un hecho bien real capaz de crear una impresión perdurable. En este caso lo que realmente ocurría era que las familias terratenientes cuando viajaban a Europa llevaban en la bodega del barco una vaca (atada) para tener leche recién ordeñada para su prole. Fantástico pero real.

Esa etapa en la organización del país, abierta por la batalla de Caseros, define al país en función de su relación con la potencia industrial, comercial y marítima del momento: Inglaterra. Se lo suele caracterizar como un modelo de acumulación de riqueza agroexportador, capitalista y dependiente, su ideología es el liberalismo decimonónico dominante, también importado desde las metrópolis culturales e intelectuales europeas. La dependencia no es solo comercial, es también tecnológica, ideológica, política y cultural. Lo que la pone en tensión es la inmigración producto de la necesidad de mano de obra que demanda la explotación agraria y la exportación de sus productos y lo hace porque junto con los inmigrantes llegan nuevas ideas al pueblo llano, a los explotados, a los trabajadores y a los jornaleros. Los conflictos derivados de este choque de ideologías, todas de alguna forma importadas, marcarán los graves conflictos sociales del primer tercio del siglo XX.
Pero lo que me importa marcar es que en esta etapa del país se asienta y define el mito muy fuerte de la argentina agroexportadora, del "granero del mundo" y en especial de que es "el campo" la fuente de todas las riquezas, de todos los bienes que se derraman sobre la sociedad. Este mito logra ser instalado aún en las capas de la sociedad que no son propietarios de las tierras pero que de alguna manera se benefician de su existencia. Es el conocido principio del derrame de la economía capitalista en su interpretación liberal.
Pero ese derrame dista de alcanzar a todas las capas sociales, por el contrario esa argentina es esencialmente excluyente y además fuertemente racista, clasifica y excluye a las personas según su origen étnico y religioso. Esos sectores excluidos son además invisibilizados. No pertenecen: la Argentina es blanca, europea y católica. Esa es la Civilización, el resto, la Barbarie.

Ese mito aún hoy perdura, se ha modificado porque de los años treinta del siglo pasado hasta aquí hemos sido atravesados por muchas experiencias políticas y sociales que han dejado impresas sus características, pero sigue vigente la convicción de que la riqueza de la argentina proviene del campo y que esa idea se apoya en las ventajas excepcionales que la naturaleza, es decir el suelo y el clima, le dan a nuestro país en relación a otros posibles competidores.

Hoy los dueños de la tierra no son los mismos que en el siglo pasado, algunos tienen nombre, la mayoría son extranjeros, los hay además sin nombre, los llaman pool que en inglés además de piscina significa mancomunidad, grupo, unión. Son inversores anónimos que se juntan para poner sus dineros en la siembra de soja en terrenos que, en general, arriendan a sus propietarios. Estos pooles llegan a manejar millones de hectáreas. La soja ha sido y es la principal impulsora de la "expansión de la frontera agrícola" que tradicionalmente ocupaba la pampa húmeda y el sur de Santa Fé y de Entre Ríos y hoy ocupa la totalidad de la primera, y la segunda y avanza sin parar sobre todo el NOA y el NEA (el área conocida como Umbral al Chaco, en el noroeste del país; el centrosur de Chaco y este de Santiago del Estero; el norte de Entre Ríos y este de Misiones) (ver estudio aquí en pdf, alcanza solo hasta el 2002 pero es útil a los fines que propongo)
En el 2002 la cifra de hectáreas sembradas de soja alcanzó los 12 millones y la producción los 30 millones de toneladas. Para darse una idea de la violencia de la expansión, en la década del 70 solo había sembradas del orden de 80 mil hectáreas y la producción era de una tonelada por hectárea y no las casi tres que rinde una hectárea en el 2002.

