1) LA UCEP RECARGADA
“Fui a los paradores de Macri, pero, te digo sinceramente, es mejor la calle. No están mantenidos, hay piojos, pulgas. Son desastrosos”, dice Mario
Mario vive en el Parque los Andes, entre las avenidas Corrientes, Dorrego, Lacroze y la calle Guzmán. Está ahí hace diez años. Duerme frente a las grandes columnas del portal del cementerio de Chacarita, entre los puestos de flores que a la noche cierran y paran un poco el viento. Cuando llueve, Mario, como muchos otros, se refugian en la estación de ferrocarril del Urquiza, Federico Lacroze.
Ocasionalmente duerme una siesta, con su mochila de almohada, pero a veces esto le trae problemas con la Metropolitana. “Estos arlequines se creen no sé qué. Son maltratadores. Con la Federal todo bien, pero estos vienen y te molestan sin razón; los ‘bici voladores’ son los peores. Vienen y te dicen que no podes dormir en la plaza. Insólito”. Llamarlos arlequines me parece absolutamente genial por parte de Mario.
“Es duro pero te acostumbrás”, dice, sobre su vida. “Sobrevivís. Tenés que ser fuerte de acá –pone un dedo en la sien–. Yo no molesto a nadie, no me gusta pedir. No merezco que vengan a patotearme, como alguna vez la UCEP vino y me cagó a patadas y me tiró las cosas. Eso no está bien… aunque sea negro, de Boca y peronista, ¿no?”
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad reclamó explicaciones al ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, por las denuncias de agresiones a personas en situación de calle. El reclamo se basa en la investigación publicada por Tiempo Argentino el domingo pasado 9 de junio. La Defensoría del Pueblo habló de una “nueva UCEP”.
Según la presentación hecha por el organismo de Derechos Humanos porteño, “el martes 5 de junio a las 19:47 cuatro personas descendieron de una camioneta dominio KIZ 585 portando cadenas, identificadas con uniforme del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y golpearon a un joven en situación de calle en la Avenida Corrientes al 800, en las inmediaciones del Teatro Gran Rex”
Silvina Pennella, jefa del Área de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, reveló a ese diario que llegan al organismo muchas denuncias por lo que ellos llaman “la nueva UCEP”, ya que utiliza la misma metodología que la desmantelada Unidad de Control del Espacio Público. “Si bien no es el mismo cuerpo, usa la misma metodología. Son funcionarios del Ministerio de Espacio Público que concurren con la policía y un camión de CLIBA. Van, les sacan las cosas, las tiran al camión y desalojan”, relató Pennella.
2) La tasa de bebés que fallecen antes de cumplir el primer año en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo alarmante.
Hoy jueves 14 de junio a las 11 horas, funcionarios y referentes de diversas organizaciones kirchneristas de la Ciudad de Buenos Aires brindarán una conferencia de prensa para informar acerca de las recientes y alarmantes cifras en los índices de mortalidad infantil del distrito. La conferencia contará con la presencia de funcionarios nacionales, senadores y diputados por la Ciudad de Buenos Aires, comuneros y representantes de gremios y diversas organizaciones políticas del Frente para la Victoria local. La misma se realizará a las 11 horas en la puerta del Hospital Pedro de Elizalde (Av. Montes de Oca 40)
Ya lo había advertido el año pasado en bastadeodio -acá, acá y acá- frente a la arrogante y engañosa posición del PRO que reivindicaba como un triunfo de su gestión el aparente descenso en el 2011 de la tasa de mortalidad infantil en la ciudad.
Claramente la campaña de los dirigentes máximos del PRO ocultaba una mentira, en el 2009 la mortalidad infantil alcanzó en la zona sur de la ciudad valores similares a los existentes en algunos países africanos. En el 2010 y 2011 la implementación de la AUH disminuyó fuertemente la situación de vulnerabilidad en la mayoría de los barrios menos favorecidos de la ciudad y los oportunistas de Macri y Vidal pretendieron apropiarse de esta circunstancia favorable.
No obstante, en el 2012 la zona más afectada sigue siendo el sur capitalino y las tasas regresan a los peores valores del 2009.
Allí, el detalle de la mortalidad infantil revela que la Comuna 1 (compuesta por Constitución, Monserrat, Puerto Madero, Retiro, San Nicolás y San Telmo) creció en los últimos años: 8,0 en 2008, 8,9 en 2009 y 9,9 por mil nacimientos en 2010.
