Su ex mujer y querellante en representación de sus hijas, Sandra Arroyo Salgado, presentó de manera teatral y con sólido apoyo científico -según dijo- una conclusión definitiva: Nisman fue asesinado. Es más, según sus dichos, el crimen constituye un asesinato político, esto es un magnicidio.
A todo ello se concluye a partir de los datos obtenidos HASTA AHORA por los peritos oficiales pero re interpretados convenientemente por sus peritos de parte.
Sin embargo y en contradicción con lo que indican los buenos procedimientos procesales, la conclusión que la querellante presenta como definitiva se pronuncia antes que los peritajes solicitados por la fiscal Fein se completen. Y lo que es más llamativo, su continuación misma está puesta en riesgo por la propia Arroyo Salgado quien pidió y obtuvo la suspensión de las pericias luego de haber acordado con la fiscal a cargo su realización.
De forma insólita e injustificada en términos procesales, la jueza Palmaghini autorizó detener las pericias informáticas yendo en contra de la decisión de la fiscal Fein.
Arroyo Salgado presentó su categórica conclusión basada en evidencia incompleta y parcial y en una interpretación cuestionable de lo que ya se conoce pero, a la vez, intenta dificultar la incorporación de evidencia nueva y esencial para completar el cuadro fáctico que eventualmente habilite una salida racional a la ambigua calificación actual de muerte dudosa.
No es una especulación excesiva relacionar la advertencia póstuma de Nisman a sus hijas con la actitud de Arroyo Salgado de impedir que se abra el contenido de los teléfonos y computadoras del occiso. Especialmente si, como ella sostiene, la razón que la anima es la de preservar la intimidad familiar y a sus hijas en particular. Es posible que Arroyo Salgado sepa o sospeche que en esos contenidos hay información que podría hacer tambalear o caer su propia estrategia (y la de otros interesados) y, a la vez, dañar la imagen pública y privada del difunto.
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