Afirma un estudio más reciente realizado en la Universidad del Comahue en el 2008:

"En 2006, la soja representó alrededor de 50% de la superficie cultivada en la Argentina. Ningún otro cultivo alcanzó en las últimas cinco décadas semejante dominancia. Distintos estimadores indican que, asociado a este incremento de la dominancia de la soja, la diversidad de cultivos del campo argentino ha decrecido >20% durante el período 1990-2006. Además de la expansión de la frontera agrícola y de la pérdida de biodiversidad por destrucción de ecosistemas naturales, nuestros resultados ponen en evidencia una tendencia hacia la homogeneización del paisaje agrícola. De continuarse un aumento en la dominancia del cultivo de soja es probable que se profundicen los múltiples costos ambientales, sociales y económicos asociados a una menor diversidad de cultivos en nuestro país."

De modo que el mito de la argentina agraria tiene una innegable base real en los hechos, en lo que falla es en que la enorme riqueza producida se "derrame" sobre el conjunto de la sociedad. Falla en "la bondad". Ese modelo de país agrario sigue siendo tan excluyente, antinacional y dependiente como lo era a finales del siglo XIX y comienzos del XX.

No sorprende entonces que Cristian muera por la codicia de un empresario sojero. El desmonte ofrece al productor de soja transgénica la enorme ventaja de una tierra virgen a la que puede violar literalmente y no en forma metafórica hasta dejarla agotada y hacerlo con una muy baja inversión. Es pura ganancia, el único obstáculo para satisfacer la codicia de estos "empresarios" son los campesinos y los indígenas del NOA y del NEA que se oponen a ser echados de sus tierras y condenados a la indigencia, hasta a hacinarse en los suburbios de las ciudades en condiciones inhumanas. (ver aquí)

En la segunda parte dedicada a este tema intentaré indicar algunas líneas que apuntan a quebrar, a partir de una alianza entre la sociedad y el Estado, esta dominancia del país agrario que resultan negativas para el presente y el futuro del conjunto de la sociedad.

bastadeodio                                                         

lunes, 21 de noviembre de 2011

Respuesta del Frente Cívico por Santiago a bastadeodio

El Frente Cívico por Santiago a través de mi Facebook me envió una respuesta al post publicado en bastadeodio titulado Basta de muertes. Ese post se complementa con Un Primer Paso Correcto en la que se daba cuenta de la detención de los responsables directos. Considero que es mi obligación darla a conocer por el mismo medio por el que se publicó el post que le dio origen, de modo que aquí está la respuesta, rápida, amplia y clara:

"Estimado Jorge, en la presente jornada, el Gobierno Provincial, emitió el siguiente comunicado de Prensa:

Jefe de Gabinete Elías Suárez al hacer los anuncios
El gobierno anunció medidas en relación de la problemática campesina
(ver nota periodística aquí)

Suspendió los desmontes por 180 días – Creó una comisión multisectorial para el abordaje de los lugares de potencial conflicto o violencia en el campo y gestionó una reunión entre las organizaciones campesinas y autoridades judiciales.

En el día de la fecha el Gobierno de la provincia anunció importantes medidas con la finalidad de abordar la problemática campesina, a raíz de los hechos de violencia que culminaran con la muerte de Cristian Ferreyra en el Paraje Campo de Mayo, departamento Copo.
Entre ellas se anunció:

1) la suspensión en todo el ámbito del territorio provincial, por el término de 180 días, las autorizaciones de planes productivos que involucren actividades de desmonte, así como los permisos ya otorgados y los que se encuentren en trámite de aprobación y cualquier otra práctica que conlleve a la desforestación de bosques nativos.
La medida tendrá vigencia entre el 21 de noviembre de 2011 hasta el 21 de mayo de 20120, y será organismo de aplicación la Dirección de Bosques, el Comité de Emergencia y cualquier repartición de la Administración Provincial.