“Las Comunas 1, 4, 8, y 9 (las ubicadas en el sur de Buenos Aires) mantuvieron la mortalidad infantil por encima del promedio de la Ciudad durante los tres años analizados”, agrega el informe.
El informe oficial completo del GCABA está disponible acá donde queda al descubierto la gran mentira macrista.
En barrios como Lugano, Villa Riachuelo, Pompeya, Parque Patricios y La Boca se alcanzan tasas de dos dígitos. La zona sur de la Ciudad vuelve a liderar la lista de mayor mortalidad con el 12,8 por mil.
Por su parte, en Agronomía, Chacarita, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo y Villa Ortúzar, se incrementó notablemente la cantidad de muertes, lo cual es atribuido al crecimiento de asentamientos en el área.
El relegamiento de la zona sur, más el crecimiento de la población empobrecida en otros barrios, da cuenta de un cuadro problemático que demanda respuestas institucionales urgentes y adecuadas.
El diputado Juan Cabandié, recordó que "la Capital Federal fue, en 2009, el distrito con mayor índice de mortalidad infantil".
En ese sentido, Cabandié denunció que "el Plan NACER, a pesar de acreditar los fondos correspondientes, no es ejecutado" y relacionó esa realidad con "la desidia y falta de voluntad del gobierno administrado por Mauricio Macri"
3) CONCLUSIONES
Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y el PRO en su conjunto tratan de ocultarlo debido al contraste brutal que existe entre las políticas aplicadas por el PRO en la ciudad, con respecto a las políticas sociales llevadas adelante por el gobierno de la Nación las que alcanzan un apoyo mayoritario en la población.
Sin embargo las políticas efectivas, aunque encubiertas, están ahí, se siguen ejecutando y no son otras que el abandono del Estado de todas aquellas acciones de tipo social que, por su naturaleza, solo pueden ser cumplidas por el Estado Local. Recuerda esto la inolvidable frase pronunciada por Dromi, emblemática del decálogo menemista de la "Tranformación del Estado" (destrucción sería un término más adecuado) con el cual el PRO coincide totalmente aunque no se atreva a explicitarlo:
"Nada de lo que deba estar en manos del Estado, permanecerá en manos del Estado".
La desatención de la Salud Pública, la Educación Pública y la asistencia a la población carenciada por parte del gobierno macrista, en tanto favorece a la gestión privada, es una prueba de que aún en ausencia de crisis con las cuentas equilibradas Macri prefiere favorecer a sus amigos y a sus apoyos políticos con jugosos contratos que siempre se ejecutan en su totalidad mientras desatiende, desinvierte y subejecuta el presupuesto previsto en el área social.
Es de esperar que cualquier funcionario responsable de un área tan sensible como la social pelee dentro del gabinete por conseguir mayor presupuesto y se desvele por ejecutarlo en programas cada vez más efectivos. Con María Eugenia Vidal, actual vicejefa de gobierno y anterior ministra de desarrollo social pasó exactamente al contrario, lo mismo puede decirse del anterior ministro de educación y actual procesado por las escuchas ilegales, Mariano Narodowski y del actual ministro del área Esteban Bullrich que cierra cursos y subejecuta el presupuesto de mantenimiento y mejora de la infraestructura educativa mientras firma un escandaloso contrato con el grupo Clarín para la compra de netbooks. Sin olvidar, por supuesto, la desatención de los hospitales, responsabilidad de Jorge Lemus, que llega a extremos aberrantes en el caso del hospital Borda.
Con el PRO en el gobierno los que primero pierden son los más vulnerables.
EL DE MACRI NO ES UN GOBIERNO, ES UN CASTIGO QUE SUFREN MILES DE PORTEÑOS Y QUE SE APOYA FUNDAMENTALMENTE EN EL ODIO DE CLASE, EL INDIVIDUALISMO Y EN EL EGOÍSMO SOCIAL QUE DÉCADAS DE LIBERALISMO IMPREGNARON EN BUENA PARTE DE LA SOCIEDAD PORTEÑA.