2) La constitución de una comisión integrada por la policía de la provincia, el Comité de Emergencia, la Dirección de Bosques, Escribanía de Gobierno, otros organismos públicos y con la participación de las organizaciones campesinas, que tendrá por finalidad concurrir a los lugares de mayor potencialidad de conflicto en la provincia y que fueran relevados por el Comité de Emergencia y las organizaciones campesinas. Dicha comisión, se encargará de constatar la existencia de armamento en manos de civiles, la presencia de personal como custodios armados en los predios, un informe detallado de actividad en el lugar que ponga en riesgo la vida de las personas o comunidades.
Entre los lugares a donde concurrirá dicha comisión, se pueden mencionar: Pampa Muyoj, Ahí Veremos, Vinalito, en el departamento Pellegrini. Piruas Bajo y Sucioj en Copo. Tres Leones dpto. Moreno, El Hoyo, dpto. Figueroa, entre otros.

3) La concreción de una audiencia con las autoridades de la Justicia, para las organizaciones campesinas, para que las mismas, expresen su punto de vista con relación a la problemática del sector.
Dichos anuncios fueron realizados por el Jefe de Gabinete, Elías Suárez, el ministro de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, Ing. Luis Gelid, el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, José E. Neder y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Ricardo Daives.
Además, el Jefe de Gabinete, en relación a la marcha de la continuidad del proceso investigativo del hecho, ratificó que se encuentra detenido Javier Juárez, supuesto agresor de Cristian Ferreyra, como así también: Carlos y Mario Abregú, Walter Juárez y se libró órden de captura para Jorge Ciccioli, empresario santafesino.
De ésta manera, el Jefe de Gabinete, Elías Suárez, manifestó que las medidas que se tomaron, fueron por expresas indicaciones del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, dando continuidad a la política institucional para afrontar la problemática de la tierra y los derechos posesorios, que se lleva adelante desde el 2006, a través de la creación de la Mesa de Diálogo por la Tierra y la Producción por decreto 830/06, como así también del Comité de Emergencia y el Registro de Poseedores.

Lunes 21 de noviembre de 2011.

bastadeodio                                                      

Asesinato de Cristian Ferreyra: Un reclamo al Estado Nacional

Movilización en Buenos Aires por el asesinato de Cristian
Un grupo de sacerdotes católicos identificados como “Curas en la opción por los pobres” le escribió una carta abierta a la presidenta Cristina Fernández a raíz de la muerte del dirigente del Mocase Cristian Ferreyra, en la que sostienen que:

“con la misma libertad con la que aplaudimos su triunfo electoral, hoy nos atrevemos a pedirle que toda la ‘maquinaria’ del Estado esté al servicio de las víctimas y se sancione con todo el peso de la ley a los asesinos de Cristian Ferreyra, a los que atentaron contra los hermanos indígenas de La Primavera, y que nadie se sienta –por su cercanía al Gobierno– con libertad e impunidad para avasallar los derechos de los débiles”.
(ver la nota completa de Página12 aquí)

El reclamo es oportuno y está plenamente justificado y desde bastadeodio he sostenido un reclamo parecido. Pero conviene, sin ánimo de dar lecciones a nadie, hacer algunas reflexiones con respecto a lo que significa reclamar al Estado Nacional una acción concreta.

La carta de los curas está dirigida a la presidenta Cristina Fernández como si ella fuese la representación del Estado mismo. En mi opinión y para decirlo sin vueltas, deberían haber  mandado una carta de igual tenor a los restantes dos poderes: a la Corte Suprema como cabeza del poder judicial y una a cada una de las cámaras que integran el poder legislativo.

El tema no es menor. Se trata de examinar la naturaleza de esa "maquinaria" a la que hacen referencia en su carta.

Se suele decir que nuestro sistema de gobierno es "presidencialista" por oposición a "parlamentarista", que es -supuestamente- más democrático. De hecho es la consigna que vienen agitando quienes perdieron olímpicamente en las urnas y quienes desde los medios de comunicación conspiran continuamente contra la propia democracia. Se trata de una consigna que rápidamente olvidarían si la fortuna los situase en el lugar de los ganadores. Además, a juzgar por lo que sucede en varios países europeos, los sistemas parlamentaristas no son ninguna garantía de una democracia efectiva.