CUANDO ESTA MAYORÍA SE REDUZCA A LO QUE ESENCIALMENTE ES, UNA MINORÍA RECALCITRANTE, EXCLUYENTE Y ELITISTA Y EL RESTO DE LOS PORTEÑOS COMPARTA LA INDIGNACIÓN QUE PRODUCE QUE EN UNA DE LAS CIUDADES MÁS RICAS DE AMÉRICA MUERAN NIÑOS POR FALTA DE ATENCIÓN ADECUADA, ENTONCES NOS LIBERAREMOS DEMOCRÁTICAMENTE DE ESTA AUTÉNTICA PLAGA.
bastadeodio
Por una Patria Justa, Libre y Soberana
Una Patria Justa, Libre y Soberana - 17 de octubre de 1945 - 17 de octubre de 2015 - Día de la Lealtad - Setenta años
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jueves, 14 de junio de 2012
jueves, 23 de junio de 2011
La UCEP: A Limpiar de Pobres La Ciudad
La deshumanización del indigente especialmente aquel que ocupa el espacio público o vive en edificios abandonados o casas tomadas, tiene su cara extrema, desnuda, su verdadera cara en la creación y la breve actuación de la UCEP.
Aunque esa brevedad no le ha impedido dejar importantísimas enseñanzas y consecuencias incluídas las legales. Enseñanzas porque permite caracterizar quizás de la manera más cruda cual es la verdadera ideología que alienta al PRO y legales porque su actuación ha llevado frente a la Justicia nada menos que a su Jefe Muricio Macri.
Otra vez las políticas sociales del PRO chocando con la Justicia, lo que ya es por si solo un claro indicio de su falta de respeto por los derechos de las personas especialmente los de los pobres y de los indigentes. Esta visión de los pobres como ciudadanos de segunda con sus derechos disminuidos se extiende a todas las áreas básicas de las políticas sociales, la Salud, la Educación y la Vivienda. Respondiendo a una política claramente discriminatoria los recursos de la ciudad, que son muchos, se canalizan, en términos relativos, preferentemente hacia quienes menos los necesitan.
El 29 de octubre de 2008 por intermedio del decreto 1232/08 el Jefe de Gobierno Mauricio Macri creo la UCEP, Unidad de Control de Espacio Publico, que dependía de la Subsecretaria de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. Integraba la unidad un grupo de 26 individuos, todos hombres y una sola mujer llamada Romina, físicamente voluminosos a los que se les proveía de un uniforme de color negro y de teléfonos celulares. La unidad disponía además de vehículos, de una 4x4 y de un camión recolector de basura y solía operar de noche entre las 11 de la noche y las 6 de la madrugada. Una descripción plena de detalles de este grupo de matones a suelo del GCBA fue escrita por Gustavo Veiga de Página 12.
En el mismo mes de su creación la UCEP fue objeto de varias denuncias. El diario Perfil del 16 de noviembre de 2008 las dejó registradas. "La Defensoría del Pueblo porteña registró tres denuncias que refieren al uso de la violencia contra cartoneros y cirujas en la vía pública. La que más compromete a esta fuerza es la de Gustavo Diego Pérez, un “recuperador urbano” que asegura que a las 2 de la madrugada del 2 de octubre, trece personas que bajaron de un camión con la inscripción “Panizza” (este camión reaparecería en otros operativos) y de cuatro camionetas en Lima e Independencia, le tiraron todas sus pertenencias en una compactadora y las destruyeron, junto con sus documentos. Según su testimonio, lo mismo les sucedió a varios compañeros. Pero uno se atrevió a espiar la patente del camión e hizo la denuncia. La Defensoría la chequeó y comprobó que el rodado está a nombre del Gobierno porteño.
Otra de las denuncias corresponde a Jorge Enrique Alonso, Párroco de la iglesia Inmaculado Corazón de María: asegura que el 7 de octubre a la 1 A.M. en Constitución al 1000, donde vive, fue testigo de la agresión física a un indigente de 66 años que duerme desde hace ocho meses bajo la autopista. Vio cómo más de 20 jóvenes lo echaron a patadas y lo golpearon en el estómago luego de amenazarlo con cortarle el cuello con un instrumento cortante. Los insultaron y le dieron, en nombre del Gobierno porteño, 24 horas para desocupar el lugar. Si no –amenazaron– volverían e incendiarían sus pertenencias.