Nuestro sistema es entonces presidencialista, pero eso no significa que el presidente, o en este caso la Presidenta, pueda hacer lo que se le plazca y pasar por encima de leyes y poderes tan legítimamente constituidos como ella misma. El país tiene una democracia que es republicana, representativa y federal.

Por supuesto se le puede pedir que el comportamiento de la Dirección de Parques Nacionales, que depende de su órbita, o de cualquier otro organismo del Ejecutivo Nacional, como es el caso del INADI, se guíen por el principio de que es más importante, más relevante, que tiene más jerarquía, preservar la vida de las personas y las culturas indígenas que viven en los parques o en su entorno, que incluso el mismo bosque con sus recursos naturales. Aunque seguramente será posible hallar una forma de conciliar ambas conservaciones. De hecho, los principios declarados por las organizaciones indígenas y campesinas ponen a la conservación del hábitat como un valor privilegiado al punto de considerarse a sí mismos parte integrante de la naturaleza e hijos de la tierra.

No ocurre lo mismo con aquellos que consideran a la tierra como un mero recurso natural a explotar sin medida ni consideración por los impactos destructores del negocio que emprenden. Sus valores son bien distintos y opuestos a los de las comunidades. Consisten en explotarla hasta el agotamiento y luego trasladarse a otro lugar para hacer lo mismo.
Lo que no se puede permitir desde el ejecutivo nacional es que en la práctica la conducta de sus delegados se asocie a este tipo de negocios destructivos. Y lamentablemente hay ya muchos antecedentes de que tal conducta de verdad está ocurriendo. No solo frente a los emprendimientos "sojeros" sino también en la explotación del "turismo ecológico" o de "aventura", por ejemplo.

También se le puede pedir que interceda ante los poderes provinciales respetando la organización federal. Siempre será una gestión de buena voluntad, que puede incluso hacerse pública pero no se le puede pedir, por ejemplo, que -violando la ley- se le apliquen sanciones al estado provincial retaceándole, por ejemplo, los fondos coparticipables o cualquier otra medida de coerción que, además, necesariamente afectaría injustamente al pueblo de esa provincia y particularmente a aquellos que se quiere proteger.

En lo que hace a la Corte Suprema es bien conocida la posición favorable a los intereses de los pueblos indígenas del juez Eugenio Zaffaroni y no es descabellado pedirle a la propia corte, en la persona de sus integrantes o como colectivo, que se expida sobre el tema.

En lo que hace al poder legislativo hay que lograr que el problema de la tenencia y extranjerización de la tierra -que actualmente está en discusión parlamentaria- contemple la situación de campesinos y poblaciones indígenas para integrarlos a un modelo de desarrollo agropecuario que respete sus particularidades culturales o de tipo y escala productiva. Al legislativo le compete concretar estos objetivos en leyes que le sirvan a los otros dos poderes del Estado para impulsar un cambio perdurable de conducta y de conciencia que concilie las distintas formas de considerar el recurso tierra sin que ningún sector de la población resulte excluido.

Es claro que el país tiene unas condiciones naturales excepcionales para la producción agropecuaria en gran escala y que esa condición debe ser, en principio, benéfica para el conjunto. Sin embargo,como todo, tiene también su costado malvado, perjudicial. Por ejemplo hace al país muy dependiente del ánimo y de las condiciones existentes en centros de poder que están más allá de nuestro control. No obstante hay todo un espacio disponible para la acción política mediante la cual el Estado puede y debe aumentar el control sobre esta actividad para que efectivamente sus beneficios resulten mejor distribuidos y sus impactos negativos minimizados. Lo mismo puede decirse de otras actividades extractivas como es el caso de la minería.

El pedido de los curas que han hecho de los pobres su opción y los de otras organizaciones como el CELS son justos y oportunos, pero para ser eficaces es necesario que el reclamo por una mayor justicia para las víctimas de atropellos y abusos se extienda a todos los poderes del Estado Nacional y, dada la cercanía y la competencia jurisdiccional, directamente a los poderes provinciales.

Ocurre que con ciertas afirmaciones se corre el riesgo de involucrar injustamente al Ejecutivo Nacional en los crímenes cometidos, simplemente porque los poderes provinciales -que no actúan con la celeridad o la transparencia que debieran frente a las injusticias- son del mismo signo político o peor, como de hecho se afirma en la carta, "cercanos" al gobierno.
Ese recurso -el de apelar a una supuesta "cercanía contagiosa" con el gobierno nacional- es la muletilla empleada por la oposición mediática y cierta izquierda que se define como antikirchnerista para involucrar a la presidenta Cristina Fernández en todos los abusos cometidos en las provincias gobernadas por el FPV o sus aliados.

Es posible que no sea esa la intención de los autores de la carta a la Presidenta, sino, así lo interpreto, la de hacer un dramático llamado de atención a la sociedad sobre el problema, porque realmente éste lo amerita. El problema es complejo y urgente pero no admite soluciones mágicas.

bastadeodio                                                          

sábado, 19 de noviembre de 2011

Un Primer Paso Correcto

Marcha del MOCASE por la muerte de Cristian Ferreyra
Cuatro detenidos por el crimen de Cristian Ferreyra

Entre los detenidos está el presunto autor material y otros tres miembros del grupo de choque. Todos habrían sido contratados por el empresario Jorge Ciccioli. El Mocase venía enunciando atropellos desde hace ocho meses, pero nadie intervino.

Fue detenido Javier Francisco Juárez, acusado de ser el autor material del homicidio y de la herida de bala que sufrió Darío Godoy, quien se encuentra internado. Los otros detenidos son Walter Juárez –hermano de Javier Francisco–, Mario René Abregú y Carlos Gregorio Abregú.

El juez de la causa, Alejandro Sarría Fringes, también ordenó la inmediata detención del empresario sojero santafesino Jorge Ciccioli –para quien trabajan los cuatro imputados–, quien ha sido señalado como presunto instigador del ataque que sufrieron las víctimas. “Además de la muerte y del herido de bala, otro campesino fue golpeado y le pegaron patadas, trompadas y culatazos a la mujer de Godoy, que también está internada”, denunció Antenor Ferreyra, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Santiago del Estero.

El parte dado a conocer por la Seccional 22 de la policía santiagueña confirma lo dicho en bastadeodio el día de ayer, se trató de un ataque canalla y a mansalva y no de un supuesto “enfrentamiento”, como señalaron algunos medios de la prensa basura local. Ni los miembros del MOCASE portan armas ni en este caso le dieron siquiera la oportunidad de protegerse.
La investigación dejó firmemente establecido que: “Javier Juárez portaba una escopeta colgada al cuello, solicitó dialogar con Godoy y Ferreyra, llamándolos hacia el patio; cuando estaban saliendo, Juárez le disparó a Ferreyra en primer lugar en la pierna derecha y luego a Godoy, quien resultó herido en ambos muslos”.

Antenor Ferreyra, de APDH, recordó que la agresión ocurrió el miércoles y que en la Seccional 22 “se negaban a recibir la denuncia y por eso tuvieron que decir que iban a hacer un ‘escrache’ para que escucharan a los familiares de las víctimas”. Para el dirigente, lo ocurrido “fue una típica disputa por la tierra y no un enfrentamiento, como dicen algunos medios santiagueños. La gente del Mocase no anda con armas, estaban en su casa esperando a que llegaran otros integrantes del grupo para hacer una reunión”. Al mismo tiempo recordó que Ferreyra “deja una viuda y un hijo de un año y ocho meses” y que Godoy -el campesino herido en ambas piernas- tiene hijos de 5 y 3 años.