Estamos muy preocupados y vamos a seguir investigando. Ya le mandamos la notificación a Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gabinete)”, indicó Alicia Pierini, defensora del pueblo. Además, adelantó, preparan una denuncia penal para que la Justicia investigue."
En sólo siete meses de existencia, la UCEP realizó 444 desalojos en la vía pública que, en su mayoría, pasaron desapercibidos para el gran público. Un promedio de casi dos operativos por día. Mediante esos operativos el GCBA reconocía con orgullo que se redujo al número de las personas que ocupaban ilegalmente el espacio público a un tercio del que existía cuando se hicieron cargo del gobierno.
“Stock de procedimientos realizados”, es el título del informe oficial que, por solicitud de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad le fuese presentado. Consta de un listado de operativos realizados, en cuya mayoría se aclara que el resultado de los mismos fue “la restauración del espacio público”. Aunque en ningún momento se especifica qué solución concreta se les da a las personas en situación de calle, ni la modalidad implementada para “restaurar el espacio público”.
Según detalla el informe lo que motivó algunos de los operativos fueron indigentes que consumían agua del Hospital de Niños o la existencia de asentamiento de indigentes de alta peligrosidad.
Horacio Ávila de la ONG Proyecto 7 aseguró que no debe pensarse a la UCEP como un hecho aislado o un organismo que trabaja independiente y autónomamente: “Sin la información de los programas Buenos Aires Presente o de la Línea 103 (de Emergencias), la UCEP jamás podría tener la información necesaria como para llevar adelante sus cobardes y represivos operativos nocturnos; se necesita la conjunción de toda esta información, para que después los perros de Macri salgan a la calle a "limpiar pobres"”.
Este es un aspecto muy relevante porque muestra la colaboración de ciertos ciudadanos con los operativos de desalojo y el uso de las bases de datos sociales con un criterio represivo.
Los Procedimientos de la UCEP se realizaban sin la intervención de Desarrollo Social:
Lo más notable, a mi juicio, de la creación de la UCEP y de sus funciones reales, es su independencia orgánica y funcional del Ministerio de Desarrollo Social y la ausencia de coordinación con el de Salud (ni siquiera una ambulancia del SAME acompañaba los operativos). Ni antes ni después de los operativos de la UCEP, que es visible que estaban planeados, se acercaron a los sitios personal del área social del GCBA para hacer un mínimo relevamiento y evaluación de las necesidades y de las condiciones sanitarias de los indigentes, ni mucho menos para establecer unas pautas de atención una vez desalojados de la calle. La ausencia del Ministerio fue total en el marco de los procedimientos de la UCEP.
Eso y confesar que la intención del GCBA era simple y llanamente sacarlos de la calle y de la vista de los porteños sin tener en cuenta a las personas y sus necesidades es una sola cosa. Como dice el dicho "a confesión de partes relevo de pruebas". Los indigentes eran considerados casi en el mismo nivel de sus pertenencias que arrojaban al camión de basura que los acompañaba.
En una entrevista a la Ministra Vidal sobre las personas en situación de calle ella afirmó dos cosas, que su número era de cerca de 1300 personas cuando se habían hecho cargo y que se lo había reducido a la mitad. Sin embargo tambien dijo que el censo de personas en esa "situación de calle" lo hacían una vez al año lo que parece un plazo demasiado largo ya que estas personas se encuentran en una situación caracterizada por ser altamente cambiante. Las ONGs que se ocupan del tema afirman que la cantidad real se aproxima a las 10000 porque incluyen a las personas que viven en casas tomadas o edificios abandonados en condiciones altamente precarias.
De esos 444 desalojos hay uno en particular que fue muy conocido por el público y que tuvo importantes consecuencias y fue el realizado por la UCEP los primeros días de octubre de 2009 en Pasco al 1200, debajo de la Autopista 25 de Mayo.
El relato de un testigo Miguel Angel Varela publicado en Miradas al Sur es tremendamente elocuente del proceder de la UCEP y ha servido a la denuncia presentada contra Macri y otros que finalmente recayó en el juzgado de Instrucción Criminal 49 a cargo del Dr Fernando Cubas.