La autopsia demostró que Ferreyra fue herido en la ingle y que desafortunadamente eso afectó la arteria femoral, por lo que sufrió “un shock hipovolémico”  (en este caso por una pérdida brusca y masiva de sangre) y falleció antes de llegar al hospital.

El abogado de la APDH hizo responsable por lo ocurrido “al gobierno provincial, porque el problema con el empresario Ciccioli y su grupo armado comenzó hace ocho meses, cuando alambraron un campo de 3500 hectáreas y dejaron adentro, sin salida al exterior, a una escuela pública de la provincia. Quedaron la directora y tres maestras, pero los chicos hace ocho meses que no pueden ir a clases y el Ministerio de Educación provincial no hace nada para solucionar ese problema. Ahora, después de lo ocurrido, le estamos pidiendo contención psicológica para las familias afectadas por este ataque y sobre todo para los niños, que vieron cómo baleaban a sus padres, y tampoco hay ninguna respuesta oficial”.

Antenor Ferreyra también cuestionó al juez interviniente, Alejandro Sarría Fringes, porque “hace tiempo recibió dos denuncias por la presencia en la zona de esta banda armada, porque no son campesinos ni agrimensores, son una banda de unas diez personas contratadas por Ciccioli como seguridad privada para frenar al MOCASE”

Como antecedentes que no se tuvieron en cuenta, también hubo una tercera denuncia, presentada por una familia de apellido Maldonado, que había sufrido antes una agresión similar y, además:
“También fueron ellos, los de este grupo armado, los que quemaron la radio que tenía el MOCASE en Las Lomitas, en medio del monte, como represalia porque había cortado algunos alambres”, denunció el representante de la APDH.

Gerardo Zamora Gobernador de Santiago del Estero
Es decir que los antecedentes para que la justicia -el juez Sarria Fringues- y el gobierno provincial de Santiago de Estero -Gerardo Zamora del Frente Cívico por Santiago- actuaran como es su obligación constitucional eran numerosos y suficientemente indicativos de la gravedad del conflicto. Sin embargo no hicieron nada.
Por incumplimiento de sus funciones o, como denuncia la APDH por estar sospechados de complicidad directa con los empresarios sojeros ladrones y abusadores y ahora asesinos no hicieron nada.
Y esta es una actitud de los poderes del Estado Provincial de Santiago que se repite en otros puntos del país y contra otras comunidades indígenas en una secuencia que se agrava y que requiere urgente intervención de los poderes del Estado Nacional.

Si los Estados Provinciales no actúan denegándole la intervención de la justicia y de la acción policial preventiva en favor de los agredidos, será el Estado Nacional quien deba intervenir, impulsando la investigación y las condenas de los responsables, si ella se desprendiera de la misma. La vida de las personas -cualquiera sea su supuesto rango social- está sin la menor duda por encima de cuestiones políticas o legales de jurisdicción.
Además el Estado Nacional debe intervenir decididamente en la cuestión de fondo que es la tenencia y uso de la tierra. No es posible que se siga permitiendo que la ambición desmedida de los empresarios de la soja o de cualquier otra actividad muy redituable -como es el turismo en el sur patagónico- o simplemente la sola acumulación de tierras en combinación disponiendo de la complicidad o la inacción de las autoridades judiciales y ejecutivas locales, sean la excusa y la causa para perpetrar estos abusos.

No es solo una obligación ética y una demanda constitucional. No hacerlo convierte al Estado Nacional en cómplice involuntario de estos asesinatos y atropellos.

bastadeodio                                                        

viernes, 18 de noviembre de 2011

Basta de muertes

Basta de muertes por defender su tierra, que es el unico sustento de la forma de vida de las familias campesinas e indígenas.

El miércoles 16 de noviembre fue asesinado en el paraje San Antonio, al norte de la provincia de Santiago del Estero el campesino Cristian Ferreyra de 23 años los asesinos, según indican los testigos del hecho, fueron los hermanos Javier y Anton Juárez, dos guardias privados enviados por el empresarios santafesino José Ciccioli.

Este empresario que ya había amenazado a la familia de Ferreyra y a otras, pretende quedarse con esas tierras para su propio provecho.

En el luctuoso episodio también fue herido por los disparos de una escopeta  Darío Godoy de 26 años.

En casa de los Ferreyra se iba a realizar una reunión de miembros locales del MOCASE-Vía Campesina con la intención de elaborar un documento justamente denunciando el amedrentamiento de que eran objeto por parte de este individuo con la complicidad de la Dirección Provincial de Bosques y parte de las autoridades provinciales y judiciales según denuncia la propia agrupación campesina. (ver comunicado)

En su comunicado el MOCASE afirma de manera rotunda: “Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, que autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian”.

Solo en los últimos dos años cuatro personas fueron muertas por defender su tierra. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra “Ely” Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el miembro de la comunidad qom "La Esperanza" de Formosa Roberto López. A éstas se suma ahora el joven Ferreyra.

Pero estas muertes son el resultado más grave e irreparable de una actividad continua de amedrentamiento, amenazas y agresiones directas que sufren las comunidades campesinas e indígenas en varias provincias del país por parte de empresarios y terratenientes que con total desprecio por la vida de las personas quieren apoderarse de la poca tierra que es su único sustento y con la que mantienen una relación ancestral que va mucho más allá de la mera depredadora explotación con la que tratan a ese recurso natural los asesinos y ladrones que se autoproclaman cultos y empresarios y que esgrimen frecuentemente como justificación de su maldad la marcha del progreso frente al supuesto atraso que significaría el modo de vida "primitivo". Esa es la misma excusa que llevó al General Roca a cometer el genocidio de los mapuches y otros indígenas que poblaban la patagonia al sur del río Negro.

Lo que para unos es solo el negocio de la soja, que en su ambición y falta de escrúpulos sabiéndose impunes los lleva hasta el asesinato, para los otros, las víctimas campesinas e indígenas lo es todo, tanto su sustento alimenticio como el de su forma de vida, el lugar desde el cual transmiten sus saberes y su cultura a sus hijos. Para ellos, a los que deberíamos considerar los verdaderos sabios y cultos, siempre pacíficos y pacientes hasta que se hartan de tanta injusticia e impunidad, los humanos y la tierra constituyen una unidad de vida y no dos cosas distintas en la cual el hombre es el dominador, el dueño, el explotador y la tierra aquello que se explota hasta agotarla y dejarla inservible.

El Estado Nacional y sus instituciones no pueden mantenerse al margen y deben actuar frente a estos abusos defendiendo a los que son injustamente perseguidos y robados en lo único que tienen. Si de lo que se trata en esta nueva Argentina es de alcanzar una sociedad más equitativa, más inclusiva, esta es una de las principales tareas pendientes.

Hay muchas formas de llevar a un pueblo y a una cultura a la extinción. Una es la del general Roca, a sangre y fuego y esclavizando a los sobrevivientes. Otra, más lenta y progresiva pero no menos efectiva, privándoles de su tierra, de su cultura y obligándolos a hacinarse en las poblaciones de emergencia de las ciudades en un ambiente que les es ajeno y que amenaza por quitarles hasta el recuerdo de su identidad.

A llegado la hora de decir basta. Todo militante por la vida, por la libertad, por la igualdad debe acompañar al movimiento indígena y campesino en sus reclamos. En esto no hay término medio, no hay forma de decir no tengo nada que ver, no tengo ese problema. Todos debemos ser uno y que los enemigos de los pueblos, de su cultura, de su forma de vida y de su libertad queden solos y bien identificados.

Comunicado del Mo.CA.SE
Crónica desde el sentimiento "Morir Por La Tierra"

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