Carla Baptista, embaraza y madre de cinco hijos,y Graciela Cisneros fueron las dos primeras víctimas de los operativos de la UCEP que se animaron a realizar una denuncia. Además, son las dos primeras que se postulan para ser querellantes. Los delitos que se le imputan a los acusados son de “lesiones graves, abuso sexual agravado, amenazas coactivas agravadas para abandonar el lugar de residencia”, y sumados darían cuenta de condenas de entre 5 y 21 años. Las acusaciones también incluyen al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y al ministro de Ambiente, Juan Pablo Piccardo, en calidad de “instigadores”.
Además, estos hechos fueron fotografiados por el vecino Miguel Varela, quien también denunció esta situación: “Esa noche fue muy duro para quienes somos hombres, a quienes nos han enseñado de chiquitos que a las mujeres no se las golpea ni se les falta el respeto porque todos venimos de una madre o tenemos hermanas. Para mí fue muy duro verlo porque además estaba embarazada. No sólo a Carla, también golpearon a Graciela. Hay que ser canalla para golpear mujeres pobres que viven en la calle. Hay que ser muy canalla. (…) Yo no me conformo hasta que disuelvan la UCEP y creo que mis vecinos tampoco hasta que haya justicia para los culpables que tanto son los que mandan como el que lo hace. Nadie puede recibir la orden de golpear una mujer en la calle por el “delito” de dormir en un colchón”, aseguró Valera la semana pasada en una conferencia de prensa realizada por instituciones, víctimas y vecinos de la Comuna 3 (Balvanera/San Cristóbal), en reclamo de la disolución de la UCEP. Fuente: El Martillo Judicial
El miércoles 15 de junio Macri debió declarar como indagado, tras haber postergado su presentación en cuatro oportunidades y correr el riesgo del desafuero por parte de la Legislatura para que pudiese ser obligado por la fuerza pública a comparecer. En su presentación Macri intenta deslindar responsabilidades y desviarlas hacia quien fuera su responsable de Espacio Público de aquel momento Juan Pablo Piccardo que quedó al borde del procesamiento. Piccardo se encuentra involucrado con anterioridad en una estafa a la empresa Isenbeck y es uno de los ex compañeros de Macri del Cardenal Newman y ya se encontraba procesado cuando fue nombrado en el Ministerio. Mas detalles en el diario Perfil del 24 de noviembre de 2007.
Cuando la jueza quiso saber por qué había disuelto el organismo, Macri explicó que lo hizo porque “cambió el ministro”, aunque nunca mencionó que le había pedido la renuncia y que luego de sacar a Piccardo de Ambiente y Espacio Público lo nombró presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), donde continúa al frente de la empresa pública. Los investigadores sospechan que la UCEP utilizó las bases de datos del Programa Buenos Aires Presente BAP para expulsar a las personas identificadas antes de que llegara la atención social. Mas detalles en la nota de Tiempo Argentino del 17 de junio y de La Nación del 16 de junio.
bastadeodio
Aunque esa brevedad no le ha impedido dejar importantísimas enseñanzas y consecuencias incluídas las legales. Enseñanzas porque permite caracterizar quizás de la manera más cruda cual es la verdadera ideología que alienta al PRO y legales porque su actuación ha llevado frente a la Justicia nada menos que a su Jefe Muricio Macri.
Otra vez las políticas sociales del PRO chocando con la Justicia, lo que ya es por si solo un claro indicio de su falta de respeto por los derechos de las personas especialmente los de los pobres y de los indigentes. Esta visión de los pobres como ciudadanos de segunda con sus derechos disminuidos se extiende a todas las áreas básicas de las políticas sociales, la Salud, la Educación y la Vivienda. Respondiendo a una política claramente discriminatoria los recursos de la ciudad, que son muchos, se canalizan, en términos relativos, preferentemente hacia quienes menos los necesitan.
El 29 de octubre de 2008 por intermedio del decreto 1232/08 el Jefe de Gobierno Mauricio Macri creo la UCEP, Unidad de Control de Espacio Publico, que dependía de la Subsecretaria de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. Integraba la unidad un grupo de 26 individuos, todos hombres y una sola mujer llamada Romina, físicamente voluminosos a los que se les proveía de un uniforme de color negro y de teléfonos celulares. La unidad disponía además de vehículos, de una 4x4 y de un camión recolector de basura y solía operar de noche entre las 11 de la noche y las 6 de la madrugada. Una descripción plena de detalles de este grupo de matones a suelo del GCBA fue escrita por Gustavo Veiga de Página 12.
En el mismo mes de su creación la UCEP fue objeto de varias denuncias. El diario Perfil del 16 de noviembre de 2008 las dejó registradas. "La Defensoría del Pueblo porteña registró tres denuncias que refieren al uso de la violencia contra cartoneros y cirujas en la vía pública. La que más compromete a esta fuerza es la de Gustavo Diego Pérez, un “recuperador urbano” que asegura que a las 2 de la madrugada del 2 de octubre, trece personas que bajaron de un camión con la inscripción “Panizza” (este camión reaparecería en otros operativos) y de cuatro camionetas en Lima e Independencia, le tiraron todas sus pertenencias en una compactadora y las destruyeron, junto con sus documentos. Según su testimonio, lo mismo les sucedió a varios compañeros. Pero uno se atrevió a espiar la patente del camión e hizo la denuncia. La Defensoría la chequeó y comprobó que el rodado está a nombre del Gobierno porteño.
Otra de las denuncias corresponde a Jorge Enrique Alonso, Párroco de la iglesia Inmaculado Corazón de María: asegura que el 7 de octubre a la 1 A.M. en Constitución al 1000, donde vive, fue testigo de la agresión física a un indigente de 66 años que duerme desde hace ocho meses bajo la autopista. Vio cómo más de 20 jóvenes lo echaron a patadas y lo golpearon en el estómago luego de amenazarlo con cortarle el cuello con un instrumento cortante. Los insultaron y le dieron, en nombre del Gobierno porteño, 24 horas para desocupar el lugar. Si no –amenazaron– volverían e incendiarían sus pertenencias.
Estamos muy preocupados y vamos a seguir investigando. Ya le mandamos la notificación a Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gabinete)”, indicó Alicia Pierini, defensora del pueblo. Además, adelantó, preparan una denuncia penal para que la Justicia investigue."
En sólo siete meses de existencia, la UCEP realizó 444 desalojos en la vía pública que, en su mayoría, pasaron desapercibidos para el gran público. Un promedio de casi dos operativos por día. Mediante esos operativos el GCBA reconocía con orgullo que se redujo al número de las personas que ocupaban ilegalmente el espacio público a un tercio del que existía cuando se hicieron cargo del gobierno.
“Stock de procedimientos realizados”, es el título del informe oficial que, por solicitud de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad le fuese presentado. Consta de un listado de operativos realizados, en cuya mayoría se aclara que el resultado de los mismos fue “la restauración del espacio público”. Aunque en ningún momento se especifica qué solución concreta se les da a las personas en situación de calle, ni la modalidad implementada para “restaurar el espacio público”.
Según detalla el informe lo que motivó algunos de los operativos fueron indigentes que consumían agua del Hospital de Niños o la existencia de asentamiento de indigentes de alta peligrosidad.
Horacio Ávila de la ONG Proyecto 7 aseguró que no debe pensarse a la UCEP como un hecho aislado o un organismo que trabaja independiente y autónomamente: “Sin la información de los programas Buenos Aires Presente o de la Línea 103 (de Emergencias), la UCEP jamás podría tener la información necesaria como para llevar adelante sus cobardes y represivos operativos nocturnos; se necesita la conjunción de toda esta información, para que después los perros de Macri salgan a la calle a "limpiar pobres"”.
Este es un aspecto muy relevante porque muestra la colaboración de ciertos ciudadanos con los operativos de desalojo y el uso de las bases de datos sociales con un criterio represivo.
Los Procedimientos de la UCEP se realizaban sin la intervención de Desarrollo Social:
Lo más notable, a mi juicio, de la creación de la UCEP y de sus funciones reales, es su independencia orgánica y funcional del Ministerio de Desarrollo Social y la ausencia de coordinación con el de Salud (ni siquiera una ambulancia del SAME acompañaba los operativos). Ni antes ni después de los operativos de la UCEP, que es visible que estaban planeados, se acercaron a los sitios personal del área social del GCBA para hacer un mínimo relevamiento y evaluación de las necesidades y de las condiciones sanitarias de los indigentes, ni mucho menos para establecer unas pautas de atención una vez desalojados de la calle. La ausencia del Ministerio fue total en el marco de los procedimientos de la UCEP.
Eso y confesar que la intención del GCBA era simple y llanamente sacarlos de la calle y de la vista de los porteños sin tener en cuenta a las personas y sus necesidades es una sola cosa. Como dice el dicho "a confesión de partes relevo de pruebas". Los indigentes eran considerados casi en el mismo nivel de sus pertenencias que arrojaban al camión de basura que los acompañaba.
En una entrevista a la Ministra Vidal sobre las personas en situación de calle ella afirmó dos cosas, que su número era de cerca de 1300 personas cuando se habían hecho cargo y que se lo había reducido a la mitad. Sin embargo tambien dijo que el censo de personas en esa "situación de calle" lo hacían una vez al año lo que parece un plazo demasiado largo ya que estas personas se encuentran en una situación caracterizada por ser altamente cambiante. Las ONGs que se ocupan del tema afirman que la cantidad real se aproxima a las 10000 porque incluyen a las personas que viven en casas tomadas o edificios abandonados en condiciones altamente precarias.
De esos 444 desalojos hay uno en particular que fue muy conocido por el público y que tuvo importantes consecuencias y fue el realizado por la UCEP los primeros días de octubre de 2009 en Pasco al 1200, debajo de la Autopista 25 de Mayo.
El relato de un testigo Miguel Angel Varela publicado en Miradas al Sur es tremendamente elocuente del proceder de la UCEP y ha servido a la denuncia presentada contra Macri y otros que finalmente recayó en el juzgado de Instrucción Criminal 49 a cargo del Dr Fernando Cubas.
Carla Baptista, embaraza y madre de cinco hijos,y Graciela Cisneros fueron las dos primeras víctimas de los operativos de la UCEP que se animaron a realizar una denuncia. Además, son las dos primeras que se postulan para ser querellantes. Los delitos que se le imputan a los acusados son de “lesiones graves, abuso sexual agravado, amenazas coactivas agravadas para abandonar el lugar de residencia”, y sumados darían cuenta de condenas de entre 5 y 21 años. Las acusaciones también incluyen al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y al ministro de Ambiente, Juan Pablo Piccardo, en calidad de “instigadores”.
Además, estos hechos fueron fotografiados por el vecino Miguel Varela, quien también denunció esta situación: “Esa noche fue muy duro para quienes somos hombres, a quienes nos han enseñado de chiquitos que a las mujeres no se las golpea ni se les falta el respeto porque todos venimos de una madre o tenemos hermanas. Para mí fue muy duro verlo porque además estaba embarazada. No sólo a Carla, también golpearon a Graciela. Hay que ser canalla para golpear mujeres pobres que viven en la calle. Hay que ser muy canalla. (…) Yo no me conformo hasta que disuelvan la UCEP y creo que mis vecinos tampoco hasta que haya justicia para los culpables que tanto son los que mandan como el que lo hace. Nadie puede recibir la orden de golpear una mujer en la calle por el “delito” de dormir en un colchón”, aseguró Valera la semana pasada en una conferencia de prensa realizada por instituciones, víctimas y vecinos de la Comuna 3 (Balvanera/San Cristóbal), en reclamo de la disolución de la UCEP. Fuente: El Martillo Judicial
El miércoles 15 de junio Macri debió declarar como indagado, tras haber postergado su presentación en cuatro oportunidades y correr el riesgo del desafuero por parte de la Legislatura para que pudiese ser obligado por la fuerza pública a comparecer. En su presentación Macri intenta deslindar responsabilidades y desviarlas hacia quien fuera su responsable de Espacio Público de aquel momento Juan Pablo Piccardo que quedó al borde del procesamiento. Piccardo se encuentra involucrado con anterioridad en una estafa a la empresa Isenbeck y es uno de los ex compañeros de Macri del Cardenal Newman y ya se encontraba procesado cuando fue nombrado en el Ministerio. Mas detalles en el diario Perfil del 24 de noviembre de 2007.
Cuando la jueza quiso saber por qué había disuelto el organismo, Macri explicó que lo hizo porque “cambió el ministro”, aunque nunca mencionó que le había pedido la renuncia y que luego de sacar a Piccardo de Ambiente y Espacio Público lo nombró presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), donde continúa al frente de la empresa pública. Los investigadores sospechan que la UCEP utilizó las bases de datos del Programa Buenos Aires Presente BAP para expulsar a las personas identificadas antes de que llegara la atención social. Mas detalles en la nota de Tiempo Argentino del 17 de junio y de La Nación del 16 de junio.
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